Los Derechos Humanos de las Personas Mayores

En la actualidad, las personas mayores constituyen un segmento muy relevante de la población mundial, con un número creciente que alcanza edades avanzadas. Según cifras de las Naciones Unidas, para el año 2050, por primera vez en la historia, habrá más personas mayores de 60 años que niños en todo el mundo. Este fenómeno ha generado un tránsito desde un enfoque asistencialista hacia uno de derechos, reconociendo la importancia de proteger la integridad física, psíquica y social de esta población.

La edad avanzada es un constructo social que varía según los contextos. Por ejemplo, personas de 40 o 50 años pueden ser percibidas como mayores en el ámbito laboral y sufrir discriminación al buscar empleo. La discriminación basada en suposiciones, como la de que todas las personas mayores padecen enfermedades crónicas, afecta tanto a quienes tienen una discapacidad real como a quienes no. Esto subraya la necesidad de un "enfoque específico según el contexto" para investigar las violaciones de derechos humanos, como el aplicado por Amnistía Internacional, que considera todos estos factores.

Marco Normativo y Desafíos en la Protección de Derechos

Los Derechos Humanos, que se originan en la Declaración Universal de 1948 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han inspirado la creación de convenciones, pactos y protocolos internacionales para proteger los derechos sociales, económicos, culturales, cívicos y políticos. En 1982, la ONU celebró la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en respuesta al aumento de la población mayor y los desafíos en salud, ámbitos social y económico. Esto impulsó la creación de normas e instrumentos públicos a nivel regional, con el objetivo de cimentar un marco normativo para la promoción y protección de los derechos humanos en la vejez.

Para América Latina y el Caribe, y específicamente Colombia, se han promovido tratados multilaterales con un enfoque en la protección de los derechos humanos de las personas mayores, inspirados en estas asambleas. Un ejemplo es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 2055 de 2020).

A pesar de estos avances, la protección de los derechos humanos de las personas mayores a menudo es débil o inexistente. Un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2014 reveló que solo el 40% de los países tenía leyes contra el abuso de personas mayores en entornos institucionales, y solo el 59% contaba con legislación para protegerlas contra el abuso en general. La falta de un tratado internacional específico sobre los derechos de las personas mayores es una laguna significativa, lo que facultaría a las personas mayores de todo el mundo para defender mejor sus derechos y mejoraría la forma en que se reconocen y denuncian las violaciones.

Derechos Fundamentales de las Personas Mayores

Entre los derechos humanos que atañen a las personas mayores se encuentran:

• Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad.
• Derecho a la vida y dignidad en la vejez.
• Derecho a la independencia y autonomía.
• Derecho a la participación e integración comunitaria.
• Derecho a la seguridad y a una vida sin violencia.
• Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud.
• Derecho de las personas mayores que reciben servicios de largo plazo.
• Derecho a la libertad personal.
• Derecho a la expresión, opinión y acceso a la información.
• Derecho a la nacionalidad y libertad de circulación.
• Derecho a la privacidad e intimidad.
• Derecho a la seguridad social.
• Derecho al trabajo.
• Derecho a la salud.
• Derecho a la educación.
• Derecho a la cultura.
• Derecho a la recreación, esparcimiento y al deporte.
• Derecho a la propiedad.
• Derecho a la vivienda.
• Derecho a un medio ambiente sano.
• Derecho a la accesibilidad y movilidad personal.
• Derechos políticos.
• Derecho a la protección ante situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.
• Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley.
• Acceso a la Justicia.

Vulnerabilidad en Situaciones de Crisis y Conflicto Armado

En conflictos armados, las personas mayores suelen ser las últimas en huir, a menudo por miedo a perder su hogar o tierras, o debido a discapacidades físicas o intelectuales que les dificultan la evacuación o el acceso a información. Las encuestas entre la población rohinyá refugiada en Bangladesh mostraron que las personas mayores de 50 años tenían más probabilidades de morir durante los ataques militares. En Ucrania, la ONU encontró que las personas mayores representaban al menos el 34% de la población civil asesinada, una cifra significativamente mayor a su proporción en la población total.

En el conflicto de 2020 entre Azerbaiyán y Armenia, más de la mitad de las muertes civiles de etnia armenia correspondieron a personas mayores de 60 años. En el noreste de Nigeria, Boko Haram torturó y mató a personas mayores, quienes luego sufrieron nuevos abusos por parte de las fuerzas armadas nigerianas, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas. Hay pruebas sólidas de que las personas detenidas, especialmente los hombres mayores, tenían más probabilidades de morir bajo la custodia del ejército nigeriano.

A pesar de que toda la población civil, incluidas las personas mayores, está amparada por el derecho internacional en un conflicto armado, estas personas casi nunca salen indemnes. En Ucrania, donde las personas mayores de 60 años representan casi una cuarta parte de la población, muchas permanecen en zonas de conflicto, a veces sin acceso a información sobre rutas de evacuación o porque no quieren huir. Las personas mayores desplazadas a menudo enfrentan dificultades para encontrar refugio debido a bajas pensiones y la falta de albergues adaptados a sus discapacidades. Amnistía Internacional ha instado a los gobiernos a financiar intervenciones que prioricen a las personas mayores en alojamiento y ayuda en efectivo.

Impacto de la Pandemia de COVID-19 en las Personas Mayores

Desde el inicio de la epidemia de COVID-19, se reconoció que las personas mayores eran uno de los grupos con mayor riesgo de enfermedad grave y muerte. Miles de ellas perdieron la vida innecesariamente en residencias debido a políticas gubernamentales negligentes y a instalaciones sanitarias con pocos recursos. En países como Bélgica, España, Italia y el Reino Unido, el virus causó estragos en una población vulnerable, en gran parte porque las autoridades no equiparon adecuadamente a las residencias ni a su personal con equipos de protección individual (EPI) y pruebas para el seguimiento del virus.

Además, las personas mayores residentes estuvieron prácticamente aisladas de sus familiares y del mundo exterior durante semanas. La respuesta humanitaria a la pandemia presentó fallos similares. Por ejemplo, el servicio de salud pública de Inglaterra tomó la catastrófica decisión de trasladar o dar de alta a pacientes de hospitales a residencias sin antes realizarles pruebas de COVID-19. Esta situación fue descrita como un "colapso total" de los sistemas. En el primer año de la pandemia, el virus se cobró la vida de 42.341 personas mayores en residencias del Reino Unido.

Discriminación en el Ámbito Laboral y Económico

En muchos países, las personas mayores sufren discriminación en el mercado laboral. Un estudio de Amnistía Internacional Bélgica reveló que casi una de cada cuatro personas mayores que seguían trabajando sentía un trato diferente después de los 55 años. Las pensiones son un medio de subsistencia fundamental, y aunque el 68% de las personas mayores del mundo las reciben, persiste una brecha salarial entre hombres y mujeres en la jubilación. Las mujeres, con mayor probabilidad de interrumpir su trabajo oficial por responsabilidades de asistencia o de trabajar en la economía informal, a menudo perciben pensiones más bajas. En 2019, las mujeres de la UE mayores de 65 años cobraban una pensión un 29% inferior a la de los hombres, en promedio.

La vulnerabilidad económica de las personas mayores se incrementa en situaciones de crisis. Durante un conflicto, muchas se ven obligadas a desplazarse y enfrentar numerosos desafíos económicos. La respuesta humanitaria en Bangladesh para los refugiados rohinyás, por ejemplo, ignoró la problemática particular de las personas mayores y no atendió sus derechos y necesidades en salud, saneamiento, alimentos, agua y participación.

Iniciativas para la Protección de los Derechos en Chile

En Chile, se ha experimentado un acelerado proceso de envejecimiento poblacional. El COVID-19 tuvo un impacto desproporcionado en las personas mayores, representando cerca del 50% de las hospitalizaciones y alrededor del 90% de las defunciones, a pesar de constituir un 14.4% del total de contagiados al 7 de noviembre de 2021. La respuesta temprana a la pandemia, coordinada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), incluyó la implementación de medidas de prevención y control, especialmente para quienes residen en establecimientos de larga estadía (ELEAM) y quienes debían permanecer en sus hogares.

Para abordar estas situaciones, el SENAMA impulsó varias iniciativas:

• Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato

  Creada en 2018, busca promover los derechos humanos de las personas mayores, prevenir el maltrato y facilitar el acceso a la justicia. Desde 2019, se instaló la figura del Defensor Mayor, abogados que brindan asesoría legal especializada ante situaciones de abuso o vulneración de derechos.

• Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores

  Impulsado por SENAMA junto con la Corte Suprema, este protocolo es un hito relevante al considerar por primera vez a este grupo etario con un enfoque diferenciado en el poder judicial.

• Programa de Defensa Jurídica Integral para Adultos Mayores

  Desde finales de 2020, este programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece atención preferente y representación judicial gratuita a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ). Hasta mayo de 2021, se realizaron casi 7.000 asesorías sociojurídicas, de las cuales 1.636 derivaron en acciones judiciales, principalmente por violencia intrafamiliar.

• Guía de Beneficios del Estado y Fono Mayor

  Elaborada por SENAMA para resolver la falta de información y facilitar el acceso a los beneficios estatales. El Fono Mayor, un canal de atención telefónica, fue reforzado durante la pandemia (Fono Mayor COVID-19) para ofrecer información y acompañamiento psicológico, atendiendo 15.609 llamadas entre enero y octubre de 2021 con una tasa de resolución del 90%.

• Participación Política y Social

  En 2021, se elaboraron protocolos junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la votación preferente de personas mayores, garantizando días y horarios protegidos para su plena participación en procesos eleccionarios.

• Plan de Envejecimiento Chile 2021-2030

  SENAMA ha realizado conversatorios con organizaciones de personas mayores, académicos y ministerios para considerar sus aportes en la construcción de la hoja de ruta de políticas públicas para los próximos diez años.

• Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana

  Diseño e implementación de un mecanismo de seguimiento de los compromisos de la Convención Interamericana, con un componente participativo para la activa intervención de las personas mayores.

• Campañas de Concientización

  Se han implementado campañas para generar un impacto positivo en la imagen social de las personas mayores y combatir el edadismo, como "La soledad no es un juego, haz tú el primer movimiento" en el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

Estas acciones han permitido visibilizar la problemática, fortalecer el sistema judicial y generar cambios en la sociedad para permitir la participación de las personas mayores y el pleno disfrute de sus derechos humanos. La pandemia, a pesar de sus desafíos, ha abierto la oportunidad de repensar el papel del Estado y sumar actores en la mejora de la atención a las personas mayores, incluyendo la inclusión tecnológica y el abordaje de la salud mental.

Percepción de los Derechos Humanos en la Vejez: Un Estudio en Colombia

Un estudio descriptivo de corte transversal, realizado entre enero y noviembre de 2019 en Bucaramanga, Santander-Colombia, con una muestra intencional de 50 personas mayores (60% mujeres, edad promedio 70.3 años) adscritas a un centro de vida, exploró la percepción y dificultades en la práctica de los derechos humanos. Los criterios de inclusión fueron ser mayor de 59 años y estar adscritos al centro vida de la comuna 13.

Los hallazgos revelaron que el nivel de escolaridad predominante era la primaria incompleta (38%). El 22% vivía solo, y el 78% vivía con algún familiar, siendo los hijos la principal red de apoyo (62%).

Resultados Clave del Estudio:

• Derecho a Vivir sin Violencia, Asistencia Social, Salud e Igualdad: El derecho más preponderante fue el de vivir sin violencia; el 66% (n=33) afirmó que denunciaría a quien lo lastime, incluso si fuera un familiar. Para la asistencia social, el 58% (n=29) acudiría a una casa hogar en desamparo, aunque un 20% (n=10) nunca lo haría. Respecto a la salud e igualdad, el 56% (n=28) manifestó acudir a chequeo general y el 50% (n=25) percibió ser tratado con respeto y sin discriminación, aunque el 34% (n=17) percibió incumplimiento de este derecho. La relación con el personal médico fue percibida positivamente (66%) en términos de respeto y puntualidad.
• Derecho a un Ambiente Sano y al Trabajo: El 46% (n=23) de las personas mayores afirmó vivir en un lugar seguro y digno, mientras que el 30% (n=15) respondió "nunca y casi nunca". En cuanto al cumplimiento de responsabilidades, el 44% (n=22) procura mantenerse activo, y un 20% (n=10) lo hace "casi siempre". Sobre la participación económica, el 34% (n=17) afirmó que su trabajo de vida es reconocido socialmente, pero el 58% (n=29) se siente insatisfecho.
• Derechos Culturales, de Participación Social y Política, Educación y Medios de Comunicación: El 32% (n=16) no le gusta participar en actividades sociales, culturales y deportivas, mientras que el 30% (n=15) sí lo hace. El 44% (n=22) nunca o casi nunca cuenta con información para programas educativos. Respecto a los medios de comunicación, el 24% (n=12) afirmó que nunca se publican experiencias de personas mayores, frente a un 20% (n=10) que refirió que "siempre" se publican.

Los derechos percibidos como más vulnerados fueron los de medios de comunicación, educación, y participación social y política, lo que se atribuye a brechas en la implementación de políticas y normas que permitan a esta población promocionar sus derechos. El estudio concluye que el desconocimiento general sobre los derechos facilita la vulnerabilidad social de las personas mayores, a pesar de que perciben positivamente el ejercicio de los derechos a vivir sin violencia, asistencia social y salud.

Campaña de Amnistía Internacional: ¡Envejece con fuerza!

Amnistía Internacional continuará visibilizando las experiencias de las personas mayores para asegurar que no se queden atrás, especialmente en situaciones de crisis o conflicto y en la distribución de ayuda humanitaria. En 2024, lanzaron la campaña "¡Envejece con fuerza!", exigiendo un mundo donde los derechos humanos se respeten toda la vida. La campaña insta a la sociedad a alzar la voz por quienes han sido silenciados y pide a los gobiernos que escuchen y actúen. La protección de los derechos humanos no debe disminuir con la edad, ya que es un asunto que nos afecta a todos. El objetivo es incrementar la conciencia pública sobre la importancia de los derechos humanos en la edad avanzada y el impacto negativo del edadismo.

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