La "mirada territorial" a las jubilaciones en Chile se refiere a una estrategia gubernamental y social que busca abordar los desafíos del sistema de pensiones y el bienestar de los adultos mayores desde una perspectiva que considera las particularidades y necesidades de cada territorio y comunidad. Esta iniciativa se despliega a través de la difusión de información sobre la Reforma de Pensiones y la interacción directa con la ciudadanía, especialmente en zonas con una alta proporción de población envejecida o en procesos de gentrificación.
Objetivos y Despliegue de la Mirada Territorial
El despliegue territorial de la reforma previsional considera actividades de difusión en las diversas provincias y comunas del país. Al respecto, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Francisco Brizuela, dio a conocer el inicio de estas actividades, comentando que se han definido grupos objetivos de la ciudadanía que requieren información. Estos incluyen adultos mayores y pensionados, trabajadores y trabajadoras, sindicatos, mujeres y organizaciones sociales, con el fin de coordinar acciones que permitan llegar a cada uno de ellos con la información.
Reforma de Pensiones en Chile
La Seremi de Gobierno, Paulina Mora, enfatizó que la Reforma al sistema de pensiones es clave para el futuro de millones de chilenas y chilenos, por lo que es esencial que la comunidad esté informada y comprenda en profundidad los cambios impulsados por el Gobierno. Se cree firmemente que una ciudadanía informada es una ciudadanía empoderada, lo que permite no solo entender sus beneficios, sino también participar activamente en el proceso de cambio, planteando dudas, propuestas y opiniones que enriquecen el diálogo social.
Acciones en Zonas Específicas
Patricio Saldivar, director regional de SENAMA, comentó que es muy significativo comenzar esta ruta en la comuna de Canela, una de las comunas más envejecidas a nivel nacional y la segunda más envejecida a nivel regional, lo que resalta la importancia de la focalización territorial. En Tierras Blancas, comuna de Coquimbo, en la sede social Junta de Vecinos “El Alba I”, se dio el vamos al despliegue territorial que abarcará las tres provincias de la región. La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Monserrat Castro, comentó que la Reforma de Pensiones impulsada por el presidente Boric ya está en marcha con beneficios concretos para los actuales y futuros pensionados.
Celso López, Seremi de Desarrollo Social y Familia, destacó la instancia participativa en Tierras Blancas, señalando que "fue una muy buena experiencia, la gente hizo muchas consultas, que es la idea de este diálogo. Se les entregó cuenta de esta reforma, que va a ser una de las reformas principales. Una muy buena noticia para iniciar septiembre". El presidente Gabriel Boric ha insistido en que el foco de la política de envejecimiento tiene relación con un envejecimiento digno, activo y saludable.
Principales Aspectos de la Reforma de Pensiones
En general, la reforma establece una cotización adicional del empleador, de 7% de la renta imponible, aporte que se distribuirá entre cotización individual y Seguro Social. En términos concretos, el primer hito de implementación de esta Reforma es la entrada en vigencia de la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales, en mayo de 2025.
Mientras que, en septiembre de este año, comenzó el pago del nuevo monto de $250.000 la Pensión Garantizada Universal (PGU) al primer grupo de beneficiarios, que son los pensionados de 82 años o más. Este proceso continuará en septiembre de 2026, cuando el nuevo monto reajustado llegará a pensionados de 75 años o más, y en septiembre de 2027 contemplará a los pensionados de 65 años o más. Estos se suman a otros beneficios ya implementados como el Seguro de Lagunas y la incorporación de la cotización con cargo del empleador de un 1% que permitirá financiar los beneficios del Seguro Social que comenzarán a pagarse en enero del 2026.
El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes Barrientos, encabezó actividades de socialización de la reforma, subrayando la importancia de la gira que realizan las autoridades de gobierno por el país. El Delegado Presidencial Regional (s), Galo Luna, valoró la relevancia de la actual discusión, señalando que "lo que está en juego es un tercer intento como país de poder mejorar la calidad de vida de los adultos y adultas mayores que han hecho su esfuerzo de vida por sostener este país. No podemos seguir dándoles la espalda".
Impacto en la Calidad de Vida
El senador Daniel Núñez ejemplificó la dura realidad de los pensionados: "cuando uno anda en la calle se encuentra con adultos mayores, personas jubiladas que están vendiendo súper 8, gomitas de eucaliptus, es gente que no le alcanza hoy día con su pensión para salir de la pobreza y no llega a fin de mes". En la misma línea, la secretaria regional ministerial de Trabajo y Previsión Social, Claudia Santander, explicitó los objetivos del gobierno: "Nosotros no queremos que siga existiendo este temor latente que está en todos los trabajadores que cuando lleguen a la vejez van a llegar a la pobreza." La Seremi de Gobierno, Paulina Mora, comentó que "como Gobierno nos hemos desplegado por todo el territorio regional para difundir la Reforma a las pensiones. Nos parece fundamental que nuestras políticas públicas no se queden solo en el papel, sino que lleguen directamente a las personas, por lo que este tipo de encuentros permiten que el Estado esté presente en terreno, escuchando, aclarando dudas y promoviendo el ejercicio de derechos sociales".
El Impuesto Territorial y la Gentrificación: Un Desafío para los Jubilados
En el contexto de esta mirada territorial, surge una preocupación crítica: el impacto del impuesto territorial en los jubilados, especialmente en zonas que experimentan gentrificación. En Chile, el impuesto territorial ha sido tradicionalmente defendido como un tributo eficiente, estable y difícil de eludir, cuya lógica es gravar la propiedad raíz como manifestación de capacidad contributiva y fuente de financiamiento municipal. Sin embargo, su aplicación real revela tensiones éticas y distributivas que el legislador no ha querido enfrentar, particularmente sobre los adultos mayores propietarios de viviendas.
La gentrificación, entendida como el desplazamiento indirecto de residentes tradicionales debido al alza del valor del suelo y la llegada de nuevos grupos socioeconómicos, no es solo un fenómeno urbano, sino también tributario. Allí donde sube el precio del suelo, sube la contribución; y donde sube la contribución, se erosiona la capacidad de permanencia de quienes viven de ingresos fijos, particularmente los jubilados. El impuesto territorial, en estos casos, opera como un mecanismo de expulsión silenciosa: no obliga a vender, pero hace cada vez más difícil quedarse.
Contradicciones del Impuesto Territorial
El problema no es menor. El sistema previsional chileno genera pensiones que, en la mayoría de los casos, no guardan relación con el valor de mercado de las viviendas adquiridas décadas atrás. Un jubilado que compró su casa en los años ochenta o noventa, en un barrio entonces modesto, puede hoy enfrentar contribuciones propias de zonas de alto estándar urbano. Su ingreso no ha cambiado; su entorno sí. El impuesto territorial, sin embargo, actúa como si la capacidad económica del contribuyente hubiese aumentado en la misma proporción que el avalúo fiscal. Esta ficción jurídica es la que merece crítica.
Desde la teoría tributaria, el principio de capacidad contributiva exige que los tributos se ajusten a la verdadera aptitud económica del contribuyente. Pero en el caso de los adultos mayores, el impuesto territorial se desvincula completamente de esa realidad. El avalúo fiscal no mide liquidez, no mide ingreso, no mide pensión. Mide solo el valor potencial de un activo que, para muchos, no es una inversión sino su hogar. La consecuencia es una contradicción estructural: se grava una riqueza que no se realiza, a personas que no pueden realizarla sin perder su vivienda.
La gentrificación agrava esta tensión. Allí donde el mercado inmobiliario presiona, el Estado presiona también. El alza del avalúo fiscal no es un fenómeno natural: es una decisión administrativa que traduce en términos tributarios la valorización urbana. Cuando esa valorización es producto de inversiones públicas, por ejemplo, nuevas estaciones de metro, parques, infraestructura, el efecto puede ser aún más paradójico: el Estado mejora el barrio, el barrio se encarece, y el mismo Estado cobra más a quienes menos pueden pagar. El círculo se cierra con una ironía amarga: la política pública que debía mejorar la calidad de vida termina expulsando a quienes la esperaron durante décadas.
Necesidad de una Revisión Estructural
Algunos sostienen que existen exenciones y rebajas para adultos mayores. Es cierto, pero insuficiente. Los requisitos son restrictivos, los montos limitados y la lógica subyacente sigue siendo la misma: el sistema presume capacidad contributiva donde no la hay. La discusión no debería centrarse en paliativos, sino en una revisión estructural del impuesto territorial aplicado a jubilados en zonas gentrificadas. Existen alternativas: congelamiento del avalúo fiscal para adultos mayores, diferimiento del pago hasta la transmisión hereditaria, o incluso un régimen especial basado en ingreso y no en valor del suelo. Todas ellas son compatibles con la equidad horizontal y vertical del sistema.
La pregunta de fondo es si estamos dispuestos a aceptar que el impuesto territorial siga operando como un mecanismo de desplazamiento indirecto. La gentrificación no es solo un fenómeno urbano inevitable; es también un fenómeno jurídico que puede ser mitigado o exacerbado por el diseño tributario. Hoy, lamentablemente, lo exacerba. En un país que envejece aceleradamente, la discusión no puede seguir postergándose. El hogar no es un activo financiero para un jubilado; es su historia, su arraigo y, muchas veces, su única seguridad. Si el impuesto territorial continúa tratándolo como un inversionista inmobiliario, la expulsión silenciosa seguirá avanzando.
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