A lo largo de varios años, Brasil ha sido escenario de múltiples manifestaciones y huelgas generales contra las reformas del sistema de pensiones propuestas por diferentes gobiernos. Las calles de Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, han sido un epicentro clave de estas movilizaciones, reflejando el descontento de sindicatos, trabajadores y la sociedad civil.
Contexto de la Reforma Previsional en Brasil
La reforma de las pensiones fue el proyecto más importante del paquete de reformas de corte liberal impulsado por el Gobierno del presidente brasileño, Michel Temer, en el poder desde mediados de 2016. Este paquete se complementaba con un severo ajuste fiscal y un ambicioso plan de privatizaciones y concesiones, buscando modernizar el país y evitar el colapso del sistema de pensiones, según el gobierno.
El texto original ha sufrido diversas modificaciones desde que el Gobierno lo presentó ante la reticencia de algunos grupos parlamentarios oficialistas, en parte debido a la cercanía de las elecciones presidenciales. Sin embargo, el principal motivo de discordia, que ha provocado la indignación de los sindicatos del país, se mantuvo desde el proyecto inicial: fijar la edad mínima de jubilación en 62 años para las mujeres y en 65 para los hombres. Actualmente, la ley permite a las mujeres jubilarse con 30 años de cotización y a los hombres con 35, sin que exista ningún límite de edad para ello, lo que permite que personas con apenas 50 años ya puedan percibir esa prestación.
Los sindicatos, por su parte, aseguraron que serían los más pobres quienes cargarían con el costo de la reforma, que incluía retrasar la edad de jubilación y reducir otros beneficios. Argumentaban que no había ningún problema con el sistema actual, pero el gobierno estaba "inventando motivos para modificarlo y perjudicar a los trabajadores", sintiendo que "el pueblo siempre es el que paga".
Primeras Manifestaciones y Bloqueos en Sao Paulo
Las protestas fueron convocadas para aumentar la "presión" sobre el Congreso con objeto de que archivara "de una vez por todas" la reforma de las pensiones. Varios sindicalistas bloquearon a primera hora de un lunes las terminales centrales de autobuses en los municipios de Guarulhos, Santo André y Sao Bernardo do Campo, en la región metropolitana de la capital paulista, aunque la circulación se restableció pasadas unas horas. Otros manifestantes montaron una barricada con neumáticos quemados en uno de los sentidos de la carretera conocida como Dutra, una de las principales autopistas del país que une Sao Paulo con Río de Janeiro, lo que provocó largos atascos.
Las protestas en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, continuaron a lo largo del día, con especial atención en la concentración convocada en la Avenida Paulista, en el corazón financiero de la urbe. Se esperaba también que trabajadores del sector educativo, bancario y metalúrgico realizaran paros en sus actividades y se unieran a las protestas.
El Impacto de la Intervención Federal en Río de Janeiro
La votación de la reforma estaba prevista para un mes determinado en la Cámara de los Diputados, pero un decreto firmado por Temer, a través del cual aprobó la intervención federal en el área de seguridad en Río de Janeiro, dejó en el aire su trámite. La reforma del sistema de pensiones se tramita como enmienda constitucional y, mientras estuviera vigente el decreto de la intervención federal en Río, la Carta Magna brasileña no podía ser modificada. No obstante, Temer admitió que si el Gobierno conseguía votos suficientes para aprobar la medida, se podría "cesar" temporalmente el decreto para votar el texto, aplaudido tanto por las patronales como por el mercado financiero.
La Primera Huelga General y Protestas Nacionales (2017)
La primera huelga general en más de 20 años en Brasil fue convocada por los sindicatos en contra de la propuesta de reforma del sistema de pensiones del gobierno de Michel Temer. Los efectos de la protesta se sintieron en todo el país: muchas vías fueron bloqueadas en Sao Paulo, Río y otras ciudades. Durante la tarde, manifestantes de oposición participaron en concentraciones para protestar contra el plan del gobierno.
Muchos ciudadanos se quedaron en sus casas, mientras tiendas, bancos y escuelas permanecieron cerrados. En el centro de Río de Janeiro, sin embargo, las tensiones se elevaron con autobuses y autos quemados, cierres de calles y tiendas destrozadas. El presidente Temer lamentó los incidentes, pero destacó que insistiría en seguir adelante con sus "esfuerzos para modernizar el país", agregando que trabajadores y gobierno se esforzaban juntos para sacar al país de la "peor recesión de su historia".
Huelga general por las pensiones amenaza a Bolsonaro
Ampliación de las Protestas: Reforma Laboral y de Pensiones (2017)
A finales de 2017, miles de personas se manifestaron nuevamente en las principales ciudades de Brasil para protestar contra las reformas promercado del gobierno de Michel Temer, especialmente contra una nueva ley laboral que entraba en vigor, pero también contra el proyecto de endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación. En Sao Paulo, alrededor de 10.000 personas asistieron a la convocatoria de las principales centrales sindicales del país, mientras que en Río de Janeiro varios miles hicieron lo propio.
Telma de Barros, una profesora de 57 años que se manifestó en Sao Paulo, expresó la necesidad de "protestar para impedir la destrucción del país, la pérdida de conquistas sociales y las amenazas contra la democracia". La reforma laboral otorgaba supremacía a los acuerdos colectivos en las empresas sobre las disposiciones legales en varios aspectos de la organización del trabajo, creaba la figura del trabajador autónomo exclusivo sin vínculo permanente con la empresa, cargaba los costes judiciales a los trabajadores que perdían procesos laborales, y suprimía la cotización sindical obligatoria. Esas medidas formaban parte de los ajustes gubernamentales de Temer destinados a recuperar la confianza de los inversores. La consigna “Fora Temer” o “Fuera Temer” fue una de las más populares en estas protestas.
Nuevas Convocatorias y la Reforma del Gobierno Bolsonaro (2019)
Años después, en junio de 2019, miles de personas volvieron a llenar las calles de las principales ciudades de Brasil en una nueva huelga general. "¡Paremos la reforma o paramos el país!" gritaron los huelguistas frente a la Iglesia de la Candelaria en el centro de Río de Janeiro. La Federación de Trabajadores de la Central Obrera Unida señaló que la huelga había sido un éxito, a pesar de que las multitudes no fueron tan grandes como en protestas educativas previas. Por su parte, el gobierno de Bolsonaro ignoró la huelga.
La reforma de pensiones que se esperaba instaurar bajo el gobierno de Jair Bolsonaro elevaría la edad de jubilación a los 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, además de aumentar las cotizaciones de los trabajadores. Por la mañana, el día estuvo marcado por bloqueos de carreteras, cierre de agencias bancarias y paralización de autobuses municipales y de fábricas. Las acciones crecieron en todo Brasil a lo largo del día. En Sao Paulo, un acto en la capital reunió cerca de 20 mil personas, según los organizadores. En Ceará, solo en la capital, Fortaleza, hubo más de 15 mil manifestantes, y en Pernambuco, 5 mil.
Para Gilmar Mauro, dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y miembro del Frente Brasil Popular, el momento exigía movilización permanente, incluso si el gobierno intentaba "amenizar la propuesta de desmonte de la jubilación para conquistar votos". Gilmar Mauro también citó la intervención federal en Río de Janeiro como una "cortina de humo" para "escamotear el intento de compra de votos de los parlamentarios para su aprobación". Gisele Martins, periodista y moradora de la favela de Maré, calificó esa intervención militar como "una verdadera dictadura dentro de la democracia".
Confrontaciones en la Asamblea Legislativa de Sao Paulo (2020)
En marzo de 2020, decenas de funcionarios públicos se enfrentaron con agentes de la policía en la ciudad de Sao Paulo durante una protesta contra la aprobación de una polémica reforma que preveía cambiar el sistema de jubilaciones de los servidores del estado más rico y poblado del país. La Policía Militar usó bombas de gas, balas de goma y spray de pimienta para disuadir al grupo de manifestantes que protestaban dentro de la Asamblea Legislativa del estado de Sao Paulo, donde se estaba celebrando una sesión extraordinaria sobre la reforma del sistema de pensiones.
Convocados por los diputados de la oposición, algunos de los servidores públicos allí concentrados se manifestaron en las puertas exteriores del edificio, mientras que otros consiguieron entrar en la Asamblea, llenando así sus pasillos e intentando entrar, sin éxito, en el plenario. Durante el enfrentamiento entre manifestantes y policía, varios objetos fueron lanzados contra los agentes, quienes bloquearon las puertas del plenario y evitaron que más manifestantes entraran. A pesar de la confusión en los accesos a la Asamblea, el presidente de la cámara de Sao Paulo, Cauê Macris, decidió mantener la sesión extraordinaria. El proyecto, propuesto por el gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria, generó polémica al prever cambiar el régimen de cotización y jubilación de los funcionarios regionales para economizar miles de millones de euros en los siguientes 15 años.
