El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia es un organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Se encuentra sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cartera que garantiza el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y de sus colaboradores acreditados.
Objeto y principios rectores
El objetivo principal del Servicio es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos. Esto incluye el diagnóstico especializado, la restitución de derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones. La institución debe asegurar la ejecución de programas para casos de mediana y alta complejidad, actuando siempre con un enfoque de derechos y concordante con la dignidad humana.
Los principios que guían su actuar son:
- El interés superior del niño, niña o adolescente.
- La igualdad y no discriminación arbitraria.
- La autonomía progresiva y la perspectiva de género.
- La inclusión, la protección social y la participación efectiva.
Sujetos de atención y priorización
La acción del Servicio está dirigida a todos los niños, niñas y adolescentes que requieran protección. Sin embargo, mantienen su condición de sujetos de atención quienes tengan dieciocho años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios, hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años.
El Servicio y sus colaboradores deben garantizar que estos niños, niñas, adolescentes y sus familias reciban atención prioritaria en los órganos de la Administración del Estado.
Modalidades de atención especializada
El Servicio provee prestaciones a través de una red de centros y programas ejecutados directamente o mediante terceros. Las líneas de acción incluyen:
- Diagnóstico clínico especializado, seguimiento de casos y pericia.
- Intervenciones ambulatorias de reparación.
- Fortalecimiento y vinculación familiar.
- Cuidado alternativo y adopción.
En cuanto a la adopción, el Servicio procura que el niño, niña o adolescente acceda a una familia -cualquiera sea su composición- que brinde afecto y cuidados, siempre que esto no pueda ser proporcionado por su familia de origen.
Fiscalización y colaboradores acreditados
El Servicio cuenta con una unidad de fiscalización para controlar la calidad de las prestaciones. Solo pueden ser colaboradores acreditados aquellas personas jurídicas que implementen modelos para prevenir delitos que afecten la integridad de los menores y el correcto uso de recursos públicos.
| Infracción | Consecuencia |
|---|---|
| Infracciones graves | Sanción idónea para los fines de protección. |
| Infracciones gravísimas | Podría conllevar el término de la acreditación. |
Justicia juvenil y responsabilidad penal
El Estado ha establecido normativas específicas para jóvenes mayores de 14 y menores de 18 años, bajo un enfoque que releva las características propias de la adolescencia. Estos jóvenes tienen derecho a defensa gratuita y, en caso de privación de libertad, deben ser derivados a centros especiales, no a recintos carcelarios para adultos.
Medidas y sanciones
- Internación provisoria: Medida cautelar excepcional ejecutada en centros de internación provisoria (CIP).
- Libertad asistida: Programa ambulatorio con intervención personalizada a cargo de un delegado.
- Servicios en beneficio de la comunidad: Actividades no remuneradas a favor de la colectividad.
- Reparación del daño: Prestación económica, restitución de objetos o servicios en favor de la víctima.
La reinserción social sí existe: justicia restaurativa - Experto Gustavo Álvarez #Penitencia #méxico
Ante casos de daños producidos por falta de servicio, la indemnización por el daño moral será fijada por un juez, quien evaluará la gravedad del perjuicio y la alteración de las condiciones de vida del afectado.