Bajo una lógica subsidiaria, el Estado chileno financia a las entidades privadas sin fines de lucro que colaboran con el Servicio Nacional de Menores (Sename). Estas instituciones, conocidas como Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs), son responsables de la gran mayoría de los programas de atención en el país. Mientras el Sename administra directamente solo 62 centros (Cread), los organismos privados concentran 1.561 programas, recibiendo aproximadamente el 65% del presupuesto total del servicio vía transferencias.
En 2015, se destinaron más de $145 mil millones de pesos para atender a los menores en los OCAs. De este monto, $127 mil millones se dirigieron al área de Protección de Derechos y $17 mil millones al área de Justicia Juvenil. Sin embargo, la gestión de estos recursos ha estado bajo constante escrutinio debido a la acumulación de excedentes y la falta de facultades fiscalizadoras del Estado.
El fenómeno de los "empozamientos" de recursos
Según documentos oficiales internos del Sename, existen millonarios excedentes que se acumulan en las cuentas corrientes de los organismos privados. A julio de 2016, se estimó un saldo de $19.993.563.856 que no fueron gastados, categorizados bajo el concepto de "empozamiento" o saldos pendientes de rendición.
Quienes dirigen los OCAs afirman que no se trata de ahorros injustificados, sino de saldos operacionales necesarios para la provisión de gastos fijos, ocasionales e imprevistos, como finiquitos, licencias médicas o atención psiquiátrica de urgencia. No obstante, la entonces directora del Sename, Solange Huerta, sostuvo ante una comisión investigadora que la actual ley de subvenciones otorga al Estado un rol secundario y sin mayor control, careciendo de atribuciones para aplicar sanciones o multas por irregularidades o mal uso de fondos.
Ley 38/2003, General de Subvenciones | Versión unificada
Principales instituciones receptoras de fondos
A continuación se detallan las organizaciones que perciben los mayores montos por parte del Estado para la atención de menores vulnerados:
| Lugar | Organismo Colaborador (OCA) | Monto Transferido (2015) | Características Principales |
|---|---|---|---|
| 1 | Corporación Opción | ~$15.000 millones | Liderada por Consuelo Contreras. Concentra su oferta en Programas de Reparación y Maltrato (PRM). |
| 2 | Consejo de Defensa del Niño | ~$8.000 millones | Presidida por José Pedro Silva. Institución creada en 1934. |
| 3 | Fundación Mi Casa | $6.514.397.309 | Dirigida por Delia del Gatto (ex directora del Sename). Enfoque en protección y adopción. |
| 4 | Servicio Paz y Justicia (Serpaj) | $6.703.235.861 | Entidad laica de defensa de derechos humanos creada en 1977. |
| 5 | Fundación Tierra de Esperanza | $5.359.264.116 | Atiende a más de 3.800 menores en justicia juvenil y protección. |
Análisis de casos específicos y vínculos políticos
La Corporación Opción es la entidad que más fondos recibe. Su oferta se concentra en los Programas de Reparación y Maltrato (PRM), que reciben subvenciones altas por ser servicios especializados ambulatorios. Por otro lado, la Fundación Mi Casa posee fuertes vínculos con la Democracia Cristiana; su gerenta general, Delia del Gatto, asumió el cargo solo un mes después de dejar la dirección nacional del Sename en 2006.
Irregularidades y conflictos de interés: Entidades "Espejo"
Investigaciones periodísticas han revelado prácticas cuestionables, como la creación de instituciones "espejo". La ley prohíbe que una misma institución realice el diagnóstico de menores (DAM) y, simultáneamente, ejecute programas de protección para los mismos. El objetivo es evitar que se incremente artificialmente el número de niños enviados a programas de protección solo para aumentar los pagos por subvención.
Sin embargo, se ha detectado que en varios organismos los directorios se repiten. Por ejemplo, miembros del directorio de Fundación Pares han tenido cargos en Corporación Acogida. Estas irregularidades incluyen:
- Contratación de familiares y colaboradores cercanos (casos vinculados a Hernán Briones).
- Uso de proveedores comunes vinculados a los mismos directivos para compra de insumos de oficina y aseo.
- Falta de transparencia en la entrega de información contable de respaldo.
El Artículo 80 bis y la Deuda del Estado
El Artículo 80 bis de la Ley de Tribunales de Familia faculta a los jueces a enviar a menores a programas de atención incluso cuando no existen plazas disponibles. Esto obliga a los OCAs a abrir vacantes de emergencia. Sin embargo, el retraso en el pago de estas atenciones por parte del Estado ha generado deudas millonarias, que en 2018 alcanzaban los $5.361.750.219.
Las instituciones más afectadas por esta deuda histórica incluyen a la ONG Proyecta, Corporación Opción y Fundación Ciudad del Niño. Esta situación agrava la precariedad financiera de los programas ambulatorios y de familias de acogida.
Iniciativas del Sector Privado: "Juntos por la Infancia"
Ante la crisis del sistema, surgió el proyecto "Juntos por la Infancia", impulsado por la CPC y diversas organizaciones solidarias. Su objetivo es crear alianzas entre empresas y residencias para generar planes de mejora en infraestructura, gestión y acompañamiento directo a los niños.
Este sistema trabaja en "duplas" (una empresa - una residencia), buscando que los colaboradores de las empresas se involucren personalmente en la mejora de la calidad de vida de los menores. Actualmente, cerca de 40 empresas acompañan a aproximadamente 2.000 niños y jóvenes en residencias a lo largo de Chile.
Críticas a la Reforma y al Nuevo Servicio Mejor Niñez
El reemplazo del Sename por el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) ha sido recibido con escepticismo por diversos sectores. Las críticas se centran en que el nuevo modelo mantiene el sistema de subcontratación y tercerización, sin resolver los problemas estructurales de financiamiento.
Dirigentes sindicales y expertos de organismos como Unicef señalan que la subvención estatal sigue siendo insuficiente para una atención digna. Mientras no exista un financiamiento directo a la intervención especializada y se mantenga la lógica de "ayuda" a privados, persistirá la precariedad en la atención de los niños y niñas más vulnerados del país.