La reforma educacional que hoy se encuentra en discusión ha carecido de una mirada integral del sistema que permita dar respuesta a preguntas esenciales para el debate, como qué educación queremos, para qué educamos o qué sociedad construir. Hoy, en cambio, reina la confusión e incertidumbre frente al errático actuar del Ministerio de Educación (Mineduc).
La respuesta a dichas preguntas fundamentales no puede configurarse por fuera de la ciudadanía y de las fuerzas sociales que han posibilitado la discusión para realizar transformaciones estructurales al sistema después de 40 años.
Crítica al Modelo Educativo Actual
En este escenario, el movimiento estudiantil ha sido claro en plantear un Nuevo Sistema Nacional de Educación (SNE), siendo incompatible, por tanto, la lógica de las políticas subsidiarias y privatizadoras de los años 80, administradas y profundizadas durante los 90 por medio de “agendas cortas” y de reformas meramente reguladoras del mercado.
Hoy la educación es un bien provisto por el mercado, siendo un bien de capital más y no un derecho social universal garantizado en todos sus niveles. Las familias acceden a la educación que sus bolsillos pueden comprar, generando uno de los sistemas educativos más segregados del mundo.
La calidad, lejos de potenciarse a partir del juego competitivo del mercado (como pregonan sus defensores), se pierde y debilita al estar la prioridad puesta en maximizar la ganancia y no en entregar la mejor educación posible. Un modelo basado en la segregación, descoordinación, desregulación y competencia entre instituciones públicas y privadas, discriminación de acceso y desigualdad de clases sociales, solo puede ser enfrentado con las condiciones esenciales que surgen de una comprensión de la educación como un Derecho Social.
Financiamiento, Segregación y Lucro en el Sistema Actual
Según el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, el 93% de la matrícula en Chile es subvencionada por el Estado. En la investigación se entregan antecedentes del diagnóstico del financiamiento compartido (FC) y se da cuenta de que si bien puede haber una asociación entre financiamiento compartido y segregación, la mayor parte de la segregación escolar está determinada por segregación dentro de cada tipo de escuela, y no entre tipos de escuelas.
Aunque la selección de alumnos está prohibida hasta sexto básico según la Ley General de Educación, hay evidencia de que los colegios usan diversos métodos para seleccionar a los estudiantes. La investigación da cuenta de que los colegios desarrollan variadas estrategias para seleccionar a sus futuros alumnos -vulnerando la legislación vigente- a través de actividades como pruebas a los alumnos, sesiones de juego y entrevistas a los padres.
En la actualidad el lucro está permitido en el sistema escolar con recursos públicos, pero está prohibido en la educación superior. Ante cuestionamientos a universidades privadas, este tema fue parte del discurso del 21 de mayo de la mandataria, en el que señaló la necesidad de que “las universidades, institutos y centros de formación técnica cumplan efectivamente con sus funciones públicas de formación, extensión e investigación”.
La Educación como Derecho Social: Propuestas para una Transformación
La comprensión de la educación como un Derecho Social implica que sus fines y garantías se construyan de manera democrática, tanto en la confección de normas (constitucionales y legales) como en la gestión de los procesos educativos por parte de las comunidades educativas.
La educación que queremos implica constituir un nuevo Sistema de Educación que sea público, gratuito, democrático, sin lucro y de calidad, que apunte al desarrollo social y económico del país en la perspectiva de avanzar hacia una sociedad democrática, inclusiva y pluralista.
Medidas Fundamentales para el Nuevo Sistema Nacional de Educación
- Fortalecimiento de la educación pública: La principal medida de mejoramiento del sistema educativo es que la educación pública sea la mejor alternativa para todos y todas, pues los principios que se expresan y constituyen en ella son la manifestación y garantía de lo que podemos construir en conjunto como sociedad. El nuevo sistema debe estar en profunda correlación tanto con los fines y principios educativos definidos democráticamente, como con las necesidades sociales que tiene nuestro país.
- Gratuidad universal: La discusión sobre un nuevo sistema de educación no puede girar en torno a cuánto dinero hay, sino cuánto necesitamos para mejorar las condiciones de nuestra educación. Así, entendemos la gratuidad a partir del financiamiento a las instituciones como el mecanismo a través del cual el Estado asegura que las instituciones públicas cuenten con los elementos necesarios para otorgar una educación de calidad, asegurando el Derecho Social a la educación.
- Fin a la mercantilización y al lucro efectivo: El actual sistema de mercado educacional ha permeado todo tipo de instituciones a través de un negocio educativo que va más allá del lucro directo de los establecimientos (textos escolares, creación indiscriminada de carreras, deudas por créditos bancarios, agencias técnicas de educación, preuniversitarios, etc.). El negocio educativo contraviene la comprensión de la educación como Derecho Social, siendo medidas necesarias la prohibición del lucro en todo el sistema educacional, teniendo que reinvertirse cualquier utilidad en los fines educativos, a la vez que las prácticas lucrativas deben ser tipificadas como delito.
- Democratización: Entre las normativas impuestas en educación, se contempla el DFL-2 de 1981, que entre sus preceptos prohíbe la participación triestamental en la toma de decisiones y en el gobierno universitario. Ante los últimos anuncios del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, respecto de derogar esa norma, resulta fundamental entender de qué democratización estamos hablando. En este sentido, preocupan planteamientos como el recientemente realizado por Eyzaguirre (y ya formulado por el ex ministro de Educación, Harald Beyer, en 2011) respecto a la figura de gobiernos corporativos (“boards”) para el sistema universitario, basándose en los modelos de las universidades norteamericanas. El nuevo SNE que proponemos debe contar con la participación activa de las comunidades educativas. En este sentido, la derogación de los artículos del DFL 2 y de toda normativa legal (incluidos estatutos internos) que impiden la organización en las instituciones privadas resultan aspectos fundamentales.
- Formación profesional y condiciones laborales: Un factor crucial para el mejoramiento de la calidad y pertinencia del sistema educativo es que quienes llevan a cabo el proceso educativo se preparen en iguales condiciones de excelencia profesional y tengan las mejores condiciones para desempeñar sus labores. Para esto es necesario subvertir la desregulada formación profesional de los docentes y asistentes de la educación, así como sus precarias condiciones de trabajo. Por ello se proponen medidas como la creación de una carrera docente funcionaria (para coordinar y regular la formación profesional, así como su desempeño), eliminar la subcontratación de trabajadores de la educación, aumentar e igualar considerablemente los sueldos de los trabajadores públicos de la educación y considerarlos parte activa y vinculante de la gestión en la institución educativa.
- Condonación de deudas: Hasta el año 2005 existía el Fondo Universitario de Educación Superior, al cual podían optar aquellos estudiantes de quintiles más bajos y que no daba cobertura a sectores medios, creándose el 2006 la Comisión Ingresa, instancia administradora del sistema de créditos para estudios superiores, que impulsa una nueva alternativa de financiamiento estudiantil, el llamado Crédito con Aval del Estado (CAE) con una alta tasa de interés. Estudios proyectan que para el 2016 habrá más de 600 mil estudiantes con un nivel de deuda total que superará los US$5.000 millones. Sin considerar en dicho monto a los estafados del crédito Corfo. Estas condiciones de endeudamiento en que han quedado miles de estudiantes y sus familias, producto de este modelo de mercado, son inadmisibles.
CAE vs CAE
Administración de la Educación Escolar
Durante la década de los ochenta, la administración de las escuelas públicas pasó a los municipios. Para aportar al debate sobre cuál sería la mejor forma de administrar y gestionar la educación escolar, el Centro de Políticas Públicas UC y el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación UC (CEPPE) reunieron a un grupo de expertos a discutir sobre esta materia durante el año 2011. En abril, el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, publicó en el diario La Tercera la columna de opinión “Desmunicipalización: ¿la única salida?”.
Implicaciones Curriculares de la Reforma
Este trabajo tiene como núcleo temático la reflexión e interpretación de las propuestas curriculares que surgen de las políticas públicas que norman y orientan la reforma educacional chilena. Procura plantear la complejidad del mejoramiento de la calidad de la educación, en la doble perspectiva de la dinámica de los procesos de modernización y la recuperación de la democracia en el país. Hace énfasis en las dificultades del proceso de cambio integral de enfoque de teoría y práctica curricular que implica la nueva formación y el perfeccionamiento en servicio de los profesores.
Se tiene presente que las decisiones de las políticas curriculares se orientan a resolver los problemas de calidad de la educación, que responden a la problemática de nuestro proceso de incorporación a la dinámica de la modernidad, pero que también están en relación con nuestros propios procesos históricos. Se trata de insertar a los profesores en el mejor uso de los espacios de libertad que les confieren las políticas para participar en la toma de decisiones curriculares, con márgenes de autonomía flexibles y acordes con el tipo de hombre y sociedad que desean colaborar a construir conscientemente.