La accesibilidad universal es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad inclusiva. Para comprender su importancia actual, es esencial explorar su desarrollo a lo largo de la historia, desde las primeras iniciativas urbanísticas hasta las leyes y regulaciones contemporáneas que buscan garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas.
Historia y Evolución de la Accesibilidad y Discapacidad
Hasta mediados del siglo XIX, la discapacidad era en gran medida ignorada, una época conocida como el modelo de prescindencia. En este período, las causas de la discapacidad se atribuían a factores mágicos o religiosos, llevando a la marginación y, en casos extremos, a prácticas como el infanticidio de niños "deformes" o el maltrato. Con el surgimiento del cristianismo, la discapacidad se asoció con la demonización y el castigo divino, lo que "evolucionó" hacia un modelo de marginación excluyente, basado en la subestimación, la compasión, la ignorancia o el miedo a lo diferente.

Modelos de Abordaje de la Discapacidad
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Modelo Médico o Rehabilitador
Este modelo surge tras la II Guerra Mundial, justificando las causas de la discapacidad de manera científica y considerándola en términos de salud y enfermedad. En este enfoque, las personas con discapacidad son vistas como capaces de contribuir a la sociedad si son "rehabilitadas" o "normalizadas".
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Modelo Social de la Discapacidad
Emergente en Estados Unidos e Inglaterra a finales de los años 60 y principios de los 70, este modelo resuelve que las causas de la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino sociales. No existen limitaciones individuales, sino limitaciones de la propia sociedad para prestar servicios apropiados y asegurar que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta. Esta visión ha tenido repercusiones significativas en las políticas, que ahora buscan soluciones transversales y aglutinadoras.
Primeros Pasos hacia la Adaptación del Entorno
Con la aparición de la silla de ruedas en el siglo XVI, surgió el problema de la movilidad, solucionado inicialmente con la ayuda de otras personas. Es en la segunda mitad del siglo XX cuando se reconoce la necesidad de adaptar el medio físico a las personas. En 1974, en la “Reunión del Grupo de Expertos sobre el Diseño Libre de Barreras” en Nueva York, se establecieron los primeros antecedentes sobre la necesidad de eliminar barreras físicas y formar a profesionales como arquitectos e ingenieros en esta materia.
La importancia de la accesibilidad en la arquitectura
Del Diseño para Todos a la Accesibilidad Universal
Poco a poco, se comenzó a hablar del Diseño para Todos o Diseño Universal, que asienta sus raíces en el funcionalismo escandinavo de los años 50 y el diseño ergonómico de los años 60. También fue influenciado por la política social sueca de finales de los años 70, donde se forjó el concepto de “Una Sociedad para Todos”. Esta filosofía propuso diseñar sin barreras, difundiendo el concepto de accesibilidad en la edificación, el urbanismo, el transporte y la comunicación, como quedó plasmado en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en 1982.
Se instaló el concepto de “Accesibilidad Física Integral” como condicionante para la integración y normalización de las personas con movilidad y comunicación reducida, el germen que ha evolucionado hasta el término de Accesibilidad Universal. En los años noventa, el interés por el Diseño Universal creció, llevando a Ron Mace a encargar la creación de los “siete principios del Diseño Universal”, una guía para integrar características que resuelvan las necesidades de tantas personas como sea posible.
En 1994, en el Seminario Iberoamericano de Accesibilidad al Medio Físico en Río de Janeiro, se planteó la superioridad del Diseño Universal sobre la Accesibilidad Universal, exigiéndose incluso la eliminación del Símbolo Internacional de Accesibilidad por considerarlo discriminatorio. En 1993 se constituyó el European Institute for Design and Disability (EIDD) con el objetivo de “mejorar la calidad de vida mediante el Diseño para Todos”. La “Declaración de Estocolmo para el Diseño para Todos”, aprobada en 2004, afirma que este es un “planteamiento holístico e innovador, que constituye un reto ético y creativo para todos los diseñadores, empresarios, administradores y dirigentes políticos”.

Marco Legal y Urbano en Chile: Desde 1929 hasta la Actualidad
Los Orígenes: Ley N° 4.563 de 1929
Un hito temprano en la regulación urbana chilena fue el terremoto de Talca de 1928, que obligó a dictar la Ley 4.563. Esta ley disponía que toda ciudad con más de 20 mil habitantes debía elaborar un Plan General de Transformación. Las autoridades contrataron al arquitecto Karl Brünner como Consejero Urbano. En 1929, se promulgó una nueva Constitución. Santiago, con una población aproximada de 600.000 habitantes, incentivó la edificación en sitios eriazos y la reedificación de viviendas demolidas por insalubres.
La normativa aplicable establece la obligación de obtener permisos de edificación y recepciones definitivas solo para construcciones realizadas después del 14 de febrero de 1929, conforme a la Ley N° 4.563 y la interpretación de la Contraloría General de la República. Esto fue relevante en un caso reciente donde la Corte de Santiago acogió una reclamación de una propietaria a la que la Dirección de Obras Municipales (DOM) no le reconoció la antigüedad de todas sus construcciones. La DOM había argumentado que existían modificaciones en 1991, 2001 y 2017, pero la Corte sostuvo que la obligación de permisos es para construcciones posteriores a 1929.
Evolución de la Política Habitacional y Urbana
Los Congresos Panamericanos de Arquitectura y Urbanismo de la década de 1920 influyeron en Chile, promoviendo la cobertura de necesidades de los sectores más pobres. El 20 de febrero de 1906, la ley para crear los Consejos de Habitaciones Obreras marcó el inicio de iniciativas gubernamentales para construir, mejorar y normalizar la vivienda popular.
El proceso de migración del campo a la ciudad produjo un grave problema en la mayoría de las urbes. Para encararlo, se creó la Junta Central de Habitación Popular y se dictó la primera versión de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que buscaba ordenar la planificación urbana.

En 1957, los conflictos por el acceso a la tierra urbana en Santiago, debido al crecimiento demográfico, llevaron a la creación de la Corporación de la Vivienda (Corvi) y la formulación de los primeros planes a largo plazo para solucionar el problema habitacional desde una perspectiva centralizada. A fines de 1951, se estudiaron modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción, agregando conceptos como metrópoli, intercomuna, microregión y región a principios de 1952.
La Ley 6.640 autorizó préstamos bancarios para viviendas populares, construyendo alrededor de 6 mil unidades habitacionales. El Plan Oficial de Urbanización de la Comuna de Santiago (Pou) reguló la edificación en altura, la zonificación industrial y desarrolló un plan de vialidad y áreas verdes.
El gobierno de Eduardo Frei Montalva se propuso disminuir el déficit de vivienda, integrándola en el barrio y considerándola como reflejo de un modo de vida. Los programas habitacionales populares incorporaron escuelas, centros asistenciales y campos deportivos. Hacia comienzos de los sesenta, existían al menos 28 instituciones de ocho ministerios interviniendo en vivienda, urbanización y equipamiento. Se aprobó el primer Plan Regulador Intercomunal de Santiago, ajustando el crecimiento de las ciudades y protegiendo áreas de cultivo.
A fines de 1973, se reorganizó el Minvu y sus servicios dependientes. Uno de los objetivos del gobierno de Salvador Allende fue construir y reparar viviendas en mal estado y mejorar las condiciones urbanas. En 1981, el Minvu efectuó cambios importantes en sus programas, ampliando el reglamento del recién creado Subsidio Habitacional Variable. Se aprobó la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), buscando armonizar lineamientos sectoriales con la "Economía Social de Mercado".
Se reestructuró y regionalizó el Minvu, creando Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) y Departamentos de Desarrollo Urbano. Se fusionaron Corporaciones como Corhabit, Cormu, Corvi y Cou, estableciéndose un Servicio Regional de Vivienda y Urbanización (Serviu). Hasta 1983, las viviendas se asignaban a personas en poblaciones marginales. Los Serviu abrieron un nuevo sistema de postulación permanente que consultaba la Ficha CAS, incorporando el ahorro y el número de cargas familiares. Se facultó a las municipalidades para construir viviendas económicas y casetas sanitarias.
La administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se caracterizó por la masividad de la acción estatal, mayor inserción urbana de programas habitacionales y diversificación de alternativas de financiamiento. Se modificó el PRMS, introduciendo las Zonas Urbanizables con Desarrollo Condicionado (ZUDC). Se creó el Comité de Ministros de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Durante este período, se ampliaron los mejoramientos y cambios para la red de acceso a los programas habitacionales, se profundizó la descentralización de recursos y se introdujeron cambios al sistema de financiamiento.
El Gobierno inició una consulta nacional para desarrollar una nueva Política Urbana, donde la libre iniciativa y el mercado debían sujetarse a la planificación estatal. El Minvu realizó modificaciones al sistema de viviendas básicas para ampliar su cobertura a segmentos excluidos, como los allegados.
Hitos Recientes en la Política Urbana y de Vivienda
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A partir de 2006: La nueva política habitacional del Minvu buscó avances en la calidad e integración social de las viviendas, disminuyendo el déficit habitacional del 20% más pobre. Se aumentaron las superficies y se aseguró la calidad de las viviendas sociales. Se buscó revertir la segregación social, mejorando casas y barrios existentes, y apoyando a sectores medios.
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Ley 19.865 sobre Financiamiento Urbano Compartido: Permitió a Serviu y municipalidades celebrar contratos de participación con terceros para adquirir bienes o ejecutar obras urbanas.
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Comité de Ministros de la Ciudad y el Territorio: Creado en el marco de la Reforma y Modernización del Estado.
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Consejo Nacional para la Reforma Urbana: Inició un proceso de reflexión y cambio en las ciudades chilenas.
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Comité Bicentenario: Con miras al 2010, se "repensaron" las capitales regionales de Antofagasta, Valparaíso, Santiago y Concepción.
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DS 75: Nueva Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Un siglo de políticas de vivienda y barrio permite comprender la evolución de los programas de vivienda social, desde un enfoque centrado en la solución de la falta de vivienda hasta modelos orientados a la construcción de barrios y ciudades, con la creciente incorporación del sector privado. La labor del Minvu es construir una ciudad solidaria y equitativa, capaz de acoger a todas las familias que la habitan, buscando la igualdad de oportunidades y concentrando la acción en los grupos más vulnerables.
Decreto Supremo 50: Hacia la Accesibilidad Universal Real
El pasado 4 de marzo se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo 50, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), actualizando sus normas a las disposiciones de la Ley 20.422, sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.
Principales Cambios e Incorporaciones
Dentro de los principales cambios está la incorporación de los conceptos de accesibilidad universal y diseño universal, ambos extraídos de la Ley 20.422. Otras incorporaciones a la OGUC son las exigencias de ruta accesible en áreas verdes, públicas o privadas y para circulaciones peatonales de espacios públicos. Estas no podrán tener desniveles superiores a 0,3 metros en ninguno de sus costados y deben estar protegidos por una franja con cambio de textura a 0,6 metros del borde. Además, se exige huella podotáctil; es decir, pavimentos con textura de guía y de alerta, para alto flujo peatonal o de más de tres metros de ancho.

Aplicabilidad del DS 50
De acuerdo con un documento de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), las exigencias y disposiciones del DS 50 se aplican a:
- Nuevos espacios públicos.
- Remodelación de espacios públicos existentes.
- Parques, plazas y áreas libres que no constituyan bienes nacionales de uso público (Artículo 2.1.31 OGUC) destinados a áreas verdes.
- Todo nuevo edificio de uso público.
- Nuevos edificios que presenten servicios a la comunidad (sin importar su carga ocupacional).
- Nuevas edificaciones colectivas y nuevos condominios de Tipo A y B.
Estas modificaciones son bienvenidas, ya que los tiempos cambian y las sociedades evolucionan, buscando una mayor integración entre sus individuos.
Implementación de la Accesibilidad Universal en Edificios Existentes
Para implementar la accesibilidad universal en edificios existentes, es necesario que un profesional competente evalúe las condiciones actuales del edificio. Este profesional detectará dónde es necesario realizar modificaciones para habilitar la ruta accesible y para implementar artefactos, pisos, barandas, servicios higiénicos y otros complementos que permitan cumplir con las exigencias de la ley, según el tipo de edificio. El expediente de accesibilidad dará cuenta de tales implementaciones y soluciones técnicas en detalle a la autoridad fiscalizadora.

Etapas Clave en la Habilitación de Edificios Accesibles
- Evaluación de las condiciones actuales: Comparar el edificio o los espacios públicos con lo que indica la ley de accesibilidad universal. Se debe evaluar si el edificio es capaz de implementar modificaciones menores y superficiales (añadiendo elementos, artefactos, señalización) o si, dadas las condiciones, se requerirá una inversión mayor, modificaciones estructurales/no estructurales, ampliación de recintos, habilitación de accesos, cambio de mobiliario, etc.
- Propuesta resolutiva: Los profesionales deben realizar una propuesta que garantice las condiciones de accesibilidad universal, cumpliendo al menos con el mínimo que exige la ley. Si es posible y si la disposición del mandante lo permite, se debe buscar el ideal para la persona con discapacidad temporal/permanente.
- Solicitud de permisos: Se deberán solicitar los permisos respectivos al tipo de obra (modificaciones, alteraciones o ampliaciones al edificio original).
- Ejecución y supervisión de obras: Una vez obtenidos los permisos, se deben realizar las obras de acuerdo con el proyecto ejecutivo y los antecedentes entregados a la DOM, supervisando su correcta ejecución.
- Recepción final de obras: Una vez realizadas las obras constructivas o de remodelación, se deberá gestionar la recepción final de las obras, documento entregado por la DOM, dando así por concluido el proceso de habilitación y obteniendo un edificio accesible.
Cada una de estas etapas debe ser realizada o, al menos, guiada por profesionales con conocimientos en normativa de accesibilidad universal y en proyección de edificaciones, ya que podrían requerirse soluciones, complementos o alteraciones de tipo estructural o de instalaciones si el edificio está demasiado alejado de la solución ideal.
La Accesibilidad en Edificios Históricos: Un Desafío y Oportunidad
La accesibilidad en edificios históricos es un desafío fundamental en la conservación del patrimonio arquitectónico. Muchas construcciones antiguas fueron diseñadas en épocas en las que la movilidad reducida no era una prioridad, generando barreras. Empresas especializadas en restauración de edificios históricos abordan este desafío, buscando soluciones que respeten la estructura original sin afectar su valor histórico.
Los edificios históricos presentan diversas barreras arquitectónicas que dificultan su uso por parte de personas con movilidad reducida, discapacidad visual o auditiva. Se trabaja con arquitectos y especialistas en accesibilidad para encontrar soluciones que respeten la estructura original de los edificios sin afectar su valor histórico. Existen diversas soluciones para mejorar la accesibilidad en edificios históricos sin afectar su esencia patrimonial.

Uno de los mayores retos en la rehabilitación de edificios históricos es encontrar un equilibrio entre accesibilidad y conservación. La experiencia en restauración permite desarrollar estrategias innovadoras para mejorar la accesibilidad sin afectar el valor patrimonial. La accesibilidad en edificios históricos es un desafío, pero también una oportunidad para hacer que el patrimonio sea inclusivo sin sacrificar su valor arquitectónico. La misión es combinar la conservación del patrimonio con la accesibilidad universal.