La situación de los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido objeto de una profunda y alarmante investigación. Un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, que examinó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. En el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tuvieron connotación sexual.
Este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos en los hogares del Sename, pero la situación no mejoró. El documento de la PDI, al que accedió CIPER, de 257 páginas, es un resumen de una extensa investigación de 28 tomos, realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette.
Hallazgos Alarmantes del Informe de la PDI
El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, expresó a CIPER su preocupación por el hecho de que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, no hubiera conocido o hecho público este documento, pidiendo su renuncia ante la gravedad de los hechos. El informe policial es mucho más completo que un reporte previo de la ONU, que visitó solo cuatro residencias, mientras que la PDI consideró 240 de las 241 existentes en el país, abarcando a cerca de 6.500 niños en el sistema de residencias. La constatación de que la violación sistemática de derechos se comete en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename es especialmente grave.
Detalle de las Vulneraciones Constatadas
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan de la siguiente manera:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe detalla que una parte significativa de los maltratos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC). En los Cread (Centros de Reparación Especializada de Administración Directa) hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, totalizando 310 con connotación sexual, de los cuales 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares de organismos colaboradores, 21 en Cread y 10 en otros centros), y 187 por otros menores (62% en residencias de organismos colaboradores para adolescentes).
El informe policial es categórico al señalar que "estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros". Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de "deserciones del sistema", cifra que aumenta a un 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados.
Falta de Protocolos y Fiscalización
El Sename ha establecido protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, que son nociones básicas para asegurar un piso mínimo de resguardo a la integridad de los niños. Sin embargo, el equipo policial estableció que el "44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename". Los resultados son aterradores: el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% no tiene protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". Esto es especialmente preocupante, dado que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene la obligación de fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. El informe de la policía determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Los tribunales de familia también deben fiscalizar los centros del Sename al menos cada seis meses, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Problemas de Salud y Discapacidad
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima, alcanzando el 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. Sorprendentemente, 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 55 centros donde sí existe, la labor es realizada por un técnico de un área distinta a la salud.
La administración de medicamentos también es un punto crítico. En 159 centros (el 66,3% del total), "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud". Un educador de trato directo (ETD) solo requiere haber cursado cuarto medio. Una investigación de CIPER de 2016 ya constató que los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, a menudo como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se agrava si se considera que el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Consecuencias y Responsabilidades
Tras la denuncia del diputado Saffirio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, negó haber conocido el documento de la PDI, afirmando que "es falso lo que dice el diputado Saffirio", y que se trataba de un estudio para un proceso judicial del que el Ejecutivo no es parte. Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre, no solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda en entredicho, ya que los jueces de familia deben visitar los centros dos veces al año y aparentemente no encontraron estas vulneraciones sistemáticas.
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Precedentes y Falta de Cambios
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. Destaca el Informe Jeldres de 2012, una investigación del Poder Judicial y Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres, y que fue la primera gran alerta sobre los graves abusos. Los hallazgos de este informe dieron pie a diversas investigaciones, incluyendo dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, además del reporte de la ONU. A pesar de estos informes y los anuncios de medidas, sanciones y reformas, la muerte de Lissette Villa provocó que el país se enterara "por goteo" de otras historias similares.
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. El fiscal Marcos Emilfork y su equipo especial de la PDI fueron mandatos con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años. El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI visitar cada centro dependiente del Sename, y los detectives visitaron 240 de las 241 residencias existentes (solo una se negó).
Investigación de Casos Específicos
En junio de 2018, la Fuerza de Tarea Sename (el equipo de la PDI) recibió la orden de confeccionar un informe resumen de sus hallazgos, incluyendo casos urgentes como los 40 menores con "alta complejidad médica" y "posible riesgo vital", información que fue comunicada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, Sename y Ministerio de Salud para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo. El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que realmente habían ocurrido, y la mayoría de los directores de los centros informaron no contar con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves.
En un caso específico, el fiscal Patricio Poblete comunicará los cargos en contra de una cuidadora y la directora del centro que tenía bajo su cuidado a una menor que sufría de Lupus. A pesar de su condición, se le incluyó en un paseo a Pichidangui. Los motivos de su muerte, según el fiscal Marcos Emilfork, fueron la falta de tratamiento oportuno de su descompensación y la demora en su traslado al hospital. María Teresa González Catejo, representando al centro, habría presentado un documento falso sobre la entrega de medicamentos, exigiendo a funcionarios modificarlo. Los delitos que se indagan son cuasidelito de homicidio para ambas y presentación de documentos falsos solo para González Catejo.
Respecto a la muerte de Lissette Villa, ocurrida la noche del 11 de abril de 2016, ninguna de sus cuidadoras supo qué hacer. Conne Fritz, asistente de contador sin experiencia como educadora, y Thiare Oyarce, sin título ni contrato, la inmovilizaron boca abajo. Fritz se puso sobre Lissette, lo que causó su muerte.
Deficiencias en la Capacitación y Fiscalización Presupuestaria
Un año y dos meses después de la muerte de Lissette, la comisión del Sename II de la Cámara de Diputados aprobó un informe que investigó la respuesta del Estado a las recomendaciones de la primera comisión de 2014. Las conclusiones parlamentarias son desalentadoras, especialmente en la drástica baja del presupuesto destinado a capacitación y formación, que disminuyó en un 399%, justamente lo que le faltó a Conne Fritz y Thiare Oyarce. Además, según información del Sename a la comisión, existen 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado de menores cuyas cuentas no han sido revisadas en los últimos tres años. En 2017, el Sename destinó $146 mil millones para 1.204 programas de atención a menores prestada por privados.
El verdadero problema, según funcionarios y colaboradores de la institución, no radica solo en las responsabilidades políticas, sino en cómo el Sename fija sus prioridades para el destino de sus dineros. Las capacitaciones son escasas y poco aportan al trabajo real de los funcionarios, y las fiscalizaciones son laxas. El dirigente de la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores del Sename, Christopher Simpson, educador de trato directo, relata que en casi cinco años solo ha recibido una capacitación insuficiente. Luis Ortúzar, director de un hogar en Peñaflor, indica que su centro no ha recibido capacitación de la administración central en al menos cinco años, afectando directamente las competencias de los educadores.
La Crítica a la Fiscalización Financiera
El psicólogo Matías Marchant señala que los sueldos en el sistema son bajos, "hacen que las personas que trabajan en este sistema sigan siendo pobres", y los sistemas de turnos "terminan reventando literalmente a las educadoras". En septiembre del año pasado, había 1.275 educadores de trato directo contratados. El diputado Ramón Farías afirma que la falta de capacitación incide directamente en la fiscalización. Todos los entrevistados por CIPER coinciden en que la fiscalización técnica y financiera de las instituciones privadas que colaboran con el Sename (OCAS) es, por lo menos, insuficiente. El dato de que 751 programas fueron examinados entre dos y ninguna vez en los últimos tres años podría empeorar, debido a la eliminación del Programa de Fiscalización a Centros de Menores en el presupuesto para este año.
Un funcionario del área de licitaciones de la administración central del Sename explicó que los OCAS "guardan" esos fondos por si se cierra el programa y se ven obligados a pagar finiquitos, pero como eso rara vez pasa, los recursos se desaprovechan. La Ley 20.032 establece mecanismos para subvencionar gastos asociados a la intervención, pero en el convenio no se especifica la "glosa" que establece cuánto se gastará en un determinado ítem, lo que ha provocado que la supervisión financiera no tenga control sobre esto. Esto significa que si se licitó un programa para atender a cien niños, pero en la práctica se atendió solo a 20, igual se paga por los cien. Luis Ortúzar defiende el rol de los OCAS, señalando que la subvención de $180 mil mensuales por niño es insuficiente para garantizar un buen cuidado en su hogar de 90 menores con 35 funcionarios.
Comisión Verdad y Niñez y Búsqueda de Orígenes
La Comisión Verdad y Niñez realiza visitas a los Centros de Internación Provisoria (CIP) de San Bernardo y San Joaquín para recoger testimonios de jóvenes. La directora María Eugenia Fernández destacó la colaboración con la comisión, expresando la total disposición de Sename para "esclarecer la verdad y reparar el daño". La presidenta de la comisión, Soledad Larraín, enfatizó el derecho de todo niño, niña o adolescente que haya sufrido violaciones a sus derechos humanos bajo custodia del Estado a dar su testimonio.
En relación con la búsqueda de orígenes, la directora del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda, señaló que el Servicio no está capacitado para ello y no es un rol propio de dicho organismo. Raquel Morales, asesora del Senador Ossandón, indicó que el Sename o los organismos acreditados son los únicos que pueden iniciar un proceso declaratorio de adoptabilidad. El Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, expresó su preocupación por expandir los sujetos de atención del Servicio, ya que perdería su foco, y que una reforma a la Ley de Adopción está en discusión. La senadora Aravena subrayó que la indicación del artículo 3 de la iniciativa en estudio habla de familias interesadas en adoptar, no de familias adoptivas. Morales recalcó que las personas interesadas en adoptar requieren una certificación de idoneidad del Sename o de organismos colaboradores, y que el Sename es quien acompaña el proceso de vinculación de un joven que busca sus orígenes con su familia de origen. El Senador Montes manifestó que la indicación en discusión ha evidenciado la falta de subvención para cumplir las funciones de apoyo planteadas.