En un contexto de acelerado envejecimiento poblacional, la protección y el respeto de los derechos de las personas mayores se han convertido en una prioridad urgente en Chile. Para abordar esta realidad, se han implementado diversas iniciativas, entre las que destaca la creación del Consejo Ciudadano de Personas Mayores, una instancia clave que busca amplificar la voz y las necesidades de este sector de la población.
Lanzamiento del Consejo Ciudadano de Personas Mayores y sus Objetivos
La ceremonia de lanzamiento del “Consejo Ciudadano de Personas Mayores” se llevó a cabo en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda. Este evento estuvo encabezado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, la Primera Dama, Cecilia Morel, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y el nuevo director de Senama, Octavio Vergara. Durante la ocasión, Octavio Vergara señaló que “avanzar en participación social y respeto a los adultos mayores son tareas urgentes que queremos desarrollar con las propias personas mayores y con quienes tienen experiencia en este ámbito”.
El Consejo Ciudadano se reunirá de forma bianual, siendo presidido por la Primera Dama y coordinado por el director del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Octavio Vergara. El Presidente Sebastián Piñera también enfatizó la importancia de la creación de este Consejo Ciudadano, el cual, tras su lanzamiento, comenzó a sesionar inmediatamente. Su objetivo primordial es transmitir la voz de la ciudadanía y de los expertos en la materia, consolidando el compromiso del Gobierno con la tercera edad, un sector que impone nuevos desafíos debido al rápido envejecimiento del país.
El Desafío Demográfico de Chile y la Discriminación
Chile enfrenta un envejecimiento poblacional acelerado. En 1950, la esperanza de vida al nacer era de 54,8 años, cifra que, según las proyecciones del INE para el 2020, asciende a 80,2 años. Además, según la Casen 2015, los adultos mayores suman más de 3 millones de personas, y se espera que para el 2025 constituyan el 20% de la población.
Esta realidad demográfica subraya la necesidad de una defensa activa de los derechos de las personas mayores, incluyendo la lucha contra la discriminación. En este contexto, se ha hecho un fuerte llamado a la responsabilidad social de todas las instituciones. “Ese tipo de discriminación atenta contra los derechos de las personas mayores. Las instituciones bancarias ni nadie tiene derecho a discriminar solamente por la edad”, se enfatiza. Asimismo, se hace un llamado a reconocer que, con casi 3 millones de adultos mayores, que representan un 14% del público en muchos sectores, se requiere facilitar su acceso a servicios, incluso con atención preferencial. Se destaca que “el tema de la vejez no es solo del Estado o de un Gobierno de turno. El cambio que queremos apuntar es a toda la sociedad y a las instituciones”.
Miembros Destacados del Consejo Ciudadano
El Consejo Ciudadano está compuesto por diversas personalidades y representantes de organizaciones clave en la defensa de los derechos de las personas mayores, entre ellos:
- Jorge del Campo Balbontin, presidente de la Mesa por los Derechos de las Personas Mayores.
- José Troncoso Cisterna, presidente de CUPEMCHI.
- Ramón Aguilar Vera, presidente de CODISAM.
- Gladys Fernández, representante del Movimiento "Marcha de los Bastones".
- Homero Gac Espínola, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile.
- Mario Noguer Fernández, coordinador nacional del Programa Adulto Mayor Cáritas Chile.
- Consuelo Moreno Rodríguez, secretaria ejecutiva de Red Mayor.
- Marta Larraechea Bolívar, Instituto del Envejecimiento.
- Renato de la Cerda Etchevers, presidente de Cajas de Chile A.G.
- Patricia Pupkin, presidenta de Fundación AMANOZ.
- Rosita Kornfeld Matte, directora ejecutiva de CEVE UC.
- Eleazar Vargas, presidente de la Federación de Uniones Comunales de Adulto Mayor.
- Juana Silva Opazo, geriatra del Hospital Santiago Oriente Dr.
El Impacto de la Pandemia COVID-19 en las Personas Mayores y las Demandas de la Sociedad Civil
Frente a la pandemia de COVID-19, la Asociación Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores Chile expuso sus preocupaciones y demandas. El COVID-19, una infección viral que afecta el sistema respiratorio, representa un riesgo significativamente mayor para las personas de edad, especialmente si tienen enfermedades de base. Las Naciones Unidas han acordado que las personas de 60 años y más son Adultos Mayores y deben recibir un trato preferencial, además de la protección de sus derechos, tal como lo establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Según la Dra. Paula Bedregal, Académica del Departamento de Salud Pública de la UC, se proyectó que al menos el 50% de la población chilena (alrededor de 9 millones de personas) se contagiaría. De este porcentaje, se calcula que un 30% sería asintomático, un 55% tendría un desarrollo moderado de la enfermedad, un 10% un desarrollo severo (normalmente requiriendo hospitalización en UCI) y un 5% un desarrollo crítico que necesitaría uso de respirador artificial.
Medidas y Desafíos durante la Pandemia
Las medidas adoptadas en Chile buscaron evitar el colapso del sistema de salud aplanando la curva de contagios, lo que implica que el pico de la enfermedad se alcance de manera más lenta y tardía. Aunque esto no necesariamente reduce el número total de contagiados, sí permite que los contagios ocurran en un período de tiempo más prolongado, lo que puede favorecer avances en la creación de vacunas y medicamentos.
Reflexiones sobre el derecho de personas mayores en contexto de pandemia
Sin embargo, el período de confinamiento para este sector etario ha sido mucho más prolongado que los 14 días de una cuarentena habitual en Chile. "Esta pandemia no termina de un día para otro", y se ha sugerido que "la gente de edad debería mantenerse aislada hasta fin de año para protegerlos del Coronavirus. Sin la existencia de una vacuna debemos limitar lo más posible el contacto con las personas mayores".
Junto a la crisis sanitaria, se vislumbra una crisis financiera mundial. Si bien el gobierno ha ofrecido garantías estatales para que el sistema bancario ponga a disposición de micro, pequeños y medianos empresarios US$24.000.000.000 para su sostenimiento, no menos importante es el derecho a la salud y a la vida digna y libre de discriminación de las personas mayores. Muchos de ellos, hasta antes del COVID-19, contaban con el apoyo económico y acompañamiento de familiares, quienes hoy enfrentan desafíos similares o más graves, limitando su tiempo para atender a sus mayores.
Propuestas Urgentes para la Protección Integral de las Personas Mayores
La sociedad civil, a través de sus organizaciones, ha presentado una serie de propuestas para enfrentar esta crisis y asegurar el bienestar de las personas mayores:
- Se debe mantener los controles y tratamientos de salud habituales para las enfermedades no relacionadas con COVID-19, preferentemente realizados a domicilio.
- Aprovechar la crisis sanitaria para catastrar la totalidad de los establecimientos de larga estadía para Adultos Mayores, con o sin fines de lucro, independientemente de si están bajo supervisión de SENAMA.
- SENAMA debe poseer las atribuciones y el financiamiento necesarios para fiscalizar el funcionamiento de dichos establecimientos.
- El Estado, en conjunto con la sociedad civil y el sector privado, debe implementar programas de recreación, información y mantenimiento personal que permitan sobrellevar de mejor manera el largo aislamiento. Tales programas podrán incluir clases de gimnasia adecuada a su edad, clases de cocina sencilla y económica, lectura por radio de libros y/o folletos, y exhibición por TV de obras de teatro, conciertos y ballet. Estos y otros programas tendrán por finalidad mantener el equilibrio emocional y las capacidades cognitivas de las personas de edad.
En Chile, aproximadamente 3.200.000 Adultos Mayores, de los cuales el 84% tiene entre 60 y 80 años y el 16% tiene 80 años o más, reciben pensiones muy bajas. La Pensión Básica Solidaria para mayores de 80 años, por ejemplo, está en $165.302, y muchos reciben sumas inferiores, situándose la gran mayoría en el nivel de pobreza por ingresos que define la CEPAL. Sus redes de apoyo se han debilitado o desaparecido en un gran porcentaje durante esta crisis.
Por ello, así como el Estado apoya la economía del país, es igualmente crucial que apoye el derecho a la vida de sus ciudadanos en general y de las personas mayores en particular, adoptando medidas que les permitan sortear esta crisis sanitaria y sobrevivir. Un aspecto básico e inmediato es asegurar una buena alimentación, rica en nutrientes que fortalezcan el sistema inmunológico, creando una barrera oportuna ante el ingreso del coronavirus al cuerpo.