Empoderamiento Económico de Mujeres Vulnerables: Un Camino Hacia la Igualdad y el Desarrollo Sostenible

El empoderamiento económico de las mujeres es un pilar fundamental para alcanzar la igualdad de género, erradicar la pobreza y fomentar un crecimiento económico inclusivo. Las mujeres son contribuyentes esenciales a las economías a través de sus roles en empresas, agricultura, emprendimiento, empleo y, de manera crucial, a través del trabajo de cuidados no remunerado en el hogar.

Sin embargo, a pesar de sus significativas aportaciones, las mujeres continúan enfrentando de manera desproporcionada la pobreza, la discriminación y la explotación. Las barreras estructurales y los estereotipos de género limitan su acceso a trabajos seguros y bien remunerados, y su presencia en puestos de liderazgo sigue siendo minoritaria. La discriminación también restringe su acceso a recursos económicos vitales como la tierra y los préstamos, y limita su participación en la formulación de políticas sociales y económicas. Adicionalmente, la carga predominante de las tareas domésticas y de cuidado les deja con un tiempo limitado para aprovechar oportunidades económicas.

ONU Mujeres concibe el empoderamiento económico de las mujeres bajo tres criterios esenciales, anclados en la realización de sus derechos económicos: transformación, participación e impacto. Las mujeres deben tener la capacidad de transformar sus vidas, comunidades y sociedades; participar activamente en los procesos y espacios que afectan su independencia económica; y generar un impacto tangible en sus hogares, comunidades y en la legislación y políticas que rigen su autonomía económica. Es importante destacar que el empoderamiento económico está intrínsecamente ligado a la eliminación de la violencia contra las mujeres y a su participación política, ya que estas áreas de trabajo de ONU Mujeres son interdependientes.

Infografía sobre los pilares del empoderamiento económico de las mujeres: transformación, participación e impacto.

Desafíos en América Latina y el Caribe

En la región de América Latina y el Caribe, las actitudes culturales y las normas arraigadas sobre los roles de género tradicionales y los estereotipos continúan presentando obstáculos significativos para la plena realización de los derechos de las mujeres. Desde 1999, se ha observado un incremento en los índices de pobreza y pobreza extrema entre las mujeres rurales en la mayoría de los países, siendo la pobreza un flagelo 1.15 veces mayor para las mujeres que para los hombres.

Si bien las mujeres en la región presentan tasas de matrícula educativa superiores a las de los hombres, esta ventaja no se traduce equitativamente en el acceso al trabajo remunerado, especialmente al trabajo decente. A pesar de esto, la mayoría de las personas que aún son analfabetas son mujeres. La participación de las mujeres en la fuerza laboral de la región no crece al mismo ritmo que la de los hombres; una de cada tres mujeres no genera sus propios ingresos, en contraste con el 11.7% de los hombres. Además, el 90% del trabajo doméstico no remunerado sigue siendo ejecutado por mujeres.

Los hombres, independientemente de su edad, nivel educativo o tipo de trabajo, perciben salarios superiores a los de las mujeres. En el ámbito del trabajo remunerado, el 58% de las mujeres trabaja en el sector informal precario, con acceso limitado a la seguridad social. El sector del trabajo doméstico, que sigue siendo la principal ocupación para las mujeres en América Latina, emplea a 14 de cada 100 mujeres.

Esta falta de empoderamiento económico, combinada con una discriminación de género generalizada y el reforzamiento de estereotipos tradicionales, merma la capacidad de las mujeres en América Latina y el Caribe para participar equitativamente en todos los aspectos de la vida pública y privada, lograr el respeto a sus derechos, acceder a la justicia y vivir vidas dignas.

Mapa de América Latina y el Caribe con estadísticas clave sobre la brecha de género económica.

Soluciones y Enfoques de ONU Mujeres

Diversos compromisos internacionales, como la Plataforma de Acción de Beijing, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, respaldan el empoderamiento económico de las mujeres. ONU Mujeres se basa en estos compromisos y en la creciente evidencia que demuestra cómo la igualdad de género impulsa las economías y el desarrollo sostenible.

A través de la colaboración con diversos socios, los programas de ONU Mujeres buscan fortalecer la capacidad de las mujeres para acceder a trabajos decentes, acumular bienes e influir en las instituciones y políticas públicas que determinan el crecimiento y el desarrollo. Un aspecto crucial es la cuantificación del trabajo no remunerado de cuidado y la promoción de una distribución equitativa de estas tareas entre hombres y mujeres, con el apoyo de servicios e infraestructuras estatales adecuadas, especialmente ante el aumento de hogares liderados por mujeres.

En todos sus programas de empoderamiento económico, ONU Mujeres prioriza la atención a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, a menudo en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Entre los grupos especialmente marginados se encuentran las mujeres rurales, las trabajadoras domésticas, las migrantes y las mujeres con habilidades poco desarrolladas. La pobreza puede exacerbar la violencia; las mujeres y niñas que viven en la pobreza enfrentan múltiples formas de discriminación y un mayor riesgo de violencia, incluida la explotación sexual y la trata de personas. Aquellas que sufren violencia doméstica tienen menos opciones para escapar de relaciones violentas debido a la falta de ingresos y recursos.

Para abordar estas problemáticas, ONU Mujeres implementa programas destinados a empoderar económicamente a las mujeres, sacarlas de la pobreza, fortalecer los servicios sociales para las sobrevivientes de violencia y aumentar la concienciación sobre sus derechos.

La economía de cuidados en la reincorporación - ONU mujeres Colombia

Casos de Éxito y Aprendizajes

Tayikistán: Habilidades Empresariales y Autonomía para Mujeres Rurales

Un proyecto respaldado por ONU Mujeres en Tayikistán ha capacitado a familias de trabajadoras y trabajadores migrantes y a grupos de mujeres rurales para iniciar sus propias empresas, facilitando el acceso a microcréditos y promoviendo su empoderamiento económico. Algunas de estas mujeres son sobrevivientes de violencia. Hasta la fecha, más de 5.000 familias en Kirguistán y Tayikistán han recibido capacitación, recursos y créditos para convertirse en empresarias y empresarios autosuficientes.

India: Transformando Lugares de Trabajo para Mujeres

Las intervenciones de ONU Mujeres en la India han llegado a más de 100.000 mujeres pobres y marginadas en 29 distritos. Gracias a un proyecto respaldado por el Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres, más de 30.000 mujeres rurales marginadas ahora gestionan puestos de trabajo, aseguran el pago de salarios y exigen sus derechos a pensiones, protección social y programas de generación de medios de vida, como la Ley Nacional Mahatma Gandhi de Garantía de Empleo Rural.

Bolivia: Empoderamiento Económico y Ciudadanía para Mujeres Rurales Indígenas

El programa en Bolivia se centró en mejorar la situación socioeconómica de mujeres rurales e indígenas de las zonas más pobres, proporcionándoles medios de vida sostenibles. Se buscó crear un entorno institucional más favorable para la realización de los derechos de las mujeres, impartiendo educación sobre sus derechos en comunidades rurales, municipios y diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. La estrategia se articuló en dos pilares:

  • Generación de patrimonio productivo: Asegurando la igualdad en el acceso a créditos, activos, recursos productivos y tecnología.
  • Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía: Educando en derechos y proporcionando documentos de identidad a quienes carecían de ellos.

Antes de la intervención, el 81% de las mujeres no cumplían los requisitos para acceder a servicios financieros. Al finalizar el programa, todas las participantes tenían acceso a cuentas de ahorro, líneas de crédito, remesas y pago por servicios. Se mejoró el empleo o se crearon puestos de trabajo para 5.090 mujeres, quienes incrementaron su patrimonio en un promedio del 50%. Cerca de 2.000 mujeres recibieron capacitación en producción, gestión y contabilidad. El 63% de sus beneficios se destinó a las necesidades familiares, mejorando significativamente la situación familiar.

El programa también permitió que 3.748 mujeres disfrutaran plenamente de su derecho de ciudadanía por primera vez, junto con 9.397 miembros de sus familias. Las capacidades de incidencia política y vigilancia de las organizaciones de mujeres se reforzaron mediante sensibilización en derechos, formación en liderazgo y ampliación de su participación en la vida pública. Antes del programa, solo el 22% de las participantes ejercía su derecho al voto; tras la intervención, el 97% participó en procesos electorales. El 30% de las mujeres emprendedoras que recibieron formación en derechos civiles fueron nominadas como candidatas para liderar organizaciones productivas o comunitarias, y el 60% de ellas resultó elegida.

Fotografía de mujeres rurales bolivianas participando en un taller de capacitación empresarial.

Las autoridades municipales también recibieron formación en derechos de las mujeres, y cuatro gobiernos municipales iniciaron proyectos para promover la igualdad de género. En entrevistas, el 94% de las mujeres declararon que su situación mejoró significativamente.

Consideraciones sobre el Impacto en la Violencia de Pareja

El acceso a recursos financieros por parte de las mujeres ha mostrado efectos mixtos en su exposición a la violencia de pareja. En algunos casos, el aumento de ingresos redujo la violencia al disminuir el estrés financiero y mejorar el poder de negociación de las mujeres. Sin embargo, en otros, la violencia aumentó, posiblemente debido a conflictos sobre el uso de recursos o al intento de los hombres de afirmar su dominio. A nivel mundial, se estima que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja.

La violencia de pareja íntima (VPI) puede manifestarse de diversas formas (física, sexual, económica, psicológica) y tener consecuencias graves, incluyendo lesiones, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, trastornos mentales y, en casos extremos, la muerte. Aumentar el acceso de las mujeres a recursos financieros como estrategia para promover su empoderamiento económico es una vía popular para reducir la VPI.

Las intervenciones económicas pueden influir en la VPI a través de varios canales. El aumento de ingresos puede reducir la violencia al mejorar la seguridad económica de las familias, disminuir conflictos por recursos limitados y aumentar la confianza y las opciones externas de las mujeres. Por el contrario, también podría exacerbar conflictos domésticos. Una revisión de estudios en países de bajos y medianos ingresos encontró que el acceso mejorado a recursos económicos tuvo efectos mixtos en la exposición de las mujeres a la violencia. Mientras que en nueve estudios la VPI disminuyó, en dos aumentó, y en siete no hubo cambios significativos. Cuatro estudios mostraron efectos diferenciales, aumentando la VPI para algunas mujeres y reduciéndola para otras.

Al implementar intervenciones económicas, es crucial que los formuladores de políticas desarrollen planes de monitoreo y acción para identificar y proteger a las mujeres en riesgo de sufrir mayor violencia. Programas como las transferencias de efectivo pueden mejorar el bienestar general de los hogares, reducir conflictos y aumentar el poder de negociación de las mujeres. Por ejemplo, evaluaciones de transferencias incondicionales de efectivo y/o alimentos mostraron reducciones en la experiencia de violencia de las mujeres en sus hogares entre un 19-52%. Sin embargo, en algunos casos, las transferencias de efectivo mayores incrementaron el comportamiento agresivo de algunos maridos, especialmente en hogares con fuertes desequilibrios de género.

Una estrategia complementaria para mitigar los impactos no deseados de las intervenciones económicas en la VPI es combinar el acceso a recursos financieros con programas que promuevan activamente la igualdad de género, a través de capacitaciones y diálogos familiares para desafiar normas de género desiguales. Si bien algunos estudios han mostrado resultados mixtos, intervenciones en Burkina Faso, Sudáfrica y Tanzania demostraron que las intervenciones económicas redujeron la VPI cuando se combinaron con programas sensibles al género. En Liberia, una combinación de terapia psicosocial intensiva y capacitación vocacional redujo la VPI emocional y física en un 37% y 58%, respectivamente.

Sin embargo, la evidencia de otros países sugiere que la adición de componentes sensibles al género a las intervenciones económicas no siempre condujo a reducciones de la violencia de género. Las razones pueden incluir la diversidad en el currículo, duración, frecuencia de las reuniones, si los programas involucraron a mujeres, hombres o ambos, y las dinámicas culturales específicas del contexto. Ante estos posibles efectos adversos, los responsables de políticas deben tomar precauciones para proteger a las mujeres en riesgo. Los programas que buscan mejorar el acceso de las mujeres a recursos financieros pueden tener impactos diferenciales, por lo que es esencial monitorear y recopilar datos para identificar a las mujeres en riesgo y dirigirlas a servicios de apoyo.

La economía de cuidados en la reincorporación - ONU mujeres Colombia

Desafíos y Lecciones Aprendidas en Intervenciones

La implementación de programas de empoderamiento económico de mujeres enfrenta diversos desafíos. La rotación de personal en iniciativas a largo plazo puede generar vacíos de información y prolongar los procesos de adaptación, requiriendo estrategias de información permanente y memoria institucional actualizada. Los procesos de apoyo a actividades económicas deben considerar períodos mayores a dos años y medio para la consolidación y sostenibilidad de los nuevos emprendimientos.

La financiación no reembolsable puede ser beneficiosa, mejorando negocios, generando ingresos y aumentando la autoestima de las mujeres, reconociéndolas como protagonistas de su desarrollo. La integración de programas a través de Unidades Económicas Rurales (UER) fortalece institucionalmente y propicia la formación de colectivos de mujeres, quienes tienden a organizarse para solucionar problemas y ejercer sus derechos.

El éxito de los emprendimientos liderados por mujeres visibiliza su labor como proveedoras del hogar y promotoras del desarrollo comunitario. La integración y apropiación del programa por parte del Gobierno, junto con la participación de otros actores públicos y privados, consolida la sostenibilidad de las iniciativas. La asistencia técnica personalizada in situ, que responde a demandas específicas, es fundamental para mejorar la productividad y escalar pequeños negocios a empresas más grandes.

Las actividades de refuerzo de capacidades y concienciación dirigidas a autoridades políticas y líderes comunitarios han demostrado ser eficaces para aumentar el apoyo a los programas y crear entornos más favorables y sensibles al género. La metodología de intervención puede servir como guía para el diseño de marcos de políticas públicas o proyectos de desarrollo centrados en la reducción de la pobreza y el empoderamiento de las mujeres.

Es crucial considerar la sostenibilidad desde el inicio, integrando a diversos actores públicos, ONGs y la sociedad civil. Involucrar a las mujeres beneficiarias en todas las fases del programa es esencial. La adaptación de horarios, logística y sistemas de guardería son necesarios para garantizar la participación de las mujeres, especialmente aquellas que son cabeza de familia. A pesar de los avances en las actividades laborales y el aporte económico, las responsabilidades domésticas y de crianza no han variado significativamente, lo que representa una tarea pendiente para futuras intervenciones. La inclusión de las parejas en los procesos de capacitación puede sentar bases de confianza.

Aún queda camino por recorrer para lograr ambientes institucionales favorables a los derechos de las mujeres. La falta de una perspectiva de género transversal en la estructura institucional, incluso en unidades de género integradas en gobiernos municipales, ha afectado no solo los derechos económicos sino también los planes de desarrollo. La integración de la perspectiva de género en los planes de desarrollo municipal y la reelaboración de políticas son pasos necesarios.

La rotación de personal y la necesidad de memoria institucional actualizada son desafíos persistentes. Los procesos de apoyo a actividades económicas requieren plazos mayores a dos años y medio para la consolidación de emprendimientos. La elaboración de informes puede verse dificultada por la diferencia de indicadores en sistemas públicos, lo que resalta la importancia de sistemas de monitoreo integrales con indicadores cualitativos.

El programa demuestra la capacidad y el impacto del sistema de Naciones Unidas cuando sus agencias trabajan coordinadamente. Es fundamental que los roles de las agencias sean claros, se establezcan objetivos comunes y se fomente el aprendizaje mutuo.

Diagrama que muestra la interconexión entre empoderamiento económico, igualdad de género y reducción de la violencia contra las mujeres.

En resumen, el empoderamiento económico de las mujeres vulnerables no solo es un imperativo de justicia social, sino también una estrategia eficaz para promover el desarrollo sostenible y la prosperidad económica. Abordar las barreras estructurales, fomentar la participación activa de las mujeres y garantizar su acceso a recursos y oportunidades son pasos esenciales para construir sociedades más equitativas y resilientes.

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