A partir de la promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, Chile cuenta con un marco normativo general para enfrentar integralmente la protección de sus derechos. Con la puesta en marcha del nuevo servicio Mejor Niñez en octubre de 2021 para la atención de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el país tendrá en funcionamiento una institucionalidad más robusta para el respeto, protección, promoción y realización de los derechos de la niñez y adolescencia.
Desafíos y Reformas en la Protección de Derechos
Junto a ello, se necesitan políticas públicas que aseguren a las familias condiciones socioeconómicas suficientes para que puedan cumplir con su rol protector. En el ámbito de la vulneración de derechos, se debe avanzar en el establecimiento de mecanismos de coordinación efectivos entre la oferta programática de protección especializada y la de protección social dirigida a las familias, de manera de asegurar a todos los niños/as que están con cualquier medida de protección especializada (cuidado alternativo familiar, residencial, en proceso de revinculación familiar y en programas de protección especializados) el acceso a todas las prestaciones de protección social.
Reformulación del Cuidado Alternativo Residencial
Adicionalmente, se requiere reformular el cuidado alternativo residencial para evitar la masividad de niños y niñas en residencias y hacer efectiva la protección y el buen trato dentro de ellas. Con este fin, es necesario fortalecer el trabajo con las familias de estos niños y niñas, de manera que puedan superar las vulneraciones y reunificarse con sus hijos e hijas, asegurándoles su derecho a vivir en familia. UNICEF se encuentra apoyando esta reformulación para concretar el cierre de los CREAD para el año 2021 y consolidar el funcionamiento de las nuevas residencias familiares.
Además, para contribuir a que niños/as y adolescentes se desarrollen en una familia, UNICEF está colaborando con el rediseño de los programas de familias de acogida, con el diseño del programa de revinculación familiar para la desinternación de niños y niñas de 0 a 8 años, y con el rediseño de los programas ambulatorios para mejorar su efectividad y lograr que no sean separados de sus familias.
Reducción de la Violencia y Compromiso Transversal
Para disminuir los índices de violencia, UNICEF apoya la articulación de diversos actores institucionales para avanzar en la implementación de acciones comprometidas en el Plan de Acción de la Niñez y Adolescencia 2018 - 2025. En esta línea, se requiere también un compromiso transversal para trabajar coordinadamente estos índices que los niños y niñas y adolescentes enfrentan en distintos ámbitos de su vida (familiar, escolar, institucional, entre pares).
Justicia Juvenil y Reinserción Social
En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, se requiere establecer el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil especializado, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, que coordine y entregue una oferta programática orientada a la efectiva reinserción social y a la promoción de conductas que permitan a los adolescentes desistir de la comisión de delitos. Asimismo, se deben mejorar las condiciones de los centros de privación de libertad de los adolescentes en cuanto a infraestructura y condiciones de habitabilidad y también respecto de la supervisión en la aplicación de los programas que se brindan al interior de los mismos.
Problemática de la Internación Residencial y sus Efectos
El estudio realizado por UNICEF y el Poder Judicial ha vuelto a develar los abusos en residencias de protección, recordando que actualmente cerca de quince mil niños son atendidos anualmente en estos centros. Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia, trae aparejada otras formas de vulneraciones: la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional representada por las prácticas de las residencias. La separación protege a los niños del maltrato de los padres, pero no cambia a los padres.
Se entiende que la separación de un niño con su familia de origen es una situación excepcional y transitoria dado los graves efectos psicológicos, estudiados hace más de 60 años, que tienen este tipo de acontecimientos. En Chile la internación de niños ha sido un medio frecuente de protección a la infancia gravemente vulnerada y se ha mantenido vigente desde 1758 cuando se fundó la primera casa de expósitos de Santiago. Por ejemplo, un estudio de 2010 -Focalización del sujeto de atención y propuestas metodológicas para la intervención con niños, niñas y adolescentes en protección residencial-, encargado por UNICEF y SENAME, señala que el tiempo promedio de permanencia en las residencias es de 2,7 años. La situación provisoria pasa a ser prolongada e incluso permanente.
Lo anterior se puede observar en la forma que está diseñado el sistema de visitas al interior de las residencias. Habitualmente no existen condiciones mínimas para encuentros que permitan la promoción de relaciones familiares: horarios de visitas restringidos, espacios inapropiados para compartir con los niños, o la distancia excesiva entre la residencia y la casa de la familia. Desde esta perspectiva, la separación que busca proteger es experimentada como un castigo antes que constituirse como una oportunidad para modificar un problema en las relaciones entre padres e hijos. La separación protege a los niños del maltrato de los padres, pero en sí misma no cambia a los padres.
En este contexto de gran adversidad se presenta una tremenda dificultad para los niños, las familias y los equipos de las residencias: la imposibilidad de desarrollar lazos de confianza, apoyo o solidaridad en función de la restitución de los derechos vulnerados. Aquel desencuentro, prácticamente cotidiano, es el síntoma más evidente de un sistema de protección que en sus cimientos hace inviable la posibilidad de reconstruir los vínculos que se han fragmentado a través de la historia. El problema de la separación y la internación residencial como mecanismo de protección de los derechos no elude, evidentemente, el problema del maltrato infantil o de la negligencia parental.
Describir los efectos de la protección residencial nos muestra la complejidad y la desarticulación con la que opera un sistema que en su afán por proteger repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales. Hemos terminado por crear y legitimar un sistema de protección de la infancia segregado en donde la desconfianza circula entre los organismos colaboradores, el SENAME y el Poder Judicial. Si queremos llevar adelante un proyecto que considere realmente a los niños como sujetos plenos de derechos, no infantilicemos la infancia negando su dimensión política y proponiendo sencillamente que este es un problema de eficiencia o voluntarismo que se resuelve entregando mejores prestaciones y servicios a los usuarios.
Abordar el maltrato infantil por parte de la familia o las vulneraciones y abusos en manos de instituciones que tienen por principal tarea la protección, no puede desligarse de una discusión que pueda pensar el lugar de los niños y niñas en nuestra sociedad, así como el contexto en el que se desarrolla y reproduce la violencia. La reparación de los derechos vulnerados no se reduce a la conformación de un ambiente que supla o compense las carencias afectivas y materiales del niño. No se resuelve por la sustitución de un adulto deficiente por otro mejor; de una familia inmoral por otra con valores y ganas de entregar amor. La restitución de los derechos requiere de otros, de la familia si es posible, de las educadoras de trato directo, de los profesionales, directores y directorios de las fundaciones; requiere de la comunidad. De esa forma la posibilidad de que un niño recupere la confianza en otro, en particular de un adulto, se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, de su historial de vulneraciones y del estigma de su historia previa.
Organismos y Programas de la Red de Protección de la Niñez
Las instituciones que conforman la red SENAME son diversas y actúan en diferentes frentes para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile. Estas oficinas, a menudo cofinanciadas entre el SENAME y municipios u otros actores locales relevantes, representan el órgano de colaboración directa del Ministerio de Desarrollo Social en materias de protección de la infancia.
Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo
El Subsistema de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo se dedica al desarrollo de niños y niñas entre 0 y 9 años. Este programa acompaña a las madres durante el embarazo y apoya a los padres y cuidadores, proporcionándoles información y materiales que favorecen el crecimiento infantil según las necesidades específicas de cada niño.
Oficinas Locales de Niñez (OLN)
Las Oficinas Locales de Niñez (OLN) son una propuesta de oficinas con un enfoque local. Su función principal es administrar el sistema de alerta temprana, diseñado para detectar posibles riesgos de vulneración de derechos. Además, las OLN tienen la misión de coordinar la oferta de servicios para la niñez en cada territorio y promover activamente los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Línea Telefónica de Fundación Integra
La Línea Telefónica de Fundación Integra, que forma parte del Subsistema de Protección Integral Chile Crece Contigo, ofrece un canal de comunicación para padres y cuidadores. A través de esta línea, pueden realizar consultas sobre crianza y el desarrollo de sus hijos.
Representación Jurídica para Niños, Niñas y Adolescentes
En el ámbito de la representación jurídica, existen diversos programas destinados a defender los derechos de los menores. Uno de ellos es un programa perteneciente al Servicio Nacional de Menores (SENAME), cuyo objetivo es representar legalmente a niños, niñas y adolescentes que son atendidos en algún programa de la red SENAME y que han sido vulnerados en sus derechos, independientemente de si la vulneración constituye delito. Actualmente, existen 16 programas de este tipo a nivel nacional.
Adicionalmente, existe una unidad de defensa penal especializada que presta servicios a adolescentes imputados bajo la Ley 20.084, la cual establece un sistema de responsabilidad para adolescentes por infracciones a la Ley Penal. Cualquier persona puede acceder a los servicios de orientación e información de la Corporación de Asistencia Judicial. Se destaca también un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, iniciado en 2017 como piloto en cuatro regiones y expandido a nueve en 2019. Su objetivo principal es representar jurídicamente a niños, niñas y adolescentes que residen en centros del SENAME. Este programa es ejecutado por las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ).
Justicia Juvenil y Programas Colaboradores
En el área de Justicia Juvenil, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) supervisa programas ejecutados por organismos colaboradores. Estos programas se clasifican según el tipo de sanción impuesta a los adolescentes infractores de ley, pudiendo ser privativas o no privativas de libertad. Los centros privativos de libertad incluyen modalidades provisorias, cerradas o semicerradas.
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia es el órgano del Estado encargado de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas orientados a la equidad y el desarrollo social. Su labor se enfoca en erradicar la pobreza y brindar protección social a personas, familias y grupos vulnerables en distintas etapas del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integración social y la participación en igualdad de oportunidades. Dentro de este ministerio, opera un órgano de dependencia directa que colabora en la elaboración de políticas y planes, la coordinación de acciones y prestaciones, la promoción de derechos, el diseño y administración de instrumentos de prevención, estudios e investigaciones, y la elaboración de informes para organismos internacionales en materia de derechos de la niñez.
Oficinas de Protección de Derechos (OPD)
Las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) funcionan en cada comuna y están a cargo de la municipalidad u otra institución. A nivel territorial, son responsables de la protección administrativa de los derechos de niños, niñas y adolescentes mediante acciones universales o especializadas para la promoción de sus derechos, la prevención de vulneraciones y su protección. Administrativamente dependen del municipio y funcionalmente de la Subsecretaría de la Niñez. El objetivo de las OPD es proteger a niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos y que son derivados a sus programas por orden de un tribunal, con la misión de restituir tales derechos.
Subsistema de Protección Integral a la Niñez
Este subsistema de protección integral a la niñez tiene como misión acompañar, proteger y apoyar a todos los niños, niñas, adolescentes y sus familias a través de un sistema integrado de intervenciones sociales de carácter universal y otras prestaciones diferenciadas para aquellos en situación de vulnerabilidad. Se ofrece asistencia telefónica y vía chat gratuita y confidencial en temas de crianza, cuidados y desarrollo infantil, brindada por un equipo de psicólogas y psicólogos.
Servicio Nacional de Menores (SENAME)
El SENAME es un organismo gubernamental centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es la entidad estatal especializada responsable de administrar y ejecutar medidas y sanciones del sistema de responsabilidad penal de los adolescentes. Además, desarrolla programas que buscan modificar conductas delictivas y fomentar la integración social de los jóvenes bajo su atención, implementando políticas intersectoriales en la materia.
Programas de Representación Judicial
Existen programas de representación judicial dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Uno de ellos tiene como finalidad la entrega de defensa jurídica especializada, interdisciplinaria e independiente a niños, niñas y adolescentes (NNA) que se encuentran en modalidades alternativas de cuidado. Otro programa similar se enfoca en la representación jurídica de NNA que se encuentran en residencias del SENAME.
Convenios Intersectoriales
Se han establecido diversos convenios intersectoriales con objetivos específicos para mejorar la protección y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes:
- Convenio con el Ministerio del Deporte: Busca facilitar la incorporación de los niños ingresados a la Red del SENAME a los Programas y Proyectos ejecutados con el Instituto Nacional de Deporte.
- Convenio de Colaboración General: Su objetivo es realizar acciones conjuntas destinadas a promover el desarrollo de actividades de mutua colaboración e intercambio.
- Convenio de Cooperación en Materias de Niñez y Adolescencia: Asegura el intercambio y la cooperación en el desarrollo de políticas y acciones destinadas a la niñez, la adolescencia y la familia en Chile.
- Convenio con JUNAEB: Permite compartir información de niños, niñas y adolescentes atendidos por SENAME para que reciban apoyo de programas y becas de la JUNAEB.
- Convenio Intersectorial, Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF): Establece mecanismos de coordinación y colaboración para erradicar la explotación sexual comercial infantil, proteger los derechos de las víctimas y perfeccionar los procedimientos policiales.
- Convenio para el Registro Único de las Peores Formas de Trabajo Infantil: Busca garantizar el desarrollo del proyecto “Sistema de Registro único de las Peores Formas de Trabajo Infantil”.
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia
El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este ministerio garantizará el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y sus colaboradores acreditados.
Objeto y Funcionamiento del Servicio
El objeto del Servicio es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos. Deberá asegurar la provisión y ejecución de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad. Asimismo, garantizará el pleno respeto a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos de especial protección, y el respeto a sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales ratificados por Chile.
El Servicio actuará de acuerdo a la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, garantizando el derecho de acceso a la justicia de forma independiente. Ejercerá sus funciones con un enfoque de derechos, en concordancia con la dignidad humana del niño, niña o adolescente. El Servicio proveerá las prestaciones correspondientes, asegurando la oferta pública en todas las regiones del país, ya sea directamente o a través de terceros. En caso de que niños, niñas o adolescentes resulten dañados por falta de servicio, la indemnización por daño moral será fijada por el juez.
Sujetos de Atención y Principios Rectores
El Servicio dirigirá su acción a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, seguirán siendo sujetos de atención aquellos que tengan dieciocho años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios, hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años. Los principios rectores del Servicio incluyen el interés superior del niño, niña o adolescente, la igualdad y no discriminación arbitraria, la autonomía progresiva, la perspectiva de género, la inclusión, la protección social y la participación efectiva.
Dirección, Estructura y Funciones
El Director o Directora Nacional ejercerá su cargo por cinco años, con posibilidad de una única renovación. El Servicio contará con direcciones regionales en cada región del país. Tanto el Director Nacional como los directores regionales serán nombrados mediante el Sistema de Alta Dirección Pública. Las funciones del Servicio incluyen:
- Elaborar la normativa técnica y administrativa respecto de cada programa de protección especializada.
- Colaborar con los órganos del Estado y requerir o entregar información.
- Generar procedimientos para recabar periódicamente la opinión de los niños, niñas y adolescentes y sus familias.
- Velar por el respeto de los derechos humanos y las disposiciones legales y reglamentarias.
- Diseñar y desarrollar políticas, programas y actividades de capacitación periódica.
- Solicitar información a cualquier órgano del Estado.
- Ejercer las acciones para la recuperación de recursos utilizados en contravención de la normativa.
- Ejercer todas las demás funciones que la ley le encomiende.
Consejo de Expertos y Priorización de Casos
El Consejo de Expertos estará conformado por cinco miembros con experiencia y reconocida trayectoria en áreas ligadas a la niñez. Los integrantes durarán tres años en su cargo, con posibilidad de una única renovación. Los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio, y sus familias, deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la Administración del Estado, mediante mecanismos que aseguren dicha priorización.
Modalidades de Atención Especializada y Diseño de Programas
Las líneas de acción o modalidades de atención especializada del Servicio incluyen: Diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos, y pericia; Intervenciones ambulatorias de reparación; Fortalecimiento y vinculación; Cuidado alternativo; Adopción. Los programas de protección especializada deberán diseñarse basándose en evidencia técnica y territorial, evaluaciones anteriores realizadas por el Servicio o un tercero, y considerando las evaluaciones de otros organismos del Estado competentes.
Unidad de Fiscalización, Medidas de Protección y Adopción
El Servicio contará con una unidad de fiscalización encargada de supervisar y controlar a los colaboradores acreditados, pudiendo aplicar sanciones en casos calificados. Los niños, niñas y adolescentes respecto de quienes se adopte una medida de protección serán derivados a los programas de protección especializada por los tribunales o las Oficinas Locales de la Niñez que las determinen. La línea de acción de adopción comprende toda actividad tendiente a procurar al niño, niña o adolescente una familia que le brinde afecto y satisfaga sus necesidades vinculares y materiales, cuando ello no pueda ser proporcionado por su familia de origen, conforme a la normativa vigente.
Registro y Sanciones a Colaboradores Acreditados
El Servicio deberá mantener y administrar un registro de los colaboradores acreditados, el cual estará disponible en su página web y se actualizará anualmente. Solo podrán ser colaboradores acreditados las personas jurídicas que hayan adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, así como el correcto uso de recursos públicos. Para la determinación de sanciones por infracciones graves, el Servicio procurará que su aplicación sea idónea para el cumplimiento de los fines de la protección especializada. La infracción gravísima, como la ocurrencia de delitos que afecten a NNA o el uso indebido de recursos públicos, puede ser sancionada.
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