La Crisis del Sename: La Historia de Corina y las Propuestas Presidenciales

La crisis que atraviesa el Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile continúa revelando casos que impactan profundamente en la opinión pública debido a la crudeza de sus historias. Estas situaciones ponen en tela de juicio los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son acogidos en estos centros.

Violaciones Sistemáticas de Derechos y un Informe Lapidario de la PDI

Una investigación de la PDI en 2017 sobre 240 hogares de menores en Chile concluyó que el Estado viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. En el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tenían connotación sexual.

Este informe policial, un resumen de una extensa investigación de 28 tomos realizada a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Infografía comparativa entre el informe de la PDI y el de la ONU sobre el Sename

El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia de este informe, calificó como muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno lo hicieran público en su momento. La gravedad del informe radica en que constata una violencia sistemática, un hecho que ya había sido señalado por un documento de la ONU el año anterior. Sin embargo, el reporte de la PDI es mucho más completo, habiendo visitado 240 de los 241 centros existentes en el país, lo que abarca a cerca de 6.500 niños. Esto hace especialmente grave la constatación de violaciones de derechos sistemáticas en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.

La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos. Sin embargo, el informe de la PDI demuestra que esto no ocurrió. Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre, no solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda en entredicho al no haber detectado estas vulneraciones sistemáticas en sus visitas periódicas a los centros.

Una Cadena de Reportes Siniestros y Vulneraciones Específicas

El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena de reportes elaborados por diversas instituciones a lo largo de los últimos siete años. Entre ellos destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef, que dio pie a múltiples indagaciones, incluyendo comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. Tras cada informe, las autoridades han anunciado medidas, sanciones y reformas, pero la situación de los niños continúa siendo crítica.

La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet para entregar una cifra precisa de niños fallecidos en los hogares motivó la investigación penal del fiscal Marcos Emilfork. La Fuerza de Tarea Sename de la PDI se dedicó a indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas entre 2005 y 2016.

Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos constatados por la PDI se desglosan en:

  • 432 maltratos por parte de adultos.
  • 1.265 maltratos entre pares.
  • 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
  • 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
  • 187 abusos sexuales cometidos entre menores.

En junio de 2018, la Fiscalía ordenó un informe resumen de estos hallazgos, que incluía casos urgentes como los 40 menores con “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta nómina fue informada en mayo de 2018 a los Ministerios de Justicia, Sename y Salud para la adopción de medidas. La PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que realmente ocurrieron, y la mayoría de los directores carecían de información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves.

El documento detalla que muchos de los maltratos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa) hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en hogares de organismos colaboradores, 137 casos similares.

El 50% de los hogares presentaba abusos sexuales, totalizando 310 casos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos y 187 por otros menores, mayormente en residencias de organismos colaboradores para adolescentes. El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, el 62,9% de los hogares (151) registraba casos de “deserciones del sistema”, cifra que asciende al 76,2% si se excluyen residencias para lactantes y discapacitados.

Falta de Protocolos y Cuidado Inadecuado

La investigación policial estableció que el 44,5% de los centros no cumple con los protocolos mínimos exigidos por el Sename, que son nociones básicas para el resguardo de la integridad de los niños. Los resultados son aterradores: el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% carece de protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”, a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue precisamente por errores en la contención de una crisis.

La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor. A pesar de que el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica del Sename, la PDI determinó que estas supervisiones son "coordinadas de manera previa", lo que resta efectividad. Además, dos hogares solo recibieron visitas anuales de los tribunales de familia, pese a la obligación de visitas semestrales.

La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Un 14,2% presenta alguna patología médica, 13,9% sufre una enfermedad crónica, y 0,4% está en estado terminal o en riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. En 42 centros no hay encargado de salud, y en 55 la función es ejercida por personal sin la formación necesaria. En 159 centros (66,3%), la administración de fármacos en jornada diurna recae en educadores de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud, a quienes solo se les exige cuarto medio rendido.

Esta dramática situación se agrava si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.

La Historia de Corina y el Desafío a los Presidenciables

En medio de esta crisis, un reportaje de "Informe Especial" de 24Horas de TVN reveló la conmovedora historia de Corina Blanco Gómez, una joven que vivió en hogares del Sename desde los 13 años. Corina pudo haber sido otra Lissette Villa, o uno más de los 1.313 menores que fallecieron bajo el resguardo del organismo entre 2005 y 2016. Ella relató abusos sexuales sistemáticos, drogadicción forzada y prostitución infantil dentro de los hogares.

Corina denunció los abusos que sufrió, pero no fue escuchada ni protegida por los profesionales. Por ello, huyó y se enfrentó a los desafíos de la calle hasta los 18 años. Hoy, ya adulta, Corina se atrevió a contar su testimonio públicamente para que todo Chile conociera su realidad y para que su mensaje llegara a los candidatos presidenciales, instándolos a comprometerse con los menores en el Sename.

Su historia es un claro ejemplo de la tremenda crisis que vive el Servicio Nacional de Menores y la responsabilidad de los gobiernos sobre los niños más vulnerables. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, al ser consultado sobre el informe de la PDI revelado por el diputado Saffirio, descartó haber conocido el documento, afirmando que "es falso lo que dice el diputado Saffirio", y que el Ministerio de Justicia no había recibido tal informe.

Propuestas de los Candidatos Presidenciales

El caso de Corina Blanco llevó a los ocho candidatos a la presidencia a plantear sus propuestas en esta materia, con el objetivo de que historias como la suya no se repitan:

Carolina Goic (Democracia Cristiana)

  • Urge garantizar las condiciones en los hogares, aumentando la subvención y asegurando personal idóneo.
  • Reducir la institucionalización de niños, priorizando las familias como mejor instancia de protección.
  • Generar un acuerdo entre todos los candidatos para comprometerse a dar urgencia al tema.

José Antonio Kast (Independiente)

  • Separar el Sename en dos: una institución para niños infractores de ley y otra para niños en riesgo social (como Corina), que dependería del Ministerio de la Familia y Desarrollo Social.
  • Desinstitucionalizar a los niños y buscar que permanezcan con su familia, brindando ayuda para superar dificultades.
  • Priorizar familias de acogida antes que la institucionalización.

Sebastián Piñera (Chile Vamos)

  • Los niños y adolescentes vulnerados serán prioridad de su gobierno.
  • Realizar un operativo médico y de control urgente.
  • Reemplazar el Sename creando dos nuevos servicios: uno para niños vulnerables y otro para rehabilitar jóvenes infractores.
  • Una nueva ley de adopción para acelerar procesos y buscar devolver a los niños a sus familias de origen.
  • Crear el Ministerio de Familia y Desarrollo Social.
  • Implementar un sistema de alerta temprana para detectar casos como el de Corina.
  • Jardines infantiles y salas cuna como derecho gratuito y universal.

Alejandro Guillier (Fuerza de Mayoría)

  • Evitar que los niños lleguen al Sename, trabajando con la familia.
  • La nueva legislación debe establecer los derechos del niño y el deber del Estado de protegerlos, creando figuras como el defensor de los niños para asegurar el cumplimiento de medidas precautorias.
  • Mayor fiscalización al Sename y, dentro de él, un rigor mayor en el profesional que trabaja con los niños y su historial.
  • Considerar que estos niños necesitan múltiples tratamientos.

Beatriz Sánchez (Frente Amplio)

  • Reducir el número de niños institucionalizados.
  • Transformar las casas de acogida o de residencia para que sean como hogares con pocos niños (entre ocho y doce), replicando un ambiente familiar.
  • Separar el Sename en dos reparticiones: una para niños en extrema vulnerabilidad y otra para infractores de ley.
  • Acelerar los trámites de adopción para casos sin retorno.

Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista)

  • Crear la Subsecretaría de Infancia.
  • Separar las políticas para niños infractores de las de niños no infractores.
  • Capacitar y reforzar los tribunales para evitar el desborde.
  • Abordar la crueldad del Estado con los niños mediante una mayor presencia estatal en asociación con privados.

Eduardo Artés (Unión Patriótica)

  • La solución no está en los marcos institucionales actuales; se debe colocar a la gente y sus intereses en el centro.
  • La institución Sename y sus conductas deben desaparecer.
  • Priorizar a las uniones comunales y juntas de vecinos para el cuidado de los niños, asegurando una calidad superior en educación y formación.

Alejandro Navarro (Partido País)

  • La separación de niños en estado de vulnerabilidad de los infractores de ley es insuficiente, evidenciando un rotundo fracaso del Estado.
  • Se requiere una nueva institucionalidad con hogares de acogida estatales y políticas públicas de apoyo a familias reales para acoger a estos niños.
  • La responsabilidad no es solo del Estado, sino de todos los chilenos.
  • Apelar a la reinserción y rehabilitación en un ministerio público, no en Gendarmería.
  • Promover una adopción universal y ágil, permitiendo que cualquier persona con cariño pueda adoptar.

Corina, hoy adulta, busca salir adelante por su hija, con el deseo de estudiar y trabajar. "No me gustaría que ella pasara por lo que pasé yo, quiero que todo me salga bien", relató, llena de esperanza. Su valentía al compartir su historia ha generado una ola de solidaridad, con usuarios de redes sociales expresando "Corina estamos contigo", identificándose con su vivencia.

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