La discusión en torno al sistema de pensiones chileno ha sido objeto de intenso debate y escrutinio público. En este contexto, diversas investigaciones periodísticas, incluyendo el reconocido "Informe Especial" de TVN, han puesto en evidencia las estrategias y el financiamiento de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) para influir en la opinión pública y el proceso legislativo. Estas revelaciones subrayan el rol político significativo de las AFP, más allá de su función financiera, y plantean serias interrogantes sobre la ética en la gestión de los fondos previsionales.
El Rol de Bernardo Fontaine en la Defensa del Sistema
En el marco de la Convención Constitucional de 2022, Bernardo Fontaine emergió como un ferviente defensor de las AFP, sosteniendo una narrativa que buscaba proteger el sistema de pensiones privatizado en Chile. Su mensaje se centró en la idea de que los ahorros previsionales no estarían seguros para los trabajadores/as si se aprobaba una nueva Constitución, un argumento que provocó reacciones y críticas tanto de expertos como de constituyentes que abogaban por un cambio en el modelo.
Ese mismo año, Fontaine seguía siendo director de la compañía de seguros BICE Vida, una institución financiera que había recibido inversiones de las AFP. A medida que se desarrollaba la discusión constitucional, la figura de Fontaine se convirtió en un símbolo de la resistencia al cambio, utilizando sus plataformas para difundir temores y deslegitimar propuestas que buscaban una mayor justicia social a través de un cambio constitucional.
Vínculos Secretos y Financiamiento de la Asociación de AFP
Recientemente, Fontaine apareció nuevamente en la palestra. Una investigación de Reportea y Vergara 240, de la Escuela de Periodismo de la UDP, dio a conocer el vínculo secreto de la Asociación de AFP con la fundación de Bernardo Fontaine. Fontaine es exconvencional constitucional, vocero de la organización Con Mi Plata No -que busca frenar cualquier tipo de transformación en el sistema previsional chileno-, exdirector de Fundación Ciudadanos en Acción, exdirector de BICE Vida y actualmente parte activa del comando presidencial de José Antonio Kast.
El reportaje revela que la Asociación de AFP ha estado financiando y apoyando en secreto a la fundación Ciudadanos en Acción, liderada por Fontaine. Este grupo ha estado involucrado en campañas de oposición a cualquier reforma del sistema de pensiones en Chile. Entre sus actividades, ha contratado a influencers para difundir mensajes en defensa de la industria de las AFP.
Estrategias de Difusión y Gastos Millonarios
Según el informe de Reportea y Vergara 240, la fundación Ciudadanos en Acción contrata a influencers para promover mensajes en defensa del modelo privatizado de pensiones, los cuales se viralizan en redes sociales gracias a una inversión de al menos $200 millones en Meta. Ello puso en evidencia una estrategia digital que buscaba conducir el debate de las pensiones durante el periodo de discusión de la reforma previsional.
Además de la investigación de Reportea y Vergara 240, "Informe Especial" (TVN) reveló un panorama aún más amplio de los gastos de la AAFP. En seis años, entre 2019 y 2024, la Asociación de AFP registró un gasto total de $33.215 millones. Prácticamente la mitad (49%), es decir, $16.235 millones, se destinó a desembolsos por difusión y asesorías. En específico, en los años con debates clave -ya fuera en el Congreso o en la Convención Constitucional- el foco presupuestario se agudizó aún más: el 2022 alcanzó el 61% del total y el 2024 llegó al 58%.
Tras ocultarlas por años a las autoridades, "Informe Especial" reveló por primera vez el detalle de las finanzas de la entidad gremial. Solo por concepto de "campaña extraordinaria" en la AAFP se sumaron $8.832 millones en seis años, sin contar las campañas "regulares" por otros $773 millones. Dichos esfuerzos fueron acompañados por robustos presupuestos para campañas de redes sociales y estrategias digitales, que en el periodo 2019-2024 sumaron otros $1.700 millones.
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Receptores Clave de los Pagos
Entre los receptores de pagos de la AAFP se encuentran:
- Encuestadoras: Cadem y Criteria. Entre diciembre de 2019 y junio de 2022, se encargaron 16 sondeos que arrojaron como conclusión que la mayoría de los cotizantes querían que la cotización adicional fuera a su cuenta individual.
- Think tank: Libertad y Desarrollo (LyD). Coincidentemente, el Consejo de Políticas Públicas de LyD está integrado por Jorge Selume Zaror, padre de Jorge Selume Aguirre, exjefe de la Secom durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Los gastos también aluden a la iniciativa "Eje ciudadano", que consideraba presencia en medios regionales, redes sociales, creación de material audiovisual y producción de eventos. En una escala menor, los registros de 2024 también dan cuenta de un "Desayuno AAFP" por $746 mil. Del mismo modo, también han pagado a ProCalidad para que las administradoras sean evaluadas en el Índice Nacional de Satisfacción de Clientes.
Respuestas de las Entidades Involucradas
- La Asociación de AFP declinó referirse al tema cuando fue consultada por "Informe Especial".
- Libertad y Desarrollo aseguró que los estudios que desarrollaron no fueron encargados directamente por el gremio, explicando que los $60 millones recibidos responden al costo de la suscripción que ellos cobran regularmente.
- Cadem descartó referirse al tema, aduciendo que el detalle de la relación con sus clientes es confidencial.
- Criteria decidió defender su trabajo, señalando que realiza estudios de opinión sobre una variedad de temas por encargo de la AAFP, como también de otros gremios y empresas.
Regulación y Falta de Fiscalización
A pesar de que la Superintendencia de Pensiones obliga a las AFP a informar el uso de sus fondos, la Asociación de AFP no está sujeta a la fiscalización de la superintendencia, actuando sin ningún tipo de regulación estatal. La industria optó por un absoluto hermetismo respecto a sus gastos.
Los primeros movimientos del Ministerio de Economía se ejecutaron a inicios de octubre de 2024, a raíz de un oficio de un grupo de parlamentarios oficialistas que buscaban obtener un pronunciamiento del ministerio respecto a la legalidad de los actos de la Asociación de AFP, sobre todo a partir de la prohibición de desarrollar "actividades políticas". En junio pasado, Economía reportó a la Cámara de Diputados que el asunto seguía avanzando y que habían solicitado a la AAFP que entregaran los balances de 2019 a 2024. No obstante, la división del Ministerio de Economía aseguró que "las asociaciones gremiales no deben remitir sus estados financieros a este órgano fiscalizador", concluyendo que "no amerita sancionar a la asociación, ya que han dado cumplimiento, en tiempo y forma, con lo instruido".
Por su parte, ante las polémicas revelaciones del 9 de noviembre, la Superintendencia de Pensiones ofició el lunes pasado a todas las AFP del sistema para que informen las acciones de publicidad o promoción que hayan sido gestionadas indirectamente o a través de personas que reciban financiamiento de las AFP. Hasta ahora, lo que está claro es que el nivel de gasto fue mucho mayor al que se estimaba.
El Contraste: Utilidades de las AFP vs. Pensiones Dignas
Las AFP no son meras entidades financieras; son actores políticos significativos que gestionan los ahorros previsionales de millones de personas. Su influencia se extiende más allá de la economía, penetrando en el discurso público y moldeando la percepción social sobre las pensiones. Ya durante décadas se ha puesto en evidencia los fallos del modelo privatizado de pensiones en Chile, ya que este sistema ha perpetuado la desigualdad y ha dejado a muchos trabajadores/as con pensiones miserables.
La diferencia entre las utilidades generadas por las AFP y las pensiones que reciben los jubilados es abismal. En septiembre de 2025, las AFP lograron utilidades por más de $549.925.455.000, equivalentes a más de $2 mil millones diarios, lo que representa un aumento del 16,3% en comparación con el año anterior. En contraste, la mitad de las personas que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron en julio de 2025 alcanzaron una pensión de vejez autofinanciada inferior a $268.769. Esta disparidad evidencia la urgencia de un sistema de seguridad social que garantice pensiones suficientes y dignas para las personas.
Es profundamente contradictorio que, mientras las pensiones de los chilenos siguen siendo insuficientes y muchas veces indignas, parte del dinero gestionado por las AFP se destine a financiar campañas políticas que buscan mantener un sistema de pensiones que solo beneficia al gran capital. Esta situación plantea serias preguntas sobre la ética detrás de la gestión de los fondos previsionales, especialmente considerando que la Asociación de AFP no tiene ningún tipo de regulación en torno a la "publicidad" que utiliza.
¿Cómo es posible que, en un país donde la pobreza y la precariedad en la vejez son problemas recurrentes, las AFP, que contribuyen activamente a esos problemas, utilicen los ahorros de los trabajadores/as para influir en el debate político a su favor? ¿Hasta dónde llega la influencia del gran capital en el "debate previsional" en Chile? La falta de buenas pensiones contrasta con el uso de estos recursos en estrategias políticas que buscan perpetuar un modelo que claramente falla en ofrecer seguridad a la ciudadanía.
La relación entre las AFP y el debate público en Chile es un entramado complejo que merece una mayor atención. La crítica al modelo de pensiones privatizado, la defensa de sus representantes, como Fontaine, y la contradicción de usar fondos previsionales para fines políticos son elementos que deben ser discutidos abiertamente. La sociedad chilena necesita un diálogo honesto y transparente sobre el futuro de las pensiones, que priorice el bienestar de los trabajadores/as por encima de los intereses de unas pocas entidades financieras, que han demostrado, una y otra vez, que su prioridad no es el bienestar de la población.
Información Relevante sobre Cotizaciones y Comisiones
Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) cobran a las y los afiliados una comisión por la gestión de administración que realizan de la cuenta de capitalización individual obligatoria. Las personas son libres de elegir la AFP en la que depositarán sus ahorros previsionales, pero en el caso de las y los trabajadores que se afilian al sistema por primera vez deben ingresar a la administradora que cobra la menor comisión y permanecer en ella por un período de 24 meses.
Las cotizaciones se componen de:
- Cotización obligatoria del 10% de las remuneraciones y rentas imponibles mensuales con un tope de 90 Unidades de Fomento (UF).
- Cotización adicional o comisión por depósito de cotizaciones, destinada al financiamiento de la AFP, incluido el pago de la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS).
- Cotización de cargo del empleador, creada por la Ley N° 21.735 de Reforma Previsional, comienza con una tasa inicial de 1% que aumentará cada año, por un periodo de nueve años, hasta llegar a 7% de la remuneración del trabajador. Esta nueva cotización se sumará al actual aporte que hace el empleador para financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS).
Las AFP deben informar el valor de sus comisiones en todas sus oficinas o agencias en las que se atienda público a través de un panel, tablero o pizarra que debe mantener actualizado. Además, los asesores previsionales deben informar a los afiliados el monto de los honorarios o de la comisión que cobrarán por la asesoría y entregar un informe final escrito con la recomendación o sugerencia.