La situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo tutela del Estado chileno ha sido objeto de una profunda crisis, revelada y documentada por una serie de informes nacionales e internacionales. Estos documentos, incluyendo el lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) y el dictamen del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto con reportajes de CIPER y el constante monitoreo de la Defensoría de la Niñez, han expuesto violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.
Una Crisis Revelada por Informes Contundentes
Los Antecedentes: Del Informe Jeldres a la Muerte de Lissette Villa
La problemática no es reciente. Siete años han pasado desde que el Informe Jeldres (investigación del Poder Judicial y Unicef liderada por la jueza Mónica Jeldres) demostró que los NNA bajo tutela del Estado vivían una pesadilla. Este informe, que utilizó una batería de instrumentos incluyendo encuestas a cerca de 400 niños y la revisión de antecedentes de 6.500 NNA internados en 108 residencias, evidenció que la internación es siempre dañina, afirmando que "por cada tres meses que un niño de corta edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo".
Un segundo y doloroso hito fue la muerte de la menor Lissette Villa en 2016 en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename), lo que dio notoriedad al drama que enfrentan estos menores y gatilló una serie de investigaciones y denuncias. La muerte de Lissette Villa conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos, aunque esto no ocurrió. El fallecimiento de Lissette Villa detonó la denuncia presentada por la exdiputada Claudia Nogueira ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU en 2016.
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares motivó a la Fiscalía a iniciar una investigación penal. A cargo de esta indagatoria quedó el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI, la "Fuerza de Tarea Sename", dedicado exclusivamente a indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en centros del Sename entre 2005 y 2016.
El Informe Lapidario de la Policía de Investigaciones (PDI)
El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores, de un total de 241 existentes en el país. Este informe estuvo listo en diciembre de 2018, pero solo se conoció públicamente la semana pasada por un reportaje de CIPER. El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, criticó que ni la Fiscalía ni el gobierno lo hubieran dado a conocer en diciembre del año pasado.
Alcance y Hallazgos de la Investigación Policial
El documento de 257 páginas, resumen de una extensa investigación contenida en 28 tomos, reveló que en el 100% de los centros que administra directamente el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron vulneraciones. En total, se registraron 2.071 abusos, de los cuales 310 tenían connotación sexual.
El informe de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, ya que el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240, dando cuenta de los cerca de 6.500 NNA que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Tipos de Vulneraciones Registradas
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos. Buena parte de estos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa) hubo 105 maltratos de adultos y en hogares de organismos colaboradores (OCAS) otros 137 casos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en Cread y 10 en otros centros).
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores, la mayor parte en residencias de OCAS para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico al señalar que "estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros". El abuso sexual, de hecho, es la segunda o tercera causa de ingreso a la red, afectando a cerca de un 10% de los niños. Una encuesta anterior del Sename ("Mi derecho a ser escuchado", 2011) detectó más de 200 casos de abusos sexuales, con el 7,8% de niños de 7 a 12 años reportando tocamientos íntimos.
Deficiencias Operativas y Estructurales
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue causada por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
La PDI también constató que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Además, dos hogares solo recibieron visitas anuales por parte de los tribunales de familia, cuando la obligación es cada seis meses.
Otro dato alarmante es que un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de "deserciones del sistema". Excluyendo las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
La Problemática de Salud y Educación
La situación de salud de los residentes es crítica: el 37,3% padece alguna enfermedad psiquiátrica, un 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y un 0,4% está en estado terminal o riesgo vital. Además, un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. Sin embargo, 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 198 centros, la función es ejercida por personal sin el perfil necesario. En 159 centros (66,3%), la administración de fármacos en jornada diurna la realiza un educador de trato directo sin formación profesional o técnica en salud. El 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
La falta de atención de salud de calidad es uno de los nudos críticos del sistema. Según cifras del Sename, hay cerca de 1.500 jóvenes con graves problemas de salud que requieren atención especializada y para los cuales el aparato público no ofrece respuestas.
La educación que reciben los menores internados muestra problemas igualmente preocupantes: el 52% de los niños internados en Arica y Tarapacá, el 48% en Antofagasta, el 52% en Los Lagos y el 55% en Magallanes enfrentan dificultades educativas.
Abuso Sexual y Abandono Familiar
El informe de la PDI consigna 208 casos de abuso intra-residencial, la amplia mayoría cometidos por otros niños internos, quienes probablemente repiten la experiencia de la que fueron víctimas. Un aspecto delicado es la enorme dificultad del sistema para vincular a los niños con sus familias una vez internados. El resultado es una gran cantidad de NNA "completamente abandonados", sin visitas familiares ni procesos de vinculación para adopción. A nivel nacional, 743 niños son calificados como "completamente abandonados", de los cuales 32 en Arica y 207 en Maule son susceptibles de adopción.
El Dictamen del Comité de los Derechos del Niño de la ONU
El 22 de julio de 2016, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recibió una solicitud de investigación sobre la situación de los NNA privados de un entorno familiar en centros de cuidado residencial en Chile. Tras ser considerada fiable, el Comité decidió llevar a cabo una investigación confidencial sobre la posible violación grave o sistemática de diversas disposiciones de la Convención.
Proceso de Investigación y Confirmación de Violaciones
Chile, que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y su Protocolo facultativo en 2015, autorizó la visita de dos expertos del Comité entre el 8 y el 12 de enero de 2018. El informe del comité de la ONU, tras visitar cuatro hogares de la red del Sename y entrevistar a múltiples actores, confirmó que la violación de los derechos humanos de los NNA en Chile es sistemática y grave.
La Fiscalía, en sus averiguaciones desde septiembre de 2016, ya había mostrado "negligencia grave" por parte del personal responsable del cuidado como causa de un número significativo de muertes.
Derechos de la Convención Vulnerados
El Comité determinó la existencia de violaciones graves y sistemáticas de al menos quince derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), entre ellos:
- Artículo 2 (no discriminación)
- Artículo 3.1 (interés superior del niño)
- Artículo 3.3 (garantía de cumplimiento de normas por instituciones de protección)
- Artículo 4 (adopción de medidas generales de aplicación)
- Artículo 6 (derecho a la vida, supervivencia y desarrollo)
- Artículo 9 (derecho a no ser separado de la familia, excepto cuando sea necesario)
- Artículo 12 (derecho a ser escuchado)
- Artículo 18 (asistencia a padres y representantes legales)
- Artículo 19 (protección contra la violencia)
- Artículo 23 (cuidados adecuados para niños con discapacidad)
- Artículo 24 (más alto nivel posible de salud)
- Artículo 25 (examen periódico de la internación)
- Artículo 28 (derecho a la educación)
- Artículo 31 (derecho al descanso, esparcimiento y cultura)
- Artículo 32 (protección contra el abuso y la explotación sexual)
- Artículo 37 (protección contra la tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes)
La Responsabilidad del Estado y su Impacto
El Comité consideró al Estado chileno responsable de violaciones "graves", dadas la generalización, prevalencia, naturaleza e impacto del daño sustancial causado a miles de NNA por un período prolongado. Además, determinó la existencia de violaciones "sistemáticas". El Comité declaró que el Estado es directamente responsable de las violaciones cometidas tanto en los centros públicos (CREAD) como en los organismos colaboradores (OCAS) u otros centros privados. Esta conclusión se deriva no solo de la falta de supervisión, sino también de que estos centros deben ser considerados agentes del Estado, al actuar en el ejercicio de funciones públicas por delegación.
El dictamen del Comité tuvo un considerable impacto en la opinión pública en Chile. Fue públicamente reconocido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por el Sename. Los miembros del Congreso reaccionaron llamando, entre otros aspectos, a establecer un fondo de reparaciones para las víctimas. Si bien el "Acuerdo Nacional de Infancia" ya incluía medidas para la protección de NNA bajo cuidado alternativo, la decisión del Comité fue decisiva para su legitimidad.
Falla Sistémica: La Persistencia de la Crisis y la Inacción
La voz de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, transmite urgencia y frustración. En sus intervenciones, Muñoz ha planteado en todas las instancias, incluyendo el Congreso, la falta de compromiso y la ausencia de acciones concretas con la premura requerida. La Defensora enfatiza que "si no se adoptan medidas radicales e inmediatas, que permitan asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vamos a seguir en esta dinámica que los sigue exponiendo a riesgos y vulneraciones intolerables".
Cuestionamientos al Rol del Poder Judicial
Los informes también critican severamente al Poder Judicial. Los jueces de familia tienen la obligación de visitar los centros dos veces al año, sin embargo, las vulneraciones sistemáticas no han cesado. El documento de la ONU criticó a los jueces por:
- Privilegiar la adopción de medidas que separan al niño de su familia, aunque esta opción debiese ser la última.
- La frecuente ausencia de motivación suficiente en las sentencias.
- La falta de supervisión de la situación de los NNA y su avance en los programas de integración.
- La carencia de formación específica para evaluar dichos avances.
- Las decisiones judiciales que no determinan qué derechos han sido vulnerados, lo que impide identificar el propósito de la internación y de qué debe recuperarse el NNA, generando la ausencia casi total de "planes de intervención y falta de seguimiento".
- Enviar a más de 400 menores a "organismos coadyuvantes" por falta de plazas en hogares regulados por el Sename.
- Decidir internar al menor "con escasa o sin participación del NNA y de la familia", lo que impide evaluar sus condiciones particulares.
La Comisión Jeldres instó a los magistrados a asumir su tarea de exigir el cumplimiento de los derechos de los niños, llegando incluso a ordenar el pago de multas o arresto a las autoridades que no cumplan. Sin embargo, la Corporación Administrativa del Poder Judicial asume que la internación de los niños es siempre dañina, lo que representa un cambio en la mirada histórica.
La internación de niños "sin plazo" es una práctica extendida: en Arica, el 79% de los niños ingresó sin plazo, resultando en un promedio de internación de 57 meses (4,7 años). En Antofagasta, el 80% de las medidas estaba sin plazo, y en Maule, el 75%. Esta práctica, sumada a la falta de envío o copia de informes trimestrales, reduce el control judicial. La abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, señaló que la presión por cumplir metas de gestión (85% de causas terminadas en 120 días) lleva a cerrar causas de protección de NNA y de violencia intrafamiliar "a como dé lugar", a menudo sin juicio, para subir las estadísticas.
La Persistencia del Modelo de Subvenciones y sus Críticas
La Defensora de la Niñez y otros actores han criticado que el proyecto de ley que crea el nuevo servicio de protección especializada siga manteniendo el financiamiento a través de la subvención, uno de los aspectos más críticos detectados por el Comité de los Derechos del Niño. Este sistema, que paga por niño atendido, ha permitido y tolerado vulneraciones graves y sistemáticas. La privatización del sistema bajo la dictadura profundizó estas características, fortaleciendo el desarrollo de centros de internación y la permanencia de los NNA en recintos cerrados.
La Falta de Urgencia y Coordinación Intersectorial
Patricia Muñoz ha señalado que las respuestas recibidas de las autoridades suelen atribuir el problema a la inexistencia de recursos económicos suficientes, a la problemática con los gremios de funcionarios o a la falta de rigor para exigir estándares de derechos humanos. Además, la Defensora ha convocado a mesas de trabajo con ministros de Salud, Desarrollo Social, Justicia, Interior y la directora del Sename, pero solo han asistido subsecretarios, que se comprometieron a crear una fuerza de tarea para abordar diagnósticos de salud mental y consumo de drogas, un compromiso que tardó en materializarse.
Se suma un elemento relevante: el rol de la Subsecretaría de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social, responsables de coordinar a Salud, Educación, Cultura y Deporte para proveer lo necesario a los NNA bajo tutela del Estado. Las revelaciones del informe de la PDI, conocido desde diciembre de 2018, deberían haber impulsado acciones con la urgencia que amerita, algo que no ha sido aplicado, atribuyendo una responsabilidad directa a la dirección del Sename y al ministro de Justicia.
Entornos protectores de la infancia
La "Nueva Institucionalidad": ¿Solución o Maquillaje?
El Servicio "Mejor Niñez" y los Desafíos de su Implementación
El fin del criticado Sename y el paso a una nueva institucionalidad, el Servicio de Protección Especializada, popularmente conocido como "Mejor Niñez", ha estado lejos de ofrecer mejor protección. Estudios nacionales e internacionales certifican una persistente vulneración de derechos. La Defensoría de la Niñez (2024), INDH, el Centro de Derechos Humanos-UDP (2023), la Corte Interamericana y el Comité de Derechos del Niño (2022) han alertado sobre los graves problemas en la implementación de este servicio.
La nueva institucionalidad, apresurada en el gobierno de Piñera, no ha logrado generar un acuerdo que permita a los NNA contar con un servicio que pueda trabajar tranquilo. Los Tribunales de Familia derivan niños a residencias sin que estas estén preparadas, y la cantidad de NNA que requieren ayuda especializada es creciente, superando la capacidad del Servicio. No basta con invertir recursos económicos; se requiere personal idóneo y preparado, cuya formación toma tiempo. La oposición de vecinos a la instalación de residencias de "Mejor Niñez" también representa un desafío social.
El hecho de que tantos niños menores de 8 años permanezcan en residencias es preocupante, ya que un niño institucionalizado, por mucha gente preparada que tenga, no puede vivenciar el vínculo necesario que genera apego. Estos NNA, ya dañados por diversas situaciones, necesitan estabilidad, y las residencias no pueden ser cárceles ni hoteles. Se requiere una planificación ordenada, con calma, gente especializada y sin "apitutamientos políticos", que han enturbiado el desempeño del Servicio a través de pugnas entre asociaciones de funcionarios.
El Debate Parlamentario y la Búsqueda de Consensos
En el marco de una sesión especial, senadores de todos los sectores apoyaron unánimemente un proyecto de acuerdo que "solicita al Ejecutivo la adopción de medidas de reparación urgentes para los menores víctimas de diversas vulneraciones y maltratos" y "medidas administrativas y financieras necesarias para sacarlos de un sistema que los vulnera".
La senadora Ximena Rincón detalló el informe, asegurando que "Chile no protege ni hace cumplir los derechos de miles de niños bajo la tutela del Estado" y denunció que "el Estado ha permitido que se instale un lucrativo negocio donde los niños son una mercancía". Hizo un llamado a "pedir perdón a los niños" y a crear una comisión de reparación.
Senadores como Francisco Chahuán, Felipe Kast, Alejandro Guillier, Juan Ignacio Latorre, Jaime Quintana, Ena Von Baer, Alejandro Navarro, Juan Pablo Letelier, David Sandoval, Rafael Prohens, Ricardo Lagos Weber, Yasna Provoste y Juan Enrique Castro intervinieron, coincidiendo en la gravedad de la situación y la necesidad de acción urgente. Las propuestas incluyeron la urgencia de legislar, la necesidad de horas psiquiátricas infantiles, la modernización del Sename (criticando su uso como "botín de campaña"), la responsabilidad política compartida, la reforma del enfoque tutelar, la creación de una Comisión Ad Hoc, la desinternación de NNA de 0 a 3 años y la revisión de causas que impiden la adopción, y la necesidad de una ley marco de derechos para la niñez.
Hacia una Reparación Integral y la Exigencia de Responsabilidades
La Obligación del Estado y la Necesidad de Verdad
El informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU no debe ser considerado una radiografía más, sino un hito. Su definición de las violaciones como "graves y sistemáticas" evidencia un fracaso total del Estado en la materia y marca la imagen internacional de Chile. Las víctimas, miles a lo largo de las décadas, son personas más cercanas a las víctimas de la dictadura chilena por la naturaleza de las violaciones de sus derechos humanos.
De esta violación surge la obligación del Estado de reparar a las víctimas de manera integral. Esto no basta con la mera indemnización económica. La Defensoría de la Niñez, como organismo técnico, busca que las vulneraciones de derechos dejen de ocurrir. Para ello, es fundamental que los organismos responsables actúen con la urgencia que la situación amerita.
Tipos de Reparación y Responsabilidades
La responsabilidad a perseguir no es solo penal, sino también administrativa y política. Se busca determinar quién pudo haber hecho algo y dejó que esto ocurriera, no solo los autores directos, sino también quienes dirigen, ejecutan y aplican políticas y medidas en las instituciones vinculadas a la protección en Chile.
Se ha planteado la necesidad de una Comisión de Verdad sobre lo ocurrido con los NNA bajo la protección del Sename para establecer los hechos, falencias y consecuencias que cargan por su paso por el sistema. Las medidas de reparación propiamente tales, destinadas a la rehabilitación de los NNA dañados, son esenciales para reintegrar a las víctimas a su proyecto de vida, incluso si ya son adultos. Esto incluye tratamientos psicológicos, educación, vivienda y justicia, y, en su caso, indemnización económica, ya sea como pago único o pensión, pero siempre como parte de una reparación integral.