Diagnóstico General: Hacinamiento, Deficiencias y Condiciones Insalubres
El informe de la Corte Suprema sobre el Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile revela un panorama alarmante de deficiencias estructurales, operacionales y de recursos en los centros de protección. Las visitas de los jueces, desarrolladas durante el primer semestre de este año en 298 establecimientos a lo largo de todo Chile, arrojaron un diagnóstico crítico que subraya la necesidad urgente de reformas.
Sobrepoblación y Atención Insuficiente
El texto destaca una "importante sobrepoblación en algunas de las residencias visitadas a lo largo del país". Esta situación, según el informe, "redunda en atención insuficiente de los niños, niñas y adolescentes". Por ejemplo, una de las plazas que más problemas presenta es Rancagua, que cuenta con el 56% de sus plazas excedidas, con cinco de sus nueve centros sobrepoblados. Esto se complementa con la información del informe nacional de visitas a hogares, que señala que "existe una importante sobrepoblación en algunas de las residencias visitadas a lo largo del país".
Falta de Infraestructura y Condiciones Insalubres
Entre los hallazgos más preocupantes se encuentra la presencia de basura, desechos y desperdicios en las dependencias comunes, como patios, bibliotecas y lavanderías. El informe indica que esto resulta "insalubre y pernicioso para los residentes", haciendo que los hogares sean propensos a roedores. Además, se detectó un deterioro en los baños y otras áreas de infraestructura. El informe de 157 páginas establece problemas graves de hacinamiento y de salubridad al interior de los centros.
Detalles del Informe y Metodología
El documento, de 287 páginas, fue encargado a la magistrada Rosa María Maggi y fue elaborado tras la visita a estos recintos por parte de los jueces de familia. En total, se analizaron 298 centros de menores a nivel nacional, lo que corresponde al 94% del total. Es importante señalar que 17 centros no contaron con visita en este período, representando el 6%, y todos ellos corresponden a recintos penitenciarios femeninos. En estos últimos, se informó que, aunque teóricamente cuentan con el Programa Creciendo Juntos, en la práctica la sección para madres e hijos no está operando o no existen medidas de protección vigentes relacionadas con algún lactante junto a su madre.
Personal y Calificación Profesional
Otro punto crítico abordado es la "escasez de personal calificado" y la "falta de especialistas". El análisis concluye que "persisten indicaciones en los registros sobre el personal contratado poco calificado para la atención de los NNA, con baja preparación".
Salud Mental: Una Demanda Recurrente
La temática de salud mental es recurrente en el informe. Se señala que la implementación de una residencia especializada (RAE) no satisface las demandas del territorio nacional. Las observaciones dan cuenta de la necesidad de atención especializada para la población infanto-juvenil con patologías que comprometen su salud mental, una necesidad que se ha fragilizado aún más a causa de la pandemia. Las menciones obtenidas de las fichas y planillas de visitas exponen la ausencia de cobertura especializada para atención en salud mental de los NNA a lo largo del país.
Entrevista sobre Salud Mental en Adolescentes
Hallazgos Adicionales y Desafíos Persistentes
El informe también destaca la habilitación de espacios de aislamiento para la estadía de contagios por COVID-19 y la implementación de zonas de seguridad. Sin embargo, "nuevamente se han detectado residencias que no cuentan con las condiciones adecuadas para llevar a cabo las visitas con familia en un ambiente protegido".
En este sentido, los jueces aseguran que "persisten las indicaciones de falta de seguridad en las dependencias de estas residencias, exponiendo a los NNA a situaciones complejas que pudieran evitarse implementando mayores y mejores medidas principalmente en lo que al perímetro de ubicación de la residencia refiere".
Inversiones y Reacciones Políticas
A pesar de las deficiencias, el informe indica que se han invertido importantes sumas de dinero en mejorar los centros desde 2015, con un total de $4.500 millones destinados a arreglar 121 residencias. La actual directora, Solange Huerta, quien asumió a mediados de julio, "ha dado cuenta públicamente de las deficiencias a que se refiere el informe del Poder Judicial", según el documento.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El diputado René Saffirio manifestó que "la Corte Suprema advierte sobre las enormes carencias de infraestructura y personal profesional y técnico". Por su parte, la diputada RN Marcela Sabat declaró que "este nuevo informe ratifica la incapacidad y el actuar débil de este Ministerio de Justicia".