La calidad de funcionamiento de las instituciones del Estado ha sido puesta en tela de juicio de forma dramática y reiterada en el último año. La crisis que actualmente atraviesan el Registro Civil y el Servicio Electoral se suman al deficitario escenario institucional que muestra el SENAME y las graves fallas que ha revelado en el cuidado de los niños y jóvenes más vulnerables del país. Estos síntomas son indicadores de la escasa preocupación que hemos tenido como sociedad en el abordaje de temas complejos.
En este escenario no sorprende que la respuesta inmediata del sistema político y los medios sea exigir las cabezas de los principales responsables, o acusar a los profesionales que trabajan en estas instituciones. La realidad que enfrenta el SENAME resulta particularmente delicada debido a la falta de recursos humanos, económicos y materiales para gestionar adecuadamente una labor de alta complejidad. La reacción mayoritaria ha sido individualizar a los funcionarios del SENAME como responsables de la crisis, sin hacerse cargo del contexto en que este trabajo se realiza.
Dimensiones del desempeño del SENAME
Resolver este difícil escenario no sólo se consigue con la inyección de más recursos económicos, sino que con transformaciones profundas de carácter institucional-legal, como la división del SENAME, y de gestión de los equipos profesionales. Los cambios se deben construir a partir de la experiencia y conocimiento de los profesionales del SENAME, desarrollando prácticas de trabajo que pongan el acento en el sistema y los equipos al interior de los centros.
El indicador de desempeño del SENAME debe considerar: eficiencia en la asignación de recursos, calidad de atención, cobertura de servicios, tiempos de respuesta y resultados en derechos básicos de infancia y adolescencia protegida. Además, es crucial evaluar la coordinación interinstitucional con salud, educación, justicia y servicios sociales para evitar duplicidades y lagunas en la protección de derechos.
Una visión centrada en el sistema propone medir la capacidad de operación diaria de los centros, la empatía y competencia profesional del personal, y la adecuación de las prácticas de tutela y resguardo de los menores. También es relevante analizar la sostenibilidad financiera, la transparencia de la información y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Factores críticos para mejorar el desempeño
- Recursos humanos: suficiente dotación, formación continua y condiciones laborales adecuadas para evitar desgaste y rotación excesiva.
- Recursos materiales y tecnológicos: infraestructura, equipamiento y sistemas de información interoperables para la gestión de casos.
- Gobernanza y marco legal: claridad de funciones, separación de funciones y un marco normativo que facilite la coordinación entre centros y agencias.
- Prácticas de trabajo basadas en evidencia: protocolos actualizados, supervisión profesional y cultura de aprendizaje organizacional.
- Participación de adolescentes y familias: mecanismos de ventanilla única, participación en comités y salvaguarda de derechos.
La división del SENAME, mencionada como posible transformación institucional, podría favorecer una gestión más especializada y una mayor rendición de cuentas. Este cambio debe ir acompañado de una reconfiguración de equipos y procesos, consolidando prácticas de trabajo que pongan el énfasis en el sistema y los equipos que operan dentro de los centros.
