Los derechos de las personas con discapacidad son los mismos derechos que garantiza nuestra Constitución Política a todas las personas por el solo hecho de serlo. La legislación busca asegurar la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la participación plena de este colectivo en la sociedad.
Medidas Específicas de Inclusión y Accesibilidad
Accesibilidad en Edificación y Espacios Públicos
En el ámbito de la edificación, todas las construcciones del sector público o aquellas que presten servicios a la comunidad, deben contemplar accesos fáciles y transitables. Estos accesos no deben generar dificultad a las personas con discapacidad, especialmente a aquellas que cuentan con movilidad reducida.
De igual manera, las plazas, parques o áreas verdes públicas o privadas con acceso al público, deben considerar juegos infantiles que puedan ser utilizados de manera independiente por todos los niños, incluyendo aquellos que cuenten con alguna discapacidad.
Educación Inclusiva
En materia de educación, todos los establecimientos educacionales, sean públicos o privados e independientemente del nivel de enseñanza que impartan, deberán adoptar medidas orientadas a fomentar el acceso a la educación de las personas con discapacidad. Esto implica adecuar sus planes de estudio con el fin de incluir a los estudiantes que cuenten con necesidades especiales y fomentar en ellos la participación de todo el equipo docente.
Inserción Laboral y Fomento del Empleo
Con respecto a la inserción laboral, la ley obliga al Estado a fomentar la inclusión y la no discriminación laboral de las personas con discapacidad. Asimismo, deberá crear incentivos orientados a la contratación de personas con discapacidad en puestos de trabajo que generen estabilidad e independencia.
Accesibilidad en Canales de Televisión
Los canales que se transmitan por televisión abierta y aquellos que sean de transmisión pagada deberán incluir medidas que permitan que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a su programación.
Uso de Estacionamientos Exclusivos
La ley señala que los estacionamientos de uso exclusivo para personas con discapacidad podrán ser utilizados por cualquier vehículo que transporte personas con discapacidad. Durante el tiempo de permanencia en alguno de ellos, debe exhibirse en el interior del vehículo, de manera visible, en el costado inferior izquierdo del parabrisas delantero, la credencial de inscripción del Registro Nacional de la Discapacidad. Además, los establecimientos públicos o privados que cuenten con una gran concurrencia de público, como centros comerciales, parques o centros de eventos, deben contar con un número de estacionamientos de uso exclusivo para las personas con discapacidad, así como garantizar su fácil acceso y tránsito.
Apoyo de Perros de Asistencia
Los perros de asistencia deben estar debidamente identificados con distintivos que determine el reglamento, tales como el uso de arnés, petos o medallas que identifiquen el centro de entrenamiento.
El Certificado de Discapacidad: Reconocimiento y Beneficios
El certificado de discapacidad es un documento fundamental que reconoce la discapacidad de una persona y los derechos que la legislación le otorga. Este certificado es la base para acceder a diversos beneficios y programas de apoyo.
Rol del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)
El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) es un órgano público del Estado chileno, dedicado a promover la igualdad de oportunidades, la inclusión social, la participación y la accesibilidad de las personas con discapacidad. SENADIS juega un papel crucial en la implementación de políticas y programas que buscan mejorar la calidad de vida de este grupo de la población.
La Ley de Inclusión Laboral N° 21.015
Objeto y Beneficiarios de la Ley
La Ley N° 21.015 es la encargada de regular la inclusión laboral en el país. Su objeto principal es fomentar y promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, tanto en el sector público como en el privado.
Modificaciones Clave y No Discriminación Salarial
Esta ley modifica el artículo 16 de la Ley N° 18.600, la cual establece normas sobre personas con discapacidad mental. Específicamente, la Ley N° 21.015 busca eliminar la discriminación salarial que se generaba anteriormente para las personas con este tipo de discapacidad, asegurando un trato equitativo en el ámbito remunerativo.
Fiscalización y Cumplimiento
La Dirección del Trabajo es la entidad con la obligación de fiscalizar y garantizar el cumplimiento de la ley de inclusión laboral en el sector privado. Para ello, deberá llevar un registro actualizado de contratos de trabajos, modificaciones y terminaciones celebradas entre las empresas y una persona con discapacidad.
Alcance de la Ley en Sectores Público y Privado
La Ley de Inclusión Laboral será aplicable a todas las empresas y organismos del sector público. Con respecto al sector privado, esta ley será obligatoria para todas aquellas empresas que cuenten con un número igual o superior a 100 trabajadores o funcionarios.
Ley 21.690 Inclusión laboral
Evaluación de Incapacidad y Documentación para Posibles Indemnizaciones
Entidades Evaluadoras y Base Legal
La determinación del grado de incapacidad de una persona, fundamental para posibles indemnizaciones que se pagan por una sola vez, se basa en el Decreto Supremo 109. La Comisión Central de Evaluación de Incapacidades se encarga de los casos de accidentes, mientras que el COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez) evalúa los casos de enfermedad profesional o diagnóstico de incapacidad permanente.
Documentos Requeridos para la Evaluación
Para la evaluación del grado de invalidez del trabajador y la tramitación de una posible indemnización, se requieren varios documentos:
- Certificado que informe el monto de la remuneración imponible que percibe el funcionario, ya sea contrata o planta, y declaración de vacancia del cargo (para trabajadores del sector público).
- Liquidación de sueldo de los 6 meses inmediatamente anteriores al accidente o al diagnóstico de la incapacidad permanente en caso de enfermedad profesional.
- Certificado Histórico de Cotizaciones del IPS o de la AFP respectiva.
- Resolución de Evaluación de Incapacidad Permanente (REIP) que estableció el grado de invalidez del trabajador.
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