El ejercicio efectivo de derechos humanos fundamentales, como la educación, la accesibilidad, la salud, el empleo, la participación política y la no discriminación, es crucial para que las personas con discapacidad transiten hacia una vida independiente y logren una inclusión plena, siendo reconocidas como ciudadanos en igualdad de condiciones.
Históricamente, la política pública se ha centrado en problemáticas aisladas, lo que ha resultado en iniciativas legislativas desconectadas entre sí. Por ejemplo, la ley de inclusión escolar y la ley de inclusión laboral existen de forma independiente, sin una comunicación fluida entre ellas.
La entrada en vigencia de la Ley N° 21.015 ha abierto oportunidades para que más de 30.000 chilenos participen activa y productivamente en el mundo laboral. Sin embargo, la falta de abordaje político en otros ámbitos del desarrollo humano disminuye significativamente el impacto a largo plazo y la sostenibilidad de este tipo de iniciativas.
En contraste, países como Australia o Noruega cuentan con políticas públicas estructuradas en torno al ciclo vital de las personas con discapacidad. En Chile, si bien la ley de inclusión laboral es un avance, requiere de mejoras en la educación inclusiva para ser plenamente efectiva. Pensar el derecho al empleo como un medio para una vida independiente y de plena participación social exige el ejercicio efectivo de otros derechos, al igual que para cualquier otro ciudadano.
La ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de Chile hace una década representa un avance significativo en materia de inclusión social.
Desafíos y Realidades de la Inclusión Infantil
Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad constituyen uno de los grupos más marginados y excluidos de la sociedad, enfrentando una vulneración generalizada de sus derechos. En comparación con sus pares sin discapacidad, experimentan en mayor medida las consecuencias de la inequidad social, económica y cultural.
La pobreza y la discapacidad mantienen una estrecha relación: la pobreza es un factor determinante de la discapacidad, y a su vez, la discapacidad a menudo atrapa a las personas en un ciclo de pobreza.
La exclusión social genera costos significativos, tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto. Por ello, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad deben ser el centro de todos los esfuerzos para forjar sociedades inclusivas. Poseen los mismos derechos que los demás y, más que receptores de ayuda, son agentes de cambio y autodeterminación.
La protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad ha sido un pilar en la agenda de UNICEF desde la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), cobrando mayor impulso con la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Los enfoques de derechos humanos y desarrollo inclusivo, alineados con el modelo social de la discapacidad, guían el trabajo de UNICEF en esta área. Las publicaciones en este campo buscan fortalecer la programación para promover y proteger los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en América Latina y el Caribe.
Estas publicaciones analizan los avances y desafíos en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con miras a la Agenda 2030, y aportan herramientas para futuros estudios sobre cómo desarrollar las capacidades de los actores interesados en el avance de la educación inclusiva.
Educación Inclusiva: Un Derecho Fundamental y un Desafío Pendiente
Los resultados de diversas investigaciones revelan un discurso de integración en detrimento de un discurso verdaderamente inclusivo. La responsabilidad social a menudo se reduce a prácticas pedagógicas individuales de buena voluntad, lo que evidencia la necesidad de construir colectivamente un discurso contrahegemónico, sustentado en el enfoque de derechos, la reciprocidad, la universalidad y la diversidad.
La responsabilidad social (RS) se entiende como la orientación de las actividades individuales y colectivas para ofrecer igualdad de oportunidades en el desarrollo de capacidades, eliminando obstáculos estructurales económicos, sociales, culturales y políticos.
Existe un creciente interés en discutir la Responsabilidad Social como propuesta para resolver problemas contemporáneos, entre ellos, la inclusión en la educación, particularmente la de personas en situación de discapacidad en la educación superior.
La Declaración de Glion (1998) y la UNESCO (2009) han subrayado la importancia vital de la educación superior para el bienestar de las naciones, considerándola un tema de responsabilidad gubernamental y un bien público clave en la construcción nacional.
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se define como la capacidad de la Universidad para difundir y aplicar principios y valores a través de la gestión, docencia, investigación y extensión universitaria, respondiendo así a su comunidad y al país.
La Universidad, a través de su rol social y de formación ciudadana, genera hábitos en los individuos que repercuten directamente en la sociedad. Los impactos organizacionales, cognitivos, educativos y sociales derivados de sus acciones contribuyen a la construcción de sociedades más inclusivas, donde la RS en la educación superior facilita la reflexión sobre el impacto de las acciones individuales y colectivas.
Se demanda a las instituciones de educación superior una injerencia política orientada al cambio de estructuras y hábitos sociales que impiden el bienestar y el desarrollo humano. La inclusión de personas en situación de discapacidad en la educación superior emerge como una demanda primordial.
Analizar el sentido de RS en los discursos permite determinar si los valores, creencias y prácticas son efectivamente inclusivas o meramente integradoras, garantistas de derechos o supresoras de los mismos, y si reproducen discursos hegemónicos de integración en lugar de transformadores inclusivos.
La UNESCO (2007) señala que la diversidad en la educación es una utopía educativa que promueve la comprensión mutua, la responsabilidad y la solidaridad, aceptando las diferencias espirituales y culturales para garantizar el acceso al conocimiento.
PUCP - ¿Qué es el modelo social de la discapacidad?
Del Modelo Médico al Modelo Social: Evolución de la Inclusión
La integración y la inclusión se sitúan en paradigmas distintos. La integración supone que la persona es diferente y debe adaptarse a un sistema "normal" y homogéneo. En contraste, la inclusión, desde el enfoque de derechos, reconoce la diversidad y enfatiza la necesidad de que el sistema sea flexible y se adapte a toda la diversidad existente, no solo de personas con discapacidad, sino de todos aquellos que puedan ser excluidos por diversas razones (cultura, raza, etnia, orientación sexual, condición sociocultural, etc.).
Según Rosa Blanco (2006), la inclusión implica que todos se eduquen juntos y en igualdad de condiciones, respetando las diferencias y la identidad de cada uno. Sin embargo, la transición discursiva de integración a inclusión es un proceso complejo, no lineal, con avances y retrocesos, que requiere transformaciones profundas no solo en el aula, sino en la estructura del sistema educativo y de la sociedad en su conjunto.
En Chile, la inclusión educativa ha emergido desde las transformaciones en la educación especial, lo que, debido a la tradición biomédica de esta última, ha dificultado el desarrollo de discursos inclusivos en las comunidades educativas.
El Ministerio de Educación chileno reconoce que la Política Nacional de Educación Especial está ligada a las concepciones del modelo biomédico y social, originándose la conceptualización de la discapacidad a partir de estas dos visiones (Ministerio de Educación, 2005). Situar la Política Nacional de Educación Especial bajo el modelo médico genera un marco discursivo confuso para la inclusión, ya que opera categorizando a los individuos por diagnóstico médico para su posterior adaptación social.
La UNESCO (2007) señala que el discurso de integración se ha construido utilizando categorías y conceptos médicos regulatorios para una población de estudiantes que históricamente era excluida de los contextos educativos "normales".
Los avances legislativos en Chile en materia de inclusión incluyen la promulgación de la Ley N° 19.284 de Integración Social de las Personas con Discapacidad en 1994, para mejorar la calidad de vida y superar la discriminación y exclusión. Posteriormente, en febrero de 2010, entró en vigencia la Ley N° 20.422, derogando la anterior, con el propósito de promover la plena inclusión social de las personas con discapacidad, asegurando no solo el acceso a la educación, sino también la permanencia en el sistema educativo (Ministerio del Interior, 2010). Este cambio busca hacer responsables a las universidades de la situación de egreso de los estudiantes con discapacidad, transitando del enfoque biomédico a uno social y relacional.
La Inclusión en el Ámbito Educativo Superior Chileno
La investigación se sitúa en el sistema educativo Santo Tomás de Viña del Mar, que en 2010 inició la atención a las necesidades de estudiantes en situación de discapacidad a través de un proyecto de educación inclusiva. Inicialmente, contó con el apoyo de 13 académicos y se dirigió a 11 estudiantes con discapacidad auditiva y/o visual en diversas carreras del Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional.
Este proyecto buscó desarrollar estrategias para responder a los requerimientos educativos de estos estudiantes, enmarcado en el compromiso del Estado con la educación para todos y todas, garantizando el derecho a una educación de calidad e igualitaria.
En 2010, este proyecto se formalizó en el comité de inclusión de sede, ampliando sus estrategias y manteniéndose vigente hasta la actualidad. Paralelamente, en 2008, se creó la Red Regional de Educación Superior Inclusiva en Valparaíso, con el fin de reunir a instituciones de educación superior en torno al compromiso con la inclusión educativa.
Las Instituciones Santo Tomás, como parte de esta Red, promueven en su discurso institucional la importancia de gestionar procesos de aprendizaje centrados en la persona y la construcción de conocimiento, fomentando el aprendizaje autónomo y el desarrollo de habilidades intelectuales y sociales.
En coherencia con estas acciones, en 2014, las Instituciones Santo Tomás crearon un comité nacional de inclusión con presencia en todas sus sedes del país.
El énfasis investigativo se centró en comprender la inclusión social de personas con discapacidad en la educación superior, considerando a los académicos como actores clave para potenciar la inclusión, analizando sus discursos sociales como transmisores de valores, creencias y prácticas que configuran la construcción social del sujeto en esta temática.
El estudio buscó develar el sentido de Responsabilidad Social presente en los discursos de los académicos participantes en el proyecto de educación inclusiva de las Instituciones Santo Tomás Viña del Mar, entre 2011 y 2013, analizando la transición de la Ley 19.284 de integración social a la Ley N° 20.422 de inclusión educativa.
Sustentos Teóricos y la Realidad Global de la Exclusión Educativa
A pesar de los logros significativos, millones de personas aún se ven privadas de su derecho a la educación, y las oportunidades de aprendizaje se distribuyen de manera desigual. A nivel mundial, uno de cada cinco adolescentes, niños y jóvenes está completamente excluido de la educación. Factores como la pobreza, el entorno, el género, la lengua, la discapacidad, el origen étnico, la religión, la migración o la situación de desplazado limitan las oportunidades.
Más de 250 millones de estudiantes no reciben educación en el idioma que mejor entienden, y los niños con discapacidad son desproporcionadamente excluidos de las escuelas. De los 9 millones de niños en edad de escolarización primaria, las niñas representan tres cuartas partes de quienes corren el riesgo de no asistir nunca a la escuela.
El aumento de migraciones y desplazamientos desde el año 2000 ha incrementado en un 26% la cantidad de niños migrantes y refugiados, haciendo imperativo integrarlos a los sistemas educativos nacionales.
Antes de la pandemia de COVID-19, el 20% de los niños y jóvenes quedaba excluido diariamente de la educación. La crisis sanitaria visibilizó ciertas desigualdades, incrementó disparidades existentes y generó nuevas formas de exclusión educativa, especialmente para grupos marginados y desfavorecidos.
Incluir es importante porque crea un sentido de pertenencia para todos.
Recomendaciones para una Inclusión Efectiva
Para promover la inclusión, es fundamental:
- Ser consciente de los propios prejuicios y suposiciones, y evitar que influyan en decisiones e interacciones.
- Aprender sobre las discapacidades intelectuales y cómo adaptarse a las personas que las tienen, reconociendo que pueden requerir más tiempo para procesar información o completar tareas.
- Ser paciente y comprensivo, recordando que las personas con discapacidad intelectual tienen personalidades y fortalezas únicas, y pueden contribuir significativamente a la sociedad.
- Respetar las diferencias e incluir a las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, enfocándose en gustos, pasatiempos y creencias compartidas.
Se recomienda el uso de un lenguaje inclusivo para garantizar que todos se sientan bienvenidos y respetados:
- Lenguaje "la persona primero" (People First Language): Centrarse en la persona y no en la discapacidad. Por ejemplo, "una persona con discapacidad intelectual" en lugar de "discapacitado".
- Evitar eufemismos: Palabras como "diferentes capacidades" o "discapacitados" están desactualizadas y pueden ser ofensivas. Utilizar términos que describan con mayor precisión la condición.
- Utilizar términos descriptivos que enfaticen habilidades: En lugar de "esa persona es sorda", se puede decir "esa persona que utiliza un dispositivo para escuchar".
La persona con discapacidad tiene la palabra final sobre cómo prefiere ser nombrada. Si una persona corrige la terminología o sus preferencias, se debe respetar su decisión.
Principios Rectores de la Inclusión
El principio de inclusión se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el derecho de los NNA, incluidos aquellos con discapacidades, a una vida plena, digna y activa en la comunidad.
En Chile, la Ley 20.422 refuerza este enfoque al garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad, prohibiendo la discriminación y asegurando el respeto a su dignidad y derechos. La ley destaca la importancia de la vida independiente, la accesibilidad y el diseño universal, promoviendo un ambiente donde todos los NNA puedan desarrollarse plenamente.
La inclusión es un eje central que debe guiar todas las decisiones y acciones, especialmente en Programas de Acogimiento Residencial Terapéutico, donde se debe considerar el interés superior del niño, niña y adolescente y asegurar su participación activa en la comunidad. Es esencial garantizar su derecho a expresar su opinión libremente, asegurando que esta reciba la debida consideración según su edad y madurez.
La promoción del buen trato y del vínculo permite al niño, niña o adolescente vislumbrar otras formas de vivir su realidad, contrastando con experiencias negativas. Es fundamental eliminar barreras físicas y estar atentos a las que puedan surgir, ejerciendo esta práctica tanto con el NNA con discapacidad como con su familia.
Tanto dentro del programa como en las prácticas en red, es esencial contribuir a un cambio cultural que valore la diversidad. La información debe estar disponible en formatos accesibles, simples y cercanos, adaptados a las necesidades del NNA y su familia.
La Inclusión como Camino hacia una Sociedad Justa
Las actividades cotidianas como levantarse, ir a trabajar, usar redes sociales, o salir a cenar, son realizadas de manera automática por la mayoría. La inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad es esencial por una cuestión de derechos fundamentales.
Más allá de los derechos humanos, la inclusión de personas con discapacidad fomenta la diversidad, la empatía y el respeto, siendo el camino para construir una sociedad más justa.
Desafíos Clave para la Inclusión
- Accesibilidad urbana: Entornos no adaptados para personas con movilidad reducida, discapacidad visual o auditiva dificultan el acceso a servicios básicos como transporte, educación o sanidad.
- Acceso a la educación: Las personas con discapacidad a menudo enfrentan dificultades para acceder a este derecho fundamental.
- Acceso al empleo: La tasa de paro entre personas con discapacidad es elevada. Muchas empresas carecen de infraestructuras o tecnologías adaptadas para garantizar su empleo.
- Brecha digital: La falta de accesibilidad en plataformas digitales es un obstáculo importante en la era digital.
De nada sirve adaptar los entornos si persisten los estigmas sociales y los prejuicios, a menudo fruto del desconocimiento. Por ello, es crucial promover el respeto, la empatía y la comprensión en torno a la discapacidad.
La sociedad avanza hacia modelos inclusivos con infraestructuras y sistemas de transporte público adaptados, y políticas que fomentan la inclusión en la educación y el empleo. Teatros, museos, salas de cine y festivales están adoptando medidas para garantizar la igualdad de oportunidades en el disfrute de la oferta cultural.
En el ámbito del empleo, se busca talento y ganas, fijándose en la cualificación de las personas sin importar edad, género, nacionalidad o discapacidad. En el ocio, herramientas como Ga11y conectan a gamers sin que la discapacidad sea un obstáculo, demostrando que la inclusión es una realidad posible.
El objetivo es lograr que todas las personas, con y sin discapacidad, tengan las mismas oportunidades en la escuela, el trabajo, el ocio, el deporte y la cultura.
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