La reforma de la legislación civil y procesal española, consolidada con la Ley 8/2021, marca un punto de inflexión en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este tratado, hecho en Nueva York en 2006, proclama en su artículo 12 que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
Lejos de ser un mero cambio terminológico, esta reforma supone un cambio de paradigma: se abandona el sistema de incapacitación y sustitución de la voluntad por un sistema de apoyo centrado en el respeto a la dignidad, los derechos fundamentales y la libre voluntad de la persona.
El nuevo enfoque: capacidad y autonomía
El elemento sobre el que pivota la nueva regulación no es la incapacitación, sino el apoyo a la persona que lo precise. La discapacidad deja de entenderse como una deficiencia que impide el autogobierno y pasa a comprenderse como una realidad que requiere de salvaguardias para eliminar las barreras -físicas, comunicacionales o jurídicas- que cercenan los derechos de las personas.
Las medidas de apoyo tienen como finalidad permitir el desarrollo pleno de la personalidad y el desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Estas actuaciones son amplias y diversas:
- Acompañamiento amistoso.
- Ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad.
- Consejo y toma de decisiones delegadas.
- Representación, solo ante la imposibilidad absoluta de otras medidas.
Instituciones de apoyo en el Código Civil
La nueva regulación elimina figuras rígidas como la tutela de adultos, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, sustituyéndolas por instituciones más flexibles y respetuosas con la autonomía:
1. La guarda de hecho
Se consolida como una verdadera institución jurídica. Generalmente ejercida por familiares, no requiere de investidura judicial formal cuando se manifiesta como suficiente y adecuada para la salvaguarda de los derechos de la persona.
2. La curatela
Es la principal medida de apoyo de origen judicial. Su naturaleza es primordialmente asistencial, centrada en el cuidado y la ayuda en el ejercicio de la capacidad jurídica, excluyendo en lo posible las actuaciones de naturaleza representativa.
3. El defensor judicial
Se designa para aquellas personas cuya capacidad se ve limitada y cuya figura de apoyo habitual no puede actuar o existe un conflicto de intereses.
🟢 La Curatela Representativa | Vilches Abogados
Medidas voluntarias y mandatos preventivos
Siguiendo las directrices internacionales, la regulación otorga preferencia a las medidas voluntarias, es decir, a aquellas que la propia persona establece para sí misma. Los poderes y mandatos preventivos permiten designar apoyos futuros, elegir al curador o establecer el ámbito de asistencia sin necesidad de intervención judicial inicial, respetando así la autonomía del poderdante.
Adaptaciones procesales y Registro Civil
El proceso judicial se transforma para orientarse hacia un sistema de colaboración interprofesional. Se introducen ajustes en los procedimientos para asegurar la participación activa de la persona con discapacidad. Asimismo, el Registro Civil se convierte en una pieza central para hacer efectiva la preferencia por las medidas voluntarias, mientras que se suprimen las referencias a la "incapacitación" en registros como el de la Propiedad.
| Figura jurídica | Función principal | Carácter |
|---|---|---|
| Guardador de hecho | Apoyo efectivo y directo | No judicial/Informal |
| Curador | Asistencia continuada | Judicial/Asistencial |
| Defensor judicial | Apoyo puntual ante conflictos | Judicial |
Todas las medidas de apoyo adoptadas judicialmente serán revisadas periódicamente en un plazo máximo de tres años o, en casos excepcionales, de hasta seis, garantizando que el apoyo sea siempre proporcional a las necesidades reales y cambiantes de la persona.
tags: #incapacidades #especiales #codigo #civil