El programa de viviendas para personas con discapacidad se enfoca en mejorar la calidad de vida, fomentar el ejercicio de la autonomía y promover la inclusión social de adultos entre 18 y 59 años que residen en instituciones. Este programa se implementa a través de cuatro componentes esenciales: la **residencialidad**, el **desarrollo personal**, las **adaptaciones del entorno** y la **capacitación**.
Requisitos para el ingreso al programa
Para ser admitido en este programa, los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios:
- Tener entre 18 y 59 años.
- Padecer una discapacidad mental, intelectual, física y/o sensorial.
- Encontrarse en una situación de dependencia moderada o severa, lo que implica la necesidad de diversos tipos de apoyos y cuidados para el desarrollo de la vida cotidiana.
Además, es indispensable expresar la voluntad de ingresar a un dispositivo residencial de larga estadía mediante la firma de un documento denominado Consentimiento Informado. En caso de que la persona no pueda firmar, se deberá dejar constancia de lo indicado en su cédula de identidad y, si es posible, estampar su huella dactilar. Si la persona se encuentra interdicta, el curador será quien firme el consentimiento informado.
Vías de ingreso al programa
Existen diversas vías para acceder a este programa:
- Personas con discapacidad que alcanzan la mayoría de edad y se encuentran institucionalizadas en dispositivos residenciales del Servicio de Protección Especializada para niños, niñas y adolescentes.
- Casos judicializados.
- Casos sociales de alta vulnerabilidad de personas adultas con discapacidad entre 18 y 59 años, para quienes la institucionalización es la única alternativa. En estos casos, se prioriza la permanencia en su entorno habitual o la reinserción familiar para jóvenes institucionalizados.
Documentación requerida
Para formalizar la postulación, se deben presentar los siguientes documentos:
- Informe de salud.
- Informe social y de redes de apoyo.
- Cédula de identidad.
- Registro nacional de discapacidad.
- Consentimiento informado.
Apoyos y beneficios ofrecidos
La Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) ofrece una variada gama de ayudas, entre las que destacan:
- Entrega de Gift Card para la compra de alimentos, materiales de construcción y medicamentos no cubiertos por el sistema de salud.
- Suministro de pañales para niños y adultos.
- Provisión de camas y camarotes con colchones, cobertores y sábanas.
Los dirigentes vecinales han sido informados sobre estas ayudas, facilitando el acceso de sus vecinos a los programas del Departamento Social de la Dideco. El alcalde Orlando Vargas ha detallado la información sobre la entrega de Gift Card, así como los aportes económicos para financiar exámenes médicos y el traslado de personas con problemas de salud (pasajes aéreos y terrestres).
Adicionalmente, la Dideco proporciona recursos para cubrir el pago de las boletas de agua y luz, y para costear el arriendo de inmuebles por un período de hasta tres meses.
Subsidios y Pensiones
El equipo de la oficina de Subsidios y Pensiones ha informado a los dirigentes vecinales sobre los montos del Subsidio Único y Familiar, así como del Subsidio Único y Familiar Duplo, destinado a niños, niñas y adolescentes con condiciones mentales, físicas o sensoriales que no califican para el subsidio de Discapacidad.
La directora de la Dideco mencionó también la importancia del Registro Social de Hogares, que es el principal instrumento estatal para caracterizar económicamente a los hogares y sirve de base para la asignación de beneficios sociales a nivel comunal.
Para acceder a estos beneficios, el personal de la Dideco realiza entrevistas domiciliarias y solicita la presentación de documentos que respalden la situación económica de los usuarios.
El Derecho Internacional y la Vivienda Adecuada para Personas con Discapacidad
El artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) reconoce el derecho a una vivienda adecuada como parte integral del derecho a un nivel de vida adecuado. Este derecho abarca aspectos como el acceso a una vivienda segura, agua, saneamiento y vida comunitaria con apoyo. Se vincula directamente con principios fundamentales de la CDPD, como la autonomía individual, la no discriminación y la accesibilidad, incluyendo la obligación de realizar ajustes razonables.
A pesar del reconocimiento de este derecho, persisten brechas significativas entre su texto y su implementación práctica, lo que dificulta la plena realización de la igualdad, la vida independiente y la inclusión para las personas con discapacidad.
Barreras en el acceso a la vivienda adecuada en Chile
La investigación sobre las barreras específicas que enfrentan las personas con discapacidad (PcD) en Chile para acceder a una vivienda adecuada plantea dos clases principales de obstáculos:
- Barreras de acceso a la vivienda en sí misma: Incluyen el mayor riesgo de indigencia, la posibilidad de ser declaradas interdictas por demencia y los procedimientos de internación involuntaria.
- Barreras para el disfrute en igualdad de condiciones: Se refieren a la persistencia de prácticas del modelo asilar y un mayor énfasis en discapacidades físicas y sensoriales en las regulaciones de vivienda.
Las personas con discapacidad mental (PcDM) son estadísticamente más vulnerables a ciertas formas de indefensión y exposición a riesgos, lo que impacta negativamente su derecho a una vivienda adecuada. Chile, al haber ratificado la CDPD y promulgado leyes para su implementación, se convierte en un caso de estudio relevante para analizar estas barreras.
Marco Normativo y Convenciones Internacionales
Diversos instrumentos internacionales abordan la preocupación por la vivienda:
- El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la ONU busca asegurar el acceso a viviendas y servicios básicos adecuados para todas las personas para 2030.
- La Carta de la Organización de los Estados Americanos compromete a los Estados miembros a dedicar esfuerzos a la consecución de vivienda adecuada.
- La Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 25.1) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, Art. 11) reconocen el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo la vivienda.
- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. 11) menciona la vivienda en relación con la salud y el bienestar.
Aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Protocolo de San Salvador no mencionan explícitamente la vivienda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido fallos en casos que involucran la pérdida de vivienda, abordándola como vulneración de otros derechos convencionales como el derecho a la vida privada, a la propiedad privada y de circulación.
La CDPD es fundamental, con disposiciones que imponen a los Estados partes el deber de adoptar medidas para asegurar el acceso de PcD a la vivienda y de identificar obstáculos. El Art. 28.1 CDPD reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo vivienda, y el Art. 28.2.d CDPD promueve el acceso a programas de vivienda pública.
La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Art. III.1) compromete a los Estados parte a adoptar medidas para eliminar la discriminación y propiciar la plena integración, incluyendo en la prestación de servicios como la vivienda.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Art. 24) reconoce explícitamente el derecho a una vivienda digna y adecuada para las personas mayores, quienes estadísticamente presentan mayores tasas de discapacidad.
Programa social de vivienda para personas con discapacidad y familias cuidadoras
Estándares de una Vivienda Adecuada
La Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU establece siete estándares para determinar si una vivienda es adecuada:
- Seguridad jurídica de la tenencia: Protección contra desplazamientos y desalojos forzosos. En caso de reubicación, se debe garantizar una vivienda alternativa que cumpla con los requisitos de accesibilidad y apoyo comunitario.
- Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: La vivienda debe contar con servicios indispensables para la salud, seguridad, comodidad y nutrición, como agua potable, saneamiento, energía y eliminación de residuos. El derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad (Art. 19 CDPD) implica acceso a estos servicios y a apoyos comunitarios.
- Asequibilidad: El costo de la vivienda no debe comprometer el acceso a otros bienes básicos o el ejercicio de derechos humanos. Se requieren asistencia financiera, subsidios y remoción de obstáculos jurídicos. Los Estados deben reasignar fondos para hacer efectivo el derecho de las PcD a vivir de forma independiente en la comunidad, asegurando el acceso a programas de vivienda pública y subvencionada.
- Habitabilidad: La vivienda debe garantizar la seguridad física, contar con espacio suficiente, protección contra elementos climáticos, riesgos para la salud y peligros estructurales, además de asegurar su mantenimiento y reparación, y protección contra la violencia.
- Accesibilidad: La vivienda debe ser accesible para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad, eliminando barreras físicas y de información.
- Ubicación: La vivienda debe estar ubicada de manera que permita el acceso a oportunidades de empleo, atención médica, educación y otros servicios sociales.
- Adecuación cultural: La vivienda debe respetar y reflejar la identidad cultural de sus ocupantes.
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