El gobierno chileno anunció la creación del Servicio de Protección a la Niñez y la Adolescencia, que reemplazará al antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename). Este nuevo servicio será el primer paso para reformar el sistema de protección infantil. Dentro de las modificaciones anunciadas, se encuentra la creación de un Consejo de Expertos y el cambio de nombre de los actuales Organismos Colaboradores del Sename (Ocas), que pasarán a llamarse Colaboradores Acreditados. El 23 de diciembre de 2020, se promulgó la ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) en reemplazo del Sename.
Límites de Edad en el Sistema de Protección
En general, los Centros Residenciales de Protección para menores reciben personas de entre seis y 18 años que han sido maltratados, violentados o que el Estado determinó que no están bien cuidados por sus padres. Las políticas públicas buscan que su permanencia sea lo más breve posible y la última opción. La mayoría de quienes ingresan se van antes de cumplir la mayoría de edad, ya sea porque se logró restablecer la relación con la familia o porque se fugan.
La realidad de los adultos en residencias del Sename
Sin embargo, hay otros que se van quedando. Pese a que los encargados del hogar San Ricardo de Batuco, una institución colaboradora del Sename, siguen llamándolos niños, tres de cada cuatro del total de 143 residentes tiene más de 18 años. El mayor tiene 64 años y llegó en 1967. Una asistente social de la residencia comenta: “Sabemos que si alguien entra, es muy difícil que vuelva a salir”.
Actualmente, hay 1.131 mayores de 18 años que viven en hogares del Sename. De ellos, 854 tienen alguna discapacidad. Arturo Klenner, juez encargado del centro de medidas cautelares de los Tribunales de Familia de Santiago, institución que hasta los 18 años decide el destino de estos menores, explica que en muchos casos, los cuidados que necesitan son costosos. “Si faltan recursos, es difícil egresarlo. Con qué condiciones sale un joven que requiere, por ejemplo, una cama especial, una sonda para comer o cualquier atención cara. Puede correr riesgo su vida”, afirma. Incluso a aquellos que leen, siguen normas y pueden trabajar, les cuesta irse de un hogar de menores. Gustavo Rosende, subdirector de Hogar Casa de Caridad Don Orione, explica que “hay pocos familiares que aceptan el desafío”, y por eso, de las 76 mujeres residentes, hay 30 mayores de 18 años, cinco de las cuales han hecho su vida allí. Juanita, de 23 años, que llegó a los siete, expresa: “No me gusta vivir acá, pero me gusta tener comida, una cama, agua caliente. Tenemos todo y no nos falta nada”.
Impacto y desafíos de la permanencia de adultos
Marcela Labraña, ex directora de Sename, mostró estas cifras al Consejo para la Infancia, quienes “no lo podían creer”. Ella añade: “Con la subvención de Sename atendemos una persona de 50 años, y tenemos cientos de casos así. Es un alto costo. Son recursos que se podrían usar para los niños”. Lo más grave es que esos hogares no están capacitados para darles la atención especializada que requieren y ofrecerles oportunidades para su desarrollo. Por esta razón, se han iniciado conversaciones con el Servicio Nacional de Discapacitados (Senadis) para que se haga cargo. Gloria Negroni, jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, describe esta situación como “la vulneración de la vulneración” para los discapacitados en un hogar de menores.
La nueva Política Nacional de Niñez y Adolescencia aspira a que los jóvenes con discapacidad cuenten con “garantías reforzadas para tener participación plena en la sociedad”. No obstante, el caso de los niños con discapacidad que llegan al Sename y se convierten en adultos es “una situación histórica en la institución”. El Estado se hará cargo de ellos, “pero no hay claridad aún respecto de qué servicio debiese hacerlo”, según Paula Bustamante, abogada del Consejo de la Infancia.
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La situación de otros adultos jóvenes
Cuando una persona cumple 18 años en un hogar, deja de ser competencia de los tribunales de familia. Según la jueza Negroni, si se quedan en la institución, “es más bien por un tema administrativo del hogar”. El problema es que, “si a esa edad todavía están en el hogar es porque ya se hizo el trabajo de buscar un adulto que pueda quedarse con ellos y no se encontró a nadie”, dice Antonio Gana, presidente de la Fundación Padre Semería. “No se puede dejar a una persona sola por ser mayor de edad con todas las dificultades que tuvo en su vida. Para nosotros la idea es que, mínimo, terminen cuarto medio”.
En promedio, estos jóvenes ingresaron a los 14 años, la intervención con la familia no dio resultados y la adopción es una posibilidad muy difícil a esa etapa. Sin embargo, Francisco Estrada, abogado especializado en derecho de infancia y ex director del Sename, explica que en el sistema “hay una presión fuerte para ingresar otro niño, que sí es menor de edad, para que ocupe la plaza”, y por ende, los jóvenes mayores se tienen que ir.
La excepción son quienes están estudiando, ya que la ley establece que el Sename debe seguir entregando una subvención a las instituciones que acogen a los estudiantes hasta que cumplan 24 años. Actualmente, los que siguen ese camino son los menos. En total, hay 277 adultos sin discapacidades que viven en el Sename. De ellos, 175 están terminando sus estudios de enseñanza básica o media o ingresaron a la educación superior.
Esto genera una presión adicional. Tamara Concha, de 18 años, que vive en el Hogar Nazareth, explica: “Para mantenerme adentro, tengo que estudiar, sino pierdo la oportunidad de estar acá y tener un título. Afuera sería complicado estudiar y trabajar”. Su compañera Camila Gutiérrez, quien acaba de cumplir 18, también duda: “Si me voy no va a haber una mamá o una tía de aquí del hogar. Voy a estar sola, ¿Y cómo sé si lo que haga va a estar bien? Para mí afuera no es un lugar seguro. Me da susto ser impulsiva, mandarme a cambiar y después haberla embarrado y que sea tarde para volver”.
Gerardo Canio, uno de los 89 jóvenes que están en el Sename en la educación superior, estudia ingeniería comercial y llegó a Aldeas Infantiles SOS de Angol a los tres años. Su padre biológico le dice que “nunca me hubiera podido dar esta posibilidad y que por eso tengo que aprovecharla”. No obstante, seguir estudios es un camino difícil y requiere un trabajo diario de motivación.
La Transición a la Vida Independiente
Desafíos tras cumplir los 18 años
Los años más difíciles para Pablina Díaz (21) fueron los que vinieron tras salir del hogar a los 18 años, estando en tercero medio. “No tenía dónde quedarme porque cuando entramos al hogar mi mamá se olvidó de nosotros”. Su caso es representativo de lo que ocurre con los jóvenes que se van de los hogares al cumplir 18: les cuesta conseguir dónde vivir, estudiar o encontrar trabajo.
Programas de preparación
En 2011, el Sename determinó que había que prepararlos. Actualmente, existe un programa para la vida independiente en las residencias que promueve la nivelación escolar o ayuda a acceder a programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) para tener un oficio. Este plan también está diseñado para personas con alguna discapacidad leve o moderada, quienes, a través de esta instancia, han podido acceder a talleres laborales. Se han visto situaciones exitosas, donde incluso “se les abrió una libreta de ahorro y tienen una vivienda”. Además, se les enseña a cocinar, lavar, planchar, gestionar dinero y realizar trámites bancarios. La ex directora del Sename, Marcela Labraña, comenta que la protección de la residencia puede convertirse en una “sobreprotección que no les permita entrar al mundo”. Pablina Díaz, por ejemplo, no sabía desde “cómo ir al banco hasta los bonos a los que podía postular”, perdiéndose muchos beneficios. En 2014, 544 personas pasaron por este programa, y aunque existen casos exitosos de egresados universitarios, son muy pocos. Matías Orellana, ex egresado y creador de Ecam (Fundación de Egresados de Casas de Menores), enfatiza que “el tema no es cuáles o cuántos niños se van a ir, sino cómo van a egresar”, señalando que el Estado no entrega herramientas suficientes.
La mayor dificultad es encontrar un buen trabajo, ya que los puestos típicos no tienen mucha proyección. Por ello, en algunos hogares, se ha dejado de poner el foco en los talleres de oficios y se han enfocado en la educación.
La necesidad de un apoyo prolongado
Carlos Vöhringer, director técnico de Hogar de Cristo, precisa que ya en 2018, en un estudio "Del dicho al derecho: Estándares de calidad para residencias de protección de niños y adolescentes", se señaló expresamente el deber de asegurar servicios de soporte a los jóvenes en su transición a la vida adulta, al menos hasta los 25 años. La evidencia indica que este acompañamiento debe ser holístico y considerar:
- Alternativas habitacionales seguras hasta que estén en condiciones de arrendar o comprar su propia vivienda.
- Beneficios financieros que apoyen el inicio de su vida independiente.
- Soporte educacional para acceso a capacitación y/o a programas de educación superior.
- Programas de apoyo al empleo.
- Acceso a asesoría legal.
- Acceso a servicios de salud, especialmente para aquellos jóvenes con trastornos de salud mental.
La Fundación Sentido trabaja con niños, niñas y jóvenes bajo protección del Estado. Su directora, Margarita Guzmán, cuenta que se dieron cuenta de que muchos estaban en la calle, y aunque intentaron reinsertarlos, no resultó “sencillamente porque no tienen un techo sobre sus cabezas”. Hasta hace muy poco, la ley del Sename permitía que hasta los 24 años los jóvenes permanecieran bajo protección siempre y cuando tuvieran un certificado de alumno regular del Ministerio de Educación, lo que dejaba fuera a cualquier joven que no estuviera en el sistema formal de educación. Después de mucho lobby, se logró que el nuevo Servicio Mejor Niñez quitara ese requisito y se aceptara el certificado de una institución colaboradora acreditada. Sin embargo, dado que son centenares los que egresan cada año, se está pidiendo que la nueva ley asegure programas de transición a la vida adulta con vivienda, “porque mientras estos jóvenes estén en situación de calle, no hay ningún programa ambulatorio que pueda lograr que continúen con sus estudios en esas condiciones”.
Chile es el único país de Latinoamérica que no tiene un programa de transición hacia la vida independiente de jóvenes que salen del sistema de protección. Se han iniciado gestiones con el Ministerio de Vivienda para emular programas de “Vivienda Primero” para personas en situación de calle, proponiendo un subsidio de arriendo colectivo para estos jóvenes. La residencia debe cambiar el enfoque de preparación para la vida “independiente” por preparación para la vida “interdependiente”, promoviendo el desarrollo de habilidades sociales y apoyando la construcción de una red social. Todos los ojos están puestos en el nuevo Servicio Especializado para la Niñez y Adolescencia para evitar que estos jóvenes lleguen a situación de calle.
Sename y el Sistema de Justicia Juvenil
La Ley que crea el Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia se aplica a los jóvenes que, al momento de cometer un delito, sean mayores de 14 y menores de 18 años, recogiendo las recomendaciones de la CDN en relación a relevar las características propias de la adolescencia en el abordaje penal. Además, se establecen tiempos límite de imposición de una sanción:
- Para los imputados que dieron principio de ejecución de un delito siendo mayores de 14 y menores de 16 años, el tiempo máximo de sanción es de 5 años.
- Para quienes hayan dado principio de ejecución de un delito siendo mayores de los 16 y menores de 18 años, el tiempo máximo puede ser de hasta 10 años de sanción.
En la ejecución de la sanción, junto al adolescente se construye un plan de intervención individual que es aprobado judicialmente, en el cual se establecen ciertos compromisos que apuntan a disminuir la reincidencia y apoyar su reinserción social.
Principios del sistema penal juvenil
El sistema se rige por principios como:
- Legalidad: Solo podrán castigarse las conductas expresamente señaladas con las penas establecidas.
- Proporcionalidad y diversidad de las sanciones: La ley dedica un completo catálogo de sanciones ajustado a la gravedad del hecho y la edad del imputado.
Julio, un joven de 20 años rescatado por la Fundación Abrazarte, vivió en un hogar de menores desde los dos años porque su mamá cayó presa. Se escapó a los 11 y vivió en la calle. Estuvo 18 meses en un centro cerrado, donde aprendió mosaico, pirografía y a tocar flauta y violín. “Cuando salí estaba emocionado, pero no sabía qué iba a ser de mí, cómo iba a sobrevivir. Ya no quiero robar. Pero qué puedo hacer… A la sociedad no le interesan los jóvenes como yo. Son pocas personas que sí lo hacen”, relata.
Sename realiza por primera vez consulta nacional a niños de residencias
Críticas y Reflexiones sobre el Sistema
Ha causado indignación que más de mil niños hayan muerto estando bajo custodia del Sename entre 2005 y 2016. Esta tragedia abarcó a gobiernos de distintos sectores políticos. El Gobierno actual ha anunciado un aumento significativo de recursos para el Sename, lo cual parece obvio dada la mortalidad en sus hogares. Es imperativo asignar responsabilidades y revisar las políticas que hicieron posible no solo las muertes, sino también el desconocimiento ciudadano de esta realidad.
Es cuestionable que ninguna autoridad haya intervenido en la fusión de los servicios a cargo de menores en protección con aquellos infractores de ley. Es evidente que el Sename requiere cirugía mayor, pero esta intervención no es suficiente para que los niños en situación de marginalidad y vulnerabilidad queden mejor protegidos, pues no resuelve el problema en su origen.
Factores subyacentes y la conexión con la marginalidad
Las aristas del problema son muchas, relacionadas con situaciones de pobreza, indefensión, consumo de drogas, políticas públicas inadecuadas y malas asignaciones de recursos. Esos niños tienen o tuvieron padres y, a lo mejor, también en algún momento tuvieron un hogar. Debemos preguntarnos qué sucedió para que esos niños llegaran al Sename como su hogar sustituto.
Varios estudios se han ocupado de estas relaciones. Un 27% de las personas privadas de libertad declara haber estado en el Sename como medida de protección de derechos, y 36% por infracción de ley. Además, casi un 30% reportó haber vivido en la calle antes de cumplir 18 años. No podemos desconocer la existencia de la ecuación que asocia la marginalidad infantil con la posibilidad de vínculo con el delito y el ingreso en prisión. ¿Podemos contentarnos con afirmar que quien cometió delito merece la cárcel, desconociendo que en el origen del delito está la vulnerabilidad y marginalidad infantil que el Sename no logra proteger?
Impacto de la prisión parental y la situación de calle
La evidencia empírica ha demostrado el nulo efecto reparador que tiene la cárcel. En Chile, dos tercios de los niños vivían solamente bajo el cuidado de la madre cuando esta fue detenida. La prisión parental es un factor de riesgo para un conjunto muy amplio de problemas en niños y adolescentes, incluyendo problemas de salud mental, abuso de drogas, fracaso académico, deserción escolar y desempleo. Una persona en prisión cuesta al Estado aproximadamente tres veces lo que se asigna por niño al Sename.
La triste realidad observada desde el Hogar de Cristo es que muchos jóvenes en situación de calle tienen como denominador común haber estado en el Sename. El Segundo Catastro de Personas en Situación de Calle (2011) reveló que el 46% de los jóvenes en situación de calle, entre 18 y 28 años, había estado en el Servicio Nacional de Menores. Daniela Moreno, jefa de la hospedería de Hogar de Cristo en Valparaíso, advierte sobre la llegada de mujeres cada vez más jóvenes a la calle, una señal de alarma para el sistema de protección. Es de suma urgencia evitar que estos jóvenes lleguen a situación de calle.