En un contexto donde el envejecimiento poblacional es una realidad creciente, la situación de los adultos mayores sin acceso a fondos y recursos adecuados se vuelve un tema de preocupación. Recientemente, se ha levantado una alerta sobre el posible cierre del Programa Más Adultos Mayores Autovalentes (MASAMAV), una iniciativa estatal vital para este grupo demográfico en Chile. Esta medida, justificada por la Dirección de Presupuestos (Dipres) bajo el argumento de la racionalización de los recursos del Estado, generaría graves consecuencias y reflejaría un enfoque alejado del aseguramiento de los derechos sociales.
La Racionalización del Gasto Público y su Impacto
La propuesta de cierre del programa MASAMAV se fundamenta en el “Informe de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público de la Dirección de Presupuestos (Dipres)”. Este informe, entregado al Ministerio de Hacienda, en su propuesta 25 plantea la “Racionalización de la oferta programática a través de discontinuar o fusionar programas públicos de baja escala”. La intención es reducir la fragmentación y concentrar esfuerzos en intervenciones con mayor alcance y eficiencia, recomendando no continuar operando, o hacerlo de forma diferente, con programas que tienen presupuestos muy bajos, escasa cobertura o altos costos administrativos relativos.
En total, se propone que 76 programas públicos dejen de operar bajo sus esquemas actuales, con un potencial de menor gasto de MM$ 26.545. Sin embargo, esta medida ha generado un intenso debate sobre las prioridades y el impacto real en la población.
El Programa Más Adultos Mayores Autovalentes (MASAMAV): Un Pilar de Bienestar
Propósito y Funcionamiento
El programa MASAMAV se encuentra adscrito al Ministerio de Salud (MINSAL), siendo la Subsecretaría de Redes Asistenciales responsable de su diseño y ejecución. Su propósito es mantener o mejorar la condición funcional de la población de 60 años o más, autovalente y en riesgo de dependencia, beneficiaria de los establecimientos de atención primaria de salud del sector público. Creado hace aproximadamente una década, busca prolongar la autovalencia de las personas mayores mediante actividades grupales de promoción y prevención, consolidándose como un pilar fundamental para un envejecimiento activo y saludable.
El programa consiste en una intervención grupal con personas mayores durante tres meses, realizada por una dupla profesional compuesta por un kinesiólogo/a y un terapeuta ocupacional (o fonoaudiólogo). Está dividida en 24 sesiones/talleres mixtos, con una duración entre 45 y 60 minutos cada una, que abordan tres áreas temáticas clave:
- Estimulación de Autocuidado o Estilos de Vida Saludable.
- Estimulación de funciones motoras y prevención de caídas.
- Estimulación de funciones cognitivas.
Un especialista de la Unidad de Geriatría del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz (CADVRR) ha explicado que el programa se diseñó para intervenir antes de que los adultos mayores desarrollen dependencia o riesgo de deterioro. Funciona mediante los Centros de Salud Familiar (Cesfam), donde se realiza un examen preventivo para clasificar a los pacientes, con aquellos sin riesgo y autovalentes ingresando al programa para mantenerse sin deterioro funcional y con un estado cognitivo adecuado.
Logros y Evaluaciones Positivas
Un informe final de evaluación de desempeño del programa, realizado por la Dipres en 2020, destacó sus importantes logros. Señala que más del 75% de las personas mayores que terminan los talleres mantienen o mejoran su funcionalidad. En la literatura internacional, este dato es indicativo de una intervención de éxito para el tipo de población atendida.
Además, en el período de 2017 a 2019, alrededor del 90% de los que ingresan a la intervención socio-sanitaria la finalizan, lo que marca una alta adherencia al programa y la persistencia de las personas para completar el proceso, incluso superando dificultades de traslado. El informe resaltaba que la intervención preventiva está muy clara en evitar el deterioro funcional, cognitivo y motor, buscando mantener o mejorar la condición funcional en la vida diaria, más allá de solo remitirse a tratamientos de enfermedades crónicas, e incluso disminuyendo el consumo de fármacos innecesarios.
La preocupación por el bienestar de los adultos mayores es coherente con el derecho constitucional de acceso a la salud y con los derechos e iniciativas que buscan ampliar e integrar a las personas mayores, promovidos por convenios internacionales suscritos por Chile.
Debilidades Identificadas y el Desafío de la Cobertura
A pesar de sus éxitos, el mismo informe de 2020 advertía una debilidad significativa: la baja cobertura efectiva anual del programa (entre 6.2% y 7.3% de beneficiados respecto de la población objetivo). Esta baja cobertura se produce porque el programa funciona de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y no de acuerdo con la necesidad real de la población.
Las recomendaciones para robustecer el programa incluían:
- Realizar una definición explícita de los criterios de selección de comunas (vulnerabilidad socioeconómica, familiar, biológica, ruralidad, etc.).
- Estudiar la viabilidad y factibilidad de escalamiento del programa para aumentar su cobertura, considerando etapas, plazos, presupuestos, arreglos organizacionales y recursos humanos.
En la réplica institucional, el Minsal señaló que la implementación del programa depende de las expansiones presupuestarias, con o sin evaluaciones positivas. Un informe de cumplimiento de compromisos adquiridos con la Dipres, al 31 de diciembre de 2024, calificó al programa como “parcialmente cumplido”, señalando pendientes como la medición de indicadores de desempeño desagregados y la evaluación de la percepción de los beneficiarios.
La pregunta central es si la baja cobertura, aun con buenos resultados en la mantención de la autovalencia y la adherencia, es razón suficiente para cerrarlo. Desde la geriatría, se advierte que la mayoría de las intervenciones suelen llegar tarde, cuando los adultos mayores ya presentan enfermedades o consecuencias de un envejecimiento no saludable. Eliminar programas de prevención como MASAMAV tendría consecuencias graves para el bienestar integral de este grupo, exacerbando problemas como el sentimiento de soledad, que ha cobrado fuerza en los últimos años.
Cuidados para el adulto mayor
Vacíos en la Protección Legal y Social de los Adultos Mayores
Más allá de la financiación de programas, los adultos mayores enfrentan graves desafíos en el ámbito de la protección legal y social, a menudo relacionados con el abandono y el abuso, especialmente el abuso patrimonial.
Casos de Abuso y Negligencia
Expertos señalan que han presenciado casos de abandono, negligencia y abuso patrimonial, donde adultos mayores autovalentes son privados de su libertad o sus bienes son administrados indebidamente por terceros, incluso familiares. Estos problemas son atribuidos a la falta de capacitación de los Tribunales de Familia, que no han evolucionado al ritmo de las necesidades actuales.
En ocasiones, la propia persona mayor puede aceptar el abuso patrimonial, o no ser consciente de él. Antes de la pandemia, se daban situaciones de personas que buscaban hacer firmar documentos a adultos mayores sobre posesiones efectivas u otros temas monetarios. Aunque se toman medidas preventivas en centros de cuidado, la autonomía de la persona mayor prima, lo que dificulta la intervención si decide firmar un documento.
Las denuncias por abuso patrimonial son complejas por su sutileza. Si bien ha habido avances con iniciativas como el Fono Mayor de Senama, el Defensor Mayor y la creación de las Oficinas de Defensa Jurídica Integral para Adultos Mayores (ODAM), aún persisten desafíos. De un total de denuncias, se ha podido contabilizar que 385 casos tienen que ver con abuso patrimonial, una cifra preocupante.
Falta de un Sistema de Protección Integral
Un problema macro en Chile es la ausencia de un sistema de protección legal integral para el adulto mayor, similar al que existe para la infancia. Aunque la Ley 20.427 introdujo el maltrato al adulto mayor en el ámbito de la violencia intrafamiliar y la Convención Interamericana de Protección de Adultos Mayores (ratificada por Chile en 2017) garantiza 27 derechos, aún queda un largo camino por recorrer. La Convención protege derechos como cuidados, salud, acceso a la justicia, vivienda, autonomía, independencia, dignidad en la vejez y participación comunitaria.
Sin embargo, a pesar de los avances normativos, el trato discriminador y peyorativo hacia el adulto mayor persiste. Un ejemplo de vulneración es la solicitud de certificados de idoneidad mental en notarías a personas mayores autovalentes, un requisito que no corresponde legalmente, ya que cualquier persona no declarada interdicta es capaz ante la ley. Esta práctica se utiliza como herramienta de amedrentamiento por parte de familiares o terceros cuando hay bienes de por medio.
Decisiones Presupuestarias del Gobierno y Otros Programas Afectados
La situación de MASAMAV no es un caso aislado. El gobierno ha realizado ajustes en la Ley de Presupuestos, recortando gastos sociales que podrían generar coletazos futuros. De 28 programas cuya eliminación se planea, 23 son de la oferta programática "social" y cinco "no social".
La comisión asesora de la Dipres había recomendado eliminar o fusionar 124 programas debido a bajo desempeño o baja escala. Sin embargo, el gobierno decidió eliminar 15 programas que no habían sido mal calificados por los expertos, la mayoría de ellos de corte social. Entre estos programas con “recomendación favorable” que quedaron sin financiamiento para 2026 se encuentran:
- El “Programa Piloto Prevención de la Violencia” del Ministerio de Seguridad, destinado a disminuir delitos vinculados a niñez y juventud.
- El “Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral para personas en situación de discapacidad (PAIL)” del Senadis.
- El “Plan nacional de tutorías, aprendizajes fundamentales y convivencia escolar”.
- El “Programa de apoyo a la educación parvularia”.
- El “Programa Eje” para familias en pobreza extrema.
- El “Programa de habitabilidad Chile Solidario” y el “Programa de generación de microemprendimiento indígena urbano Chile Solidario”.
- El “Programa de apoyo al mejoramiento de la gestión y de servicios municipales” (Subdere), que afecta a municipios de comunas semiurbanas y rurales.
- El “Programa de apoyo a la investigación para la competitividad agroalimentaria y forestal”.
Asimismo, el presupuesto de 2026 marcará el fin del programa “Estadio Seguro”, y otros como el de “Desarrollo de la ciencia antártica concursable” y el programa de capacitación del Ministerio del Trabajo a la Fundación Artesanías de Chile, también serán eliminados sin la recomendación de los expertos.
El Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de Dipres indica que la propuesta de presupuesto 2026 contempla una reducción promedio significativa en 157 programas con debilidades en sus diseños y/o desempeños, con un recorte promedio del 15%. Sin embargo, programas con buena evaluación o sin condicionamientos verían un aumento del 2%. Paradójicamente, algunos programas con “mal desempeño” según las evaluaciones, como el “Fondo de Apoyo a Programas Culturales” del CNTV o el “Fondo Solidario de Crédito Universitario”, verán aumentos en sus presupuestos, aunque en algunos casos sea para pagar compromisos anteriores o anticipar aumentos de beneficiarios.
La eventual eliminación de programas como MASAMAV y otros de corte social subraya una preocupante tendencia de priorización presupuestaria que podría dejar a los grupos más vulnerables, incluidos los adultos mayores, con menos apoyo y recursos esenciales. Es fundamental que la sociedad y el Parlamento realicen una gran abogacía y movilización para revertir estas medidas y asegurar que el Estado de Chile cumpla con el aseguramiento de los derechos sociales de sus ciudadanos.