El tema de la educación ha sido consistentemente uno de los ejes centrales en el debate público chileno. En este contexto, la medida de la gratuidad en la educación superior, introducida a partir de 2016, marcó un hito significativo. La Presidenta Michelle Bachelet anunció en su cuenta pública del 21 de mayo, que «Avanzando en nuestro compromiso de alcanzar la gratuidad, a partir del 2016 aseguraremos que el 60% más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, tenga gratuidad completa y efectiva». Esta medida se proyectaba beneficiar a 264 mil estudiantes inicialmente.
Críticas y Contradicciones en la Implementación
Alcance Discriminatorio de la Medida
A pesar de la ambición inicial, la implementación de la gratuidad generó importantes reparos. El requisito de pertenecer a una universidad del Consejo de Rectores (Cruch), o a una institución IP o CFT acreditada y sin fines de lucro, dejó a un grupo significativo de estudiantes vulnerables fuera del beneficio. Según cifras de Vertebral, una agrupación que reúne a Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, son 250 mil los estudiantes que pertenecen al 60% más vulnerable y están matriculados en este tipo de entidades. A estos se suman unos 175 mil estudiantes que, pese a estar en la misma condición de vulnerabilidad, no son beneficiados por cursar sus estudios en universidades fuera del Cruch.
Gonzalo Vargas, Rector del Inacap y Presidente de Vertebral, calificó la medida como discriminatoria y alejada de la realidad del país. Estimó que «dos tercios de los estudiantes, pese a tener condiciones de vulnerabilidad, quedan fuera. Y son precisamente estas instituciones excluidas donde hay un mayor porcentaje de alumnos en esta situación. La Universidad de Chile tiene menos estudiantes en situación de vulnerabilidad que INACAP». Vargas también denunció la falta de claridad del Gobierno respecto al criterio utilizado, cuestionando por qué universidades sin fines de lucro, que no pertenecen al Consejo de Rectores, quedan excluidas. Esto, a su juicio, constituye una «discriminación arbitraria», ya que «no puede ser que estudiantes que tienen la misma condición, que tienen el mismo porcentaje de vulnerabilidad, tengan gratuidad, mientras que otros no. Eso nos parece muy injusto».
Calidad Educativa y Pertenencia al Cruch
Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, también manifestó reparos, calificando la medida de discriminatoria, ya que «hace diferencias entre jóvenes que, en la práctica, no tienen nada distinto. Por el contrario, también deberían ser beneficiados por las políticas públicas que buscan mejorar el acceso a la educación superior». El experto indicó que la iniciativa no necesariamente apunta a la calidad, puesto que «no necesariamente el que una universidad pertenezca al Cruch es garantía de calidad. Existen instituciones que no pertenecen al Consejo y que tienen más años de acreditación o generan un mayor aporte en investigación. Aquí se discrimina a las instituciones, pero también se discrimina a los alumnos».
Requisitos y Mecanismos de Acceso a la Gratuidad
Criterios Socioeconómicos
La gratuidad universitaria, vigente desde 2016, cubre el arancel y la matrícula de los estudiantes que pertenezcan al 60% más vulnerable del país, es decir, hasta el sexto decil, según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares. Para definir la clasificación socioeconómica de los estudiantes, se considera la información entregada a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) al Ministerio de Educación, validada con bases de datos de distintos organismos del Estado como el Registro Social de Hogares, el SII y el Registro Civil.
Requisitos Académicos y de Título
Los estudiantes que deseen acceder a la gratuidad deben cumplir con ciertos requisitos. No deben contar con un título profesional previo o un grado de licenciatura terminal, obtenido en alguna institución nacional o extranjera. Sin embargo, existen excepciones: los estudiantes con licenciatura pueden acceder si optan por cursar un programa conducente a un título de profesor o educador, pero solo por la duración del plan de estudios de ese programa, que no puede exceder los cuatro semestres. Por otra parte, si el estudiante cuenta con un título técnico de nivel superior, podrá acceder a gratuidad solo si se matricula en una carrera conducente a título profesional con o sin licenciatura. Para estudiantes de cursos superiores, la gratuidad aplica siempre que no hayan excedido la duración formal de la carrera.
Instituciones y Carreras Elegibles
Pueden participar de esta política pública los Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades que cuenten con acreditación institucional de cuatro o más años (o acreditación avanzada/de excelencia para nuevos procesos de 2024 en adelante). Deben estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o cuya personalidad derive de estas u otras entidades de derecho público reconocidas por ley. Además, deben aplicar un sistema de admisión transparente, objetivo y no discriminatorio, y contar con programas de apoyo a estudiantes vulnerables que promuevan su retención, fomentando que al menos el 20% de su matrícula total corresponda a estudiantes de los cuatro primeros deciles de menores ingresos.
La gratuidad solo se puede hacer efectiva en carreras regulares de pregrado, en modalidades diurna y vespertina. Esto significa que no se puede optar a gratuidad si el estudiante se matricula en carreras a distancia, b-learning (semipresencial), e-learning, o en programas de postgrado o postítulo. La normativa vigente estipula que la gratuidad cubre el programa de formación pedagógica y la licenciatura, solo si ambos son parte del plan de estudios de la Pedagogía. Si ya se cuenta con una licenciatura no financiada con gratuidad y se desea cursar el ciclo de formación pedagógica, también se podrá acceder por la duración formal del programa, que no puede exceder los 4 semestres.
Proceso de Postulación y Asignación
Para acceder a la gratuidad, tanto estudiantes nuevos como antiguos deben completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en las fechas informadas por el Ministerio de Educación. Posteriormente, deben revisar la información de Nivel Socioeconómico publicada por el Mineduc. Aquellos con información inconsistente o incompleta deberán presentar documentación de respaldo en su institución al momento de matricularse. Es fundamental matricularse en una institución adscrita a gratuidad, en una carrera de pregrado con modalidad presencial.
Es importante destacar que la gratuidad no tiene cupos, pero las distintas instituciones y carreras sí los tienen. Si el estudiante cumple con las condiciones para acceder al beneficio, pero finalmente no se matricula para un período, deberá realizar el proceso de postulación a través de FUAS para el año siguiente. Si un estudiante ya matriculado resulta beneficiado con gratuidad, la casa de estudios le devolverá los montos pagados por concepto de matrícula o arancel.
Cobertura y Limitaciones del Beneficio
Alcance del Financiamiento
La gratuidad incluye el derecho básico de matrícula y el arancel real por la duración formal de la carrera. Sin embargo, no cubre la práctica profesional si esta no está dentro de la malla curricular, ni los costos de titulación, timbres, estampillas u otros valores adicionales a los de arancel.
Casos Especiales y Continuidad de Estudios
Solo una carrera será financiada con gratuidad, y no se pueden cursar una carrera con beca de arancel y otra con gratuidad simultáneamente; en ese caso, la segunda solo podría financiarse con el Crédito con Garantía Estatal (CAE). La gratuidad cubre la duración oficial de la carrera, y los beneficios estudiantiles no son retroactivos, por lo que la gratuidad solo cubrirá a partir del segundo año en adelante si el beneficio se obtiene tardíamente.
En caso de no poder cursar estudios por motivos personales, familiares o de otra índole, se debe realizar un proceso de postergación de estudios con la Secretaría de Estudios de la Facultad y gestionar la suspensión del beneficio con Bienestar Local. La normativa vigente estipula que si se retoman los estudios luego de un año de suspensión, y se cumplen los requisitos para mantener el beneficio, la gratuidad cubrirá los años restantes de la duración formal de la carrera.
De acuerdo con la Ley 21.091, se puede realizar solo un cambio de carrera y/o institución con la Gratuidad, siempre que se cuente con duración a favor para traspasar el beneficio a la nueva carrera. La cobertura del beneficio en la nueva carrera se calcula en base a la nueva duración menos los semestres de gratuidad utilizados en la carrera de origen.
3 TIPS para Estudiar con Gratuidad en Chile
Impacto Fiscal y Desafíos de Sostenibilidad
Costo y Financiamiento
Desde su implementación hace una década, la gratuidad ha representado un beneficio concreto para cerca de 1,5 millones de estudiantes, pero también ha sido fuente de constantes controversias debido a su elevado costo fiscal. Según cifras de Acción Educar, el costo incremental de financiar la propuesta de gratuidad en los términos planteados inicialmente por la Presidenta, restando lo que ya se gastaba en becas y créditos, sería de 466 millones de dólares. Actualmente, los montos que el país destina a financiar la gratuidad alcanzan el orden de US$ 2 mil millones por año, lo que representa más de la mitad del presupuesto anual destinado a educación superior y sobre el 12% del presupuesto total de educación.
El Ministerio de Educación estima que la gratuidad ha costado 177% más de lo que se estimó para la actual cobertura. Ante este escenario de estrechez en las finanzas públicas, y con 68 instituciones adscritas (38 universidades y más de medio millón de alumnos estudiando gratuitamente), es previsible que el gasto siga al alza. El escenario se tornará aún más complejo si las condiciones macroeconómicas se gatillan para ampliar la gratuidad a los siguientes deciles, convirtiendo esta política en lo que algunos consideran un «barril sin fondo».
Déficits en Aranceles Regulados
Un problema crucial es el reclamo de diversas universidades sobre los aranceles regulados, que en muchos casos no logran cubrir los costos reales de las carreras. Un informe del CEP ilustró que el 75% del pregrado universitario adscrito a la gratuidad tiene un arancel regulado más bajo que el real. Esto ha generado fuertes desajustes financieros; un informe de AccionEducar de julio de 2024 estimó que los déficits en gratuidad habían costado unos US$ 780 millones a las instituciones de educación superior. Seguir en esta senda es riesgoso, haciendo inevitable revisar los aranceles fijados por la autoridad y otras restricciones legales.
Prioridades en Gasto Público
Es necesario cuestionarse si resulta razonable que las alzas presupuestarias en educación se destinen en buena medida a la gratuidad, y que, producto de ello, el país invierta menos en dimensiones clave como la educación parvularia y escolar. Estas últimas deberían ser el eje de la política educacional, ya que es allí donde se juega en gran parte el futuro de los niños y niñas. El país debe debatir si estas son las prioridades correctas en materia de educación, un debate que ha sido convenientemente postergado por razones electorales o populistas.
Vulnerabilidad del Sistema: Fraude y Fiscalización
Falseamiento de Datos Socioeconómicos
Un problema masivo, reconocido por estudiantes y autoridades, es el falseamiento de datos socioeconómicos en las fichas para acceder al beneficio. Muchos alumnos declaran ser independientes o vivir con un familiar de bajos recursos para mostrar menores ingresos, constituyendo un fraude social. Se ha registrado también un aumento en el negocio informal de venta de asesorías de asistentes sociales para ayudar a llenar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), garantizando el acceso al beneficio. Esto generó un incentivo perverso para quienes pertenecen al séptimo u octavo decil a falsear los datos para ser considerados del sexto decil y poder acceder a la gratuidad.
El problema fue advertido tempranamente por el exrector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien en octubre de 2024 declaró que «hoy día, en todo el sistema universitario hay muy poca representatividad del séptimo decil porque hay muchas familias que mostraron sus antecedentes perteneciendo al sexto decil, a través de distintas acciones». Según cifras publicadas por la Universidad de Chile, en el proceso de matrícula de 2025, un 37,59% de “mechones” pertenecen al grupo de mayor vulnerabilidad (hasta el 60%), mientras que solo un 2,19% se sitúan en el tramo del 70%, y un 23,55% presentan un tramo entre el decil 8 y el 10, correspondientes a los sectores de más altos ingresos. Una de las técnicas usadas para bajar la calificación socioeconómica es que los alumnos declaren que viven solos y se autofinancian sin depender de los ingresos de sus padres.
Desafíos en Fiscalización
Quienes integraban el Mineduc en el gobierno anterior señalan que no contaban con recursos ni personal para fiscalización en terreno, encargando la tarea a las universidades. Este problema extendido requiere de medidas para intentar controlar el fraude y asegurar que los alumnos que acceden cumplen efectivamente los requisitos legales.
Debate y Perspectivas Futuras
Si bien la gratuidad ha traído beneficios, como el significativo aumento de alumnos en carreras técnicas, la evidencia acumulada sugiere que los problemas derivados de su diseño justifican una reevaluación. Los objetivos que persigue no deben terminar ahogando al sistema de educación superior y drenando las arcas fiscales. El país debe evaluar seriamente si es conveniente que la gratuidad siga avanzando en deciles para alcanzar la universalidad, considerando el enorme costo que ello implicaría.
Las primeras definiciones entregadas por el Ministerio de Educación, en el sentido de que el actual nivel de cobertura del 60% de los estudiantes de menores ingresos parece razonable, y que, ante las actuales condiciones económicas, lo prudente sería condicionar la extensión de la gratuidad con el fin de aumentar la cobertura en jardines infantiles, parecen un punto de partida razonable para comenzar el debate. Si se mantiene la lógica de que la gratuidad es un derecho, ello no tiene por qué implicar que solo la intervención directa del Estado es la única forma de satisfacerlo.