La situación del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha sido objeto de una profunda crisis, caracterizada por fallos estructurales, negligencia institucional y violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables del país. Más allá de leyes o mayores recursos, discursos, disculpas o eufemismos, la política, los operadores contratados con fines partidistas, la desidia, indolencia e ineficiencia mataron al servicio que debió proteger a los niños más desprotegidos de Chile. Y mataron, también, a miles de menores.
Contexto de la Crisis y Fallos del Sistema
Muertes y Falta de Registro
Ya es oficial que entre 2005 y 2016 al menos murieron 1.313 menores bajo la tutela del SENAME. No obstante, solo se estableció la causa de 23 de ellos a quienes se les hizo autopsia, y se desconoce el estado de los "sobrevivientes". Esta falta de claridad en las cifras es un problema recurrente. Por ejemplo, un informe del Ministerio de Justicia indicó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, mientras que un reporte de Unicef sugirió que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces mayor. Análisis de anuarios oficiales del SENAME de 2010 a 2014 arrojaron 318 fallecimientos, sumando un total de 395 con datos de Justicia.
Expertos señalan un "problema de cifras" y complejidad del servicio. El diputado René Saffirio afirma que el Estado chileno "ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Captura Política y Desidia Institucional
Tal como otros servicios públicos, hace años que el SENAME está "capturado por la política". La política, los operadores, los funcionarios contratados con fines partidistas, la desidia, indolencia e ineficiencia han comprometido gravemente el servicio. José Garrido, académico de Teoría Política y Ética del Centro de Políticas Públicas de la UDD, es partidario de prohibir la contratación de militantes de cualquier partido a estas alturas. Es tan grave que el SENAME esté manejado con criterio político en lugar de técnico, si esto es un área tan sensible. Según Alicia del Basto, presidenta de la Asociación Funcionarios, todo indica que se hacen nombramientos considerando criterios políticos pero no técnicos.
El sistema en su globalidad no funciona, hay violación de derechos humanos y un grave error conceptual: se redujo el Estado Subsidiario a la entrega de un voucher. Sin embargo, aquí estamos hablando de instituciones que deben administrar justicia, no es como poner un colegio o una clínica. Estamos hablando de niños vulnerados en sus derechos y el Estado está encomendado por la Constitución; su obligación es proteger, por tanto, el sistema debe estar regulado.
El Rol de la Justicia y el Sector Privado
El SENAME depende del Ministerio de Justicia y son los Tribunales de Familia quienes revisan los casos de menores vulnerables y los asignan a algún centro. Hoy, el 96% de los menores es atendido por instituciones privadas. En la nebulosa de la Justicia, en 2013 la jueza Mónica Jeldres, en equipo con otras cuatro magistradas, hicieron historia con un estremecedor informe de la situación a lo largo de Chile y la Unicef pidió al Poder Judicial intervenir en los hogares con problemas. La jueza de familia Mónica Jeldres dirigió una comisión que investigó el estado en que viven los niños en los hogares, cuyo informe, en 2012, fue la primera gran alerta sobre los graves abusos que sufrían los menores.
Tampoco ha dicho nada la Iglesia, pese a que se anota entre las tres instituciones que más dinero reciben del Estado para sus centros (25), solo superada por el Consejo de Defensa del Niño y Fundación Mi Casa. El voucher, lo que el Estado asigna por cada menor atendido en los centros, es de $200 mil mensuales, la tercera parte de lo que se destina a un preso. Sin embargo, un niño con patología siquiátrica o un adicto a las drogas requiere un par de millones mensuales para tratamiento, según José Garrido. Cabe consignar que el 95% de los centros del servicio son privados, por ello el presupuesto anual de 118 mil millones de pesos, en su mayoría va a parar a estas casas de acogida.
Factores Estructurales y Operacionales
Condiciones Laborales Críticas y Ausentismo Laboral
Una auditoría solicitada por un grupo de educadoras de trato directo de la Casa Nacional del Niño reveló situaciones alarmantes en varios Centros de Administración directa del SENAME. Se constató que trabajadoras llegaron a realizar turnos de 27 horas seguidas y turnos de 24 horas varias veces al mes. El SENAME atribuye esta situación a la falta de cuidadoras en los hogares, sumado a un alto número de licencias médicas, que representan un 37.8% del total de trabajadores del servicio. Según datos obtenidos a través de la Ley de Transparencia, en 2017 el organismo recibió 15.533 licencias médicas para una dotación promedio de 4.418 personas. En un Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado, el punto más alto de licencias médicas en 2017 fue del 40% de los funcionarios, sin bajar nunca del 20%.
Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del SENAME, explica que el ausentismo se debe tanto al "ambiente violento" y a las condiciones "no muy humanas", como a un mal uso de las licencias, señalando que "hay gente que para las fiestas siempre tira licencias médicas". Este ausentismo laboral tiene efectos directos en la vida diaria de los menores. Cuando falta un funcionario, tareas como la hora del almuerzo se vuelven complejas, llegando a situaciones donde una sola persona queda a cargo de hasta 10 lactantes. Además, la suplencia no se realiza si los permisos médicos son por quince días o menos.
Capacitación Insuficiente y Falta de Protocolos
La falta de capacitación y perfeccionamiento para los funcionarios del SENAME incide directamente en la calidad de la atención. La comisión del Sename II de la Cámara de Diputados aprobó un informe que indicaba que el presupuesto destinado a la capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios ha disminuido en un 399%. Christopher Simpson, educador de trato directo en el Centro Metropolitano Norte del Sename, señaló que en casi cinco años de servicio, solo ha recibido una capacitación, la cual fue insuficiente. Luis Ortúzar, director del Hogar Aldea Mis Amigos, indicó que su centro no ha recibido una capacitación de la administración central en al menos cinco años, lo que afecta directamente las competencias de los educadores.
Un claro ejemplo de esta deficiencia fue el caso de Lissette Villa, de 11 años. En la noche del 11 de abril de 2016, cuando Lissette tuvo su última crisis, ninguna de sus cuidadoras supo qué hacer. Conne Fritz, asistente de contador, nunca había trabajado como educadora de trato directo; y Thiare Oyarce, sin título y sin contrato, llevaba cinco meses como educadora y nadie nunca le enseñó protocolos ni criterios para atender a menores y contener sus crisis. Ambas hicieron lo que habían visto que se hacía en el hogar Galvarino: la acostaron boca abajo, la inmovilizaron de brazos y piernas, y Fritz se puso sobre Lissette. Lo que hicieron, la mató.
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Problemas de Fiscalización y Gestión de Recursos
El diputado Ramón Farías afirma que la falta de capacitación y perfeccionamiento para los funcionarios del Sename incide directamente en otro punto crítico: la fiscalización. Según el borrador del informe de la segunda comisión investigadora, se ha eliminado el Programa de Fiscalización a Centros de Menores en el presupuesto de este año. Los testimonios recogidos indican que las fiscalizaciones son laxas y que la fiscalización técnica y financiera de las instituciones privadas que colaboran con el Sename (OCAS) es, por lo menos, insuficiente. Un dato preocupante es que 751 programas fueron examinados entre dos y ninguna vez en los últimos tres años.
Christopher Simpson cuenta que las inspecciones de los fiscalizadores son, por decir lo menos, someras: el registro sobre la situación de los niños es principalmente cuantitativo ("va al colegio", "no va al colegio"), lo que hace difícil establecer si realmente hay avances en la intervención. Con las inspecciones financieras, el panorama es más gris: "Básicamente, revisan las boletas, ven que cuadren, pero no se sientan con calculadora a revisar una por una, sino que solo calce". El psicólogo Matías Marchant cree que la forma en que se hace la supervisión de los recursos profundiza las deficiencias del sistema: "Ayuda más a ocultar las falencias que a encontrarlas".
La Ley 20.032 establece los mecanismos para subvencionar ciertos gastos asociados a la intervención, pero en el convenio no se especifica la "glosa" que establece cuánto se gastará de un presupuesto en un determinado ítem. Esto significa que si se licitó un programa que va a atender teóricamente a cien niños, pero en la práctica atendió solo a 20, igual se paga por los cien. Un funcionario que trabaja en el área de licitaciones explicó que los OCAS "guardan" esos fondos por si se cierra el programa, desaprovechando los recursos.
Hacinamiento y Atención Inadecuada
Los centros tienen déficit de personal administrativo, profesional y médico. Además, no hay espacio para tantos niños, lo que genera hacinamiento. Alicia del Basto confesó que los cambios realizados en los últimos años para mejorar la infraestructura de los centros no son adecuados, con espacios reducidos y muros altos que "se parecen más a prisiones y deberían ser escuelas de formación".
El líder de la Anfur, Rubén Munizaga, explicó que "no tenemos capacidad de atender a niños con trastornos psiquiátricos", sin embargo, la mayoría de los menores que tienen alguna patología asociada. "Muchos niños que no tienen trastornos siquiátricos terminan con uno porque, debido al hacinamiento, deben relacionarse con aquellos que sí están enfermos. El 70% de los pequeños que tenemos requiere psicofármacos, y un 10% de ellos internación", comentó.
El presidente de Antrase, Walter Arancibia, aclaró que los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread), creados para atender a niños altamente complejos, reciben a muchos que no cumplen ese perfil porque los Juzgados de Familia los mandan. Esto provoca que en los Cread haya, en promedio, dos educadores por casa y 30 niños, con un profesional para esa misma proporción, haciendo imposible que se puedan hacer las intervenciones en forma adecuada. "Cada niño debería tener, a lo menos, 2 sesiones semanales", describió.
Consecuencias Humanas y Legales
Casos Emblemáticos de Negligencia
La falta de protocolos y la sobremedicación han tenido consecuencias trágicas. El caso de Guillermina, una adolescente de 16 años que llegó al Centro de Protección Alborada y fue encontrada colgada con sus propios cordones menos de media hora después, ilustra la falta de protocolos. Contrario a los estándares internacionales, no fue llevada a un hospital para su evaluación tras llegar a medio vestir. La querella presentada por su familia no prosperó, y su muerte quedó registrada como un egreso más del sistema.
El caso de Lissette Villa, de 11 años, quien falleció en el Centro Galvarino, puso de manifiesto la sobremedicación. A pesar de sus episodios de crisis, no se aplicó ningún protocolo acorde a parámetros internacionales. Expertos señalan que Lissette estaba sobremedicada, recibiendo fármacos que podían tener efectos adversos en menores. La "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros es generalizada, con stock en cualquier parte y problemas graves de dosificación.
José Garrido recuerda a una chica violada por su hermano cuyo caso fue informado a los tribunales. La asignaron a un hogar y, al poco tiempo, al mismo sitio, por haber delinquido, trajeron a su hermano, quien continuó con las violaciones. A los 11 años, asegura Garrido, hay niños que entran al Sename después de cometer 30 delitos. En su trabajo en terreno ve niñas de 13 años que ya tienen un par de hijos, "muy erotizadas y violentas", y que ya están "pegando a los hombres".
Una encuesta entre enero y abril entrevistó a 405 niños de 8 a 17 años representativos del 83% (171) de los centros Sename a nivel nacional. Casi la mitad de los 405 niños (197) acusaron distintos tipos de vulneraciones, y uno de cada 5, apremios ilegítimos.
Violaciones de Derechos Humanos y Denuncias Internacionales
La situación de los centros del SENAME, en su mayoría privatizados y precarizados, ha sido descrita como lugares donde niños en situaciones de vulnerabilidad social son acogidos sin garantías de seguridad, llegando a ser comparados con cárceles para menores. Esta problemática se agrava por el rol represivo que a menudo desempeñan los trabajadores de la institución.
El informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la crisis del SENAME señala una "insuficiencia e incapacidad de recursos humanos, tanto para las labores de supervisión como en los equipos profesionales y educadores de trato directo". El organismo internacional también cita un documento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que indica que algunos turnos de trabajadores "pueden llegar a 24 o 36 horas por la recurrente falta de personal".
Una investigación sobre violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en recintos del SENAME entre 1979 y 2021 se ve amenazada por un eventual cierre de la Comisión de Verdad y Niñez. Esta instancia, creada tras una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), enfrenta recortes fiscales. La Comisión nace a raíz de una sentencia dictada en 2024 por la CIDH, que evidenció la muerte de diez adolescentes en el centro "Tiempo de Crecer" en 2007, y violaciones a los derechos humanos de 271 jóvenes en cuatro recintos. El fallo internacional señaló la responsabilidad del Estado chileno por la vulneración de derechos fundamentales en perjuicio de jóvenes privados de libertad, quienes carecían de medidas básicas de seguridad, atención médica adecuada y criterios de segregación.
El Problema de las Cifras y la Opacidad
No hay claridad respecto al número de menores vulnerables fallecidos anualmente bajo tutela del Estado. Un informe del Ministerio de Justicia indicó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, mientras que un reporte de Unicef sugirió que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces mayor. Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron por estos centros durante casi 50 años de existencia del SENAME. El diputado René Saffirio afirma que el Estado chileno "ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". A pesar de informes y medidas urgentes propuestas, ninguna se ha cumplido.
Las causas de muerte determinadas por autopsias en menores del SENAME incluyen ahogamientos con fluidos, golpes, homicidios y suicidios por ahorcamiento. Una causa "indeterminada" de muerte fue la de Lissette, detonando la crisis por fallecimientos.
El Reemplazo del SENAME y la Persistencia de Problemas
El SENAME fue reemplazado oficialmente en octubre de 2021 por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Sin embargo, como señaló Luis Ortúzar, director de un hogar en Peñaflor, "ha pasado más de un año desde que Lissette murió y, siendo sincero, creo que ni en el hogar Galvarino, que es donde falleció, ni el Sename, que debía asegurarse de que ella estuviera bien, han tenido mejoras". Esto sugiere que los problemas estructurales persisten más allá de los cambios de nombre.
Propuestas y Desafíos
Necesidad de una Solución Integral
La solución definitiva requiere una modificación legal que establezca expresamente la naturaleza continua y especial de los sistemas de turno, según las Asociaciones de Funcionarios. Las soluciones propuestas también incluyen:
- Un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado, con unidades polivalentes y personal dedicado que trabaje con las familias. Rubén Munizaga explicó que "muchos niños que no tienen trastornos siquiátricos terminan con uno porque debido al hacinamiento, debe relacionarse con aquellos que sí están enfermos".
- El objetivo de que los niños vuelvan con sus familias de origen, entregándoles herramientas y acompañamiento para romper el círculo de maltrato y pobreza.
- Una defensa jurídica adecuada para los menores, que vele porque todos los actores del proceso cumplan su labor.
- La creación de más centros de administración directa y la construcción de lugares de acogida en cada región para evitar complejos traslados y el hacinamiento.
El Papel de la Sociedad y el Estado
José Garrido está convencido de que "el problema hay que verlo y enfrentarlo antes de que llegue al SENAME", poniendo el foco en los barrios segregados, donde viven los descendientes de pobladores erradicados, en medio de la violencia, del abuso y las balaceras. Las escuelas municipales, que son las únicas que los reciben, no tienen cómo hacerse cargo de niños con alta complejidad, y la mayoría de los profesores prefiere no informar a los Tribunales de Familia.
Existe una estigmatización de la pobreza, ya que ningún niño del 50% del nivel económico más alto del país se encuentra en estas instituciones, a pesar de que el abuso sexual y la violencia son transversales. Si el Estado no actúa, esto pasará a organizaciones internacionales y Chile será condenado por violaciones a los derechos humanos en democracia, lo que, según José Garrido, "le va a pegar a la Nueva Mayoría y a la derecha, seremos parias".
Juan Pablo Hermosilla, sorprendido de ver que el Estado reacciona ante lo del Sename igual que la Iglesia frente a los abusos sexuales -"en vez de asumir y ponerte colorado desparraman responsabilidad hacia afuera"-, piensa que desde la indignación la gente tiene que pedir explicaciones "a los ministros de Justicia, a directores del Sename, a parlamentarios, al Poder Judicial… porque esta historia nos va a destruir". Ha propuesto una Comisión de Verdad y Reparación, a la que Piñera se sumó dos días más tarde. "Si existió la Comisión Valech, ¿por qué no ésta por los niños?"
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