La situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido objeto de graves denuncias e investigaciones que revelan una sistemática violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo su tutela. La conmoción pública generada por la muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016, movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, sin embargo, el problema se ha mantenido y ha sido expuesto en múltiples informes.
Investigaciones y Hallazgos Lapidarios
El Informe de la PDI de 2017-2018
Un lapidario informe de la PDI, que en 2017 investigó 240 hogares de menores en el país, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. El mismo documento indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Este informe policial, un resumen de una extensa investigación en 28 tomos a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio de 2019, calificó de "muy grave" que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer este documento, pidiendo la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien por su parte descartó haber conocido el contenido del informe, aunque sí la realización del estudio.
El reporte de la PDI, al considerar 240 de los 241 centros del país, es mucho más completo que otro documento de la ONU que visitó solo cuatro residencias. Por lo tanto, el informe de la PDI da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias, evidenciando que la violación de derechos sistemática se ha cometido en la totalidad de los hogares administrados directamente por el Sename.
La Misión de Observación del INDH 2017
Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó una Misión de Observación en 171 centros de todas las regiones del país. Sus objetivos fueron evaluar las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos, las condiciones laborales de los funcionarios e indagar sobre eventuales vulneraciones de derechos a los NNA residentes.
Se entrevistó a directores, se encuestó a trabajadores y se entrevistó, mediante un cuestionario estructurado aplicado por psicólogas clínicas, a 401 niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar que, de los 250 centros existentes en Chile, solo 11 corresponden a Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) del Sename; el resto (95,6%) es administrado por organizaciones colaboradoras acreditadas.
Perfil de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) y Trabajadores
- La población residente es fundamentalmente femenina (63,5%), con un grupo predominante de niñas entre 8 y 13 años (37,8%).
- La mayoría de los trabajadores entrevistados son también mujeres (87,9%), lo que refleja una feminización del personal.
Condiciones de Vida y Cuidado
Las necesidades básicas (camas, acceso a baños, comedor y cocina) están generalmente satisfechas, pero la calidad de las instalaciones no es óptima, careciendo de calefacción adecuada, recreación y espacios para la privacidad. Es preocupante que en un 20% de los casos, adolescentes conviven en el mismo dormitorio con niños de menor edad o no se les separa por sexo. Además, el 21% de los centros presenta sobrecupo, con algunos casos que alcanzan el 75%.
En materia de alimentación, el 1,6% de los establecimientos entrega solo entre 1 y 2 comidas diarias, cifra que asciende al 3% en centros para lactantes y preescolares. Un 16% de los NNA declara pasar hambre. El 22% de los NNA considera que el personal no siempre les da un trato respetuoso y cariñoso, y el 34% reporta trato discriminatorio.
Vinculación con el Medio y Educación
Un 4% de los centros no autoriza a los NNA a hablar directamente con el juez. Aunque el 72% de los centros reporta que los NNA pudieron hablar con los jueces en su última visita, solo el 32% de los NNA entrevistados confirmó haber tenido esa oportunidad.
Respecto a la educación, el 93% de los niños asiste a un establecimiento educacional, pero este porcentaje disminuye al 88% para el grupo de 14 a 17 años, por debajo del promedio nacional. Un 20% presenta retraso escolar y solo el 78% recibe apoyo en sus tareas. Además, solo el 77% de los centros "autoriza" a los padres a participar en reuniones de apoderados, lo que se suma a la vulneración de derechos educativos.
Familia e Identidad
El 40% de los centros restringe los horarios de visita familiar, y el 30% no admite más de dos visitas a la semana. El 57% de los centros se encuentra fuera de la comuna de origen familiar, potenciando el desarraigo. Alarmantemente, el 16% de los centros utiliza el retraso en visitas como sanción, y el 13% suspende las visitas por "mal comportamiento" del niño o niña. El INDH señala que las orientaciones técnicas del Sename son "muy amplias, discrecionales e imprecisas" en estas materias.
Salud Mental
El 69% de los NNA de 14 o más años presenta sintomatología de cuadro depresivo. Un preocupante 45% de ellos no ha podido acceder a un psicólogo o psiquiatra, y el 70% de quienes presentan síntomas de depresión no se encuentran en tratamiento.
Violencia Institucionalizada y entre Pares
8 de cada 10 NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo por parte del personal en los últimos 12 meses. Un 15% fue privado de contacto familiar, un 7% quedó sin comida, un 7% fue encerrado, y un 12% sufrió "contención física". El 46% reportó maltrato psicológico y un 6% agresión física grave (patadas o quemaduras de cigarro).
La violencia entre pares también es alarmante: el 48% de los NNA ha sido víctima de maltrato físico y/o psicológico de forma reiterada, afectando por igual a niños y niñas. El 19% de los centros no cuenta con protocolos para atender estas situaciones.
Abuso Sexual
El estudio del INDH arrojó que 23 NNA reportaron haber sufrido abuso sexual en los últimos 12 meses, lo que corresponde a una prevalencia del 6,4%. Es "tristemente destacable" que 8 de cada 10 abusos sexuales son experimentados por niñas, lo que indica una feminización de las víctimas. En el 78% de los casos, el abuso fue cometido por otro menor de edad, y en un 7% por un adulto del centro. Un 69% de las víctimas sigue en contacto con el presunto abusador, y el 52% sufrió abusos en reiteradas oportunidades. El 66% de los abusos reportados ocurrieron cuando las víctimas tenían menos de 14 años.
La Cadena de Reportes y la Opacidad de Cifras
El documento de la PDI es el último eslabón de una "cadena siniestra" de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esta cadena, destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef, que dio pie a dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas que, según el diputado Saffirio, no se han cumplido.
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó a la Fiscalía a iniciar una investigación penal. El fiscal Marcos Emilfork y un equipo especial de la PDI fueron mandatados con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas entre 2005 y 2016 reportadas tras el deceso de Lissette.
Existe un "caos estadístico" en torno al número de menores vulnerables muertos bajo la tutela del Estado. Las cifras oficiales varían: un informe del Ministerio de Justicia reportó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, mientras que un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado. Un análisis de BBC Mundo, sumando anuarios oficiales del Sename y la lista de Justicia, arrojó 395 fallecimientos para el período 2010-2014. Ni siquiera para quienes las publicaron, las cifras oficiales parecen confiables. La entonces directora del Sename, Solange Huerta, al momento de la crisis, no estuvo disponible para entrevistas.
Tras un minucioso trabajo de revisión caso a caso, el Sename entregó la cifra de 210 NNA fallecidos en el sistema de protección residencial y 33 en centros de justicia juvenil entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016. La directora nacional reconoció entonces que "nos duele habernos demorado dos meses en poder entregar esta información. Eso obedece a las deficiencias de nuestro sistema".
La Defensoría de la Niñez, en su análisis, logró determinar que de las 878 muertes de NNA registradas en la red Sename entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos investigados.
Tipos y Manifestaciones de Violencia Institucional
Maltrato y Abuso Sexual
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe policial es categórico al afirmar que “estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. La mayoría de los maltratos de adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC). En los Cread hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, contabilizando 310 con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread y 10 en otros centros), y 187 por otros menores, la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Problemas de Salud Física y Mental
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Un 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. En al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido.
El desglose de esta situación es sorprendente: 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 55 centros que sí cuentan con uno, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Además, en 159 centros (el 66,3% del total), la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un "educador de trato directo" sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Sobremedicación y Ausencia de Protocolos
Las investigaciones han constatado que los fármacos se suministran sin ningún control a los NNA del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. El psiquiatra Rodrigo Paz afirmó que Lissette Villa estaba sobremedicada con benzodiazepina en una cantidad que actúa como antipsicótico, y estuvo "expuesta a antidepresivos por años" sin que esté demostrado su efecto en niños, e incluso con efectos adversos como el aumento de agresividad con la sertralina.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que la "poca prolijidad" en el manejo de medicamentos es "generalizada", con problemas graves de dosificación y control. El senador Alejandro Navarro destacó que el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños sin la debida atención médica especializada.
La PDI estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es especialmente grave dado que la muerte de Lissette Villa fue gatillada por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. Sin embargo, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica, la PDI determinó que “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Asimismo, los tribunales de familia, quienes deben visitar los centros al menos cada seis meses, en algunos casos solo realizaron visitas anuales, generando dudas sobre su capacidad de detectar vulneraciones sistemáticas.
Internaciones Psiquiátricas Injustificadas
El Informe del INDH de 2018
Un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), publicado en diciembre de 2018, reveló que jóvenes privados de libertad en centros del Sename son ingresados a unidades psiquiátricas para controlar la disciplina. El documento detalla que “hay adolescentes que son hospitalizados por presiones de funcionarios, como medida de castigo o como estrategia de resolución de un conflicto”.
Funcionarios de las cinco Unidades de Atención Psiquiátrica (UHCIP) existentes en el país (Iquique, Limache, Til Til, Coronel y Valdivia) confirmaron que funcionarios del Sename no cumplen con los criterios para cursar una hospitalización, derivando a jóvenes que solo presentan mala conducta. Sofía Sepúlveda, ex jefa de la Unidad de Atención Psiquiátrica del centro de Limache, señaló que “cuando los chicos se ponen violentos y no regulan el nivel de agresividad, Sename los toma y los deriva a estas unidades de hospitalización psiquiátrica”. Hubo casos, como el de dos adolescentes en Iquique, que tuvieron que ser egresadas dos días después por no presentar un trastorno de salud mental.
Benjamín Ulloa, jefe (s) del Departamento de Justicia Juvenil del Sename, afirmó que, salvo por el informe del INDH, no han recibido denuncias sobre internaciones psiquiátricas no justificadas, deslindando responsabilidades al señalar que las UHCIP dependen del Ministerio de Salud y la evaluación es competencia de un médico psiquiatra. Sin embargo, la investigación periodística confirmó que funcionarios del Sename presionan al personal de las UHCIP para que internen a jóvenes con problemas graves de conducta, utilizando la vía hospitalaria de urgencia, que obliga a la UHCIP a recibir al derivado sin poder negar la internación.
La falta de capacitación de los "educadores de trato directo", quienes son la primera alerta sobre posibles descompensaciones, es un factor clave. Las bases de postulación para el cargo solo exigen cuarto medio. Aunque el Sename entrega capacitaciones en salud mental, estas son insuficientes y no existe un plan nacional de formación. Además, el Servicio no cuenta con protocolos claros ante una crisis psiquiátrica.
Historias Personales y Consecuencias a Largo Plazo
El Caso Lissette Villa
Lissette, de 11 años, pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename. Desde los 5 años, la Justicia determinó que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella, debido a maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de esto, Lissette escribía cartas a su madre pidiéndole volver a casa.
El 11 de abril de 2016, tras una crisis, Lissette se golpeó la cabeza y se desvaneció. Las cuidadoras, sin conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores, no le tomaron el peso a la situación. Cuando se dieron cuenta de la gravedad, ya era tarde. No se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una “crisis emocional” por la ausencia de un familiar, una explicación considerada insatisfactoria y poco ética que le costó el puesto.
El Caso Guillermina
Guillermina, de 16 años, ingresó al Centro de Protección Alborada en agosto de 2012, traída por la policía a "medio vestir" y con signos de estar bajo el efecto de alguna sustancia. Se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después de ser acostada, fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era su primer intento de suicidio.
Contrario a todo protocolo internacional, no fue llevada a un hospital para determinar su estado o hacerle un chequeo completo. La querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia no prosperó, y su muerte se sumó a la lista de "egresos" del sistema, un término que equipara el fallecimiento con un escape o reinserción familiar. Este caso puso en evidencia un sistema "en estado terminal", según María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
El Testimonio de Catalina Farías
Catalina Farías, quien pasó gran parte de su niñez y adolescencia en residencias del Sename, denunció la falta de apoyo estatal al cumplir 18 años, la edad en la que se le "egresó" del sistema. Asegura que no se le informó sobre su derecho a seguir recibiendo protección hasta los 24 años si estaba estudiando. "Nunca tuve ningún acompañamiento post egreso", afirma.
Su historia revela que no siempre la pobreza es la única causa de la vulneración; en su caso, fue un problema de "irresponsabilidad" de su madre y "demencia" por parte de su padre, lo que denota una "pobreza afectiva". Catalina destaca la hipersexualización de las niñas en las residencias y la normalización del abuso sexual, así como la falta de persecución de los abusadores. Afirma que el daño que sufren estas niñas es "para toda la vida" y se incrementa por la falta de acompañamiento especializado. Hoy, Catalina es activista en "Red Egresa", una fundación de ex residentes que apoyan a jóvenes en su transición a la vida independiente, visibilizando que "el egreso de los jóvenes de las residencias constituye un salto al vacío, sin paracaídas".
Desafíos y Propuestas de Solución
Fallas Sistémicas Identificadas
Varias instituciones deben responder públicamente por este "desastre". No solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho, ya que los jueces de familia deben visitar los centros dos veces al año y no habrían detectado estas vulneraciones sistemáticas ni ordenado que cesen. La situación se extiende más allá de las puertas del Sename, ya que "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", según Francisco Estrada.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU afirmó, en 2018, que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de NNA bajo su cuidado y recomendó establecer mecanismos de reparación.
La académica Ximena Illanes y el doctorante Miguel Morales, del Instituto de Historia UC, han enfatizado la necesidad de una perspectiva histórica para la crisis, afirmando que los casos de fallecimientos en el Sename "parece tratarse de hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo". También recalcan que el uso del concepto de abandono puede "invisibilizar la precariedad y desigualdad social" de estas familias.
Recomendaciones del INDH y Defensoría de la Niñez
Las conclusiones del estudio del INDH son numerosas y relevantes:
- Toda prohibición de relación familiar debe estar fundada en una resolución judicial, basada en el interés superior del niño.
- El Estado debe establecer criterios uniformes en la regulación de días, horarios y frecuencias de visitas de familiares.
- No se debe establecer como sanción la prohibición de visitas o comunicación con familiares.
- Desarrollar medidas para preservar la identidad de los niños, como un "libro de vida".
- Atender la estabilidad emocional de cuidadores y profesionales, y promover el conocimiento de protocolos y la ley N° 21.013 sobre maltrato.
- Es imprescindible generar condiciones que garanticen el derecho de los NNA a ser oídos y denunciar hechos de abuso sexual, capacitando a los trabajadores para una escucha efectiva.
La Defensoría de la Niñez recomendó al gobierno, en 2020, la “creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación” para establecer con claridad las violaciones a los derechos humanos, petición que no recibió respuesta del Poder Ejecutivo de la época. También se estableció la creación del Organismo de Capacitación y Evaluación del Personal del Sename (OCEP-SENAME) para desarrollar programas de formación para los trabajadores.
Perspectivas para un Futuro Mejor
Expertos como Francisco Estrada proponen una solución definitiva basada en tres pilares:
- Necesidad de unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados, personal dedicado y trabajo conjunto con las familias.
- El objetivo final debe ser que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el círculo de la vulnerabilidad sin quitárselos por pobreza, sino entregando herramientas.
- Los niños deben contar con una defensa jurídica adecuada, que vele por el cumplimiento del trabajo de todos los actores del proceso, a diferencia de la situación actual donde los abogados jóvenes a menudo ven a los niños como "un trámite burocrático".
María Estela Ortiz cuestiona la ausencia de niños de altos niveles socioeconómicos en el sistema, sugiriendo una estigmatización de la pobreza. A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, conocido hoy como Mejor Niñez, enfocado en las residencias familiares y en terminar con los hogares masivos. Sin embargo, Catalina Farías subraya que la clave está en la "atención dedicada, centrada en cada niño" y en un acompañamiento profesional serio y dedicado en el tiempo, especialmente al momento del egreso, para que no sea un "salto al vacío".
Illanes y Morales sugieren que las estrategias futuras deben relacionarse con la conservación de los vínculos existentes, haciendo partícipes a las familias o al personal que convive diariamente con los niños. Proponen que las instituciones que forman parte del Sename deben ir más allá de la protección o restitución de derechos, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad. "La falta de priorización que se da a la infancia, más allá de las muchas declaraciones en ese sentido", es para Catalina la principal falla.