En 1981, la dictadura militar implementó una reforma radical al sistema de pensiones de Chile, basada en la construcción de un esquema privado de capitalización individual que reemplazó al sistema estatal de reparto. A más de 26 años de su lanzamiento, el modelo, que fue propagado internacionalmente como un ejemplo exitoso, ha mostrado resultados alejados de las previsiones iniciales, generando desigualdades crecientes y una cobertura estancada.
El modelo de las AFP: Desafíos y desequilibrios
El sistema de capitalización individual obligatorio fue justificado en su momento bajo críticas al régimen anterior, muchas de ellas de corte ideológico. Sin embargo, el traspaso al nuevo esquema generó enormes gastos de transición. Entre 1981 y 2004, el déficit del sistema previsional público -derivado del pago de pensiones antiguas, derechos adquiridos y subsidios- ascendió a un promedio del 4,7% del PIB, una cifra notablemente superior al déficit registrado antes de la reforma.
En cuanto a la cobertura y densidad de aportes, aunque Chile mantiene una de las tasas más altas de América Latina, tras décadas de vigencia del modelo, la extensión real de la cobertura no ha crecido significativamente en comparación con los niveles de 1975. Persisten graves problemas de "lagunas previsionales": la densidad promedio de aportes apenas alcanza el 52% de la vida laboral, con marcadas brechas de género (menores al 44% en mujeres frente al 60% en hombres).
Rentabilidad y concentración del mercado
El sistema ha derivado en una alta concentración económica, donde operan pocas administradoras que funcionan como un oligopolio. A mediados de 2007, los activos del sistema equivalían al 70% del PIB, consolidando un inmenso poder económico y político en los grupos que controlan las AFP. Mientras la rentabilidad de estas empresas se ha mantenido en niveles elevados, la rentabilidad real para los afiliados ha resultado modesta, afectada por los elevados gastos administrativos y la volatilidad del mercado.
Perspectivas expertas: La visión de Ricardo Ffrench-Davis
Ante la necesidad de transformaciones profundas, voces expertas han advertido sobre los riesgos de cambios abruptos. El economista Ricardo Ffrench-Davis ha planteado que, aunque el sistema actual no ha sido bueno en el promedio, cerrar las AFP de manera inmediata podría generar un "desbarajuste brutal" en el sistema económico chileno.
Ffrench-Davis ha abogado por la gradualidad: "No cometas tonteras que te pueden hacer imposible las tareas transformadoras de este país. Lo transformador no es cerrar algo que existe, sino regularlo y hacer que el corazón pase a ser un nuevo sistema con un componente solidario". Según su análisis, es posible realizar cambios en la administración de fondos y en las proporciones de inversión mediante la Superintendencia de Pensiones sin desestabilizar el sector financiero.
La nueva reforma previsional y el Seguro Social
Tras años de debate, la administración actual promulgó una emblemática reforma que busca mejorar las jubilaciones de más de 2,8 millones de personas, integrando una visión más solidaria sin eliminar la figura de las administradoras privadas. Entre los puntos clave destacan:
- Aumento gradual de la cotización: La cotización con cargo al empleador subirá gradualmente del 10% al 17%.
- Pensión Garantizada Universal (PGU): Incremento hasta los 250.000 pesos para mejorar el piso de seguridad social.
- Seguro Social: Creación de un mecanismo contributivo que incorpora solidaridad intra e intergeneracional.
- Fondos Generacionales: Reemplazo del sistema de multifondos por fondos que ajustan el riesgo automáticamente según la edad del afiliado.
- Protección ante la cesantía: Ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales para cubrir cotizaciones durante periodos de desempleo, beneficiando a más de 1,4 millones de personas al año.
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Esta reforma introduce un sistema de licitación cada dos años para el 10% de los afiliados, con el objetivo de fomentar la competencia y reducir las comisiones, las cuales ahora estarán vinculadas al rendimiento del fondo. Con estas medidas, Chile busca corregir brechas históricas, especialmente aquellas que afectan a las mujeres y a los trabajadores con menores ingresos, avanzando hacia un sistema más inclusivo y sostenible.