En el ámbito de la representación jurídica especializada, existen programas dedicados a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Uno de los más relevantes es el Programa Mi Abogado, una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Origen y Expansión del Programa Mi Abogado
El Programa Mi Abogado se inició en 2017 como un proyecto piloto en cuatro regiones de Chile: Tarapacá, Valparaíso, Región Metropolitana y Biobío-Ñuble. Su éxito llevó a una expansión significativa, sumando las regiones de Arica y Parinacota, Maule, Los Ríos, Aysén y Magallanes en 2019. Finalmente, el 1 de octubre de 2020, el programa alcanzó cobertura territorial en todo el país, consolidándose como una herramienta fundamental para la defensa de los NNA.
Objetivos y Funciones del Programa
El principal objetivo del Programa Mi Abogado es representar jurídicamente a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en alguna residencia del Servicio Nacional de Menores (SENAME) o en modalidades alternativas de cuidado, como familias de acogida. La unidad especializada se encarga de representar, de forma independiente y autónoma, los derechos, la voluntad e intereses de estos NNA ante los juzgados competentes en procesos de protección. Esto incluye casos donde los NNA han sido vulnerados en sus derechos, sea o no constitutivo de delito.
DERECHOS y DEBERES de los niños y niñas 👧🏻👦🏻📖 Smile and Learn
Prestación de Servicio
La prestación del servicio de defensa jurídica se caracteriza por ser:
- Especializada: Diseñada para abordar las particularidades de los casos de NNA.
- Interdisciplinaria: Implica la colaboración de un equipo profesional compuesto por un abogado, un psicólogo y un trabajador social.
- Independiente: Permite al programa accionar en contra del Estado, sus ministerios, servicios y organismos, así como contra cualquier persona o institución responsable de las vulneraciones.
Este enfoque busca asegurar una defensa técnica construida a partir de los aportes profesionales de esta tripleta, ejerciendo los mecanismos judiciales y extrajudiciales correspondientes. El fin último es obtener el resguardo efectivo de los derechos de los NNA, promoviendo su retorno a una vida en familia (ya sea de origen, de acogida o a través de un proceso de adopción) y el acceso a servicios que posibiliten una reparación del daño causado.
Modelo de Intervención
El modelo de intervención del Programa Mi Abogado es especializado e interdisciplinario, centrado tanto en los aspectos judiciales de la representación como en los factores psicosociales. Estos factores colaboran en el diagnóstico de la situación de los NNA y en la elaboración y aplicación de la estrategia a desarrollar. Parte fundamental de este modelo es la exigencia de entrevistar u observar de manera presencial y en condiciones de confidencialidad a cada NNA al menos una vez al mes, o cada vez que se acerque una audiencia, o cuando el NNA, residencia o programa FAE lo requiera. La cercanía y confianza entre los equipos y sus representados son la base de la intervención.
Implementación y Ejecución
El Programa Mi Abogado es ejecutado por las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) de las regiones, a través de convenios anuales de colaboración y transferencia de recursos celebrados con la Subsecretaría de Justicia. Estos convenios establecen el modelo de trabajo, lineamientos estratégicos, la cadena de valor de la prestación del servicio, perfiles profesionales requeridos, coberturas y transferencia presupuestaria.
En el área de Justicia Juvenil, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) tiene a cargo supervisar programas que son ejecutados por organismos colaboradores. Esta unidad de defensa penal especializada también presta servicios a los adolescentes que se encuentran imputados bajo la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal.
Cobertura y Recursos
Durante la primera etapa piloto, el programa contempló una cobertura mínima de 130 niños, niñas y adolescentes en Tarapacá, 250 en Valparaíso, 300 en Biobío y 350 en la capital, con una asignación de más de mil 200 millones de pesos. El subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, destacó en su momento que, además de la representación de un abogado, el programa contempla una estructura que incluye la presencia de psicólogos, trabajadores sociales y técnicos jurídicos, resaltando la importancia de esta asistencia jurídica integral.
La inauguración de las nuevas dependencias en Santiago, que contribuyeron a la expansión del programa, se realizó en el marco del “Día del Acceso a la Justicia”, con el objetivo de avanzar hacia una valoración pública de la labor que realizan las Corporaciones de Asistencia Judicial a lo largo de todo el país. Cualquier persona puede acceder a los servicios de orientación e información de la Corporación de Asistencia Judicial.