Financiamiento y Sistema de Pensiones de las Fuerzas Armadas en Chile

El sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas en Chile se ha distinguido históricamente por sus características particulares, financiadas principalmente por el Estado. A diferencia del sistema de capitalización individual implementado para la población civil en 1980, el régimen previsional de las Fuerzas Armadas ha mantenido un sistema de reparto, lo que ha generado debates y análisis sobre su sostenibilidad y equidad.

Evolución del Sistema Previsional en Chile

A principios de los años ochenta, ante el desafío de optimizar la seguridad social y las pensiones, se estableció en 1980 un nuevo sistema de fondos de pensiones a través del Decreto Ley Nº 3.500. Este sistema se basó en la creación de un fondo individual, propiedad del cotizante, administrado por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas y con fines de lucro, a través de pequeñas sumas depositadas durante la vida activa de cada trabajador.

Sin embargo, mientras millones de trabajadores eran obligados a afiliarse a las AFP, los militares se mantuvieron al margen de este nuevo sistema. Reconocieron que el modelo de capitalización individual no beneficiaba directamente a las personas, sino que inyectaba capital al sistema bancario y a los mercados de capitales, por lo que las instituciones de la Defensa conservaron su propio régimen.

Características del Régimen Previsional de las Fuerzas Armadas

El actual régimen previsional de las Fuerzas Armadas en Chile es de reparto y ha enfrentado una serie de problemas, incluyendo un déficit de gestión, ineficacia en funciones (administración del sistema previsional, prestaciones de seguridad social y salud) y deficiencias en la administración financiera. A pesar de la positiva experiencia del sistema de capitalización individual para la población civil, el sistema de las FF.AA. arrastra estas problemáticas.

En la actualidad, persisten dudas sobre los efectos de posibles reformas al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Existen voces disidentes en cuanto a la posibilidad de eliminar o modificar este sistema, argumentando la singularidad de la carrera militar y sus características intrínsecas.

Financiamiento y Costos

Es importante destacar que el sistema de pensiones de las fuerzas armadas en Chile es financiado casi en su totalidad por fondos provenientes del erario nacional. Según el informe de la Fundación Sol, el presupuesto para 2022 destinó US$2.517 millones de dólares para pagar 175.179 pensiones a las fuerzas armadas, lo que equivale al 0,83% del PIB nacional. Entre 2011 y 2015, el Estado ha desembolsado cerca de $3,8 billones (millones de millones de pesos) para solventar el fondo de retiro de Capredena. Esto significa que con los dineros de todos los chilenos se financia un sistema que atiende a casi 107 mil ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y sus familias, a través de pensiones y montepíos.

La relación entre el pago de jubilaciones de las Fuerzas Armadas y la Pensión Garantizada Universal (PGU) es de 1 a 5,7 veces los pesos invertidos. Este sistema de pensiones se ha transformado en una carga financiera significativa para el Estado, ejemplificado en 2016 cuando Codelco, la principal empresa estatal, tuvo que endeudarse por primera vez en su historia para cumplir con sus compromisos financieros, incluyendo la entrega de US$707 millones a las FF.AA. Esto se debe a la Ley del Cobre, que obliga a la cuprera a entregar el 10% de sus ventas a las FF.AA., privando al Estado de un caudal importante para políticas públicas.

Disparidades en las Pensiones

Dentro de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), existen notables diferencias entre la alta jerarquía (oficiales) y la baja jerarquía (suboficiales) del ejército. El promedio del valor pagado por la caja a oficiales (desde Alférez hasta General) alcanza los $2.478.635 pesos, mientras que para los suboficiales es de $1.041.558 pesos.

También se observa un sesgo de género, donde las mujeres reciben, en promedio, $785.585 pesos, en comparación con los $1.264.682 pesos que perciben los hombres, lo que representa un 49% menos. En contraste, las pensiones de Carabineros promedian los $1.066.632 pesos, las de Gendarmería los $1.478.245 pesos y las de la PDI los $1.704.691 pesos.

Según información entregada por Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de Capredena, en 2015 la caja repartió $911 mil millones en pensiones. El 94% de esa cifra fue aporte fiscal y solo el 6% restante correspondió a las cotizaciones de los uniformados. La nómina de ex oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) que pasaron a retiro entre 2006 y 2016 revela que el promedio de pensiones de los oficiales roza los $2,3 millones. Destacan 17 ex miembros con pensiones superiores a los $4 millones, siendo la más alta la del ex general de brigada de la FACH Patricio Franjola Buigley, quien recibió $5,9 millones al retirarse en julio de 2012.

Capredena: Beneficios y Procedimientos

La Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) es la institución encargada de entregar los beneficios previsionales al personal activo y pasivo de las Fuerzas Armadas. Capredena entrega estos beneficios a través de cuatro fondos, uno de ellos siendo de cargo de la Caja, el 25% del valor inicial de las pensiones.

Préstamos de Auxilio

Capredena ofrece a sus beneficiarios la posibilidad de acceder a un préstamo reajustable en Unidades de Fomento (UF) con un interés anual del 4%. El monto máximo a solicitar es de $8 millones, y los plazos para pagarlo varían entre 10 a 60 cuotas, las cuales son descontadas directamente de la pensión. La solicitud de este préstamo puede realizarse durante todo el 2026, sujeta a la disponibilidad presupuestaria y al monto líquido de la pensión del beneficiario. La solicitud se puede efectuar a través del sitio web, en oficinas o por correo postal, mediante una carta dirigida a la Unidad de Servicios Virtuales de Capredena. Es importante señalar que el certificado del Registro Nacional de Deudores de pensión de alimentos se emitirá internamente al momento de procesar el préstamo.

Controversias y Desafíos

Los ingentes recursos que el Estado inyecta para sostener el sistema previsional de las Fuerzas Armadas no solo cubren millonarias pensiones para ex uniformados, sino que también benefician a quienes han sido condenados o están siendo procesados por violaciones a los derechos humanos y fraudes de distinto tipo. Se han identificado en nóminas de pensionados a más de 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos represores del régimen de Augusto Pinochet, cuyas pensiones alcanzan en promedio los $2,5 millones.

Entre los casos destacados se encuentran:

• El coronel (r) del Ejército Roberto Ampuero Alarcón, condenado por secuestro y homicidio calificado, cuya pensión reajustada roza los $3,6 millones.
• El coronel (r) Gabriel Guerrero Reeve, también condenado a 15 años y un día, que recibe una pensión de casi $2,6 millones.
• El coronel (r) del Ejército Pedro Collado Martí, condenado por secuestro calificado, con una pensión de $2,6 millones.
• El coronel (r) Carlos Durán Low, condenado por homicidio calificado, que jubiló en marzo de 2007 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones.
• El general (r) y ex miembro del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Julio Cerda Carrasco, condenado como cómplice de secuestros calificados.
• El coronel (r) de Ejército Osvaldo Andrés Magaña Bau, procesado por secuestro calificado de 14 campesinos, con una pensión de $2,6 millones.
• El coronel en servicio activo Julio Castañer González, procesado por la muerte de Rodrigo Rojas de Negri y las lesiones de Carmen Gloria Quintana, quien pasó a retiro en enero de 2016 con una pensión de $2,8 millones.
• El doctor y coronel (r) de Aviación Alejandro Forero Álvarez, acusado de supervisar torturas y drogar a prisioneros en el llamado “Comando Conjunto”.
• El general (r) de Ejército Víctor Lizárraga Arias, condenado por asociación ilícita en el asesinato de Gerardo Huber y por cohecho en el “Caso Fragatas”, quien hoy recibe una pensión de $3,1 millones.
• El general (r) de la FACH, Florencio Dublé Pizarro, procesado como cómplice de malversación de caudales públicos en la compra de aviones Mirage, con una pensión de $3,1 millones.
• Los coroneles (r) Gabriel Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara, secretarios privados de Augusto Pinochet, condenados en el “Caso Riggs” por malversación de caudales públicos, con pensiones de $2,9 millones y $2,1 millones respectivamente.
• El capitán de Fragata (r) Jesús Sáez Luna, a quien se le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base, con una pensión de $2,1 millones.

Recontrataciones y Altos Honorarios

Además de las pensiones, se ha detectado que ex agentes de la CNI y la DINA figuran recontratados en la Academia de Guerra y la Escuela Militar como Personal a Contrata (PAC) o Profesores Civiles (PC). Un documento interno del Ejército revela que un militar retirado con rango de general puede recibir $2,5 millones si es recontratado como PAC. Para generales de brigada, el sueldo como PAC puede alcanzar los $2.526.910, al margen de su jubilación.

Entre los recontratados se incluyen:

• El coronel (r) Rodolfo Ortega Prado, ex jefe de la CNI en Punta Arenas, con una pensión de casi $2,6 millones, y quien además es director del magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra.
• El ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, ex miembro de la CNI, quien figura como Profesor Civil (PC) en labores de “investigación y publicación” en la Academia de Guerra para 2017.
• El coronel Carl Marowski Pilowsky, ex miembro de la CNI, quien estaría contratado como PAC en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército.
• El general (r) Eduardo Ludovico Aldunate Hermann, ex miembro de la Brigada Mulchén de la DINA, con una pensión de $3 millones, que aparece con honorarios por labores de “investigación estratégica” en la planilla de profesores 2017.
• El coronel (r) José Francisco Enberg Castro, también integrante de la CNI, que jubiló en febrero de 2014 y actualmente recibe una pensión de $2,8 millones.

Estas situaciones plantean interrogantes sobre la ética y la transparencia en la administración de los recursos públicos y el sistema previsional de las Fuerzas Armadas.

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