El sistema de pensiones de Chile ha sido objeto de una profunda transformación y debate desde la implementación de una reforma radical en 1981. Dicha reforma, basada en un esquema privado de capitalización individual, buscaba reemplazar el sistema estatal de reparto. A más de 26 años de su lanzamiento, el sistema, que cosechó elogios a nivel mundial, está lejos de dar los resultados previstos, generando desafíos significativos en términos de cobertura, montos de pensiones y equidad.
Orígenes y Justificación de la Reforma de 1981
Tres años después del golpe de 1973, la dictadura militar chilena encaró una reforma radical del sistema de pensiones. El objetivo era crear un régimen de capitalización individual de administración privada que reemplazara al sistema estatal de reparto. El nuevo sistema se implementó a fines de 1981 a través de un decreto-ley, carente de toda legitimidad democrática. Para justificar esta reforma, el gobierno de Augusto Pinochet criticó duramente el sistema anterior, mezclando problemas realmente existentes con argumentos de naturaleza ideológica.
Se adujo, por ejemplo, que el bajo nivel de las pensiones y las crecientes dificultades de financiación en una serie de cajas de compensación paralelas eran problemas inherentes al sistema. Sin embargo, en realidad, estos problemas eran causados por parámetros específicos que podían corregirse sin una reforma integral. De hecho, expertos como Jaime Ruiz Tagle, miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional creado por Michelle Bachelet, han concluido que una reforma parcial del sistema de reparto era perfectamente factible.
No obstante, la reforma total encarada por la dictadura hizo que, a partir de 1982, la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia fueran ingresados compulsivamente al nuevo sistema privado y obligados a adherir a alguna Administradora de Fondos de Pensión (AFP). Las únicas excepciones fueron los integrantes de las Fuerzas Armadas y los Carabineros, además de algunos pocos aportantes que en el momento del traspaso permanecieron en el antiguo sistema de reparto.
Desafíos y Resultados Inesperados del Modelo
El sistema de capitalización individual obligatorio fue propagado internacionalmente como un ejemplo exitoso. Sin embargo, la realidad actual muestra una cara radicalmente distinta, donde muchas de las metas planteadas originalmente no pudieron ser alcanzadas.
Gastos de Transición
El traspaso del antiguo régimen de reparto al nuevo sistema ha generado hasta hoy enormes gastos de transición. Entre 1981 y 2004, el déficit del sistema previsional público, resultante del pago de pensiones del sistema antiguo, el reconocimiento de derechos adquiridos, el traspaso a los fondos de pensiones privados y el pago de pensiones asistenciales y subsidios para alcanzar la pensión mínima, ascendió, en promedio, a 4,7% del PIB. A este porcentaje se sumaron gastos del orden de aproximadamente 1,3% del PIB para financiar el déficit de las cajas de pensiones de las Fuerzas Armadas y los Carabineros. Estas cifras son claramente mayores que el déficit que se registraba en 1980 (alrededor de 1,8%), antes de que la reforma entrara en vigor. Entre 1996 y 2006, más de un cuarto del gasto público se destinó al sistema previsional.
Cobertura y Densidad de Aportes
A fines de 2007, la población de Chile ascendía a 16,7 millones de personas. Aunque aproximadamente ocho millones estaban afiliadas a las AFP (personas que hayan efectuado al menos un aporte durante su vida), el número de aportantes activos era de 4,37 millones. Considerando que la población económicamente activa de Chile ronda los siete millones, esto significa que alrededor del 62% de la población activa aporta a un fondo de pensiones privado, mientras que otro 3,7% continúa aportando al sistema antiguo. Esto implica que la cobertura alcanza a dos tercios de la población, siendo, según datos oficiales, la más alta de América Latina y abarcando un porcentaje comparativamente mayor del sector de menores ingresos.
No obstante, este buen posicionamiento queda relativizado si se considera que, después de más de un cuarto de siglo, la extensión de la cobertura no aumentó en comparación con la vigente en 1975, a pesar de que desde 1990 el ingreso per cápita del país se incrementó más de cuatro veces. Aún al día de hoy, más de un tercio de la población activa sigue careciendo de cobertura previsional contributiva, lo que afecta sobre todo a los trabajadores autónomos.
Al mismo tiempo, la cobertura total no refleja la realidad completa, ya que los afiliados a las AFP aportan solo en forma esporádica, generando "lagunas previsionales". La densidad de aportes promedio es de alrededor del 52% de la vida laboral. Existen diferencias de género muy claras: la densidad de aportes de los hombres asciende a casi 60%, mientras que la de las mujeres es inferior al 44%. Un cuarto de los afiliados efectúa aportes por un periodo que llega apenas al 24% de su vida laboral, y solo el 30% de los afiliados alcanza el 80% de densidad de aportes, que fue el nivel supuesto al inicio de la reforma.
Prestaciones y Montos de las Pensiones
En 2007, el Estado chileno pagó alrededor del 68% de todas las pensiones. De estas, 1.400.000 (más de un tercio) correspondían a pensiones de vejez provenientes de derechos adquiridos en el antiguo sistema de reparto, y el 30% fueron pensiones asistenciales, financiadas por recaudación fiscal y otorgadas según criterios de pobreza. Dos tercios de las pensiones estatales (excluyendo las asistenciales) las perciben mujeres, aunque ellas reciben apenas el 61% de las prestaciones de los hombres.
A fines de 2007, el sistema previsional privado pagó 642.000 pensiones, dos tercios de las cuales correspondían a pensiones de vejez. Apenas el 34% de todas las pensiones privadas son percibidas por mujeres. La mayor parte de las pensiones se financia, al menos parcialmente, con los recursos que el Estado transfiere a las AFP en calidad de bonos de reconocimiento, que equivalen a los aportes previos al sistema público más un ajuste de alrededor del 4% anual.
El sistema privado ofrece dos modalidades de retiro:
- Retiro Programado: La persona percibe una renta temporal calculada sobre el capital acumulado, la expectativa promedio de vida y la rentabilidad anual de su fondo. Si el capital se agota y las prestaciones son menores que la pensión mínima, puede solicitar la garantía estatal de pensión mínima (con mínimo de 20 años de contribución) o una pensión asistencial.
- Renta Vitalicia Inmediata: Consiste en entregar el capital acumulado a una empresa de seguros, que garantiza una renta vitalicia descontando previamente su comisión.
También es posible una Pensión Anticipada si el capital acumulado permite generar una pensión que supere el 61% de los ingresos de los últimos diez años y sea 30% más alta que la pensión mínima de vejez vigente.
En cuanto al monto promedio de las pensiones de vejez, sobrevivencia e invalidez en ambos sistemas, estas rondaban los 352 dólares en las AFP y los 415 dólares en el sistema estatal (una diferencia del 18%). Para las pensiones de vejez puras, la diferencia era aún mayor: 337 dólares en las AFP (410 si se incluyen retiros adelantados) frente a unos 510 en el sistema estatal, lo que representa una diferencia del 51% o 25% respectivamente. Es importante destacar que en el sistema estatal, un 80% de pensionados percibía haberes por debajo de los 370 dólares, mientras que aproximadamente el 9% de las pensiones de vejez estatales ascendían a unos 1.177 dólares en promedio, beneficiando principalmente a miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, para quienes se mantuvo el antiguo sistema de reparto.
La promesa de que el monto de las pensiones privadas ascendería al 80% de los últimos ingresos no se cumplió. Según cálculos del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, los hombres que se retiren entre 2020 y 2025 percibirán pensiones cuyo monto rondará el 51% de sus ingresos, y en el caso de las mujeres, apenas el 28%. Las diferencias también son enormes entre distintos niveles educativos: hombres con título universitario pueden percibir hasta el 110% de sus ingresos anteriores, mientras que mujeres con estudios primarios apenas llegan al 11%. Además, el aumento de la expectativa de vida hará que las pensiones sigan bajando.
Usted Pregunta: ¿Es cierto que va a aumentar la expectativa de vida para el cálculo de ...
Proyecciones oficiales indican que las pensiones puramente contributivas del 66% de las personas nacidas entre 1956 y 1961 estarán por debajo de los 154 dólares, y las del 20% rondarán los 300. Para el periodo 2020-2025, el 46% de las personas (61% en mujeres) tendrá pensiones contributivas por debajo de la pensión mínima sin derecho a un subsidio, debido a que las prestaciones estatales solo se otorgaban a quienes habían aportado durante 20 años a los fondos privados pero no acumularon capital suficiente para financiar una pensión mínima.
Desarrollo y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones
El bajo monto de las pensiones se debe, entre otras cosas, a los elevados gastos administrativos. Tras los descuentos del seguro de invalidez y de sobrevivencia (SIS), estos gastos ascienden, en promedio, al 4% de los aportes efectuados. Los trabajadores de bajos ingresos en relación de dependencia son quienes cargan con mayores costos debido a las comisiones fijas adicionales, obteniendo prácticamente nulas tasas de retorno positivas. Según Mesa-Lago, los gastos administrativos en las AFP ascienden al 20% de los aportes, mientras que en las cajas de pensión públicas la cifra ronda apenas el 3,5%.
Las AFP anunciaron oficialmente una tasa de retorno promedio del 10% desde el inicio del sistema. Sin embargo, este porcentaje está fuertemente influido por las tasas de crecimiento extremadamente altas de los primeros años. Considerando las comisiones y la tendencia a la baja de la rentabilidad en los últimos diez años (a pesar del crecimiento constante de volúmenes), la rentabilidad real de las inversiones de los afiliados se sitúa entre 4,5% y 6,5%. El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda) calculó una rentabilidad de apenas 3,5% para el periodo 1990-2005.
Paradójicamente, la rentabilidad de las AFP como entidades orientadas a obtener ganancias siempre se mantuvo en un nivel mucho más alto que la de sus instrumentos de inversión. Para quienes las manejan, las AFP resultaron "una mina de oro", con ganancias claramente por encima del sector financiero (excepto en 2006). Entre 1991 y 2004, la rentabilidad del capital propio se mantuvo alrededor del 27%, e incluso en el peor año (1996) rondó el 16,8%. Según otras bases de cálculo, entre 2000 y 2003, la rentabilidad superó el 50%.
Al mismo tiempo, se produjo un fuerte proceso de concentración. A mediados de 2007, los activos del sistema de capitalización alcanzaron los 100.000 millones de dólares, una cifra equivalente al 70% del PIB. De las 22 AFP que existían a comienzos de los 90, solo sobrevivieron seis, constituyendo un oligopolio. Las tres AFP más grandes concentran el 79% de los afiliados y el 80% de los activos administrados. Los grupos que controlan las AFP ejercen un inmenso poder económico y político, mientras que la clase trabajadora organizada no tiene ninguna incidencia en la administración del dinero invertido.
El Sistema de Pensiones en Chile: Estructura Actual y Reformas
El sistema previsional chileno tiene como objetivo entregar pensiones a quienes han terminado su vida laboral activa por cumplir la edad legal de jubilación (65 años para hombres y 60 años para mujeres) o por algún impedimento para continuar trabajando. Desde el diagnóstico de 2006, que mostró una parte de la población sin ahorros suficientes para financiar su pensión, se han propuesto y implementado distintas medidas. El Sistema de Pensiones en Chile está conformado por tres pilares principales.
1. Pilar Contributivo Obligatorio
Este pilar se basa en la capitalización individual y se financia a través del ahorro individual obligatorio de cada trabajador. La afiliación a las AFP y la cotización es obligatoria para trabajadores dependientes y, a partir de 2018, para trabajadores independientes a honorarios. Los trabajadores remunerados o no remunerados que no están obligados a afiliarse pero pueden hacerlo son los trabajadores independientes no honorarios o por cuenta propia, y los afiliados voluntarios.
Cada afiliada o afiliado a una AFP debe cotizar de manera obligatoria el 10% de su remuneración, sueldo o ingreso imponible en una cuenta de capitalización individual, que es de propiedad de cada trabajador. Las AFP, entidades privadas reguladas y fiscalizadas por el Estado, invierten el dinero de los trabajadores para hacerlo crecer. Por su labor de administrar los fondos, las AFP cobran una comisión, fijada libremente y de carácter uniforme para todos sus afiliados.
Adicionalmente, a partir de la Ley N° 21.735 de Reforma Previsional, publicada el 26 de marzo de 2025, se incorpora una nueva cotización de cargo del empleador. Esta cotización comienza con una tasa inicial del 1% y aumentará cada año, por un periodo de nueve años, hasta llegar al 7% de la remuneración del trabajador. Este porcentaje se registra como un Bono de Seguridad Previsional que genera intereses y se suma a la cuenta individual de capitalización cuando cumplan la edad legal para pensionarse.
2. Pilar Contributivo Voluntario
Este pilar permite a los afiliados al sistema de pensiones complementar sus fondos previsionales con el fin de mejorar el monto de la pensión final o adelantar el momento de la pensión de vejez. Previo a la reforma de 2008, el Pilar Voluntario solo contemplaba la existencia de una Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2). En el marco de la reforma previsional de 2008 (Ley N° 20.255), se agregaron las cuentas de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC). Estas pueden ser gestionadas por AFP, bancos y compañías de seguros de vida (CSV), entre otras entidades supervisadas por la Superintendencia de Pensiones o la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
3. Pilar Solidario (No Contributivo)
El sistema previsional chileno tiene sus raíces en el antiguo Sistema de Reparto, administrado por cajas previsionales que establecían condiciones de afiliación y cobertura, y donde los recursos iban a un fondo común para financiar las prestaciones. Esas cajas dejaron de existir con la instauración del "Sistema de AFP" en 1980 (Ley 3.500), aunque algunos afiliados permanecieron en el antiguo régimen.
En marzo de 2008, con la Ley N° 20.255, entró en vigor el Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), un sistema solidario con financiamiento estatal cuyo objetivo era mejorar las pensiones de las personas que no tendrían ahorros suficientes. Desde el 1 de febrero de 2022, los beneficios de vejez del SPS o Pilar Solidario fueron reemplazados por un nuevo instrumento de protección social, también financiado completamente por el Estado: la Pensión Garantizada Universal (PGU). En 2008, 450.000 hombres y 750.000 mujeres ya eran beneficiarias de este sistema.
Dentro del Pilar Solidario se destacan:
- Beneficio por Años Cotizados: Una ayuda transitoria por los siguientes 30 años, que busca premiar la trayectoria laboral de hombres y mujeres con una pensión proporcional a los años cotizados.
- Cotización con Rentabilidad Protegida (CRP): Una cotización que realizarán las y los empleadores a partir de agosto de 2026, para financiar el Beneficio por Años Cotizados de las actuales personas pensionadas. Estos aportes se devolverán (con intereses y garantía del Estado) a los trabajadores cuando se pensionen.
- Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS): Un seguro existente que entrega cobertura con aportes adicionales a personas afiliadas no pensionadas que sufran invalidez o a su familia en caso de fallecimiento. El monto de la pensión de invalidez es financiado con los recursos previsionales ahorrados por el propio trabajador, junto con el aporte del SIS.
Modalidades y Tipos de Pensiones
El sistema de pensiones chileno contempla diversas modalidades y tipos de pensiones para atender las distintas situaciones de los afiliados:
Tipos de Pensiones
- Pensión de Vejez: Corresponde al monto financiado con los recursos acumulados en la cuenta previsional a lo largo de la vida laboral del trabajador, al cumplir la edad legal de jubilación (65 años hombres, 60 años mujeres).
- Pensión de Vejez Anticipada (antes de los 60 o 65 años): La ley permite anticipar la pensión si el afiliado logra financiar una pensión igual o superior al 70% del promedio de las rentas imponibles de los últimos 10 años de trabajo, o que el monto de la pensión sea igual o superior al 80% de la pensión máxima con aporte solidario (PMAS) vigente a la fecha de la solicitud.
- Pensión de Vejez Anticipada por Trabajos Pesados: Derecho del trabajador dependiente (regulados por la Ley N° 19.404) que ha desarrollado labores consideradas como trabajos pesados, permitiéndole obtener una pensión de vejez con una edad inferior a la exigida.
- Pensión de Invalidez: Acceden aquellos trabajadores afiliados al Sistema, entre los 18 y 65 años, que no estén pensionados por vejez. Para obtenerla, deben pasar una evaluación médica que los declare como discapacitados por la pérdida de al menos un 50% de sus capacidades físicas o mentales. El monto se financia con recursos previsionales propios y el aporte del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
- Pensión de Sobrevivencia: Beneficio al cual tienen derecho los componentes del grupo familiar del afiliado fallecido que cumplan los requisitos legales respectivos (cónyuge, madre/padre de hijos de filiación no matrimonial, hijos, padres).
Modalidades de Pensión
Al momento de pensionarse, los afiliados pueden elegir entre:
- Renta Vitalicia Inmediata: Traspaso del total de los fondos a una Compañía de Seguros. El monto de la pensión es fijo en UF.
- Retiro Programado: El ahorro previsional se mantiene en la AFP. El monto de la pensión es variable y se recalcula año a año.
La Superintendencia de Pensiones cuenta con un Simulador de pensiones para ayudar a los afiliados a tomar decisiones informadas.
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