La situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) ha sido objeto de una profunda crisis que ha puesto en evidencia las deficiencias estructurales y la falta crónica de recursos económicos. Esta problemática se ha manifestado en diversas instancias, desde comisiones parlamentarias hasta denuncias de funcionarios y expertos, revelando un panorama de precariedad que afecta directamente la vida de miles de niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado.
Contexto y Magnitud de la Crisis
Las diferencias entre los funcionarios y la dirección del Sename quedaron en evidencia en diversas citas parlamentarias, donde legisladores escucharon a dirigentes de asociaciones de trabajadores, a Gendarmería y al titular del servicio. En estas jornadas, se observó que una serie de factores intervienen en la actual crisis. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Alejandro Navarro, comentó que la institucionalidad del Sename "no da para más, por lo que debemos hacer cambios normativos", destacando la existencia de 143 proyectos de ley en tramitación asociados a la infancia.
Los centros están sobrepoblados, y de los cuatro mil trabajadores del servicio, un 25% cada mes presenta licencia médica por estrés, lo que indica un sistema deficiente. Es imperativo que se destinen más recursos para solucionar la precariedad actual del sector, además de establecer definiciones políticas claras respecto a la necesidad de una política integral de la infancia. La crisis en el Sename es más grave que muchos otros problemas del país; se trata de una crisis humanitaria que enardece a la ciudadanía, mientras el debate político se centra en identificar responsables.
Esta crisis se prolonga por más de una década, y los sucesivos gobiernos la han enfrentado con reformas menores y un aumento paulatino de fondos, sin alterar las condiciones estructurales desde la creación del organismo en 1979.
La Precariedad Financiera del Sistema
La mayor parte de los problemas del Sename descansan en la precariedad del sistema. Un dato crucial es que el 95% de los centros del servicio son privados; por ello, una gran parte del presupuesto anual de 118 mil millones de pesos se destina a estas casas de acogida. El senador Baldo Prokurica cuestionó que no se esté priorizando la situación de los niños "considerando la precaria situación económica en que viven".
Según el Ministerio de Hacienda, el presupuesto del Sename registró un crecimiento real del 8% en la última década, un punto porcentual por encima del aumento del gasto total. En 2016, el 61% del presupuesto, que ascendió a $261.815 millones (US$392,5 millones), fue traspasado a organismos de administración delegada, mientras que el 39% fue gestionado por el propio servicio estatal. Sin embargo, a pesar de este aumento y de los esfuerzos por mejorar la gestión, la magnitud de la crisis sugiere la necesidad de un cambio estructural mayúsculo.
Déficit de Personal y Hacinamiento
Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios, señaló que todos los centros tienen déficit de personal administrativo, profesional y médico. Además, "no hay espacio para tantos niños, lo que genera hacinamiento". La necesidad de crear más centros de administración directa y lugares de acogida en cada región es urgente para evitar complejos traslados y asegurar una atención adecuada. Los cambios en infraestructura tampoco han sido adecuados; los centros actuales "se parecen más a prisiones y deberían ser escuelas de formación", con espacios reducidos y muros altos.
Rubén Munizaga, líder de Anfur, explicó que "no tenemos capacidad de atender a niños con trastornos psiquiátricos", a pesar de que la mayoría de los menores atendidos tienen alguna patología asociada y el Ministerio de Salud no se hace cargo de esto. Lamentablemente, "muchos niños que no tienen trastornos psiquiátricos terminan con uno porque, debido al hacinamiento, deben relacionarse con aquellos que sí están enfermos". De hecho, el 70% de los niños requiere psicofármacos y un 10% necesita internación.
Walter Arancibia, presidente de Antrase, añadió que los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread), diseñados para niños altamente complejos, están recibiendo a menores que no cumplen ese perfil por derivación de los Juzgados de Familia. Esto impide cumplir con la función específica de los Cread. En 2014, 190 mil niños ingresaron al sistema de protección, pero solo poco más de 3 mil fueron derivados a estos centros, y ni siquiera la mitad debería haber estado allí. "Hay dos educadores por casa y en cada una hay en promedio 30 niños. Un profesional para esa misma proporción es poquísimo, así es imposible que se puedan hacer las intervenciones en forma adecuada. Cada niño debería tener a lo menos, 2 sesiones semanales".
Causas Profundas de la Crisis Financiera y Estructural
La crisis del Sename no es reciente; se conoce desde hace al menos quince años. El experto en políticas públicas Jorge Araya señala que una de las principales complicaciones en la tramitación de iniciativas de reforma es la gran cantidad de recursos que requeriría una reforma de esta envergadura. "El mundo político y el Gobierno no confiesan con claridad que este proyecto requiere un insumo de recursos muy superior al existente para el Sename. Hay una causa no confesada que ha entrampado su avance", sostiene Araya, quien estima que los recursos necesarios para dividir el servicio podrían superar el costo de la creación del Ministerio Público y la Reforma Procesal Penal.
Otras causas incluyen los intereses gremiales de los funcionarios, que ejercen presión para defender su trabajo e ingresos, lo que choca con la necesidad de profesionalizar y renovar el personal. Además, la presión de movimientos sociales ha llevado a la administración política a priorizar otros temas, como educación y salud, que ofrecen mayores réditos electorales al afectar a una proporción más grande de la población. "Es duro decirlo, pero lo del Sename solo afecta a esos menores y a sus familias", lamenta Araya.
El Modelo de Tercerización y su Fracaso
La crisis del Sename es un claro ejemplo del fracaso del modelo de tercerización que ha caracterizado la política fiscal chilena desde la década de 1970. Este modelo, basado en achicar el Estado para dar mayor espacio al sector privado, buscando supuesta eficiencia y optimización de recursos, ha demostrado ser insuficiente en el ámbito de la protección de la infancia.
El diputado René Saffirio argumenta que "existe una red de partidos y de instituciones que son el núcleo de la tragedia del Sename" y que esta red "se alimenta con recursos del Estado para perseguir fines políticos subalternos y no es debidamente fiscalizada", impidiendo responder al propósito fundamental de protección. La responsabilidad del Estado es la misma, incluso cuando delega funciones a proveedores privados, lo que implica una fiscalización estricta para garantizar los derechos de los menores.
Consecuencias de la Precariedad en la Atención
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que casi un 49% de los menores del Sename entrevistados denunciaron vulneraciones graves de sus derechos, como maltrato físico, mental o psicológico, y explotación sexual. Un estudio del Centro de Políticas Públicas UC reveló que un 44% de los niños en residencias de la red Sename ha sido víctima de algún tipo de maltrato, y un 10% ha sufrido abuso sexual.
Estas vulneraciones se asocian al abandono del Estado en políticas públicas de infancia y al paupérrimo financiamiento. A pesar de que constantemente se aumentan las exigencias a la red de centros colaboradores del Sename para una intervención especializada y de excelencia, se entregan escasos recursos para garantizar su efectividad. Muchos centros funcionan con un déficit considerable de fondos, que no alcanzan para cubrir necesidades básicas como recursos técnicos, materiales de aseo o incluso para pagar sueldos de profesionales. Esto obliga a los centros a "realizar malabares con el presupuesto", generando un alto nivel de desgaste entre los trabajadores que deben cumplir "metas inalcanzables" con precarios recursos.
Retiro de Colaboradores y el Impacto en los Niños
Una grave consecuencia de la falta de recursos es el retiro de organizaciones que actuaban como proveedores de servicios para el Sename. Fundación María Ayuda, por ejemplo, cerró dos hogares en Concepción, señalando que "es inconcebible que tengamos que cerrar dos centros muy bien evaluados por falta de recursos. Es, en consecuencia, una decisión política y no presupuestaria. El Sename aumentó las exigencias en los programas, y nos parece bien, pero no lo aparejó con más presupuesto".
El estudio de UNICEF y el Poder Judicial develó que la "solución legal" de separación frente al maltrato grave a menudo trae consigo nuevas vulneraciones, como la ruptura de vínculos familiares y la violencia institucional. El tiempo promedio de permanencia en las residencias es de 2,7 años, convirtiendo una situación provisoria en prolongada. Las residencias carecen de condiciones mínimas para encuentros familiares, con horarios restringidos y espacios inapropiados, lo que dificulta la reconstrucción de vínculos y hace que la separación sea vivida como un castigo.
World Vision y su análisis sobre la crisis del Sename
Propuestas y Desafíos para una Reforma Integral
Los legisladores que han participado en las comisiones de derechos humanos han destacado que se necesitan más recursos para solucionar la actual precariedad del sector, pero también definiciones políticas claras respecto a la necesidad de una política integral de la infancia. Los proyectos de ley enviados al Congreso por la Presidenta Bachelet proponen dividir el servicio en dos: uno dependiente del Ministerio de Desarrollo Social para protección, y otro del Ministerio de Justicia para justicia juvenil. Sin embargo, estas reformas no siempre abordan la tercerización de servicios.
En la Comisión de Familia, se ha propuesto "casi cuadriplicar la subvención que el Estado le otorga a cada niño". Este dinero es fundamental para trabajar con los niños más dañados y frágiles de Chile, requiriendo psicólogos, psiquiatras, neurólogos, fonoaudiólogos y educadores. Expertos en políticas públicas y organismos internacionales han cuestionado duramente el sistema actual, señalando la urgencia de una reforma profunda.
Para abordar el maltrato infantil y las vulneraciones institucionales, no basta con la eficiencia o el voluntarismo. La restitución de los derechos de los niños requiere del apoyo de la familia (si es posible), de las educadoras de trato directo, de los profesionales, directores y directorios de las fundaciones, y de la comunidad. La posibilidad de que un niño recupere la confianza en otros se basa en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes y del estigma de su historia previa. Es fundamental considerar a los niños como sujetos plenos de derechos y abordar la dimensión política de la infancia en la sociedad.