El Servicio Nacional de Menores (Sename) ha sido un organismo estatal crucial en la historia de Chile, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado en 1979. Sin embargo, este servicio ha estado por años en la mira de la sociedad debido a la gran cantidad de negligencias y vulneraciones que lo han rodeado, lo que ha llevado a una profunda crisis en el sistema de protección de la infancia.
La Protección Residencial y sus Contradicciones
Una Solución con Nuevas Vulneraciones
Estudios recientes, como el realizado por UNICEF y el Poder Judicial, han vuelto a develar los abusos en las residencias de protección, recordando que anualmente cerca de quince mil niños son atendidos en estos centros. Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia, trae aparejada otras formas de vulneraciones: la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional representada por las prácticas de las residencias. Se entiende que la separación de un niño con su familia de origen es una situación excepcional y transitoria, dados los graves efectos psicológicos, estudiados hace más de 60 años, que tienen este tipo de acontecimientos. En Chile, la internación de niños ha sido un medio frecuente de protección a la infancia gravemente vulnerada y se ha mantenido vigente desde 1758, cuando se fundó la primera casa de expósitos de Santiago.
Permanencia Prolongada y Barreras para la Reunificación
Por ejemplo, un estudio de 2010 - "Focalización del sujeto de atención y propuestas metodológicas para la intervención con niños, niñas y adolescentes en protección residencial" -, encargado por UNICEF y SENAME, señala que el tiempo promedio de permanencia en las residencias es de 2,7 años. Lo que debería ser una situación provisoria, pasa a ser prolongada e incluso permanente. Esto se puede observar en la forma en que está diseñado el sistema de visitas al interior de las residencias, donde habitualmente no existen condiciones mínimas para encuentros que permitan la promoción de relaciones familiares: horarios de visitas restringidos, espacios inapropiados para compartir con los niños, o la distancia excesiva entre la residencia y la casa de la familia. Desde esta perspectiva, la separación que busca proteger es experimentada como un castigo antes que constituirse como una oportunidad para modificar un problema en las relaciones entre padres e hijos.
La separación protege a los niños del maltrato de los padres, pero en sí misma no cambia a los padres. En este contexto de gran adversidad, se presenta una tremenda dificultad para los niños, las familias y los equipos de las residencias: la imposibilidad de desarrollar lazos de confianza, apoyo o solidaridad en función de la restitución de los derechos vulnerados. Aquel desencuentro, prácticamente cotidiano, es el síntoma más evidente de un sistema de protección que en sus cimientos hace inviable la posibilidad de reconstruir los vínculos que se han fragmentado a través de la historia.
Replicación de la Violencia y Desarticulación del Sistema
El problema de la separación y la internación residencial como mecanismo de protección de los derechos no elude, evidentemente, el problema del maltrato infantil o de la negligencia parental. Describir los efectos de la protección residencial nos muestra la complejidad y la desarticulación con la que opera un sistema que, en su afán por proteger, repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales. Esto se evidencia en la frecuencia con que en Chile se destapan situaciones de vulneración en residencias de protección, seguidas de la negación y el silenciamiento de las historias de los niños y niñas internados. Hemos terminado por crear y legitimar un sistema de protección de la infancia segregado, donde la desconfianza circula entre los organismos colaboradores, el SENAME y el Poder Judicial.
Si queremos llevar adelante un proyecto que considere realmente a los niños como sujetos plenos de derechos, no debemos infantilizar la infancia negando su dimensión política y proponiendo sencillamente que este es un problema de eficiencia o voluntarismo que se resuelve entregando mejores prestaciones y servicios a los usuarios. Abordar el maltrato infantil por parte de la familia o las vulneraciones y abusos en manos de instituciones que tienen por principal tarea la protección, no puede desligarse de una discusión que pueda pensar el lugar de los niños y niñas en nuestra sociedad, así como el contexto en el que se desarrolla y reproduce la violencia.
Finalmente, la reparación de los derechos vulnerados no se reduce a la conformación de un ambiente que supla o compense las carencias afectivas y materiales del niño, ni se resuelve por la sustitución de un adulto deficiente por otro mejor. La restitución de los derechos requiere de otros, de la familia si es posible, de las educadoras de trato directo, de los profesionales, directores y directorios de las fundaciones; requiere de la comunidad. De esa forma, la posibilidad de que un niño recupere la confianza en otro, en particular de un adulto, se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, de su historial de vulneraciones y del estigma de su historia previa.
DOCUMENTAL El Laberinto: vivencias de adolescentes y jóvenes con la justicia I UNICEF España
El Informe de Naciones Unidas y sus Implicaciones
Graves y Sistemáticas Violaciones de Derechos Humanos
El Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha tenido y tendrá muchas consecuencias, siendo su efecto más relevante los antecedentes que aporta para caracterizar esta crisis: su definición de grave y sistemática. Que un órgano de Derechos Humanos, encargado de la cautela de un tratado internacional, sostenga que existen violaciones en un país, es algo per se relevante y marca la imagen internacional de un Estado en el tiempo presente y su futuro.
El Comité de Derechos del Niño señala que existen graves y sistemáticas violaciones de derechos garantizados en la Convención de Derechos del Niño en perjuicio de los niños y niñas a cargo de la supervisión del Sename. Son violaciones graves por el gran daño que miles de niños han sufrido en las últimas décadas. La entidad de estas violaciones evidencia un fracaso total del Estado en la materia. Además, cuando se habla de graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos de los niños y niñas en el Sename, las víctimas, que se cuentan por miles a lo largo de las décadas, son personas más cercanas a las víctimas de la dictadura chilena que a las que sufren los efectos de un delito común.
La Obligación de Reparación Integral y Responsabilidades
De esa violación de Derechos Humanos nace la obligación del Estado de reparar a las víctimas de manera integral. Estas medidas de reparación son variables y dependerán en gran medida del caso de que se trate, pero también dependen, por sobre toda otra consideración, del tipo de naturaleza de la vulneración. En el caso del Sename, dadas las características del tipo de violación en que se ha incurrido, no basta con la mera indemnización.
La responsabilidad que se debe perseguir no solo son las penales, sino también las administrativas y políticas que correspondan, ya que lo que interesa saber es quién pudo haber hecho algo y, finalmente, dejó que esto ocurriera. En este punto habrá que esperar que se determine no solo la responsabilidad de los autores directos, sino -y quizá lo más relevante- la responsabilidad de quienes dirigen, ejecutan y aplican políticas y medidas en las instituciones vinculadas a la protección en Chile, especialmente del sistema residencial.
Un segundo grupo de medidas, parcialmente realizadas a través de los Informes de Diagnóstico de la realidad del Sename, busca establecer la verdad de lo ocurrido, los hechos, las falencias y las consecuencias que los niños y niñas cargan por su paso por el sistema. En este punto, se abre un debate pendiente: si necesitamos una Comisión de Verdad sobre lo ocurrido con los niños y niñas bajo la protección del Sename.
Un tercer grupo de medidas están destinadas a la rehabilitación o reparación propiamente tal de los niños y niñas dañados por su paso por el Sename, incluso si ya son adultos. Estas medidas, llamadas de "reparación", son esenciales para reintegrar a las víctimas a su proyecto de vida. La indemnización económica, ya sea en forma de pago único o pensión por un determinado tiempo (o vitalicia), es solo una parte de las medidas de reparación, pero siempre focaliza la atención pública.
Diagnóstico de la Crisis en Sename
Cifras Alarmantes y Abandono Institucional
Entre el año 2005 y 2016, murieron 1.313 personas mientras se encontraban en algún programa de la red del Servicio Nacional de Menores (Sename). En un periodo de 11 años, se registraron 865 decesos, y un caso emblemático fue el fallecimiento de Lisette Villa, una niña de 11 años que murió en 2016 en un centro del Sename, revelando una serie de irregularidades al interior del organismo.
La creación del Sename en 1979, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, ya daba cuenta de una concepción de la infancia como un "estado irregular", manteniendo un enfoque tutelar. La profunda crisis del Sename revela la precaria situación que viven cientos de niños y niñas en nuestro país, donde la vulneración de sus derechos y la afectación de su vida emocional, social y económica no han sido una de las preocupaciones primordiales de la sociedad chilena.
En 2017, se identificaron vulneraciones de todos los tipos y formas, principalmente centradas en una falta de atención generalizada. Esto implicaba descuidos tan básicos como controles médicos o educación en ciertas residencias. La situación que enfrentaban los niños, niñas y adolescentes del servicio era complicada en diversos aspectos de su vida, llevando a que solo en salud mental, un 69,1% de quienes estaban bajo sistema de protección de derechos presentara al menos un trastorno de salud mental. Además, 1.187 niños en residencias del Servicio no se encontraban inscritos en ningún establecimiento educacional. También existe un tema de género, con más niñas que niños en el sistema residencial, y los casos de abuso sexual dentro de los centros son una realidad llevada a cabo tanto por los NNA como por el personal.
La Pobreza y el Estigma Social
La realidad de muchos niños en sectores de pobreza dura es desoladora. Duele la pobreza cuando se conoce de cerca, quizá por eso se intenta ocultar y marginar en extramuros. Testimonios revelan niños que viven solos con sus hermanitas, escondidos de los vecinos para evitar ser llamados al Sename, y juegos infantiles en el recreo que replican escenas de persecución y detención de la PDI. Esta realidad muestra que la solución a la pobreza es multisectorial y no conviene juzgar solo a una de las partes. Apoyar y fiscalizar al Sename importa, pero nunca reemplazará a una familia.
La prevalencia de muerte entre los niños, niñas y adolescentes atendidos en la Red del Sename fue, en promedio, de 0,94 por cada mil entre 2006 y 2014, superior al 0,68 por cada mil entre todos los NNA en Chile. Si bien el Estado se hace cargo de muchos NNA con mayor riesgo de morir de una muerte no natural, no podemos negar la gravedad de las cifras ni la posible negligencia o falta de diligencia. Es inaceptable la falta de interés que hemos tenido como sociedad al no preocuparnos por su suerte. La responsabilidad del Estado para con ellos es mayor y transversal, incluyendo la provisión de recursos y mecanismos para una vida digna.
Transición Hacia un Nuevo Paradigma: Servicio Mejor Niñez
Creación y Expectativas del Nuevo Servicio
El 5 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.302, que crea el “Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica”, conocido como Mejor Niñez. Este nuevo servicio viene a reemplazar al actual Sename y empezó a regir el 1 de octubre, buscando dejar atrás el historial de vulneraciones. Para Branislav Marelic, la creación del Servicio Mejor Niñez es una declaración del Estado diciendo que van a realizar las cosas bien, «pero no asegura que cambie nada».
Esta transición representa todo un desafío, considerando que en Chile todavía no tenemos una ley que garantice los derechos de la infancia. La iniciativa 3xi, junto a la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) y la Comunidad de Organizaciones Solidarias, formó Juntos por la Infancia, buscando trabajar por la calidad de vida y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que viven en residencias del Sename, conectando a las empresas con estos hogares. Este tipo de alianzas son vitales en la etapa de redefinición.
Desafíos y Necesidades para el Futuro
La crisis del Sename ha relevado la necesidad de un nuevo trato con la infancia, con un paradigma totalmente distinto. Una de las críticas al modelo anterior es el enfoque tan específico según cada problema, sugiriendo una mirada más comunitaria respecto de los problemas de salud mental y sociales que tienen los niños. La reforma anunciada por la presidenta Michelle Bachelet, que incluía el aumento del presupuesto y la separación del Sename en dos instituciones, busca precisamente reformular el organismo gubernamental.
Más allá de la separación, es necesario repensar el conjunto de recursos estructurales para los distintos problemas que enfrentarán las dos instituciones. Otro elemento a considerar en esta división institucional es si se continuará bajo una estructura centralizada o con políticas que se implementen a nivel local, en los territorios y en las comunas. Además, las personas que trabajan con niños requieren de una formación en educación social, con una pedagogía que mire al sujeto y lo invite a construir desde sus necesidades, superando la visión de "niño-objeto" o de un "Estado tutelar".
Se ha tendido a separar las infancias, la infractora de ley de aquella que ha sufrido maltrato. No obstante, ambas "son parte de la infancia y son responsabilidad nuestra como sociedad." La ley de Responsabilidad Penal Adolescente (N°20.084) señala que "la sanción no es la intervención" y que "los niños son responsables penalmente, pero no van a ir al sistema penal adulto, sino que tendrán un sistema penal especial". Para lograr una efectiva intervención, se vuelve necesario desarrollar un buen diagnóstico e intervención personalizada, cuyos antecedentes e información sean de acceso integrado en todos los niveles: salud, educación, comunidad, redes, entre otros.