La Superintendencia de Pensiones (SP) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) han intensificado las acciones de fiscalización ante la detección de diversas irregularidades y malas prácticas en el sistema de pensiones. Estas incluyen desde la falsificación de documentos hasta la suplantación de identidad, afectando directamente a los afiliados y la integridad del proceso previsional.
Irregularidades Detectadas en el Mercado de Rentas Vitalicias
Recientemente, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha suspendido a seis agentes de ventas de compañías de seguros de vida, los que se suman a nueve asesores previsionales ya suspendidos por dicha institución y la Superintendencia de Pensiones. Estas suspensiones se enmarcan en las irregularidades detectadas en el mercado de rentas vitalicias.
Los organismos reguladores presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por falsificación de instrumento privado e infracción al artículo 61 bis del decreto 3.500. Esto ocurrió luego de encontrar 1.032 certificados irregulares en el sistema SCOMP. Esta plataforma es crucial para el proceso de intermediación y venta de rentas vitalicias y retiro programado, donde las AFP, compañías de seguros de vida y asesores previsionales tramitan solicitudes de ofertas de pensión para futuros pensionados.
Las irregularidades fueron específicamente detectadas en el Certificado de Ofertas, un documento que se envía al usuario por correo electrónico el día en que se generan las propuestas, y que contiene las distintas opciones para pensionarse. La CMF suspendió a seis agentes de ventas de aseguradoras como Penta (tres), Principal (dos) y Chilena Consolidada (uno), por haber comercializado rentas vitalicias "utilizando certificados no originales en el cierre de las mismas". Las resoluciones de la CMF indican que la suspensión corre "por el plazo de 90 días" y les prohíben "realizar cualquier actividad de comercialización o venta de seguros de renta vitalicia del Decreto Ley N° 3.500".
El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, explicó que "por ahora lo que vemos es un adelantamiento de estos asesores y agentes para cobrar su comisión antes de que el cliente pueda tomar otro asesor o ir directamente a cerrar". Además, detalló que se ha instruido a las AFP que "revisen detalladamente cada uno de los certificados de cierre para asegurar de que no haya cambios en el contenido", y que refuercen la revisión del certificado con el cual las personas van a seleccionar la modalidad de pensión, asegurando que sea el original. También se les ha solicitado reforzar los canales de atención ante eventuales consultas de los afiliados. Sobre posibles multas, Macías señaló que el tema "está en etapa de supervisión", y que la suspensión inicial de 9 asesores previsionales se debió a que "concentraban la mayor cantidad de copias y no originales", con la intención de continuar con otros asesores.
Alcance de la Investigación de Irregularidades
Mediante un comunicado, los reguladores detallaron que se han identificado 6.015 casos en los que los afiliados aceptaron una oferta en un plazo de hasta tres días hábiles de emitido el certificado, independientemente de quién gestionó su pensión. De este total, los fiscalizadores han revisado aproximadamente la mitad, encontrando hasta ahora 1.032 certificados irregulares.
Modus Operandi: Suplantación de Identidad y Falsificación de Cédulas
La información recabada por los reguladores detalla que "lo que ha permitido la ocurrencia de este incidente, sería la suplantación de identidad de los afiliados, a través de la falsificación de cédula de identidad". En este método, se alteran la foto y la huella dactilar de la persona en el documento para que coincida con las del defraudador al momento de una verificación RUT-huella.
Con la cédula adulterada, los impostores logran obtener la clave secreta del afiliado, ya sea de forma presencial en la AFP o a través del call center. Esto les permite acceder a la información personal del afectado en el sitio web, donde obtienen certificados de cotizaciones, que parece ser el principal objetivo de este procedimiento irregular, o realizar giros desde las cuentas de ahorro voluntario que registran saldo. Para estos giros, resetean la clave de seguridad del afiliado.
Medidas y Requerimientos de la Superintendencia a las AFP
La Superintendencia de Pensiones solicitó a las AFP la entrega de un informe en un plazo de cinco días hábiles. En dicho informe, las AFP debían detallar si han detectado casos similares u otros que afecten la seguridad de la información, así como vulnerabilidades en los procedimientos que pudieran permitir la materialización de un fraude. Además, se les requirió el último informe de monitoreo de transacciones del sitio web, con las incidencias materializadas y su "análisis de criticidad", así como los estudios de vulnerabilidad de la página.
La Superintendencia indicó que, tras recibir las respuestas de las AFP, el proceso de investigación continuará y "puede instruir a las AFP reforzar los controles si detectamos vulnerabilidades o debilidades en el diseño de los procesos y sistemas".
Malas Prácticas de Agentes de Ventas: El Caso AFP Provida
La Superintendencia de Pensiones (SP) ha multado con $138 millones a AFP Provida debido a la detección de malas prácticas por parte de sus agentes de ventas. Las fiscalizaciones se iniciaron en 2015, a raíz de análisis de reclamos y denuncias de trabajadores afiliados al sistema y de otras AFP.
El ente regulador señaló que "son de la máxima gravedad las diversas prácticas indebidas denunciadas por afiliados y por la AFP Modelo, entre otras, el pago de incentivos económicos a los afiliados para la suscripción de una orden de traspaso y traspasos no consentidos por los trabajadores afectados".
Clase gratuita: El riesgo de la liberación de la AFP
El documento de la SP indicó que "el procedimiento definido por la AFP presenta deficiencias importantes en el diseño de sus controles y en la ejecución de éstos (...), circunstancias que han facilitado que en su área de ventas se verifiquen malas prácticas de comercialización, irregularidades graves e infracciones a las normas que expresamente regulan la materia". De hecho, la Superintendencia recibió denuncias de AFP Modelo en 2014 y 2015 alertando sobre estas malas prácticas, lo cual fue criticado por Provida en una carta enviada al regulador el 27 de julio de 2015, expresando su "malestar, porque desde hacía un tiempo la AFP Modelo estaba presentando, en forma constante y sistemática, denuncias por supuestas prácticas ilegales en contra de sus agentes de ventas".
Consecuencias de la Falsificación y Vacíos Institucionales: Un Testimonio
Un caso que ilustra las graves consecuencias de la falsificación y los vacíos institucionales es el de un arquitecto de Osorno, quien en marzo de 2010 recibió en su casa una patrulla de Carabineros con una orden de embargo. El embargo se debía a una demanda de AFP Provida por una supuesta deuda de cotizaciones impagas, sumando poco más de $201.000 en dos causas distintas.
Al acudir a AFP Provida y presentar los documentos solicitados, la supuesta deuda fue eliminada del registro en un par de meses, y ambos juicios finalizaron en agosto de 2010. El arquitecto pensó que el problema estaba solucionado.
Sin embargo, tiempo después, al intentar inscribirse como tasador en el Serviu, se le sacaron informes Dicom y descubrió que, aunque la deuda previsional había desaparecido, Fonasa ahora le cobraba. Al investigar en el Instituto de Previsión Social (IPS), no recibió información. Ante esta situación, en junio de 2012, presentó una denuncia en la Fiscalía Local de Osorno por falsificación o uso malicioso de documento público.
La investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) reveló que la persona a la que "debía" el dinero era una mujer de 65 años de Curicó, a quien supuestamente había contratado como temporera por dos meses con un sueldo cercano a los $750.000. La mujer declaró a la PDI que no conocía al arquitecto, que nunca lo había visto, y que jamás había estado en Osorno. Además, afirmó que nunca había trabajado bajo contrato ni cotizado en el sistema previsional.
La PDI también tuvo acceso a dos declaraciones de Previred donde, salvo el nombre y RUT del arquitecto, ninguno de los datos restantes le correspondía. La dirección indicada -en Curicó, donde nunca tuvo domicilio- no era suya e incluso no existía, y el teléfono tampoco era suyo. Esta situación, sumada a testimonios de otras cinco personas que reportaron casos similares de deudas por supuestos empleados no conocidos, llevó al arquitecto a concluir que no se trataba de un error aislado, sino de un mecanismo fraudulento para cobrar deudas inexistentes.
Con toda esta información, el arquitecto presentó denuncias en la Contraloría, las superintendencias de Isapres y de Pensiones, e incluso en Fonasa. Sin embargo, encontró un "vacío": "entre todas esas instituciones se pasan la pelota, responsabilizándose unas a otras y obligándome a ir de un lado a otro sin que me solucionen el problema". Sospecha que "gente del IPS, o no sé de qué otra instancia, conoce bien ese vacío y lo aprovechan". Dado que los montos suelen ser bajos ($80.000 o $100.000 pesos), muchas personas optan por pagar para evitarse problemas y mayores gastos.
A pesar de haber acudido a la Inspección del Trabajo, donde se comprobó la inexistencia de un vínculo laboral entre él y la supuesta empleada, y de presentar todos los antecedentes al IPS en Osorno, Puerto Montt y Santiago, el sistema persiste en la falla y no elimina la deuda. En la fiscalía le indicaron que, mientras no haya un juicio, nadie dictará su absolución, instándole a demandar. No obstante, la pregunta persiste: "¿a quién demando?" El IPS actúa como intermediario de una declaración hecha con su nombre. El arquitecto considera pagar la deuda para evitar más complicaciones, aunque esto implique manchar sus antecedentes. Como resultado, fue excluido del registro de tasadores del Serviu por figurar como deudor, enfrenta problemas para obtener créditos y vender su casa, e incluso para salir del país.
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