El Servicio Nacional de Menores (Sename), un organismo estatal chileno dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y creado en 1979, ha estado en el centro de la atención pública durante años debido a una serie de negligencias y graves vulneraciones de derechos. Estas problemáticas llevaron a la decisión de reemplazarlo por el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez.
La Cruda Realidad: Estadísticas de Vulneración de Derechos
Entre el año 2005 y 2016, murieron 1.313 personas mientras se encontraban en algún programa de la red del Sename. Esta cifra, junto a otros indicadores alarmantes, ha puesto de manifiesto la grave situación de la niñez y adolescencia bajo tutela estatal.
Deficiencias en Salud y Educación
- En 2017, se identificaron vulneraciones de todos los tipos y formas, principalmente centradas en una falta de atención generalizada. Esto implicaba descuidos tan básicos como controles médicos o educación en ciertas residencias.
- La situación que enfrentaban los niños, niñas y adolescentes (NNA) del servicio era complicada en diversos aspectos de su vida. Esto llevaba a que, solo en salud mental, un 69.1% de quienes estaban bajo sistema de protección de derechos presentara al menos un trastorno de salud mental.
- Además, 1.187 NNA en residencias del Servicio no se encontraban inscritos en ningún establecimiento educacional.
- Un 37.3% de los residentes padecía alguna enfermedad psiquiátrica, mientras que un 14.2% presentaba alguna patología médica y un 13.9% sufría una enfermedad crónica. Un 0.4% estaba en estado terminal o en evidente riesgo vital y otro 19.8% presentaba algún tipo de discapacidad.
Abusos y Maltratos
Los casos de abuso sexual dentro de los centros a lo largo del país fueron una realidad, llevados a cabo tanto por los NNA como por el personal. En el 100% de los centros que administraba el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Del total de abusos sexuales, 123 fueron cometidos por adultos y 187 por otros menores.
Adicionalmente, se identificó un tema de género: existían más niñas en el sistema residencial que niños. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales.
Informes y Denuncias que Revelaron la Crisis
El Lapidario Informe de la PDI (2017)
La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo una investigación en 2017 que exploró 240 hogares de menores. Este informe, al que accedió CIPER, fue un resumen de una extensa indagatoria contenida en 28 tomos, realizada a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investigaba las 1.313 muertes en centros del Sename reportadas tras el deceso de Lissette Villa. La PDI concluyó que "el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela".
Tan grave como los hallazgos fue el hecho de que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, criticó que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer este documento cuando estuvo listo.
El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependían directamente del Sename se habían cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. La policía constató que la violación de derechos sistemática se cometió en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. Asimismo, en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, y 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos. El informe policial fue categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Otros Reportes y Comisiones Investigadoras
El reporte de la PDI se sumó a una cadena de informes previos, entre los que destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef liderada por la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de sus hallazgos impulsó varias investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. También se sumó un reporte de la ONU, aunque este último visitó solo cuatro residencias, mientras que la PDI consideró 240 de un total de 241 a nivel nacional, lo que le dio un carácter mucho más completo.
Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados en 2017 emitió un informe de 535 páginas donde reprochó "deficiencias graves en el sistema de protección de la infancia". Acusó que el Ministerio de Justicia y las autoridades del Sename fueron advertidos y tenían conocimiento de graves incumplimientos, señalando que "la misión específica de cautelar y dar protección a niños, niñas y adolescentes que le corresponde al Ministerio de Justicia y al Sename, es algo en lo que se fracasó".
Casos Emblemáticos que Conmovieron a la Nación
El Fallecimiento de Lissette Villa (2016)
La muerte de la pequeña Lissette Villa el 11 de abril de 2016 en el CREAD Galvarino conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia. Las investigaciones judiciales y pericias forenses concluyeron que Lissette murió por asfixia por sofocación, producto de una compresión mecánica externa: personal del centro la inmovilizó boca abajo en el suelo y una cuidadora se sentó sobre su espalda para “controlarla”, impidiéndole respirar.
Lissette pasó más de la mitad de sus 11 años entrando y saliendo de centros del Sename. Desde los 5 años, la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella, con evaluaciones del Sename que incluían maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional", una explicación considerada poco satisfactoria y ética que le costó el puesto.
El Caso de Guillermina (2012)
Otro caso trágico fue el de Guillermina, de 16 años, quien llegó a "medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada del Sename en agosto de 2012. Se resistió violentamente al reingreso y, menos de media hora después, fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional, no fue llevada a un hospital para estabilizarla o para un chequeo médico completo.
La querella presentada por su familia no prosperó, y su muerte quedó registrada como un número más en la lista de "egresos" del sistema, evidenciando un "caos estadístico" en el registro de fallecimientos, donde las cifras oficiales no eran confiables.
La Tragedia de Puerto Montt (2007)
Un episodio emblemático ocurrió en 2007 en un centro del Sename en Puerto Montt, cuando jóvenes residentes se amotinaron, provocando un incendio de gran magnitud. Tras ser controlado, se confirmó la muerte de ocho adolescentes y otros dos con muerte cerebral, quienes fallecieron posteriormente. En total, diez jóvenes perdieron la vida.
Reportajes 24: Sename, el infierno infantil | 24 Horas TVN Chile
Fallas Estructurales y Operacionales del Sistema
Deficiencias en la Atención y Cuidado
La PDI constató que el 44.5% de los centros no cumplían con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados eran aterradores: el 72.9% de los centros a nivel nacional no contaba con protocolo ante conductas suicidas y un 76.7% no disponía de protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue precisamente por errores en la contención de una crisis. Además, la gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Muchos de los maltratos de adultos se producían en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en hogares de organismos colaboradores, otros 137 casos similares.
Otro aspecto crítico es el personal. El equipo de la PDI también constató que 42 centros no tenían un encargado de salud, y en los que sí lo tenían, la función era ejercida por funcionarios que no cumplían el perfil necesario, o por técnicos de un área distinta a la salud. En 159 centros (66.3%), la persona encargada de la administración de fármacos en jornada diurna era un educador de trato directo sin formación profesional ni técnica en el área de la salud, a quien solo se le exigía cuarto medio.
Fiscalización Ineficaz y Falta de Transparencia
Aunque el 98.3% de los centros recibía fiscalización periódica por parte del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa", lo que las hacía ineficaces. Los tribunales de familia, que debían fiscalizar los centros al menos cada seis meses, en algunos casos solo realizaban visitas anuales.
La gestión de la ex ministra de Justicia Javiera Blanco fue severamente criticada por no entregar una cifra precisa de niños fallecidos, lo que generó "una espiral de incertidumbre". La comisión investigadora señaló que esta actitud constituyó "un actuar negligente e inexcusable". También se constató la existencia de una "cultura de desprotección de derechos" y discriminación en las modalidades de atención a NNA de escasos recursos. Se evidenció un desvío constante de la atención a cuestiones accesorias en lugar de abordar los problemas esenciales, lo que llevó a la certeza de que "el Estado ha sido incapaz de crear condiciones mínimas para los niños que tiene a su cargo".
La Problemática de la Sobremecicación
La "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros era "generalizada", con stocks en cualquier parte y problemas graves con la dosificación. Se reportó que el 63% de los niños estaba con tratamiento farmacológico, y más de 3.000 niños sin la debida atención médica especializada. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sugirió que ella estaba "sobremedicada" con fármacos que, en las dosis administradas, actuaban como antipsicóticos o tenían efectos adversos.
Esta dramática situación se acrecentaba, ya que el 93.8% de los centros del Sename "no contaba con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos". Además, Chile tenía la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, sin suficientes camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil.
El Contexto Histórico de la Protección a la Niñez en Chile
El sistema de protección a la niñez desde el Estado tiene una larga data en el país. A fines de los años veinte, se instaló un sistema "moderno" para disputar a la filantropía y caridad tradicional la protección de la infancia abandonada. Las acciones destinadas a la protección y rehabilitación se consolidaron a través de una nueva Ley de Menores en 1968, aunque con escasas variaciones respecto a la previa.
Funcionó con una red administrada por la institucionalidad pública, ejecutada principalmente por privados subvencionados, y a cargo de instituciones religiosas y fundaciones privadas. Sin embargo, este sistema armó un entramado que unió la inercia de las prácticas carcelarias y del asistencialismo, manteniendo un fuerte componente privado.
La fragilidad de esta política se debió a la exigua respuesta estatal. Durante décadas se denunció la carencia y desprotección del sistema, la escasez de instituciones de rehabilitación, la permanencia de niños en cárceles, la insuficiente cobertura, falta de infraestructura, y continuos motines y abusos. La privatización del sistema bajo dictadura no hizo más que profundizar estas características.
El Sename, creado en 1979, encabezó el proceso de ampliación de los sistemas de atención de carácter privado y la aplicación de un modelo de intervención que privilegió la institucionalización. Los cambios normativos a partir de la firma de la Convención de los Derechos del Niño en 1990 no variaron la estructura de la protección, que siguió basándose en subvenciones a instituciones privadas, manteniendo el Estado un rol subsidiario de supervisión y control financiero.
El Nuevo Servicio Mejor Niñez: Expectativas y Desafíos
En este contexto, el 5 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.302, que crea el “Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica”, conocido como Mejor Niñez, para reemplazar al Sename. En 2021 se marcó el cierre definitivo del Sename, que durante 46 años estuvo a cargo de la protección de NNA y de jóvenes infractores de la ley. Mejor Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene el objetivo exclusivo de proteger a NNA gravemente vulnerados en sus derechos. El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil asumió la parte de justicia juvenil.
La creación de Mejor Niñez generó grandes expectativas para saldar las deudas históricas del Estado de Chile. Sin embargo, a casi cuatro años de su puesta en marcha, no hay un acuerdo que permita que los NNA puedan contar con un servicio que pueda trabajar tranquilo. La implementación adoleció de imperfecciones y errores, incluso abriendo una nueva residencia de administración directa del Sename tan solo 15 días antes de su cierre, lo que fue calificado como una irresponsabilidad. Según Branislav Marelic, si bien es una declaración de intenciones, "no asegura que cambie nada".
Muchos de los problemas que caracterizaron al antiguo Sename no solo no se han superado, sino que en algunas áreas son aún más graves. Los problemas en las licitaciones de los proyectos de Mejor Niñez han sido tan serios que justificaron la creación de una comisión especial investigadora en el Congreso. El número de supervisiones realizadas por Mejor Niñez es bajo respecto del total de residencias y programas, debido a déficits en la contratación de personal.
Las causas de estos problemas incluyen la aprobación de la ley antes de la Ley de Garantías, un período de vacancia muy acotado para levantar un nuevo servicio, y contar con un equipo implementador pequeño y sin experiencia previa. Además, las instituciones deben responder públicamente, no solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda en entredicho.
Actualmente, organismos nacionales como la Defensoría de la Niñez (2024), INDH, el Centro de Derechos Humanos-UDP (2023), e internacionales como la Corte Interamericana y el Comité de Derechos del Niño (2022) siguen certificando datos alarmantes sobre la infancia vulnerada. Es alarmante que a poco de iniciada la implementación de una nueva institucionalidad ya se hable de crisis, cuando se trata de una política marcada por una crisis permanente.
Existe una resistencia a revisar medidas de protección en plazos más acotados, y los tiempos de espera para una audiencia de medida de protección pueden sobrepasar los 3 meses, un periodo que para la vida de un NNA puede significar su estabilidad emocional y física. Los Tribunales de Familia, muchas veces, derivan niños a residencias sin que estas estén preparadas. La cantidad de NNA que requieren ayuda especializada es creciente y el Servicio no da abasto. No basta con invertir recursos económicos; se requiere personal idóneo y preparado, cuya formación toma tiempo.
Una de las críticas es el enfoque tan específico según cada problema, sugiriendo que sería mejor tener una mirada más comunitaria respecto de los problemas de salud mental y sociales. Además, se requiere una planificación ordenada, con calma, con gente especializada y sin "apitutamientos políticos".
Propuestas para una Transformación Real
Frente a este complejo panorama, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados presentó un marco de 64 propuestas para mejorar el sistema. Entre ellas:
- Solicitar al Estado de Chile el reconocimiento oficial por las graves vulneraciones a los derechos humanos de los NNA y el perdón hacia las víctimas y sus familiares.
- Proponer la creación de una instancia amplia, transversal y diversa que se constituyera en la "Comisión Nacional de Verdad en materia de Infancia", a fin de contribuir al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos contra NNA cometidas por el Estado.
Es fundamental que las reformas se efectúen en la implementación de las políticas públicas y la legislación, donde hoy se visualiza la crisis del sistema. Se necesita un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado, con unidades polivalentes y personal dedicado que trabaje también con las familias, buscando que los niños regresen a sus entornos de origen. Además, es crucial que los NNA cuenten con una defensa jurídica adecuada, a diferencia de lo que ocurre actualmente donde a menudo son vistos como un trámite burocrático.