La protección de la niñez y adolescencia en Chile ha sido objeto de múltiples diagnósticos e investigaciones que revelan profundas vulneraciones de derechos, especialmente en el contexto de las residencias del Servicio Nacional de Menores (Sename). Estos estudios, que abarcan desde informes policiales y judiciales hasta análisis de organismos internacionales y nacionales, han puesto de manifiesto una compleja realidad marcada por la violencia, el maltrato y el abuso sexual.
El Lapidario Informe de la PDI (2017-2018): Violaciones Sistemáticas en Centros SENAME
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Sename. Sin embargo, un informe lapidario de la PDI, que en 2017 investigó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual.
Hallazgos y Repercusiones del Informe Policial
Este informe policial, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no se hizo público en su momento, lo que generó una fuerte crítica. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. CIPER accedió a este informe de 257 páginas, que es un resumen de una extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. Emilfork investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette.
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, expresó su preocupación por la falta de difusión pública del documento por parte de la Fiscalía y el gobierno. A su juicio, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. Lo grave del informe es que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año pasado. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, ya que el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240 de un total de 241 que hay en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Detalle de las Vulneraciones Graves de Derechos
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan de la siguiente manera:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos, incluyendo casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
Abuso Sexual en Centros SENAME: Cifras y Contexto
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, contabilizándose un total de 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total). El informe policial es categórico al afirmar que “estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
La Cadena de Denuncias: Otros Informes Clave
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI.
Misión de Observación del INDH (2018)
El Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, entregó las primeras conclusiones de la misión de observación en centros de la red nacional del Servicio Nacional de Menores (Sename), realizada por el INDH entre enero y abril de 2018. El trabajo de observación en terreno consistió en un diagnóstico integral sobre la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) residentes en Centros de Protección de la red del Sename de todas las regiones del país. Consideró 171 centros, el 83% del total de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) y de Convenios Organismos Colaboradores Sename (OCAS). El diagnóstico comprendió la aplicación de tres instrumentos que evaluaron las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos al interior de los centros, las condiciones laborales de los funcionarios/as, y uno aplicado a los niños, niñas y adolescentes para indagar sobre eventuales vulneraciones de derechos de que pudiesen ser víctimas.
Primer Informe SENAME sobre Abuso Sexual Infantil (2016)
En enero del año 2016, el Servicio Nacional de Menores (Sename) publicó el primer informe de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes (NNA) en Chile. Entre las cifras que arrojó este informe, se destaca que existieron 43.292 menores ingresados por la categoría de víctima de abuso sexual y maltrato. Cuando se habla sobre niños, niñas y adolescentes que han sufrido abuso sexual y han ingresado a programas de salud mental para iniciar el proceso de tratamiento, se encontró que el tramo de 4 a 9 años concentra la mayor cantidad de niños y niñas abusadas sexualmente. Otro de los datos impactantes que entregó este sondeo es que las niñas son víctimas de violación con mayor frecuencia que los niños.
Fallas Estructurales y de Gestión en los Centros SENAME
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo, por lo que los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
Incumplimiento de Protocolos y Fiscalización Deficiente
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, nociones básicas para asegurar un piso mínimo de resguardo a la integridad de los niños. Sin embargo, el equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Los resultados son aterradores: el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es especialmente grave considerando que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor. El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan.
La investigación policial determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses; sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
El incumplimiento de los protocolos establecidos en menores el motivo de la denuncia en la Fiscalía
Salud y Atención Médica de los Residentes
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. El desglose de esta afirmación es preocupante: 42 centros no tienen un encargado de salud, y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
El Contexto Actual: Desafíos en Violencia y Explotación Sexual (Diagnóstico 2025)
El "Diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia 2025" presentado por la Defensoría de la Niñez, aunque de un alcance más amplio, también arroja luz sobre la persistencia de desafíos en materia de violencia sexual. Este informe identifica una disminución en los casos policiales relativos a abuso sexual y violación a niñas, niños y adolescentes entre 2023 y 2024, pero advierte la continuación de un importante foco en la explotación sexual, un tópico de especial seguimiento para el Observatorio.
Las cifras proporcionadas directamente por el Ministerio Público evidencian un aumento de 45,12% en el total de delitos ingresados entre 2022 y 2024 por explotación sexual en entornos digitales, siendo la materia más significativa la adquisición y almacenamiento de material abusivo, con un 62%. En cuanto a la interrupción del embarazo, en 2024 se realizaron 89 interrupciones de embarazo de niñas y adolescentes, y de ellos el 88% de los casos fue por causal de violación. Asimismo, en el ámbito de convivencia escolar, las situaciones de conflicto en 2024 han mantenido su tendencia al alza. Sobre el incremento sostenido de las denuncias por discriminación, maltrato a párvulos y/o estudiantes, y situaciones de connotación sexual, las que presentan una mayor proporción durante los últimos tres años son por maltrato a estudiantes, llegando a casi 8 mil denuncias.