Gabriel Salinas es ciego desde la infancia, doctorado en Ciencias Sociales y candidato a doctor en Filosofía. A diferencia del trato que a su juicio se debe dar a los pueblos originarios, cree que no corresponde asegurar escaños reservados para discapacitados en la Convención Constituyente: “Son los valores universales de la democracia los que deben cimentar el trabajo de la Convención y no los intereses de tal o cual corporación (…), de tal o cual colectivo de personas identificadas a una patología, minusvalía o déficit físico, sensorial o cognitivo.”
La discusión sobre la inclusión de escaños para pueblos originarios y, en su marco, para personas con discapacidad, se planteó de forma polémica en la década pasada. En la madrugada del 30 de octubre, la Comisión de Constitución del Senado aprobó un 5% de candidaturas para personas con discapacidad, pero la indicación quedó finalmente en tierra de nadie al no salir adelante en la sala. Esta dinámica muestra cómo la discusión constitucional ha entretejido derechos de distintos colectivos y cómo la discapacidad ha quedado en un terreno de debate entre proyectos paralelos.
Gabriel Salinas Álvarez, sociólogo y profesor universitario, afirma que “Pueblos originarios y discapacidad son temas distintos y la discusión de ambos en la misma jornada creo que no benefició a ninguno de los dos”. Sus argumentos se sostienen en antecedentes de trayectoria institucional: en 1995 formó parte del primer grupo de profesionales que organizó y puso en marcha el Fondo Nacional de Discapacidad (Fonadis), donde estuvo a cargo del Departamento de Estudios hasta 1998.
El texto de este artículo integra un marco amplio de derechos y políticas públicas relacionados con la discapacidad y la accesibilidad. La normativa chilena actual, especialmente la Ley N.º 20.422 y los Decretos que actualizan la OGUC, da un marco para la accesibilidad universal en espacios públicos y edificaciones, con metas que van más allá de la ideación teórica y buscan implementación práctica.
Contexto normativo: accesibilidad universal y diseño para todos
La Ley N.º 20.422, promulgada en 2010, establece que toda edificación o espacio público de uso colectivo debe garantizar accesibilidad universal. Esto incluye veredas, cruces peatonales, parques, plazas, accesos a transporte, mobiliario urbano y baños públicos. No solo aplica a nuevas obras: también se exige en remodelaciones y adecuaciones, conforme a criterios definidos por el MINVU.
Los Decretos N.º 50 (2015) y N.º 30 (2023) actualizan la OGUC y precisan cómo deben ejecutarse los principios de la ley en los espacios públicos. Entre otros aspectos, regulan dimensiones mínimas de veredas y rampas, uso de superficies podotáctiles, mobiliario accesible y señalética para accesibilidad visual y táctil. Estas normas buscan una ruta clara hacia la autonomía de las personas con discapacidad en entornos urbanos.
Definiciones clave y alcance: la norma distingue entre “persona con discapacidad” y “persona con movilidad reducida”, y promueve conceptos como la Ruta accesible, la Huella podotáctil y el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). En síntesis, la normativa obliga a que edificios y espacios públicos sean utilizables de forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por aquellas con movilidad reducida.
Requisitos técnicos y elementos de la ciudad accesible
Entre los requisitos técnicos destacan: veredas y rutas accesibles con anchuras mínimas adecuadas, altura libre, y pendientes controladas; rampas con pendiente máxima y superficies antideslizantes; y estacionamientos para personas con discapacidad con medidas específicas y franjas de seguridad. La normativa también exige superficies podotáctiles para personas con discapacidad visual y señalética que combine elementos visuales, táctiles y auditivos en zonas clave.
En cuanto a mobiliario urbano, la norma establece que bancos, papeleras y marquesinas deben ser accesibles con alturas apropiadas. La señalética debe incorporar pictogramas estandarizados y texto con alto contraste para facilitar la lectura a personas con baja visión. Se enfatiza la necesidad de información accesible en todo espacio público, no solo como requisito legal, sino como garantía de autonomía y seguridad.
La experiencia de spaces urbanos accesibles no se limita a la infraestructura: los servicios y la gestión cotidiana son esenciales. Los recintos deben contemplar rutas que conecten espacio público, recintos de uso público, vías de evacuación y servicios higiénicos con una lógica de accesibilidad universal integrada en el diseño y la operación diaria.
Vivir en comunidad: desafíos de accesibilidad y propuestas de acción
La convivencia en edificios y comunidades implica retos y beneficios. Por ejemplo, el acceso a áreas comunes puede volverse clave cuando hay residentes mayores o con discapacidad que requieren más apoyo. Según datos de SENADIS y censos, una proporción significativa de la población presenta algún grado de discapacidad y la población mayor de 65 años crece, lo que eleva la importancia de soluciones accesibles en vivienda y espacios compartidos.
Algunas recomendaciones para promover la inclusión en comunidades incluyen la identificación de residentes vulnerables, la implementación de pequeñas adaptaciones (barandas, superficies antideslizantes) y la capacitación del personal sobre lenguaje inclusivo, con guías del SENADIS para referirse adecuadamente a personas con discapacidad.
La administración de edificios debe considerar rampas de acceso, puertas anchas, ascensores que permitan giro en 360°, señalización sonora y táctil y mobiliario accesible en la recepción. El ejemplo de César Oviedo, residente en silla de ruedas, ilustra la necesidad de evaluar la accesibilidad de baño y balcón, además de la importancia de la administración para facilitar la vida diaria y la independencia de las personas con discapacidad.
En el ámbito de diseño de interiores y distribución, se sugiere mantener dimensiones como 90 cm de ancho mínimo en puertas de espacios comunes y, cuando sea posible, reformar para eliminar obstáculos. Se recomienda que ascensores sean espaciosos, con iluminación adecuada y sistemas de señalización audible para beneficiar a personas ciegas o con baja visión.
Desafíos de políticas públicas y el rol de las instituciones
La Constitución y las políticas públicas chilenas muestran que la libertad de empresa y la educación de las familias para elegir sistemas de salud y educación coexisten con la necesidad de garantías de igualdad real para quienes tienen menos recursos. En este marco, la discapacidad debe ser tratada como una cuestión de derechos universales y no como una cuestión de caridad o beneficios puntuales de filantropía privada.
La crítica de Salinas resalta que la discapacidad no debe institucionalizarse como un “mundo” separado. En su visión, los intereses generales de la mayoría deben guiar la labor de la Convención Constituyente, priorizando valores universales de democracia sobre intereses de colectivos identificados por condiciones de salud o discapacidad.
Sin embargo, la normativa vigente y la práctica de accesibilidad en Chile muestran avances claros: la accesibilidad universal está consagrada por ley y regulada para espacios públicos y edificaciones, con mecanismos de cumplimiento y fiscalización. La inclusión real requiere no solo normas, sino implementación, presupuesto y una cultura que valore la autonomía de todas las personas.
| Elemento | Requisito clave | Fuente normativa |
|---|---|---|
| Veredas | Ancho mínimo continuo 1,20 m (1,50 m en plazas) | OGUC Art. 4.1.7; Decreto N° 50 |
| Rampas | Pendiente máxima 12%; ancho mínimo 1,20 m | OGUC; Decreto N° 50 |
| Estacionamientos | 5 m de largo; 2,5 m de ancho; franja de seguridad 1,10 m | OGUC; Decreto N° 30 |
| Señalética | Contraste alto; braille o relieve; pictogramas | OGUC; Guías SENADIS |
Conclusiones prácticas para la vida cotidiana y la política pública
La evidencia de múltiples disciplinas sugiere que la minusvalía es más una cuestión de autonomía que una anormalidad, y que la sociedad debe trabajar para eliminar barreras y facilitar la participación plena. La inversión en accesibilidad no es solo un gasto, es una inversión en libertad y en cohesión social. La experiencia de las ciudades y edificios muestra que soluciones simples, como software de lectura de texto, herramientas de compatibilidad entre dispositivos y señalización clara, pueden ampliar la inclusión sin crear murallas de especialización.
La Convención Constituyente y el debate sobre escaños reservados deben considerar que la inclusión real requiere valores universales, no segmentación por colectivos. En Chile, la accesibilidad universal en espacios públicos es una obligación legal y, por ello, el diseño, la implementación y la fiscalización deben avanzar de la mano con políticas que hagan de la ciudad un entorno verdaderamente usable por todas las personas, independientemente de su capacidad física o sensorial.
Ley 20.422
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