El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile ha sido el epicentro de un prolongado y profundo escándalo que ha revelado graves vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo su tutela. Esta crisis sistémica, marcada por casos de abuso, explotación y muertes, ha puesto en evidencia las profundas fallas en la protección de la infancia más vulnerable del país, impulsando investigaciones, condenas judiciales y propuestas de reforma.
Denuncias de Abuso Sexual y Explotación: El Caso Hualpén
Querella contra Directora de Residencia Colaboradora
La Defensoría de la Niñez presentó una querella por los delitos de violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil contra la directora de una residencia colaboradora del Sename ubicada en la comuna de Hualpén, Región del Biobío. La acción judicial apunta a Evelyn Oñate Camaño, a cargo de la residencia Nido, y contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de una serie de delitos sexuales cometidos en contra de dos niños de 8 y 6 años.
Según el documento, Oñate Camaño habría sido la encargada de llevar a los pequeños, en forma reiterada, a habitaciones separadas del recinto, donde eran abusados sexualmente por hombres y mujeres adultos, quienes efectuaban un pago. La querella también acusa a Oñate de cometer actos de connotación sexual en contra de los menores de edad. Los adultos que llegaban al lugar, tras cometer los ilícitos, efectuaban un pago a la directora, a quienes ella identificaba como “donantes”.
Los menores de edad, según se señala en la acción judicial, fueron separados de sus familias y entregados a este centro en septiembre de 2014 y permanecieron ahí hasta mayo de 2019. Asimismo, en la querella se solicitó clausurar temporalmente la residencia como medida cautelar, “considerando la gravedad de los hechos descritos en la presenta querella y la existencia de estos en un periodo de tiempo extenso”.
Reacciones y Demanda de Responsabilidades
La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, señaló que “la gravedad de los hechos, que además se habrían mantenido en el tiempo, amerita no solo la acción en el ámbito penal que establezca las responsabilidades de todos quienes han participado de la comisión de estos delitos y proteja efectivamente a las víctimas, sino que, como hemos solicitado, debe involucrar el término de la intervención de dicho organismo colaborador que no ha sido capaz de proteger efectivamente a los niños y niñas que tenía a su cuidado y acciones que expliquen determinen la responsabilidad administrativa y eventualmente penal de quienes, desde Sename, debieron impedir la ocurrencia de estos gravísimos e inaceptables hechos”.
Radiografía de una Crisis: Informes, Muertes y Fallas Estructurales
El Lapidario Informe de la PDI (2017-2018)
Un lapidario informe de la PDI, que en 2017 investigó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El mismo documento indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
El documento de 257 páginas, al que CIPER accedió, es un resumen de una extensa investigación de 28 tomos realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016. El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe en julio de 2019, calificó de muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno lo hubieran dado a conocer.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. El informe de la policía determinó que estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes “se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Además, el equipo policial constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido, y que la mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos.
El Caos Estadístico y la Cifra de Fallecimientos
La falta de claridad respecto del número de menores vulnerables fallecidos cada año bajo la tutela del Estado es alarmante. Según un informe del Ministerio de Justicia, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe oficial. El gobierno chileno aclaró que la cifra del Ministerio de Justicia solo incluye a menores del área "protección".
Un análisis de BBC Mundo sobre anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, que sumados a los 77 correspondientes de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. No obstante, el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, aseguró que "hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio". El diputado René Saffirio afirmó que "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Según información del Servicio Médico Legal requerida por el diputado Saffirio, las causas de muerte determinadas por algunas autopsias sorprenden por su grado de violencia: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, menores muertos por golpes en la cabeza al caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
Incumplimiento de Protocolos y Falta de Fiscalización
El informe de la PDI también reveló graves deficiencias en el cumplimiento de protocolos esenciales. El 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Además, la gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, la PDI determinó que “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los tribunales de familia, que deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, en algunos casos solo realizaron visitas anuales. Estas fallas en la supervisión y fiscalización se complementan con una drástica baja del 399% en el presupuesto destinado a capacitación y formación, y la falta de revisión de 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado de menores en los últimos tres años.
Historias de Desamparo: Lissette Villa y Guillermina
El Factor Lissette: Un Punto de Quiebre
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016, con una causa “indeterminada”, conmovió al país y detonó la crisis por los fallecimientos en el Sename. Lissette, de 11 años, había pasado más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros dependientes del Sename, tras la decisión judicial de que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella, debido a maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono.
En el centro donde estaba internada, Lissette era conocida por sus episodios de rabia y una fuerza que ni cinco cuidadoras podían contener. El 11 de abril, en medio de una crisis, se golpeó la cabeza y se desvaneció. Según el testimonio de una de las cuidadoras, “ya es parte de la pega que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar”. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios, ni estudios superiores o técnicos. Cuando se dieron cuenta de la gravedad, Lissette ya estaba muerta. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional", explicación que terminó costándole el puesto.
El Drama de la Sobremedicación y la Falta de Atención Especializada
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que su impresión clínica es que la menor estaba sobremedicada. Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) que, en la cantidad dada, actuaba como antipsicótico, y estuvo “expuesta a antidepresivos por años”, a pesar de que no está demostrado que hagan efecto en niños. Otro fármaco, la sertralina, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos “más agresivos, impulsivos e irritables”.
El abogado Francisco Estrada, exdirector del Sename, aseguró que la “poca prolijidad” con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es “generalizada”, con “el stock en cualquier parte” y “problemas graves con la dosificación”. El senador Alejandro Navarro afirmó que el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado. Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no cuenta con camas suficientes para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil, ni con suficientes psiquiatras infantojuveniles, lo que agrava la situación, especialmente en regiones.
El caso de Guillermina, de 16 años, ilustra la dramática situación. Llegó a un centro del Sename en un estado de agitación y fue encontrada colgada con sus propios cordones menos de media hora después. Tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, y a pesar de haber estado en situación de calle, nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave. Su muerte, en agosto de 2012, quedó registrada como un “egreso” del sistema, y la querella presentada por su familia no prosperó.
Reconocimiento de Responsabilidad y Camino Hacia la Reforma
La Condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
En un fallo conocido en 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile a pagar indemnizaciones a 271 exinternos del Servicio Nacional de Menores (Sename), tras determinar que habían sido víctimas de múltiples vulneraciones a sus derechos. En total, el Estado deberá cancelar alrededor de $647 millones. El tribunal estableció la “responsabilidad internacional” del Estado sobre la muerte de 10 adolescentes, quienes fallecieron en un incendio al interior del centro Tiempo de Crecer en Puerto Montt en 2007. Se declara también que el Estado es responsable de la vulneración del derecho a la integridad personal contra los familiares de los jóvenes fallecidos. Entre los derechos vulnerados a este grupo, se mencionan los derechos a una vida digna, a la integridad personal, de la niñez, a la educación, al agua y al saneamiento.
En cuanto a las indemnizaciones, la sentencia establece que quienes pasaron menos de tres meses deberán recibir 1.500 dólares; los que estuvieron en centros durante más de tres meses y menos de un año, 2.500 dólares; y los que pasaron más de un año, 3.500 dólares. Sobre las medidas que la corte ordena a Chile, está informar de “la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación relativa a casos de violencia institucional ocurridos a partir de la creación del Sename”, la que ya está en ejecución por el Gobierno del presidente Gabriel Boric.
Debate Político y Propuestas de Cambio
El debate político en torno al Sename ha sido intenso. Un informe de la Cámara de Diputados que investigó la respuesta del Estado a las recomendaciones de la primera comisión en 2014, aprobó un documento con conclusiones poco alentadoras, acusando al Ministerio de Justicia y a las autoridades del Sename de haber sido advertidos y tener conocimiento de los graves incumplimientos por parte de instituciones relacionadas. La directora del Sename, Solange Huerta, respondió a las denuncias de “operadores políticos” al interior del servicio y aseveró que no se haría “cargo de lo que no hicieron otros”, defendiendo su rol técnico y el trabajo realizado para buscar cambios.
La directora del Doctorado en Trabajo Social UAH, Natalia Hernández, advirtió sobre la invisibilización de las trayectorias de vida de niños, niñas y adolescentes y la simplificación de un fenómeno complejo, dejando fuera factores clave como el contexto, la vulnerabilidad y las condiciones territoriales. También enfatizó una de las principales deudas del sistema: la reinserción, señalando que “en Chile no tenemos seguimiento real después del cumplimiento de la pena”.
Según el análisis de Francisco Estrada, una solución definitiva para el problema se basa en tres pilares fundamentales:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Se necesitan unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que también trabaje con las familias.
- Retorno a las familias de origen: El objetivo final debe ser que los niños vuelvan con sus familias. “Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos”.
- Defensa jurídica adecuada: Es necesario que los niños cuenten con una defensa jurídica que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo, a diferencia de la situación actual donde, a menudo, el niño es “más un trámite burocrático que un sujeto de derecho”.
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, con la esperanza de dejarlo instalado antes de 2019, aunque como se ha señalado, "los niños no pueden esperar".