La historia de la educación sexual en Chile y la garantía de derechos sexuales y reproductivos para toda la población ha estado atravesada por la oposición de grupos conservadores que priorizan una mirada moral en particular sobre una perspectiva educacional laica. A su vez, se ha preferido un abordaje sanitario de la sexualidad, separando de esta su dimensión relacional y afectiva. Actualmente, nos encontramos frente al debate sobre cuál es y debería ser el rol del Estado y de las familias en relación a la educación sexual de niños, niñas y adolescentes, y si acaso esto es una temática de la esfera pública o privada. No obstante, la pregunta por cómo y dónde conducir una educación en sexualidad no es nueva. Durante los últimos 30 años se ha observado distintos intentos por institucionalizar la educación sexual en Chile.
El Ministerio de Educación lanzó el Programa de Jornadas de Capacitación en Afectividad y Sexualidad (JOCAS) en 2022. Previamente, en 1996, se promulgó la Ley Nº 20.418 que fija normas sobre información, orientación y prestaciones de regulación de la fertilidad, y en 2010 se registraron antecedentes relevantes sobre la educación sexual en Chile.
Análisis Crítico de Políticas Públicas en Diversidad Sexual
Una investigación publicada en 2016 analizó las últimas políticas públicas relacionadas con la diversidad sexual producidas en Chile en los últimos cinco años. Se revisaron las posiciones de poder, las versiones de sexualidad, las normalizaciones y los estereotipos de género que permanecen presentes en estos planes. Desde una perspectiva cualitativa, se utilizó el Análisis Crítico del Discurso para analizar cuatro iniciativas generadas en el sector salud, educación y derechos ciudadanos. Los resultados evidenciaron la presencia del marco heteronormativo y la fuerza del control de la sexualidad y los cuerpos en estos programas y leyes, lo que dificultaría que los sujetos logren un reconocimiento desde un lugar de agencia y poder.
Derechos de la Diversidad Sexual en Chile: Avances y Falencias
En el periodo analizado, se produjeron importantes avances legislativos, como la aprobación del Acuerdo de Unión Civil, e interesantes fallos de los tribunales que reconocen a las familias homoparentales. Pero al mismo tiempo, continúa existiendo una línea de jurisprudencia constitucional discriminatoria y la falta del debido reconocimiento legislativo del derecho a la identidad de las personas trans. Y más grave aún: siguen produciéndose ataques criminales en contra de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales -LGTBI- a través del país.
Un capítulo dedicado a los derechos de las personas LGTBI en Chile evaluó la situación de cómo el Estado chileno está cumpliendo (o no) sus obligaciones en materia de no discriminación, respeto al derecho a la vida privada y a tener familia, derecho a la identidad y a una educación no excluyente y segura en relación a las personas lesbianas, gay, transexuales, bisexuales e intersex (LGTBI). Para ello se revisó la situación de las relaciones afectivas entre estas personas y su actual regulación en Chile, el no reconocimiento de la homoparentalidad en el país, la realidad de las personas trans y, finalmente, cómo el sistema educacional asegura a los niños, niñas y adolescentes LGTBI una educación libre de violencia. Se concluyó que, pese a algunos avances, como la dictación del Acuerdo de Unión Civil, aún falta mucho para que en Chile exista un cabal respeto de los derechos de las personas LGTBI, tanto en las normas como en las políticas públicas.
La Configuración de la Homosexualidad Medicalizada en Chile
Un artículo publicado en 2011 realizó un análisis histórico de la producción intelectual chilena en torno a la homosexualidad y constató una permanencia del paradigma medicalizador, verificable hasta la actualidad. Dicho paradigma, su conceptualización y representación, además de influenciar imaginarios sociales, dan lugar a la homofobia y a las dificultades para introducir reformas pro derechos de la comunidad LGBT. Sus antecedentes inmediatos se encuentran en el higienismo y en intentos modernizadores acaecidos en Chile durante las primeras décadas del siglo XX.
El Escándalo del Sename: Un Sistema en Crisis
En una conferencia de prensa, el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, acompañado por la directora nacional del Sename, Susana Tonda, se refirió a la petición de renuncia que el parlamentario René Saffirio realizó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al Fiscal Nacional. El diputado Saffirio sostenía que el Ministro habría ocultado casi por un año un informe de la PDI relativo a la situación del Sename y, particularmente, sobre los fallecimientos de niños, niñas y adolescentes entre enero de 2005 y julio de 2016.
El subsecretario Ossa desmintió estas acusaciones, señalando que el informe de la PDI jamás había sido entregado al Ministerio ni al Sename, y que era falso su ocultamiento. Tanto la PDI como el Ministerio Público confirmaron que el Ministerio de Justicia no había recibido dicha información y que pretendían entregarla en los próximos días como un insumo para futuras políticas públicas.
El Sename, por su parte, publica en su página web cuando ocurre un fallecimiento e informa mensualmente y a seis comisiones del Congreso dichos fallecimientos. El Ministerio de Justicia hace lo mismo cada tres meses. Ossa enfatizó que, si bien el trabajo del Sename puede ser criticado de buena fe, no es aceptable que, abusando del fuero parlamentario, se hagan acusaciones que dan cuenta de irresponsabilidad y uso político de la infancia.
Se aclaró que el informe de la PDI al que hacía referencia el diputado Saffirio no se refería a fallecimientos, sino a niños, niñas y adultos en riesgo de salud, información que fue remitida a diversas instituciones para que tomaran las medidas necesarias. La imputación sobre tráfico de órganos fue calificada de "delirante", y se instó al diputado a poner los antecedentes a disposición de la justicia si los poseía.
El Caso de Guillermina: Un Ejemplo de la Desprotección
El caso de Guillermina, de 16 años, ilustra la dramática situación de los menores en el Sename. Llegó al Centro de Protección Alborada del Servicio Nacional de Menores, a las 04:19 de la mañana, en un estado de agitación, forcejeando y arrojando objetos al personal. Fue encontrada colgada con sus propios cordones menos de media hora después de ser acostada en un camarote. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para evaluar su estado de salud o realizarle un chequeo completo. La única lesión constatada fue una herida en la rodilla. La querella presentada por su familia no prosperó, y su muerte en agosto de 2012 quedó registrada como un "egreso" más del sistema del Sename.
El Caos Estadístico y la Falta de Claridad en las Cifras
La falta de claridad respecto del número de menores vulnerables fallecidos cada año bajo la tutela del Estado es alarmante. Según un informe del Ministerio de Justicia, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe oficial. El gobierno chileno aclaró que la cifra del Ministerio de Justicia solo incluye a menores del área "protección", mientras que el sistema se divide en "protección" y aquellos que reciben a niños infractores de la ley.
Análisis de BBC Mundo sobre anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojaron 318 fallecimientos, que sumados a los 77 correspondientes de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Sin embargo, el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, asegura que "hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio".
El diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename, afirma: "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Saffirio, quien lideró la primera comisión investigadora del Congreso sobre las irregularidades del Sename, asegura que ninguna de las 200 medidas urgentes presentadas en su informe ha sido cumplida.
La directora del Sename, Solange Huerta, no estuvo disponible para entrevistas. Sin embargo, se señaló que una de las primeras acciones de la nueva directora fue visitar uno de los centros más cuestionados, Galvarino, donde murió Lissette.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, señala: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
Sobremedicación y Negligencia en el Cuidado
Una serie de investigaciones han evidenciado un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin capacitación, incluso en primeros auxilios, y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia. "Este no es un tema sólo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen", afirma Ortiz.
Actualmente, existen más de 8.000 niños separados de sus familias e internados en centros del Sename. Las causas de muerte determinadas por algunas autopsias son variadas pero sorprenden por su grado de violencia: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, menores muertos por golpes en la cabeza al caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
El Factor "Lissette": La Crisis Detonada
La causa "indeterminada" de muerte de Lissette, de 11 años, fue precisamente la que detonó la crisis por los fallecimientos en el Sename. Lissette había pasado más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros dependientes del Sename, desde que a los 5 años la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella. La evaluación del Sename incluía maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono.
En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia y una fuerza que ni cinco cuidadoras podían contener. El 11 de abril, en medio de una crisis, se golpeó la cabeza y se desvaneció. Según el testimonio de una de las cuidadoras, "ya es parte de la pega que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar". Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios, estudios superiores o técnicos.
Para cuando se dieron cuenta de que estaban frente a una crisis grave, intentaron reanimarla y llamaron a los bomberos, enfermeras y al servicio de emergencia. Pero Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional", explicación que terminó costándole el puesto.
Sobremedicación y Falta de Atención Especializada
"Mi impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada", señala el psiquiatra Rodrigo Paz, quien asegura que le estaban suministrando un fármaco (benzodiazepina) que, en la cantidad que se le daba, actuaba como antipsicótico. Además, la menor estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que no está demostrado que hagan efecto en niños. Otro de los fármacos que tomaba Lissette, la sertralina, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables".
El abogado Francisco Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada". "El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula. Y hay problemas graves con la dosificación". El senador Alejandro Navarro afirmó que el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado.
Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no cuenta con camas suficientes para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. La falta de psiquiatras infantojuveniles, muchos de los cuales prefieren trabajar en el sector privado, agrava la situación, especialmente en regiones donde simplemente no hay especialistas.
¿Hacia una Solución? Tres Pilares Fundamentales
Según el análisis de Estrada, un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado es uno de los tres pilares de una solución definitiva para el problema. Se necesitan unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, y personal dedicado que también trabaje con las familias.
El segundo pilar es que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen. "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos". Sin embargo, se plantea que quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño".
El tercer pilar es que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada. Existe una diferencia sustancial entre los menores "infractores de ley", que cuentan con "muy buenos defensores", y aquellos que llegan a los tribunales de familia vulnerados, para ser protegidos por el sistema. "Los ve un abogado muy joven, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, con la esperanza de dejarlo instalado antes de 2019. Sin embargo, los niños no pueden esperar.
La Reducción Presupuestaria y la Falta de Fiscalización
Una comisión del Sename II de la Cámara de Diputados aprobó un informe que investigó la respuesta del Estado a las recomendaciones hechas por la primera comisión en 2014. Las conclusiones son poco alentadoras, especialmente en dos puntos clave: una drástica baja en el presupuesto destinado a capacitación y formación, y la falta de fiscalización en los hogares y programas que atienden a los niños.
El presupuesto destinado a la capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios ha disminuido en un 399%. Además, 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado e intervención de menores no han sido revisados por la administración central en los últimos tres años. El Sename destinó en su presupuesto de 2017 $146 mil millones para 1.204 programas de atención a menores prestada por privados.
Funcionarios y colaboradores de la institución indican que el verdadero problema no está en las responsabilidades políticas, sino en cómo el Sename fija sus prioridades para el destino de sus dineros. Las capacitaciones son escasas y poco aportan al trabajo real. Las fiscalizaciones son laxas.
Christopher Simpson, educador de trato directo, señala que en casi cinco años de servicio ha recibido solo una capacitación, la cual fue insuficiente. "No sé si disminuir los recursos en capacitación va a hacer que la situación sea mucho peor de lo que ya es. La falta de capacitaciones atenta contra nuestra formación y desarrollo profesional".
El director de un hogar, Luis Ortúzar, indica que en su centro no han recibido capacitación desde la administración central en al menos cinco años, lo que "afecta directamente las competencias de los educadores".
La falta de capacitación y perfeccionamiento para los funcionarios del Sename incide directamente en la fiscalización. Al no existir presupuesto suficiente, las fiscalizaciones disminuyen. La forma de fiscalizar deja mucho que desear, limitándose a revisar en el lugar con un checklist y sin una revisión exhaustiva de los gastos.
La supervisión financiera del servicio, históricamente, nunca ha tenido control sobre el detalle de los gastos, lo que permite que si un programa licitado para atender a cien niños atiende solo a veinte, se pague igualmente por los cien.
A pesar de la muerte de Lissette hace más de un año, se percibe que ni el hogar Galvarino ni el Sename han implementado mejoras significativas.