La crisis del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha sido un tema de profundo debate y análisis, abordado desde múltiples disciplinas. Si bien psicólogos y trabajadores sociales han cuestionado la calidad de los programas, psiquiatras han señalado la carencia de lugares adecuados para tratar a niños con trastornos de personalidad, y economistas han evidenciado la falta de recursos y la ineficiencia administrativa, la académica del Instituto de Historia UC, Ximena Illanes, y el doctorante Miguel Morales han puesto de manifiesto la necesidad de una perspectiva histórica para comprender la magnitud del problema.
El Abandono de la Infancia a Través de la Historia
Illanes y Morales publicaron una columna conjunta en El Mercurio, en la que exploran el abandono de la infancia en diferentes épocas y contextos, un hecho que, según ellos, "volvió a instalar la pregunta por el estado actual de las políticas de protección hacia la infancia vulnerada en nuestro país". Los investigadores argumentan que los menores vulnerados e institucionalizados son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia, no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo".
Precedentes Históricos de la Infancia Vulnerable
Los historiadores enumeran una serie de hechos históricos que revelan la temática de la infancia vulnerable. Explican que, "a fines de la Edad Media, diferentes instituciones de asistencia se especializaron en acoger a miles de criaturas abandonadas en los espacios urbanos; uno de los casos estudiados es la Barcelona del siglo XV". Las "pequeñas cartas, ropas y abrigos, medallas partidas por la mitad y señales de identificación, reflejaron un doloroso proceso de separación momentánea o definitiva", dan cuenta los historiadores, lo que dificultó la creación de lazos afectivos y la integración a la comunidad. Los registros de la época, a su vez, "mencionaron historias de maltratos y abusos". A partir de investigaciones como estas, los académicos sugieren que se puede reflexionar sobre la realidad actual del SENAME y el papel que estas instituciones han tenido en las sociedades que las han construido.
Illanes y Morales recalcan que el uso del concepto de abandono en estos casos puede promover "la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema". Más allá de las investigaciones concretas, los académicos sugieren que al menos parte de las estrategias futuras deberían relacionarse con "la conservación de los vínculos existentes, ya sea, haciendo partícipes a sus familias cuando sea posible, o a través del diverso personal que convive diariamente con los niños y niñas".
Objetivos Históricos y Desafíos Actuales
Los investigadores remiten a los dos objetivos de los hospitales bajomedievales que acogieron a menores abandonados. El primero, aseguran, fue que sobrevivieran a los primeros años de vida, debido a la alta mortandad infantil. Frente a todo lo anteriormente expuesto, Illanes y Morales se preguntan: ¿Cuáles son las estrategias del siglo XXI? ¿En qué ha cambiado la relación de la sociedad con la infancia del ayer y la de nuestro presente? Si bien, "los diversos estudios históricos sobre la infancia, permiten poner en perspectiva que las instituciones que forman parte del SENAME", estas deberían desempeñar un papel que fuese incluso más allá que la protección de los derechos del niño o la restitución de los mismos, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
La Trágica Realidad del SENAME: Cifras y Casos Emblemáticos
La situación del SENAME se ha visto empañada por un preocupante número de fallecimientos. Los casos de menores fallecidos en este contexto, que ascienden a 1.313 desde 2005, según Illanes y Morales, "parece tratarse de hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo". Esto ha llevado a políticos y especialistas a poner el foco en "las causas de las muertes, los problemas de atención médica, especialmente psiquiátrica, la mala infraestructura y las responsabilidades del Estado".
Inconsistencia en las Cifras Oficiales
Existe una notoria falta de claridad en las estadísticas. Según un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de UNICEF reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluye a los menores del área de "protección", que vela por los derechos de menores vulnerados cuyas familias no están capacitadas para hacerse cargo, según lo determina un juez de familia. La segunda parte del sistema se encarga de recibir a niños infractores de la ley. Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, que sumados a los 77 del período de la lista de Justicia, darían un total de 395.
No obstante, el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. "Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. El diputado Saffirio afirma que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
El Caso Lissette Villa: Un Punto de Inflexión
La historia que remeció al Sename: A 5 años de la muerte de Lissete Villa
La muerte de Lissette Villa, de 11 años, en abril de 2016, fue un catalizador de la crisis. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename, después de que la justicia determinara a los 5 años que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo. La evaluación del Sename incluía maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. A pesar de esto, la menor seguía escribiendo cartas a su madre pidiéndole volver a casa.
En el centro donde estaba internada, Lissette era conocida por sus episodios de rabia. El día de su muerte, en medio de una crisis, la niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. La cuidadora, sin conocimientos de primeros auxilios ni estudios superiores, no le dio la importancia debida a la situación, considerando que era "parte de la pega que lo que no es normal pasa a ser normal". Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, Lissette ya estaba muerta. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" causada por la ausencia de un familiar, una explicación que le costó el puesto.
Sobremegadicación y Falta de Atención Especializada
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostiene que la menor estaba "sobremedicada", recibiendo un fármaco (benzodiazepina) en dosis que actuaban como antipsicótico, y antidepresivos por años, a pesar de que la mayoría no tienen efecto demostrado en niños y algunos pueden tener efectos adversos. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan estos medicamentos en los centros es "generalizada", con problemas graves en la dosificación y la administración por parte de personal no especializado. El senador Alejandro Navarro destacó que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado".
"Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", asegura Estrada. Guillermina, de 16 años, que llegó a un centro del Sename en 2012, tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente. A pesar de sus antecedentes, nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave. Oliver Pérez, su abogado querellante, afirma que "hay pocos psiquiatras infantojuveniles y, de esos pocos, la gran mayoría prefiere trabajar en el sector privado; entonces tenemos regiones donde simplemente no hay", explica Ortiz.
Deficiencias Estructurales y Abusos Sistemáticos
Un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, constató que en el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se registraron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Este informe policial, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no se hizo público. El mismo documento indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
La Revelación del Informe de la PDI
CIPER tuvo acceso a este informe de 257 páginas, un resumen de la extensa investigación realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette. El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, criticó que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer este documento cuando estuvo listo. La gravedad del informe radica en que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año pasado, pero el reporte de la PDI es mucho más completo, visitando 240 de los 241 centros existentes en el país.
El informe detalla que los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename confeccionar un informe con el resumen de sus hallazgos, priorizando los 40 menores que presentaban "alta complejidad médica" y "posible riesgo vital".
Falta de Protocolos y Supervisión
El equipo policial estableció que "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename". El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor. A pesar de que el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, estas supervisiones son "coordinadas de manera previa", lo que permite a los centros prepararse para las inspecciones.
Carencias en Atención de Salud y Discapacidad
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica, el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital, y un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. Sorprendentemente, 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. En 159 centros (el 66,3% del total), la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud. Además, el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Propuestas de Solución y Desafíos Futuros
Francisco Estrada propone tres pilares para una solución definitiva: un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado, el objetivo final de que los niños vuelvan con sus familias de origen, y una defensa jurídica adecuada para los menores. Estrada enfatiza la importancia de romper el círculo de la pobreza y la violencia, y de no estigmatizar a las familias de los niños. "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos", señala. Además, critica que quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño".
Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019. Sin embargo, los niños no pueden esperar. "El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela", concluye un informe de la PDI.
La Urgencia de un Compromiso Multisectorial
El senador Patricio Walker reiteró la necesidad de hacer una "cirugía mayor" a esta institución e instó al Ministerio de Salud a comprometerse con la atención urgente de los niños "con enfermedades mentales o con enfermedades basales que puedan terminar en muerte o en el suicidio". Walker lamentó que "las cifras entregadas por el Sename dan cuenta de una realidad dramática, dolorosa e inaceptable de muertes de niños durante los últimos 11 años, muchas de ellas no registradas". El senador también criticó la desproporción en la inversión estatal: "La subvención basal para los niños que residen en instituciones colaboradoras de Sename es de 215 mil pesos, en circunstancias que por cada preso se invierten 600 mil pesos. Esto demuestra que los niños no son prioridad".
La senadora Jacqueline Van Rysselberghe calificó la exposición de la directora del Sename como "decepcionante" y recalcó la falta de un plan de acción concreto financiado con recursos específicos. El senador Manuel José Ossandón argumentó que el Sename "violentó los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes porque actuó en su calidad de agente del Estado".
Priorizar la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
Es imperativo asignar responsabilidades y revisar las políticas que hicieron posible las muertes y la ignorancia ciudadana sobre esta realidad. Es demencial mantener unidos los servicios que están a cargo de los menores en protección con aquellos que son infractores de ley. Se propone una "vuelta de tuerca" en el análisis del drama del Sename para priorizar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, prestando atención a los problemas adyacentes que inciden directamente en que los niños lleguen al Sename y, más aún, en que salgan del Sename a la calle o la cárcel.
La evidencia empírica ha demostrado el nulo efecto reparador de la cárcel. Se debe cuestionar el sentido de la prisión de quienes cuidan a los niños y los dejan a la deriva cuando son encarcelados, considerando que la prisión parental es un factor de riesgo para una amplia gama de problemas en niños y adolescentes.