El derecho a la educación, conocido como la “mejor arma contra la injusticia”, se niega sistemáticamente a niños, niñas y adolescentes que llegan a centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile. Frente a esta problemática, asegurar un mayor financiamiento y disponer de estrategias diferenciadas que garanticen la pertinencia en su atención son dos de los principales caminos para abordar la situación.
Chile ha violado de manera sistemática los derechos de niños y niñas, sobre todo en materia educativa. Aunque la cobertura de la educación escolar ha experimentado un significativo crecimiento, este derecho sigue siendo esquivo para miles de niños, niñas y jóvenes que sufren permanentes vulneraciones a sus derechos, y que a menudo terminan en centros del Sename, residencias colaboradoras o incluso en cárceles.
Desafíos en la Provisión Educativa en el SENAME
Contexto de Vulnerabilidad y el Rol Educativo
Loreto Jara, profesora e investigadora de Política Educativa de Educación 2020, subraya que la educación, considerada el principal mecanismo para el ejercicio de la ciudadanía y la reinserción, no ha sido considerada adecuadamente en estos casos. El escenario para los niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de vulnerabilidad o que han sido infractores de Ley es complejo.
En términos generales, los menores de 18 años que requieren protección especial -ya sea en familias de acogida, residencias de protección o centros cerrados- deben incorporarse a procesos educativos regulares y participar de programas de protección especializada en intervención educativa para apoyar este proceso.
Deficiencias Educativas Reveladas por Informes
El reciente informe de la niñez entregado por la ONU al Estado de Chile revela datos preocupantes:
- Un 19,8% de los NNA en estos centros presentan retraso escolar.
- De ellos, un 21,7% no recibe apoyo en las tareas.
- Un 7% no sabe leer y/o escribir, y un porcentaje similar no asiste a la escuela.
El informe de la ONU también señala que la gran mayoría de los NNA frecuentan escuelas públicas donde los profesores y el personal no están capacitados ni sensibilizados para su situación particular, lo que impide que proporcionen la atención necesaria. En algunos casos, las residencias tienen sus propias aulas escolares, lo que conlleva al aislamiento social de los NNA. Ambas situaciones no contribuyen a compensar, eliminar o minimizar los efectos de las vulneraciones que sufren y tienen graves consecuencias en su desarrollo educativo.
Falta de Políticas y Financiamiento Adecuado
A pesar de la mayor complejidad de estos contextos educativos, el Estado carece de políticas especiales y sistemáticas para garantizar el acceso a la educación. Un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de 2016 revela que la subvención que reciben los centros cerrados del Sename es inferior a la de la educación regular. Además, la entrega de recursos depende de la asistencia, un factor muy variable en estos contextos debido a los términos de condena o las transferencias a otros recintos.
Adicionalmente, los establecimientos que imparten educación de adultos, que permite cursar básica o media en menor tiempo, no pueden postular a la Subvención Escolar Preferencial. Al no contar con los recursos necesarios, algunos centros del Sename solo acceden a un Proyecto de Reinserción Educativa, al que deben concursar anualmente.
Infraestructura Deficiente y Capacitación Docente
El informe del INDH también destaca que, en muchas ocasiones, la infraestructura es deficiente y los docentes no cuentan con la preparación adecuada para desempeñarse en establecimientos educativos que atienden a población privada de libertad o en contextos de vulnerabilidad. Ignacio Moya, coordinador de un programa para la reinserción en el centro CREAD Pudahuel Sename, afirma que “ningún centro de formación docente prepara a profesionales para atender en este contexto. Son los mismos docentes los que se han ido especializando a partir del trabajo, del día a día y del compromiso, porque estos son espacios precarios a nivel laboral”.
Jara añade que los centros del Sename, a través de su oferta educativa, deberían cumplir un rol formativo, generando mecanismos que permitan una reinserción exitosa.
Propuestas para la Mejora Educativa
Para abordar la urgencia del problema educativo en estos contextos, se plantean las siguientes propuestas:
- Asegurar el financiamiento: Es necesario crear una subvención específica para las escuelas en cárceles, centros dependientes del Sename y proyectos de reinserción educativa. La solución de fondo implica un sistema que asegure recursos, reduciendo la dependencia de la asistencia.
- Mejorar la articulación entre las instituciones: El gobierno local, la unidad educativa y Gendarmería deben establecer diálogos fructíferos, centrándose en la educación de los jóvenes y adultos que desean participar de un proceso formativo de calidad.
- Contar con voluntad y acuerdos políticos: Existe un consenso en el espectro político sobre la necesidad de reducir las vulneraciones de derechos y los índices de delitos cometidos por menores de edad. La solución no reside en reducir la edad de responsabilidad penal, sino en resolver las causas del problema y ofrecer soluciones adaptadas a una realidad cada vez más compleja que requiere atención urgente.
El Informe Jeldres y la Crisis del Sistema SENAME
Dimensiones del Fracaso del Sistema de Protección Estatal
CIPER accedió, mediante la Ley de Transparencia, a un informe exhaustivo de la Comisión Jeldres que revela las dimensiones desconocidas del fracaso del sistema de protección estatal. La Comisión utilizó una batería de instrumentos, incluyendo una encuesta a cerca de 400 niños, la revisión de los antecedentes de 6.500 niños internados, y el examen de las condiciones materiales en 108 residencias.
El informe evidencia que en este sistema no solo sufren los niños víctimas de abuso, sino que uno de los indicadores clave es la cantidad de niños expuestos a altos niveles de riesgo.
La Internación: Siempre Dañina y a Menudo Prolongada
Un aspecto crucial del informe es el reconocimiento por parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de que la internación de los niños es siempre dañina. Esto representa un cambio en la mirada dominante por décadas, que sostenía que un niño estaba mejor en un hogar que con familias que no podían cuidarlo. Citando estudios internacionales, se afirma que “por cada tres meses que un niño de corta edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo”, lo que sugiere que la internación debe ser restringida a casos excepcionales y por periodos breves.
Sin embargo, la realidad muestra lo contrario. Entre las once regiones visitadas, solo Coquimbo tiene un promedio de internación cercano a los dos años (31 meses). En el resto del país, se actúa como si internar a un niño por años no le causara ningún daño. Según los datos, en una enorme cantidad de casos los jueces envían a los niños a los hogares a recibir tratamientos “sin plazo”.
Ejemplos de internación prolongada:
- En Arica, el 79% de los niños ingresó “sin plazo”, con un promedio de internación de 57 meses (4,7 años).
- En Antofagasta, el 80% de las medidas estaba “sin plazo”, y el promedio de internación llegó a los tres años.
- En el Maule, región con altos periodos de internación, el 75% de las medidas se dictó “sin plazo”.
Falta de Control Judicial y sus Consecuencias
El informe no explica por qué los jueces actúan de esta manera, pero esta práctica se suma a otras que disminuyen el control del Poder Judicial sobre los niños. Por ejemplo, los informes trimestrales que los hogares deben enviar a los jueces sobre los avances de los niños a menudo no se enviaban o eran copias textuales de informes anteriores.
Según la abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, otra causa que reduce el control judicial es la presión que sufren los tribunales por cumplir con las metas de gestión fijadas por sus superiores y el Ejecutivo. Estas metas, establecidas por la Comisión Interinstitucional (Ministerio de Justicia, Corte Suprema y Ministerio de Hacienda), implican que el 85% de las causas deben terminarse en 120 días. Esto lleva a los jueces de familia a cerrar causas precipitadamente, afectando principalmente las causas de protección de niños y violencia intrafamiliar, donde las personas sin recursos a menudo no cuentan con abogado. La falta de control judicial explica por qué muchos indicadores de la calidad de vida de estos niños se mantienen en niveles inaceptables por años.
Atención de Salud Deficiente
La atención de salud es otro nudo crítico. En Coquimbo, el 44% de los 272 niños en el sistema residencial carece de un historial médico actualizado (118 casos), y cuatro niños con enfermedades crónicas no reciben tratamiento. En la Región de O’Higgins, el 35% de los 392 menores (138 casos) no tiene ficha médica actualizada, y cinco niños con enfermedades crónicas están sin tratamiento. Esta situación se repite con números similares en todas las regiones del informe, mostrando que el Estado no se está haciendo responsable de los niños que ha sacado de sus casas para proteger.
Las peores situaciones se registraron en la Región de Arica, donde 15 de los 17 niños con enfermedades crónicas no recibían tratamiento, incluyendo casos de parálisis cerebral, VIH, trastornos alimentarios y cáncer cérvico uterino.
Respecto a la salud mental, el panorama es igualmente inquietante: en Arica, el informe consigna nueve niños con problemas de salud mental sin tratamiento; en Coquimbo, cinco casos sin vigilancia médica; y en O’Higgins, nueve niños sin atención. Salvo en Tarapacá, el problema se repite en todas las regiones, sumándose en algunas zonas el fracaso de los tratamientos. Según cifras del Sename, hay cerca de 1.500 jóvenes con graves problemas de salud que requieren atención especializada y para los cuales el aparato público no ofrece respuestas.
Problemas en la Educación de Internados
La educación que reciben los menores internados también presenta problemas preocupantes. Esta situación afecta al 52% de los niños internados en Arica, al 52% en Tarapacá, al 48% en Antofagasta, al 52% en Los Lagos y al 55% en Magallanes.
Abandono Familiar y Aislamiento Social
Otro aspecto delicado revelado por el informe es la dificultad del sistema para vincular a los niños con sus familias una vez internados. Esto resulta en una gran cantidad de niños calificados como “completamente abandonados”, es decir, que no son visitados por ningún familiar ni están en ningún proceso de vinculación para ser adoptados.
- En Arica, 66 niños están en “completo abandono familiar”, y de ellos, 32 son “susceptibles de adopción”.
- En el Maule, son 207 los niños en completo abandono familiar.
- En Los Lagos, los niños en abandono familiar alcanzan los 206 casos.
A nivel nacional, 743 niños son calificados como “completamente abandonados” por el informe. Esta soledad se agrava por la mecánica institucional: un alto porcentaje de niños internados tienen hermanos en el sistema (56% en Tarapacá, 57% en Antofagasta). Así, cientos de niños enfrentan largas internaciones solos o con visitas muy esporádicas.
Abuso Sexual Intra-Residencial
El abuso sexual es, lamentablemente, una parte integral de la vida de muchos niños internos. Es la segunda o tercera causa de ingreso a la red, afectando a cerca del 10% de los niños. La encuesta del Sename de 2011, “Mi derecho a ser escuchado”, detectó más de 200 casos de abusos sexuales. En el grupo de 7 a 12 años, el 7,8% (157 niños) afirmó haber sido tocado en sus partes íntimas.
El informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial registra 208 casos de abuso intra-residencial, la mayoría cometidos por otros niños internos, quienes probablemente están repitiendo la experiencia de la que fueron víctimas.
Llamado a la Acción Judicial
Frente a los jueces que aceptan estas situaciones, la Comisión Jeldres instó a los magistrados a asumir su tarea de exigir el cumplimiento de los derechos de los niños. En caso de vulneración grave de derechos, el juez debe ordenar que el niño reciba la prestación de salud necesaria, exigiendo así el cumplimiento de las obligaciones básicas. Si la autoridad no cumple, se le debe decretar el pago de una multa o el arresto. La abogada Paulina Gómez estima que si los jueces exigieran crecientemente el cumplimiento de los tratamientos que necesitan los niños, “las autoridades deberían rediseñar sus programas de acción y presupuestos”.