Introducción: La voz de los niños en el sistema de protección
La recolección de las opiniones, requerimientos e ideas de niños, niñas y adolescentes (NNA) respecto a sus derechos y otras temáticas relevantes es fundamental para comprender su realidad. Diversos estudios han adoptado un enfoque inclusivo y participativo, buscando levantar y analizar sus conocimientos, opiniones, ideas y conductas en relación con sus derechos.
Un estudio de carácter mixto, por ejemplo, se ha propuesto responder a la pregunta fundamental sobre cuál es la opinión de los NNA que viven bajo el cuidado del Estado, en residencias de protección, respecto a sus condiciones de vida, el ejercicio efectivo de sus derechos, sus inquietudes presentes y sus expectativas futuras. Para ello, se implementan estrategias adaptativas según las edades, garantizando representatividad y confiabilidad en los datos. Esto incluye dinámicas lúdicas y recursos visuales que facilitan su expresión, y en el caso de los adolescentes, la integración de herramientas digitales y reflexivas para abordar temas complejos como la autonomía, la participación y la igualdad de género. Este enfoque metodológico permite analizar las variables que influyen en el nivel de conocimiento de los NNA respecto a sus derechos, así como explorar las temáticas sociales y culturales que consideran más relevantes.
El Programa "Mi Opinión Cuenta" del SENAME
Origen y alcance
Desde el año 2004, el Servicio Nacional de Menores (SENAME), en colaboración con las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) y Programas de Prevención Comunitaria (PPC), ha implementado el programa "Mi Opinión Cuenta". Este programa consiste principalmente en una encuesta a nivel nacional dirigida a niños y niñas de todo el país. Por primera vez, esta iniciativa se hizo extensiva a menores acogidos en centros residenciales de protección.
Participación y propósito
En una de sus ediciones, la iniciativa contó con la participación de 81.098 niños, niñas y adolescentes de distintas comunas a nivel nacional. Esta amplia participación le permitió al SENAME evaluar las respuestas obtenidas con el propósito de idear estrategias para abordar los problemas de estos jóvenes, los cuales se concluyen principalmente a partir de las inquietudes que demuestran en sus veredictos.
Derechos más y menos respetados
Los resultados de esta encuesta revelaron cuáles eran, según los jóvenes consultados, los derechos más y menos respetados:
| Derecho | Más respetado | Menos respetado |
|---|---|---|
| A jugar | 18,3% | 10,7% |
| Que me respeten sin importar mi color de piel, características de mi cuerpo, ni el lugar donde vivo | 18,1% | 23,3% |
| Vivir con mi familia | 16,6% | 4,8% |
| Estar en la escuela y recibir buena educación | 11,2% | 6,7% |
| Que sean satisfechas mis necesidades de alimentación, comida, vestuario y casa donde vivir | 9,1% | 3% |
| Buen trato física y psicológicamente | 7,3% | 12,9% |
| Vivir en un medio ambiente limpio | 6,7% | 16,9% |
| Que se escuche mi opinión | 4,9% | 11,8% |
| Ver a mi papá o mamá si no vivo con alguno de ellos | 4,4% | 5,1% |
| Tener buena atención en salud | 3,2% | 4,8% |
Reflexiones sobre la conciencia infantil
Ante estos resultados, Rolando Melo, director del SENAME en ese momento, se refirió a la toma de conciencia que estaban adquiriendo los jóvenes. Señaló que "Nuevamente en esta consulta aparece como el derecho menos respetado, desde el punto de vista de los propios niños y niñas, el 'derecho a que me respeten sin importar mi color de piel, condición física, ni el lugar donde vivo'". Esto, según Melo, demuestra que los niños han tomado conciencia desde pequeños de la importancia del respeto al otro y a sus diferencias.
La Investigación de UNICEF y el Poder Judicial: La "Comisión Jeldres"
Contexto y metodología
Una investigación crucial fue realizada por el Poder Judicial y UNICEF, abordando cómo vivían aproximadamente 15.000 niños supuestamente protegidos por el Estado. Este estudio, que generó un fuerte impacto, es el resultado de un convenio entre ambas instituciones y se llevó a cabo en terreno. Abordó las condiciones de vida de 6.500 niños atendidos en 10 regiones e identificó los principales nudos críticos que enfrenta el sistema de protección.
El equipo que realizó esta inédita investigación fue encabezado por la jueza Mónica Jeldres e integrado por las magistradas de tribunales de familia Patricia Rivera, Alejandra Valencia, Cecilia Ruiz y la doctora en derecho Paulina Gómez. En representación de UNICEF participó la socióloga Carolina Bascuñán, quien diseñó muchos de los instrumentos que se aplicaron en la investigación.
Hallazgos críticos: Abuso y violencia sistemáticos
La investigación de la Comisión Jeldres no solo mostró la presencia extendida del abuso sexual y de la violencia, sino que también detectó la presencia constante del abuso sexual, delito que a veces cometen los propios guardadores, pero que en su mayoría es realizado por otros jóvenes internos. Por ejemplo, en las Aldeas Infantiles SOS, institución examinada a fondo, el informe concluyó que "un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de esa institución participó de algún tipo de abuso sexual como víctima o agresor".
Asimismo, se registró la presencia masiva de la violencia física y verbal por parte de los guardadores o de niños mayores, incluyendo castigos como el encierro o dejar a los menores sin comer. Como resultado, la Comisión identificó:
- 28 hogares con antecedentes de violencia de adultos contra niños.
- 45 hogares con datos de violencia entre menores.
- 9 hogares con antecedentes de abusos sexuales cometidos por un adulto contra un niño.
- 10 hogares con datos de abuso sexual entre niños internos.
Cada vulneración de derechos detectada en este informe está ligada a un fallo o a una omisión por parte de los organismos encargados de proteger a esos niños: el SENAME y el Poder Judicial.
Comisión Verdad y Niñez: Avanza la recolección de testimonios sobre vulneraciones en el Sename
La controversia por la difusión de resultados
A fines del año pasado, cuando los resultados de la Comisión Jeldres se terminaban de ordenar, el equipo fue intervenido por el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño. La jueza Jeldres renunció y su puesto fue ocupado por la magistrada Gloria Negroni. Administrado por Carreño y por el SENAME, el informe fue cuestionado metodológicamente y, finalmente, olvidado.
El SENAME ha recibido la mayor parte de las críticas por su reacción tardía. Sin embargo, las acusaciones más graves y de fondo han sido dirigidas al Poder Judicial, que fue coautor de la investigación e invirtió aproximadamente $200 millones. Esto se debe a su intento de mantener en reserva los resultados (CIPER, por ejemplo, solicitó la información durante cuatro meses sin obtener los documentos ni una explicación) y, sobre todo, por no haber investigado los antecedentes constitutivos de delito que la investigación estaba revelando.
Según la socióloga Carolina Bascuñán, Carreño se opuso a la difusión del trabajo de la comisión para proteger la identidad de los niños y para evitar la alarma pública generada. No obstante, ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Carreño ofreció otra explicación para la no difusión. La vocera de UNICEF, Francisca Palma, explicó a CIPER que quien decidía qué se hacía con esa información era el Poder Judicial, "ya que era el mandante del estudio". Lo que está fuera de duda es que fue Héctor Carreño quien decidió que los datos de la encuesta no fueran investigados por los Tribunales de Familia, a pesar de que los jueces cuentan con amplias facultades para intervenir hogares y poner fin a los abusos detectados por el estudio.
Críticas al Poder Judicial: Cierre de causas y metas de gestión
Entre las críticas más duras lanzadas al Poder Judicial destaca lo expresado por la abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres. Ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Gómez explicó que no solo era necesario investigar la tardía reacción frente al informe, sino también buscar las razones del maltrato que reciben los niños "protegidos" por el Estado. Argumentó que, más allá de la innegable falta de recursos, existe una lógica institucional que impide a los jueces preocuparse por la suerte de los niños que ingresan al sistema de protección. Normalmente, cuando los jueces envían a un niño a un hogar por ser víctima de violencia, suelen cerrar la causa, como si los problemas del niño se hubieran solucionado. Sin embargo, la internación en un hogar no es una solución definitiva para nadie, sino un lugar de paso desde donde se debe apoyar a la familia para que supere la violencia y el niño pueda regresar a su casa, o para buscar una nueva familia para él. Mientras eso ocurre, el niño debería recibir un tratamiento que lo ayude a superar lo vivido.
A pesar de que hay cerca de 15 mil niños en el sistema residencial, en los tribunales no existen 15 mil causas abiertas. La abogada Gómez explicó que esto se debe a que el cierre de causas afecta las estadísticas de causas terminadas y las metas de gestión del Poder Judicial. Estas metas fueron fijadas por la Comisión Interinstitucional, que incluye al Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y el Ministerio de Hacienda. Para este año, se estableció que el 85% de las causas deben estar terminadas en un plazo de 120 días desde su ingreso. Estas metas han llevado a los jueces de familia del país a cerrar causas a toda costa, afectando principalmente las causas de protección de niños y las de violencia intrafamiliar, donde las personas sin recursos a menudo acuden sin abogado. Estas causas se cierran sin siquiera abrir un juicio, con el objetivo de que figuren como terminadas y aumenten las estadísticas.
Ante los diputados, la abogada Gómez defendió la idea de que los jueces están obligados a exigir el cumplimiento de los derechos de los niños, derechos que se encuentran en los convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado chileno. En virtud de esos acuerdos, si un niño necesita atención psiquiátrica, el juez está obligado a ordenarla y el sistema debe responder a esa atención, e incluso generar los recursos si no los tiene. "Si la autoridad no cumple, se le decreta el pago de una multa o el arresto", afirmó. Este mensaje, que transforma a los jueces en activos agentes de la protección de los menores, era transmitido en las "jornadas de transferencia técnica" que realizó la Comisión Jeldres en las 10 regiones visitadas, y que fueron suspendidas cuando el ministro Carreño intervino la comisión.
Las críticas de la abogada Gómez fueron profundizadas por el diputado Ricardo Rincón, quien afirmó que la Comisión Jeldres había actuado siguiendo una doctrina apegada a la Convención de los Derechos de los Niños, "y parece que a la Corte Suprema no le agradó". El parlamentario ejemplificó el problema con dos casos de la Región de O’Higgins: en uno, un juez apremió a la autoridad con arresto y, gracias a eso, un niño de siete años víctima de violación recibió atención médica psiquiátrica. En contraste, una niña de 13 años en el hospital de Rengo, violada por su padrastro, no recibía atención psiquiátrica y estaba siendo sedada, porque el juez aún no había apremiado a la autoridad.
La respuesta tardía del SENAME frente a las denuncias
Otra autoridad en una delicada posición como resultado del trabajo de la Comisión Jeldres fue el director del SENAME, Rolando Melo. A principios de marzo de este año, Melo recibió los datos de la Comisión Jeldres que indicaban, hogar por hogar, un cúmulo de graves situaciones detectadas. Surgió la pregunta de por qué fue necesaria la publicación de CIPER para que los hechos fueran canalizados a través de un fiscal del Ministerio Público, y por qué todo lo que se estaba haciendo en ese momento no ocurrió el 7 de marzo, cuando Melo tuvo conocimiento completo de los hechos.
Entre los datos recibidos por el SENAME estaban los 12 casos de abusos sexuales registrados en la encuesta de UNICEF. Rolando Melo señaló que, como la encuesta no identificaba a los niños, el trabajo del SENAME para proteger a los denunciantes había sido "a oscuras". Sin embargo, se cuestionó si era tan difícil identificar a una niña de 9 años abusada en un centro con solo 20 niños. Según el SENAME, sí. Angélica Marín, jefa del departamento de Protección de Derechos de ese organismo, explicó ante la Comisión de Constitución que, de los 12 casos conocidos en marzo, tras cinco meses de trabajo y el despliegue de equipos en terreno, solo pudieron identificar cinco situaciones similares.
Tanto Melo como Marín insistieron ante la comisión y la prensa en que UNICEF se equivocó al realizar encuestas anónimas. Aunque estas críticas pueden ser atendibles, resultan contradictorias viniendo de autoridades del SENAME, ya que la encuesta de UNICEF es una continuación de otra encuesta realizada en 2011 por el propio SENAME y con las mismas características de anonimato. En esa encuesta anterior, surgieron más de 200 casos de abuso sexual. En el grupo de niños de 7 a 12 años, el 7,8% (157 niños) afirmó que alguien (sin precisar si un adulto de la residencia u otro niño) les había tocado partes íntimas de su cuerpo, identificando mayoritariamente más de una parte de su cuerpo, seguido de la vagina, el poto, el pene y los senos, según detalla el informe. Si se consideran solo los niños que acusan haber sido tocados, hay 238 casos que el SENAME conoció en 2011. Sin embargo, esto no se tradujo en denuncias a la fiscalía. De acuerdo con datos obtenidos, ese año solo hubo 35 denuncias realizadas por los directores regionales del SENAME a las fiscalías, una cifra similar a la de 2012 (48 casos).
Lo único que parece haber hecho el SENAME es distribuir entre sus colaboradores acreditados la circular Nº 18, que establece los procedimientos para quienes detecten "hechos constitutivos de maltrato físico, psicológico o de delitos en contra de niños, niñas o adolescentes sujetos de atención". Ambos documentos son claros en establecer que todas las personas que tomen conocimiento de un posible delito cometido al interior de los hogares y residencias de menores tienen la obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes (Ministerio Público, Carabineros o PDI) en no más de 24 horas. Según el SENAME, la implementación de ambas circulares en 2011 "buscó generar una acción rápida y efectiva para proteger a los niños que eventualmente estaban expuestos a maltratos o abusos". No obstante, esto no ocurrió, y llama la atención que ante la gravedad de los hechos detectados por la encuesta "Mi derecho a ser escuchado", hayan sido tan pocos los casos que llegaron a la justicia. Aún más grave resulta que, a dos años de que esos instructivos establecieran los pasos a seguir frente a hechos constitutivos de delitos, recién ahora el SENAME esté "articulando un registro nacional de la aplicación de estas circulares que se llevan de manera descentralizada". En otras palabras, la institución no maneja las cifras sobre cuántas denuncias han llegado a tribunales por parte de sus propios funcionarios o de sus colaboradores acreditados.
Frente a las críticas del SENAME y del ministro Héctor Carreño, UNICEF ha reconocido que era posible mejorar el mecanismo de la encuesta para acelerar la protección de los niños que declaraban haber sido abusados. Para UNICEF, la encuesta no se diseñó para recoger denuncias específicas, y mirarlo así simplifica el problema del SENAME, ya que las situaciones de vulneración en la red no son solo los 12 casos, sino una muestra representativa. En la encuesta "Mi derecho a ser escuchado" elaborada por el SENAME, también aparecen niveles de violencia similares a los detectados en la encuesta de la Comisión Jeldres: el 15,7% de los niños menores de 13 años (313 casos) relata que los adultos de la residencia alguna vez les han pegado, y un 19,9% ha visto a los adultos golpear a otros niños. La reacción del SENAME ha sido lenta y a veces muy ineficaz, como consignó la Comisión Jeldres al denunciar a los tribunales la situación de dos hogares en Arica: Ajllasga y Sariri. No solo es criticable que el SENAME, teniendo la obligación de supervisar esos hogares, necesitara una comisión de Santiago para constatar los abusos, sino que, seis meses antes, una comisión del Ministerio de Justicia ya había emitido un duro informe sobre ambas residencias.
El Estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2017
Alcance y foco de la observación
La información revelada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2017 causó conmoción. Tras un estudio aplicado en 171 centros del Servicio Nacional de Menores (SENAME), 23 menores declararon haber sido víctimas de abuso sexual en el último año. Esta observación se realizó entre enero y abril de 2017 en el 83% de todos los centros de la red nacional, donde residen niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado.
El estudio, que además reveló situaciones de violencia institucionalizada y entre pares, se realizó con 405 entrevistas a niños y 1.706 encuestas a los funcionarios de los centros de la red, incluyendo a organismos colaboradores. El INDH afirmó en su informe final que "existe un interés público en el modo en que estos servicios se organizan y son prestados, tanto en los centros públicos como privados, lo que requiere definir estándares mínimos de provisión del servicio y de funcionamiento que aseguren a niños, niñas y adolescentes condiciones de vida y de cuidado que sean coherentes con la Convención sobre los Derechos del Niño".
Abuso sexual: Datos específicos y distribución
Además de los 23 casos de abuso sexual, el estudio identificó que la cifra corresponde a la cantidad de menores que reportó por sí mismo haber sido víctima de abuso sexual en el último año. Se trató de 23 casos en 20 centros, ubicados en nueve regiones. Las regiones con más casos fueron Valparaíso y Los Lagos, con cuatro casos de abuso cada una, seguidas por el Maule, Biobío y La Araucanía, con tres casos. Del total, seis casos ya habían sido judicializados o enfrentados por el propio centro, y los otros 17 dieron lugar a la apertura de fichas de seguimiento.
La distribución del abuso en menores fue notoriamente superior en el caso de las niñas, acumulando el 80% de los casos, en contraste con el 20% de los niños. En términos etarios, las edades que acumularon más casos fueron los 8, 10 y 14 años, con un 18% de los casos cada una. El 52,4% de los niños y niñas declaró haber recibido abuso en varias o muchas ocasiones, mientras que un 47,6% afirmó que se trató de un solo episodio.
Los abusos fueron realizados en su mayoría (78%) por otro menor, y en un 8,6% de los casos por un adulto que trabajaba en el centro. También llamó la atención un porcentaje no menor de casos (6,6%) donde el menor no fue capaz de especificar quién fue su agresor. En el 69% de las veces, el menor seguía en contacto con su abusador.
Con respecto al tipo de abuso cometido, el más común fue el de tocaciones en partes íntimas (55,3%), seguido de un 16,7% de menores que declaró que "alguien se ha aparecido en el baño con la intención explícita de observar sus partes íntimas". Poco después, con un 16%, se ubicaron las insinuaciones de carácter sexual.
En cuanto a la respuesta de los centros, de 150 entrevistados, solo el 6% reportó denuncias contra el personal en los últimos 15 meses. Existen solamente tres centros con funcionarios judicializados, incluyendo uno con nueve personas. Solo un 2% de los centros, es decir, tres de ellos, reportaron haber desvinculado a personal por situaciones de abuso. En los tres casos se despidió solamente a una persona.
Violencia entre pares: Prevalencia y tipos
De los 401 menores entrevistados, un 48,4% declaró haber recibido "todas las formas de bullying muchas veces", con una diferencia marginal entre niñas y niños, siendo ellas un poco más afectadas. El estudio reveló que la situación afecta a todos los menores, independientemente de su rango etario, y que el tipo de violencia que más se repite es la psicológica, con un 46,3% de prevalencia. Seguida de ella se encontraron los garabatos e insultos (39%), la recepción de burlas o ser puesto en ridículo (21,3%), ser rechazado o aislado (17,3%) y la violencia física reiterada (12,7%).
Entre las razones más comunes para el bullying se encuentran "por ser físicamente diferente", con un 16%; por la personalidad, con un 19%; o por discapacidad, con un 4,8%. Del total de niños entrevistados, un 34,3% admitió no haber pedido ayuda a los adultos del centro ante estas situaciones, aunque de aquellos que sí lo hicieron, un gran porcentaje manifestó haber sido socorrido, con más del 80% de las respuestas.
Aunque el 57% de los centros declaró haber realizado alguna acción preventiva que involucrara a niños y al personal de trabajo, el estudio reveló que un 19,2% de ellos no cuenta con protocolos de acción para enfrentar situaciones de violencia entre pares.
La violencia institucionalizada y los castigos
La mayor parte de los menores declaró haber sido castigado por el personal del centro, con un 84% de las respuestas, afectando por igual a niños y niñas, y sin diferencias significativas con respecto a la edad. Aunque los tipos de castigo más comunes son prohibir ver la televisión (45,5%), usar el computador o la consola de juegos (35,3%) e impedir a los menores salir a jugar (42,3%), llama la atención la existencia de castigos asociados al aislamiento. Entre ellos destaca que se le quite el habla al menor (23,8%), que sea enviado a una pieza o a otro lugar (38,7%), que se les traslade de habitación (22,4%), se les restrinjan las visitas de familiares (15%), se les quite la comida (7%) o se les encierre en un lugar del cual no puedan salir (7%).
Tras lo ocurrido con la muerte de Lissette Villa, el dato de los castigos asociados a las contenciones también resulta importante. Entendido como "contención con el cuerpo o las manos de manera que los inmovilizan o les cuesta respirar", este tipo de castigo alcanzó un 12,3% de prevalencia. Con respecto a los tipos de maltrato, el psicológico (gritar, encerrar, emitir garabatos o burlas, no hablar o amenazar con golpes) alcanzó un 45,6%, siendo el más común. Luego le sigue el maltrato físico leve (tirar el pelo o las orejas, empujar o zamarrear, proferir cachetadas o palmadas (12,2%) y después el grave (patear, morder, dar un puñetazo, quemar con algo, golpear con objetos, amenazar con armas), con un 5,9%.
La brecha de percepción entre niños y funcionarios
Lo denunciado por los menores contrasta radicalmente con lo reportado por los funcionarios a través de las encuestas: la percepción de los niños duplica o triplica la de los funcionarios, alcanzando su mayor diferencia en los casos de encierro, insultos o "ley del hielo", donde los menores perciben cinco o seis veces más frecuencia que los adultos. Por ejemplo, con respecto a "no hablar por largo periodo de tiempo", los funcionarios reportaron un 3,7% de las ocasiones, versus un 17,5% denunciado por los niños. Con respecto a los encierros, los adultos hablaron de un 2,1% y los menores de un 11,5%. Sobre el maltrato físico grave, todos los funcionarios declararon que no existía.
El personal de los centros también denunció recibir agresiones por parte de los menores, con un 55% de agresiones verbales.