La seguridad laboral es un pilar fundamental en cualquier entorno de trabajo. En 2022, la tasa de accidentabilidad alcanzó un registro de 2,8 por cada 100 trabajadores protegidos. Ante un siniestro, es vital conocer los protocolos de actuación y los derechos que amparan al trabajador bajo la Ley 16.744.
Protocolo de actuación ante un accidente laboral
Cuando ocurre un accidente, el trabajador debe activar el seguro de accidentes y enfermedades laborales para cubrir todas las atenciones médicas. La persona debe ser trasladada a la mutualidad a la cual esté afiliado su empleador. Si la mutual no está accesible, el trabajador podrá ser derivado a cualquier hospital o clínica, debiendo informar siempre que se trata de un accidente laboral.
Es importante destacar que se consideran accidentes laborales aquellos que ocurren en el trayecto directo de ida o regreso entre el lugar de residencia y el trabajo, así como los ocurridos en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo de distintos empleadores. Si el trabajador sufre un accidente el día uno de sus funciones, o incluso antes de la firma del contrato, deberá demostrar la existencia de una relación laboral para reclamar sus derechos.
Tratamiento y recuperación
Por ley, todos los trabajadores que sufren un accidente laboral o una enfermedad profesional deben recibir la atención médica y el tratamiento necesario hasta lograr la completa recuperación. Tras un accidente, una persona podría demandar a su empleador por la responsabilidad que este pudiera tener en el hecho, pudiendo interponer una demanda por indemnización de perjuicios.
Evaluación de la incapacidad permanente
Si al finalizar el tratamiento médico el trabajador no se recupera completamente y presenta una secuela permanente, el caso es evaluado por comisiones especializadas para determinar el grado de incapacidad y la ayuda económica correspondiente.
Comisiones evaluadoras
- Accidentes laborales: La evaluación recae en la Comisión Central de Evaluación de Incapacidades (CCEI) de la mutualidad correspondiente (como la ACHS).
- Enfermedades profesionales: Estos casos se derivan a la Comisión de la Seremi de Salud o al COMPIN.
Estas comisiones se basan en el Decreto Supremo 109 para determinar el grado de incapacidad, considerando el tipo de secuela, el oficio, la edad y el género del trabajador. Es fundamental entender que la Comisión evalúa la secuela presentada, no el diagnóstico ni el evento causante.
Prestaciones económicas según el grado de incapacidad
Dependiendo del porcentaje de incapacidad determinado, se establecen las siguientes compensaciones:
| Tipo de prestación | Grado de incapacidad | Beneficio |
|---|---|---|
| Indemnización | 15% al 37,5% | Pago único (1,5 a 15 sueldos base) |
| Pensión (Invalidez parcial) | 40% al 65% | 35% del sueldo base |
| Pensión (Invalidez total) | 70% o más | 70% del sueldo base (+30% si es gran inválido) |
Las pensiones mantienen su vigencia hasta que la persona cumple la edad de jubilación legal (60 años mujeres, 65 años hombres). Los pacientes que deseen apelar a la resolución tienen un plazo de 90 días hábiles para interponer un reclamo ante la Comisión Médica de Reclamos.
Consideraciones sobre remuneraciones y subsidios
Los reajustes de remuneraciones pactados en instrumentos colectivos deben incorporarse en la base de cálculo del subsidio por incapacidad laboral, siempre que la causa sea un accidente del trabajo o enfermedad profesional. En caso de enfermedad común, el empleador aplicará los reajustes una vez que el trabajador se reintegre a sus labores.
Para gestionar estos procesos, se requiere documentación como liquidaciones de sueldo de los últimos 6 meses, certificado histórico de cotizaciones de la AFP o IPS, y el formulario REIP que establece el grado de invalidez.