La Región del Biobío ha sido escenario de diversos incidentes que han puesto en el foco al Servicio Nacional de Menores (Sename), la actuación policial y la seguridad pública. Estos eventos incluyen agresiones, robos con intimidación y denuncias de violencia policial que afectan a menores bajo la tutela del Estado.
Agresión a Gendarme por Joven Infractor en Hospital de Coronel
En un grave ataque, un joven infractor del Centro de Internación del Sename agredió a un gendarme en el Hospital de Coronel. El adolescente había sido trasladado a dicho recinto por conductas suicidas y aprovechó un momento en el baño para cometer la agresión. El joven intentó fugarse, quebró una mampara y lesionó al uniformado con un trozo de vidrio, causándole un corte profundo en el brazo que requirió 15 puntos y podría necesitar cirugía. Tras determinar la necesidad de una evaluación psiquiátrica, el joven, engrillado, cometió la agresión. El director interino del Sename confirmó el incidente.
El gremio de gendarmes, por su parte, denunció la falta de rigurosidad en las derivaciones de internos a hospitales para evitar fugas. A pesar de esto, el Sename defendió los protocolos de evaluación profesional en los traslados médicos, informando que el joven fue dado de alta y regresó al centro de internación con medicamentos y control ambulatorio.
Disparos de Carabineros a Menores en Centro Sename de Talcahuano
La tensión marcó un día para el Alto Mando de Carabineros tras conocerse que en Talcahuano dos menores internados en un centro del Sename habían sido baleados por carabineros. El Presidente Sebastián Piñera suspendió su asistencia a la ceremonia de ascenso de los generales, una señal que para algunos fue de ajuste y para otros, de distanciamiento de la institución. Desde la Presidencia, se informó que "dados los lamentables hechos ocurridos en la residencia de menores Carlos Macera, en la comuna de Talcahuano, el Presidente Piñera está concentrado en que se esclarezca la verdad en forma total y oportuna". Para estos efectos, el Mandatario contactó al ministro del Interior, Rodrigo Delgado; al ministro de Justicia, Hernán Larraín; al intendente de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, y a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
Detalles del Incidente en la Residencia Carlos Macera
Según los registros de Carabineros, a las 16:30 horas el sargento segundo John Mograve y la carabinera Jordana Alarcón llegaron hasta la residencia del Sename Carlos Macera, ubicada en calle Aviación 7200. Su presencia fue solicitada por una ambulancia del Samu para acompañarlos a ingresar a la residencia, dado que atenderían a un menor descompensado. De acuerdo a la versión policial, transmitida por los mandos de la Región del Biobío a sus superiores, una vez en el lugar, un grupo de ocho menores comenzó a agredir a los funcionarios policiales con piedras y otros elementos contundentes, sumándose otro grupo de adolescentes.
Es en ese momento que, según el relato, el sargento Mograve efectuó tres disparos con su pistola fiscal 9 mm. Los proyectiles impactaron en las piernas de dos menores de 17 y 14 años (un impacto a cada uno). En tanto, el cabo Javier Canales efectuó un disparo con el revólver fiscal .38, sin ocasionar lesiones. Una vez controlada la situación y ante la llegada de apoyo policial, se detuvo a los lesionados F.A.E.C. (16) y F.A.J.S. (14), ambos dañados “con salida de proyectil”, siendo trasladados al Hospital Las Higueras. Además, Carabineros arrestó a otros dos menores por agresiones a la policía. El registro policial también dejó constancia de que resultó herida la carabinera Alarcón y el sargento Mograve, e incluso un policía resultó con herida cortopunzante y un brazo quebrado.
Repercusiones y Llamados a la Renuncia
Las esquirlas del caso llegaron rápidamente a Santiago, activándose las comunicaciones entre el gobierno y Carabineros. Se manifestó la urgencia de determinar lo sucedido y, principalmente, saber por qué el funcionario policial disparó. Para ello se abrió un sumario, y el ministro del Interior solicitó celeridad y transparencia al general Rozas. Delgado sostuvo que “como gobierno de Chile nos duele lo que ha ocurrido. Es un hecho de máxima gravedad, el Estado está para proteger a los niños y jóvenes”. En Carabineros, el tema preocupa, pero prefieren esperar lo que diga la fiscalía y el sumario. El teniente coronel Álvaro Martínez, jefe de la Prefectura Talcahuano, dijo que “es una situación grave que dejó menores y carabineros heridos, que debemos aclarar con máxima transparencia y celeridad, y vamos a entregar todos los antecedentes que tengamos para que esto suceda lo más rápido posible”. En la Cámara de Diputados se decidió suspender la sesión de Presupuesto por esta contingencia. El diputado Daniel Núñez (PC) pidió la renuncia del general Rozas, mientras la vicepresidenta de la DC, la diputada Joanna Pérez, señaló: “Lo ocurrido es de toda gravedad. Exigimos la renuncia del general (director) de Carabineros”.
Asalto Armado a Clínica del Sur en Concepción
En Concepción, seis sujetos encapuchados y armados ingresaron a la Clínica del Sur. Los delincuentes robaron artículos personales de trabajadores de la salud y dinero en efectivo de las cajas. Los antisociales habrían agredido a un guardia y luego intimidado con pistolas a los trabajadores. Una de las afectadas relató que a su compañera "la agarraron desde aquí afuera". El asalto se llevó a cabo cerca de las 06:00 de la madrugada de un martes. Tras minutos de terror, los asaltantes se dieron a la fuga a bordo de vehículos en diferentes direcciones. Finalmente, el procedimiento quedó a cargo de Carabineros.
Violencia Policial contra Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del Sename Durante el Estallido Social
Un 11% de los detenidos durante el estallido social fueron menores, según cifras del gobierno, y entre ellos, muchos adolescentes vulnerables que pertenecen a la red del Sename. Al menos 115 jóvenes atendidos por ese servicio han denunciado maltrato policial grave e irregularidades en sus detenciones. De esta forma, menores bajo tutela del Estado acusan haber sido víctimas de agentes del mismo aparato público. Esos jóvenes y adolescentes, muchos de ellos vulnerables y bajo tutela del Estado, integran parte de lo que se ha denominado un "enemigo poderoso", como lo demuestran las cifras de denuncias de abuso policial hechas por menores de la red Sename.
Cifras Alarmantes y Testimonios
Las cifras oficiales entregadas por el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indican que el 11% de los 14.581 detenidos hasta el 4 de noviembre eran menores de edad. No existen cifras oficiales de cuántos de esos menores arrestados han pasado o están en algún programa de la red del Sename. Lo que sí ha sido documentado por ese servicio es el número de niños, niñas y adolescentes (NNA) vinculados a su red que hasta el 4 de noviembre habían sufrido “hechos vulneratorios” en manos de agentes del Estado (policías y militares). De ese total, detallan en la institución, “78 corresponden a niños, niñas y adolescentes, del área de protección”, es decir, menores que viven en un entorno de vulnerabilidad y reciben asistencia en programas del Sename. La mayoría lo hace de manera ambulatoria (54 casos). Otros 37 casos corresponden a menores infractores de ley (de 14 a 17 años de edad), que participan en programas del área de justicia juvenil, mayoritariamente cumpliendo medidas cautelares o sanciones en medio libre.
Manuel, un joven de 16 años, sufrió un impacto en el ojo derecho durante una manifestación, perdiendo la visión y enfrentando la posibilidad de un ojo ortopédico. Es uno de los 115 adolescentes que se atienden en la red del Sename que acusan haber sido víctimas de violencia policial. Su madre, Carolina, relata cómo Manuel fue a buscar a su hermana de 14 años y recibió un perdigón en el ojo, comenzando a sangrar y marearse.
Casos Documentados de Abuso Policial
Francisco, un joven extranjero de 17 años en un programa de libertad asistida especial para infractores de ley, fue detenido el 29 de octubre en Iquique mientras participaba en una manifestación. Tras ayudar a una señora caída, fue detenido por efectivos de Fuerzas Especiales, golpeado duramente en la espalda y el estómago, y amenazado con deportación. Vomitó sangre y fue encerrado en un calabozo con adultos sin recibir atención médica. La familia prefirió no denunciar.
La abogada Camila de la Maza señala que “el maltrato que sufren los infractores adolescentes por parte de Carabineros es una táctica súper habitual”, especialmente en los traslados donde son fuertemente golpeados. Agrega que, en el contexto del Estado de Emergencia, adolescentes fueron detenidos, golpeados y amenazados de fusilamiento, lo que agrava la situación. La abogada considera que existe una política gubernamental de dar discrecionalidad a las policías, otorgándoles mayores facultades y que los actos de agresión queden en impunidad. Un joven de 17 años usuario de un programa de protección del Sename, durante el toque de queda, fue intimidado por militares que le apuntaron con un fusil a la cabeza, amenazándolo con fusilarlo si no corría a su casa.
El 24 de octubre, en Concepción, un adolescente de 16 años que es parte de un Programa de Intervención Especializada, fue brutalmente golpeado por carabineros durante una marcha en el centro. Después de que la manifestación fue disuelta, se refugió en un negocio, de donde fue sacado a la fuerza y, por los golpes recibidos en la nuca, terminó con convulsiones. No fue detenido.
Vulneraciones de Derechos en Detenciones
En el registro recogido entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre por un grupo de abogadas feministas, se detectó “una serie de vulneraciones a niños, niñas y adolescentes que incluían detenciones con uso excesivo de la fuerza, desnudamientos, tocaciones e incumplimientos a la normativa”. Entre estas vulneraciones se encuentran la falta de cumplimiento de la normativa que resguarda a los NNA en casos de detenciones, impidiendo el contacto telefónico con sus familiares, la mayoría de las veces sin acceso a agua y a baño durante su detención, sin constataciones de lesiones inmediatas (sino que realizadas luego de varias horas después y en presencia de personal policial), y sin poder entrevistarse con un abogado de manera privada. También se refiere a una detención ilegal de una madre y su hija adolescente.
Muchas de las detenciones a adolescentes se imputan por el delito de robo en lugar no habitado, “a pesar de que la mayoría de la gente señala que solo eran espectadores”.
Respuesta de Organismos y Denuncias
En la práctica, quienes realizan la denuncia generalmente son los organismos de la red Sename. El servicio informó que todos los casos registrados “han sido denunciados al Ministerio Público para que se haga la investigación correspondiente”. El 28 de octubre, el Sename instruyó a todos los organismos de su red a activar las circulares 5 y 6. Estas últimas se utilizan para reportar vulneraciones sufridas por menores que fueron víctimas de agresiones en procesos de detención o que fueron afectados por el quebrantamiento de las normas que debe cumplir Carabineros al momento del arresto.
La Defensora de la Niñez explicó que “hemos recibido información del Sename que indicaba, en una primera instancia, que 79 menores -que están o han estado en programas ambulatorios o residenciales del sistema de Protección- han sido víctimas del personal policial, cuyos derechos han sido vulnerados. De ellos, 51 son de la Región Metropolitana”. Posteriormente, se recibió información de otros 37 casos, sumando un total de 116. Esta información contrasta con los datos aportados por el gobierno a la CIDH, donde se aseguró que “hay protocolos muy estrictos con respecto al tratamiento que se le da a los menores que son detenidos en cualquier circunstancia”. Sin embargo, la Corporación Opción ya ha documentado casos en que estos protocolos fueron ignorados. Abogadas como Nicole Martínez han intentado cruzar datos para saber el porcentaje de jóvenes detenidos que son parte del Sename, detectando que muchos programas desconocían la situación de sus jóvenes debido al contexto anormal.
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