Recientemente, tres estudiantes del Instituto Nacional (IN) - entre los que se encuentra uno que fue detenido este viernes - y tres del Internado Nacional Barros Arana (INBA) se encuentran en centros del Servicio Nacional de Menores (Sename), ahora llamado Servicio de Mejor Niñez, con medidas cautelares tras protagonizar hechos de violencia en sus establecimientos. Este mismo viernes en el Instituto Nacional, profesores fueron agredidos en medio de un nuevo acto violento protagonizado en el liceo.
Escalada de Violencia en el Instituto Nacional y Otros Liceos
Incidentes Recientes y Agresiones a Docentes
Un grupo de encapuchados irrumpió la jornada portando material incendiario. Como consecuencia de estos actos, un alumno resultó herido y debió ser trasladado a un centro asistencial. Además, varios funcionarios se vieron afectados y algunas estudiantes sufrieron desmayos y descompensaciones producto del impacto de los incidentes, lo que evidencia la magnitud y gravedad de los hechos. La rectoría del liceo emblemático detalló que los hechos ocurrieron a eso de las 09:20 horas, donde participó "un grupo de más de 20 encapuchados", que lanzaron elementos incendiarios hacia calle Arturo Prat. Posteriormente, los sujetos provocaron "focos de incendio en el patio central y daños significativos al interior de nuestras instalaciones, representando un grave riesgo para la seguridad de toda la comunidad educativa".
Debido a esto, el recinto determinó suspender las clases de la jornada de la mañana, junto con talleres y academias, no obstante, las actividades de la tarde continuaron en sus horarios habituales, al igual que los servicios Junaeb. Asimismo, expresaron que "rechazamos de manera categórica estos actos de violencia, que son totalmente ajenos al espíritu de nuestra comunidad, y expresamos nuestra profunda preocupación por los daños provocados y el impacto que han tenido en estudiantes y funcionarios". También hicieron un llamado a las familias a "acompañar y orientar" a sus hijos e hijas, "reforzando valores de respeto, responsabilidad y compromiso que identifican a nuestro Instituto Nacional".
Durante la mañana de un martes, otra vez individuos con overoles blancos provocaron desmanes en el recinto, lo que derivó en que los profesores salieran del mismo a la espera de instrucciones superiores. Una nueva jornada de violencia y desmanes se vivió en el Instituto Nacional. Según reportan distintas fuentes del establecimiento, personas encapuchadas y con overoles blancos sin identificar -presumiblemente alumnos- iniciaron fuego al interior del recinto. Las mismas fuentes señalan que el amago de incendio, presumiblemente intencionado, comenzó a ser controlado por funcionarios del propio colegio, cuyas autoridades aseguran estar en conocimiento de la situación. La dirección del IN había ideado un protocolo de evacuación inmediata apenas existiera presencia de encapuchados, cosa que ocurrió este martes. Por lo mismo, los profesores salieron del establecimiento esperando instrucciones “con total incertidumbre”. “Seguimos en un riesgo inminente y la autoridad no hace nada,” relataron.
La Respuesta Municipal y la Ley Aula Segura
Ante aquellos hechos, la Municipalidad de Santiago ha adoptado la tónica de aplicar la Ley Aula Segura y querellarse contra quienes son culpables. Esta administración ha interpuesto 23 querellas por hechos de violencia, de las cuales en 12 están identificados los estudiantes con nombre y apellido. En las otras, son contra quienes resulten responsables de los hechos. Todas son contra estudiantes del Liceo Manuel Barros Borgoño, el Liceo de Aplicación, el Instituto Nacional (IN) y el Internado Nacional Barros Arana (INBA). Hasta el viernes eran cinco los estudiantes que tras la querella quedaron con medida cautelar de reclusión en un centro del exSename, ahora llamado Servicio de Mejor Niñez: dos del IN y tres del INBA. Ese mismo día, sin embargo, tras los disturbios que se registraron en el IN, otro menor que pasó a control de detención quedó con medida cautelar de reclusión en el Sename.
La directora de educación municipal de Santiago, Pilar Sazo, explica que “la Municipalidad se querella contra aquellos que resulten responsables y aquellos detenidos identificados. Se les detiene y pasan a control de detención, tratándose de menores quedan bajo vigilancia y se les aplica la medida cautelar de Sename”.
Declaraciones del Alcalde de Santiago sobre la Violencia
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien se ha caracterizado por condenar enérgicamente los hechos de violencia en liceos emblemáticos, comentó que “hemos hecho un trabajo nosotros como sostenedor, inédito. Por primera vez hay menores de edad que están con medidas cautelares, algunos en internación en el Sename, otros con arresto domiciliario nocturno”. En esa línea, fue tajante en decir que “sabemos que hay una estructura, que hay una logística, que hay adultos que financian, que adoctrinan, porque esto no es nada al azar, esto está bien planificado. Los perfiles son adultos, incluso algunos que han pertenecido a algún movimiento u organización de extrema izquierda, algunos que pertenecieron al Frente de Estudiantes Revolucionarios, y hay una mezcla entre apoderados, sustitutos, personas externas, y en algunos lugares probablemente hasta personal de los propios establecimientos”.
Además, el alcalde Desbordes acusó: “En el Nacional, en la acción de la semana pasada, no nos cabe duda de que intervinieron personas externas”. No solo acusó que los alumnos "encapuchados" recibirían ayuda de trabajadores del mismo establecimiento, sino que además reveló el rol de otros adultos que impulsarían desde afuera los actos violentos. Cuando se le preguntó sobre la posible ayuda de algunos profesores del mismo establecimiento, respondió: "sí, y es lamentable porque ellos son adultos". También señaló: “Estos grupos son fotógrafos, son fotógrafos que ellos se denominan los PH de los capuchas. Si tú buscas en las redes está lleno. Lleno, lleno de PH”.
El alcalde Desbordes, al condenar los hechos, cuestionó que "siempre hay una excusa; que el partido de la U. de Chile con Argentina, que esto, que lo otro. Siempre el capucha tiene una excusa para la violencia, para la destrucción. Hoy día han agredido profesores y a asistentes de la educación". Enfatizó: "Los vamos a perseguir. Estamos trabajando con la Fiscalía para tener resultados. Aquellos que son identificados los vamos a expulsar de inmediato. Vamos a tomar medidas con ellos también". Subrayó que "hubo una gresca enorme también con estudiantes que no están de acuerdo con estas manifestaciones violentas. Hubo atentados contra las salas de clases, destrucción de su propio liceo, destruyendo el lugar donde estudian, quemando una sala de clases. Eso demuestra que son jóvenes que no están preocupados de la educación, que no les interesa, que están sobreideologizados y que lo único que buscan es destruir". Remarcó que "vamos a aplicar Aula Segura, vamos a aplicar el Código Penal, vamos a trabajar con la Fiscalía para perseguirlos y no vamos a descansar". Afirmó su compromiso para "restaurar la paz y la tranquilidad en estos establecimientos que han sido el orgullo de Chile, motor de movilidad social, pero que hoy día están deteriorados por culpa de estos delincuentes que están lanzando molotovs, destruyendo, agrediendo a académicos, profesores y amenazando a autoridades educacionales".
Situación en Otros Establecimientos Emblemáticos
La denuncia se enmarca en un contexto ya crítico para el INBA. Asimismo, "se han instalado justamente los cinco establecimientos emblemáticos, porque como son pocos a nivel nacional no tendrían densidad suficiente, pero en estos cinco logran paralizar actividades, logran generar violencia y logran el objetivo que es llamar la atención". En esa línea, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, indica que "Ñuñoa se caracteriza por tener una de las mejores educación pública de Chile, pero tenemos el problema con un liceo en particular, que es el Liceo 7, que viene con episodios de violencia continua de hace dos o tres años".
Violencia o Bullyng En Escuelas y Liceos¿Por Qué_se_Traslada_a_la_Víctima_y No Al Agresor?
La Crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename) y el Servicio Mejor Niñez
Estas medidas, que incluyen la internación de menores en centros anteriormente conocidos como Sename, ahora Servicio de Mejor Niñez, traen a la luz la compleja realidad del sistema de protección para niños y adolescentes en Chile, un sistema que ha sido calificado como "en estado terminal".
Menores Bajo Tutela Estatal: Un Sistema "en Estado Terminal"
Así llegó Guillermina, de 16 años, al Centro de Protección Alborada, del Servicio Nacional de Menores, organismo del Estado del que dependen los niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social. Guillermina se resistió al reingreso violentamente, forcejeando y arrojándole objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después a Guillermina la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla. Tampoco para hacerle un chequeo completo luego de que llegara a medio vestir. La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla. La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el organismo encargado de proteger los derechos de los menores vulnerables llama "egresos" de su sistema. Así, el término de la vida de uno de estos niños es equiparable a su escape de uno de los centros donde vive o a la reinserción con su familia. Pero el caso de Guillermina parece no ser una excepción en un sistema que está "en estado terminal", según las propias palabras de María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
El Caos Estadístico y la Falta de Transparencia
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename en el Congreso, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno salió a aclarar, entonces, que la cifra solo incluye a los menores del área "protección". El sistema chileno se divide en dos grandes áreas: "protección", que vela por los derechos de menores vulnerados cuyas familias no están capacitadas para hacerse cargo, y una segunda parte que se encarga de recibir a niños infractores de la ley. BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arroja 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395.
Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. "Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica Ortiz. "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales", le dice a BBC Mundo el diputado Saffirio, quien además requirió formalmente información sobre las causas de las muertes de los menores a los distintos organismos. Saffirio fue presidente de la primera comisión investigadora del Congreso que fiscalizó las irregularidades del Sename y el año pasado presentó un informe con 200 medidas urgentes, asegurando que "ninguna se han cumplido". El diputado renunció a su partido por "falta de apoyo" en la investigación que una segunda comisión realiza sobre las muertes de menores. BBC Mundo intentó conversar con la entonces directora del Sename, Solange Huerta, para aclarar las cifras y para que ofreciera su versión de la situación, pero no estuvo disponible.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, explica: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
Fallas Sistémicas en la Atención y Cuidado
Más allá de los números exactos, lo que ha quedado en evidencia tras una serie de investigaciones es un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación -ni siquiera en primeros auxilios- y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia en el cuidado de los menores. Ortiz afirma: "Este no es un tema solo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen". Por primera vez este año y a partir de una seguidilla de muertes bastante cuestionadas, esos niños comenzaron a tener rostro: el factor "Lissette".
Actualmente existen más de 8.000 niños que han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename. Estos son los casos más "críticos", asegura Ortiz, sin considerar los otros programas que dependen del Servicio. Según información del Servicio Médico Legal requerida por el diputado Saffirio, las causas de muerte determinadas por algunas autopsias son variadas pero sorprenden por su grado de violencia. Lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos (gástricos o respiratorios), un menor muerto por un golpe en la cabeza por caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento son algunos de los resultados. Dentro de las causas frecuentes de muerte en lactantes o preescolares está el ahogamiento con sus propios fluidos.
En la lista hay una causa "indeterminada" de muerte que fue precisamente la que detonó la crisis por los fallecimientos: la de Lissette. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de la menor. La evaluación del Sename incluye maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. Aun así, la menor no dejaba de escribirle cartas a su madre pidiéndole volver a casa: "Ya luego quiero salir de este Sename, porfa, porque tengo mucha pena. Aquí me falta un pedacito de mi corazón y eres tú, mamá". En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia, sus "pataletas" y una fuerza que ni cinco "tías" (cuidadoras) podían contener. El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, estas pensaron que la crisis que vivía Lissette era otra de sus "pataletas". Pero no. Según el testimonio de una de las cuidadoras que estaba con ella ese día, en medio de una crisis la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar. Cuando trató de levantarla del suelo, se dio cuenta de que se había desvanecido. "Ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar", dijo la cuidadora.
Ni ella ni su compañera que estaban a cargo de las 20 niñas de esa casa tenían conocimientos en primeros auxilios, tampoco estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de que estaban frente a una crisis grave, intentaron reanimarla, fueron a buscar a los bomberos que estaban a una cuadra, llamaron a las enfermeras y al servicio de emergencia. Pero Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales. "La institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel. Ese es uno de los grandes problemas; no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual", dice Ortiz. Fue la entonces directora del Sename, Mariela Labraña, la que le dio a la prensa la noticia del fallecimiento de Lissette, atribuyéndoselo a una "crisis emocional" causada porque un "familiar muy cercano" no la fue a ver el domingo. La explicación fue considerada tan poco satisfactoria como ética y terminó costándole el puesto.
La Problemática de la Sobremedicación
"Mi impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada", le dice a BBC Mundo el psiquiatra Rodrigo Paz. El médico, que es parte de la querella por la muerte de Lissette, asegura que le estaban suministrando un fármaco (benzodiazepina) que en dosis bajas sirve como estabilizador del ánimo, pero que en la cantidad que se le daba a Lissette actúa como antipsicótico. Además, la menor estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que, a excepción de la fluoxetina, no está demostrado que hagan efecto en niños. Por el contrario, otro de los fármacos que tomaba Lissette, la sertralina, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables", explica el psiquiatra.
Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada". "El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula. Y hay problemas graves con la dosificación. Los adolescentes ya saben simular, dejar la pastilla debajo de la lengua y si no hay personal especializado que se los suministre, no sabemos si se están tomando efectivamente las dosis". El problema es grave, considerando que la mayoría de los menores requieren medicación, según dijo el senador Alejandro Navarro cuando estalló la crisis. "El 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado. Hay que llevarlos a un centro asistencial infantoadolescente de manera urgente. Ya no basta con los oficios", afirmó.
Sin embargo, la situación se extiende más allá de las puertas del Sename. "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", asegura Estrada. Guillermina, por ejemplo, tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente. "El bebé fue a un proceso de adopción porque no estaba capacitada para ser madre", cuenta el abogado querellante, quien calcula que la menor tenía 14 años. Guillermina estuvo mucho tiempo en situación de calle. Sin embargo, según el abogado, nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave. "Hay pocos psiquiatras infantojuveniles y, de esos pocos, la gran mayoría prefiere trabajar en el sector privado; entonces tenemos regiones donde simplemente no hay", explica Ortiz.
Hacia una Solución Integral
Precisamente un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado es uno de los tres pilares de una solución definitiva para el problema, según el análisis de Estrada. "Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle", explica el abogado. El segundo pilar tiene que ver con que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen. "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos". Sin embargo, Estrada plantea que quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño". Estela Ortiz coincide en este punto: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?".
Por último, Estrada plantea que es necesario que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada "que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo". Acá existe una diferencia sustancial entre los menores "infractores de ley", que cuentan con "muy buenos defensores", y aquellos que llegan a los tribunales de familia vulnerados, para ser protegidos por el sistema. "Los ve un abogado muy joven, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho". Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019. El problema es que los niños no pueden esperar. "Se pueden por lo menos tomar algunas medidas de transporte, poner un vehículo equipado...", sugirió como una de las acciones posibles.