En un esfuerzo conjunto por mejorar el acceso a la justicia y proteger los derechos de las personas mayores en Chile, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y el Poder Judicial han establecido una serie de iniciativas y acuerdos de colaboración. Estas acciones buscan garantizar un trato digno, una atención especializada y un entorno judicial accesible para este segmento de la población, reconociendo su valor y la necesidad de adaptar el sistema a sus particularidades.
Un Marco Nacional para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores
La importancia de esta colaboración se enmarca en el Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos (2022-2025), impulsado por el Estado de Chile, que subraya la atención a grupos vulnerables. Chile es "un país con una población envejecida, una ciudadanía que está envejeciendo", lo que hace imperativo un enfoque coordinado para abordar sus necesidades legales.
Por su parte, el SENAMA, aunque se describe como "una institución pequeña", tiene como objetivo generar un cambio cultural profundo, trabajando en conjunto con diversas entidades para lograrlo.
Iniciativas Clave del Poder Judicial para un Acceso Inclusivo
El Protocolo y la Guía de Aplicación para el Acceso a la Justicia
Como parte de la labor del Subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables, encabezado por la ministra Jessica González, y con el apoyo técnico de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos (DAIDH), se elaboró la Guía Práctica de Aplicación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores. Este documento, aprobado por el Pleno de la Corte Suprema, entrega orientaciones prácticas para jueces, juezas y funcionarios/as, con el fin de mejorar la atención a las personas mayores en los tribunales.
La implementación de este Protocolo y su Guía de Aplicación fue el eje de una jornada organizada por la DAIDH, secretaria técnica del Subcomité. Durante este evento, se realizaron tres exposiciones. "Con esta iniciativa impulsada por la Corte Suprema, se aborda el tema de las personas mayores, reconociéndolas como un grupo poblacional que puede aportar activamente a la sociedad y que, además, interactúa frecuentemente con el sistema judicial."
Francisca Terminal, jefa de cooperación internacional de la DAIDH, presentó la “Aplicación práctica de la guía de implementación del Protocolo de Personas Mayores”, entregando herramientas concretas y ejemplos para facilitar la incorporación de los lineamientos en el trabajo cotidiano de los tribunales del país. Con esta jornada, se inicia una etapa clave en el desarrollo de las acciones del Subcomité, centrada en la implementación práctica de la Guía de Aplicación del Protocolo. A lo largo de 2025, los tribunales piloto trabajarán en incorporar sus lineamientos y buenas prácticas en su quehacer cotidiano.
Mejoras en la Infraestructura y la Comunicación
Dentro de las orientaciones, se proponen mejoras en la infraestructura para que los tribunales sean espacios seguros, cómodos y accesibles. Esto contempla medidas como rampas antideslizantes, señalética clara y módulos de atención preferente.
Para garantizar el acceso a la justicia, es fundamental que la información entregada a las personas mayores sea clara, sin tecnicismos innecesarios y en un lenguaje respetuoso. Los tribunales están promoviendo materiales impresos con letra legible, así como señaléticas y apoyo personalizado cuando se requiera. En este contexto, Nel Greeven, fiscal de la Corte de Apelaciones de Valparaíso e integrante de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, expuso sobre “Lenguaje Claro para personas mayores”, destacando la relevancia de utilizar un lenguaje comprensible, directo y accesible en todas las comunicaciones judiciales, especialmente con personas mayores.
Acuerdos de Colaboración Regional: El Caso de la Corte de Apelaciones de Concepción y SENAMA Biobío
En un esfuerzo conjunto para mejorar el acceso a la justicia y proteger los derechos de las personas mayores, la Corte de Apelaciones de Concepción y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) de la región del Biobío han firmado un acuerdo de colaboración. Este convenio, suscrito por el presidente de la Corte, Mauricio Danilo Silva Pizarro, y la Coordinadora Regional de SENAMA, Janine Albarrán Astudillo, tiene como principal objetivo garantizar un trato digno y una atención judicial especializada para este grupo etario.
El presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Mauricio Silva Pizarro, resaltó la importancia de este acuerdo para derribar las barreras que dificultan su acceso a los servicios judiciales. Señaló que están "comprometidos en garantizar que las personas mayores tengan un acceso más justo y equitativo a los servicios judiciales" y que "a través de esta mesa de trabajo, podremos identificar y eliminar barreras que dificultan su acceso a la justicia", subrayando la relevancia de este paso para un sistema judicial inclusivo y accesible.
El convenio tiene como objetivo central consolidar la especialización en temas relacionados con las personas mayores, tanto en el acceso a los servicios judiciales como en el trato recibido dentro del sistema. Por su parte, Janine Albarrán Astudillo, Coordinadora Regional de SENAMA, puso énfasis en que este acuerdo representa una oportunidad de fortalecer las políticas públicas y los programas dirigidos a este grupo etario. "Este acuerdo nos permitirá fortalecer políticas públicas y programas destinados a proteger y promover los derechos de las personas mayores. Esperamos que esta colaboración marque un antes y un después en la atención judicial de este grupo etario", comentó Albarrán.
Uno de los aspectos más destacados del convenio es la intención de vincular directamente a las personas mayores en el proceso de construcción de estas nuevas políticas y programas. El convenio también contempla instancias de diálogo con agrupaciones de personas mayores, así como capacitaciones para el personal de atención pública en temas relacionados con el trato especializado a este grupo. Se busca asegurar que quienes trabajan en el sistema judicial y en otros servicios públicos estén capacitados para atender adecuadamente las necesidades de las personas mayores, considerando sus particularidades y los desafíos que enfrentan. Silva Pizarro reconoció la importancia de SENAMA como un aliado clave en este esfuerzo: "En SENAMA encontramos un socio muy importante, hemos podido coordinar muchas actividades en conjunto".
Diálogo y Análisis sobre Temas Específicos
Abordaje del Fenómeno del Maltrato a Personas Mayores
En el marco de un Convenio Interinstitucional entre la Corte Suprema y SENAMA, tuvo lugar el “Conversatorio de Aportes y Reflexiones sobre el abordaje del fenómeno del maltrato a las personas mayores en la Región Metropolitana de Santiago”. La actividad se realizó el pasado 19 de junio en dependencias de la Corte Suprema y contó con la participación de miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de Salud, de algunas Municipalidades y de Carabineros; además participaron académicos, Uniones Comunales de Clubes de Adulto Mayor y el Observatorio de Adultos Mayores, entre otros representantes de la sociedad civil, involucrados directamente en la promoción y defensa de los Derechos de las personas mayores. El objetivo del conversatorio fue debatir en torno al marco normativo en el país, que presenta vacíos legales e institucionales respecto al fenómeno del maltrato a las personas mayores, desde su abordaje judicial.
Análisis de Proyectos de Ley: El Derecho a Mantener Relaciones Familiares y Sociales
El tribunal pleno de la Corte Suprema analizó un proyecto de ley que “Establece un procedimiento especial, con el objeto de garantizar el derecho de las personas mayores de 65 años a mantener relaciones familiares y sociales”. En su conclusión, el informe de la Corte señaló que el proyecto de ley perseguía una finalidad legítima y valiosa: "proteger el derecho de las personas mayores a mantener relaciones familiares y sociales significativas, evitando su aislamiento y fortaleciendo su vida relacional".
Sin embargo, el informe agregó una crítica significativa: “En efecto, la propuesta pareciera confundir tutela con acompañamiento, al trasladar al ámbito de las personas mayores el modelo de ‘relación directa y regular’ propio del derecho de infancia. Esta analogía desconoce que los adultos mayores son sujetos plenos de derechos y autonomía, y no destinatarios de un régimen de representación o tutela”. La Corte Suprema consideró que, "aun admitiendo la necesidad de hacer frente a la problemática que inspira el objetivo, la vía judicial prevista y las reglas que la concretan no resultan ser las más adecuadas", ya que "pretender judicializar vínculos afectivos entre adultos autónomos excede el ámbito razonable de la jurisdicción de familia". En suma, se concluyó que la iniciativa reconocía un problema real, de carácter ético, pero su respuesta normativa no resultaría adecuada.