El Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile, ahora Servicio Mejor Niñez, ha sido objeto de escrutinio constante debido a las graves vulneraciones de derechos que han experimentado niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo su tutela. A lo largo de los años, diversos informes y testimonios han revelado una realidad alarmante, donde la protección estatal ha sido insuficiente y, en muchos casos, perjudicial. Dentro de este contexto, el programa PIN del SENAME (aunque el borrador no lo menciona explícitamente como "PIN", se infiere que se refiere a los programas asociados a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente), se enmarca en un sistema más amplio de intervención para adolescentes infractores de ley, cuyo diseño y aplicación han generado un intenso debate sobre su efectividad y los desafíos persistentes en materia de reinserción social.
Antecedentes de la Problemática en SENAME
Vulneraciones Sistemáticas y Falta de Fiscalización
Un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, al que CIPER tuvo acceso, investigó 240 hogares de menores en Chile. La conclusión fue contundente: el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. En el 100% de los centros administrados directamente por SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. El mismo documento de la PDI indicó que en el 100% de los centros dependientes directamente del SENAME se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Este informe policial, de 257 páginas, fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público, lo que generó cuestionamientos por parte de figuras como el diputado René Saffirio. El reporte de la PDI, mucho más completo que uno similar de la ONU que visitó solo cuatro residencias, consideró 240 de las 241 existentes en el país, abarcando a los cerca de 6.500 niños en el sistema de residencias.
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien, junto a un equipo especial de la PDI, investigó las 1.313 muertes en centros del SENAME entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016, que conmovió al país.
Informe Especial: "Los sobrevivientes del Sename en riesgo" | 24 Horas TVN Chile
Tipos de Vulneraciones Graves
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos
- 1.265 maltratos entre pares
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que crece hasta un 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados.
Fallas en los Protocolos y Recursos
El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el SENAME”. Alarmantemente, el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas y un 76,7% no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esta última falla es especialmente grave, dado que la muerte de Lissette Villa se produjo por errores en la contención de una crisis.
La mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor. A pesar de que el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del SENAME, la PDI determinó que “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”.
La Ley 20.084 y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
Origen y Objetivos
El Estado de Chile, siguiendo los compromisos asumidos con las Naciones Unidas, promulgó el 28 de noviembre de 2005 la Ley 20.084, que entró en vigencia el 8 de junio de 2007, conocida como la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Su objetivo principal es regular la responsabilidad penal de los adolescentes que cometen delitos, lo que incluye la regulación del procedimiento, la atribución de responsabilidad, la determinación de las sanciones y la forma en que se ejecutarán.
La propuesta legal hacía alusión a la necesidad de considerar el bien del adolescente, tal como se expresa en el artículo segundo: “En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos”.
Medidas y Sanciones
La ley 20.084 contempla diversas medidas, que pueden ser privativas o no privativas de libertad:
- Medida Cautelar Ambulatoria (MCA): Asegura que se lleven a cabo los fines del procedimiento penal, favoreciendo la participación del adolescente imputado en todas las diligencias de la investigación.
- Internación Provisoria: Se ejecuta en Centros de Internación Provisoria (CIP). Es una medida cautelar excepcional que impone privación de libertad, decretada por el juez de garantía o el tribunal oral a solicitud del fiscal o querellante.
- Servicios en Beneficio de la Comunidad y Reparación del Daño (SBC y RD): Consiste en el cumplimiento de actividades de servicio no remuneradas a favor de la colectividad o la subsanación del perjuicio causado a las víctimas.
- Libertad Asistida: Se ejecuta a través de un Programa de Libertad Asistida (PLA), con intervención personalizada a cargo de un delegado y asistencia a actividades educativas, de terapia y promoción de derechos.
- Libertad Asistida Especial: Se ejecuta a través de un Programa de Libertad Asistida Especial (PLE), con intervención ambulatoria intensiva controlada por un delegado, según un plan aprobado por el tribunal.
- Régimen Cerrado con Programa de Reinserción Social: Se ejecuta en Centros de Régimen Cerrado (CRC). La participación en este programa es una de las condiciones que puede considerar el Ministerio Público para la suspensión condicional del procedimiento.
Desafíos en la Implementación y Reinserción
A pesar de la promesa de reinsertar a adolescentes y jóvenes infractores en la sociedad, la Ley 20.084 mostró ser insuficiente. El 61% de quienes ingresaron al Sistema de Justicia Juvenil egresó antes de completar algún programa de protección del Estado, y el 47% de los adultos en la cárcel pasó previamente por SENAME. La falta de acceso a salud mental dentro de los Centros de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) agravó la situación.
Las experiencias de jóvenes como Misael Ortiz y Felipe Benavides, quienes pasaron gran parte de su juventud en distintos centros del SENAME (hoy Servicio Mejor Niñez), revelan una realidad cruda. Misael relata: “En general todo era muy… malo. Se portaban mal, había peleas, robos, drogas.” Felipe, detenido por robo con intimidación a los 14 años y derivado al CIP de San Joaquín, no encontró un apoyo significativo ni herramientas útiles para su vida adulta.
La trabajadora social Sonia Brito afirma que los niños y adolescentes han sido gravemente vulnerados en sus derechos, experimentando violencia en cualquiera de sus manifestaciones. La psicóloga Fernanda Salvo destaca que la reinserción social es un proceso sistemático de acciones orientado a favorecer la integración a la sociedad de una persona condenada por infringir la ley penal. Sin embargo, los datos de la Defensoría de la Niñez muestran una disminución en las salidas judiciales efectivas y las sentencias condenatorias, mientras aumentan los archivos provisionales y los términos por facultad de no investigar, lo que podría indicar nudos críticos en la investigación penal.
Factores que Inciden en la Conducta Delictiva y la Reinserción
Perfil de los Adolescentes Infractores
Profesionales como Juan Carlos Cornejo, Educador de Trato Directo del Centro de Internación Provisoria Tiempo Joven, y Francisco Jara, Educador Diferencial con 30 años de experiencia, describen el perfil de los jóvenes que ingresan a estos centros. Provienen en alto porcentaje de comunas de sectores populares con alta densidad poblacional y pertenecen a familias en donde alguno de los padres ha hecho abandono del hogar, sumado al consumo de drogas por parte de estos, presentando escasas reglas y normativa en el entorno familiar. Muchos llevan una vida delictual desde muy temprana edad, “a veces comienzan desde los ocho años, y quizás muchos han sido dejados en la calle, y llegan acá con doce o catorce años… muchos no tienen hábitos e integran familias muy disfuncionales (…) Robar era un patrón, parte de la vida cultural”.
El Papel de los Profesionales y la Institucionalidad
Misael y Felipe coinciden en que el acompañamiento profesional en los centros no fue un apoyo real. Misael recuerda que los asistentes sociales y psicólogos los apoyaban “más por trabajo”, sin un impacto significativo. Felipe confiesa que en los talleres no aprendió nada que le sirviera para la posteridad. Esta situación se agrava con la falta de personal calificado: el 42% de los centros no tienen un encargado de salud, y en muchos casos, la administración de fármacos recae en educadores de trato directo sin formación profesional ni técnica en el área de la salud, a quienes solo se les exige cuarto medio rendido.
Comelin Fornés subraya que “el trabajo con jóvenes que han infringido la ley penal no es un trabajo simple. Debe ser abordado con profesionales de alta especialización y con equipos consolidados que eviten la rotación laboral de sus componentes”.
La Necesidad de un Enfoque Integral y de Justicia Restaurativa
Sonia Brito señala que, si bien ha habido avances en leyes y normativas, la reinserción social de jóvenes infractores es una cuestión que suscita un debate permanente debido a la baja incidencia. La nueva Ley cambia el foco de trabajo, reconociendo a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos y actores sociales, por lo cual es la sociedad en su conjunto la que debe contribuir en el proceso de reinserción.
La propuesta de un modelo de justicia restaurativa es el sistema ideal para tener mayores posibilidades de éxito y lograr la reinserción de manera efectiva, garantizando una verdadera reparación para el victimario y su entorno. De lo contrario, “continuará el mismo círculo de condenas y liberaciones que no favorecen a nadie y que pueden producir todavía más daño a los infractores que viven una precariedad social, psicológica y física”.
Alejandra Michelsen, directora de la Fundación ITACA, con más de 15 años trabajando en reinserción, enfatiza que “el 47% de las personas adultas en la cárcel, estuvieron en hogares del SENAME”. Ella asegura que, para lograr un mayor porcentaje de reinserción, es necesario que toda la sociedad colabore y deje atrás la idea de que el encierro como método de castigo es efectivo, ya que se logrará todo lo contrario a lo que se busca. Misael y Felipe comenzaron a transitar hacia la reinserción solo cuando entraron a jugar un rol de acompañamiento organismos privados como la Fundación Itaca, que les brindaron un espacio para la liberación de culpas y la reconexión consigo mismos.
Trágicas Consecuencias y Desafíos Futuros
El educador Juan Carlos Cornejo recuerda la frustración de ver a jóvenes como Roberto Flores, quien, tras salir del Centro de Internación Provisoria Tiempo Joven, fue asesinado a los pocos días. Cornejo sostiene que, paradójicamente, Roberto estaba más protegido dentro del centro que en su propia casa.
Es creciente el número de menores de edad que han muerto de manera violenta. Entre 2018 y 2023, 75 adolescentes entre 14 y 17 años fallecieron violentamente, mientras que la cifra para mayores de edad asciende a 119 jóvenes muertos en el sistema, donde el Estado debía protegerlos. Recientemente, el 9 de enero del presente año, un joven de 17 años decidió quitarse la vida en el Centro de Internación Provisoria de San Joaquín. Además, en la Región Metropolitana, entre 2020 y 2024, 160 adolescentes intentaron quitarse la vida estando bajo la protección del Estado, lo que evidencia que “el Estado les ha fallado”.