La reforma del sistema de pensiones en Chile, impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, ha experimentado significativos avances en el Congreso, buscando establecer un nuevo sistema mixto de pensiones, un seguro social y la mejora de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Este proceso legislativo ha sido complejo, involucrando votaciones clave tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y ha generado amplio debate.
Aprobación en la Cámara de Diputados: El Primer Gran Paso
La Cámara de Diputados dio un paso crucial en la tramitación de la reforma de pensiones al aprobar la idea de legislar sobre la iniciativa del gobierno. Pasadas las 14:00 horas de un miércoles (fecha que antecede a enero de 2024, cuando fue despachado al Senado), los legisladores respaldaron un proyecto que busca mejorar la PGU, crear un nuevo sistema mixto de pensiones y establecer un seguro social en el pilar contributivo, además de introducir beneficios y modificaciones regulatorias.
La iniciativa requería 78 votos favorables y superó esta cifra, obteniendo la aprobación en general con 84 votos a favor, 64 en contra y tres abstenciones. Cuatro diputados no participaron en la votación: María Luisa Cordero, Jorge Durán, Rubén Darío Oyarzo y Hotuiti Teao. Los tres que se abstuvieron fueron Eduardo Durán (Renovación Nacional) y las diputadas Marta Bravo y Marlene Pérez (UDI). Tanto Chile Vamos como el Partido Republicano votaron en contra.
Tras esta aprobación inicial, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, destacó que “esta reforma avanza, es un gran avance para el país y se va a ver reflejado no sólo en la calidad de vida de los que hoy día están jubilados, sino que también en el futuro.” Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó orgullo por el trabajo realizado y el apoyo parlamentario, subrayando la importancia de “poder darle respuesta a la ciudadanía” y el compromiso de oficialismo y parte de la oposición.
Trayectoria Legislativa del Proyecto
El camino de esta reforma ha sido extenso. El Ejecutivo ingresó el proyecto de ley al Congreso en noviembre de 2022, representando el tercer intento en diez años para reformar el sistema de pensiones. Después de más de un año de discusión, la Cámara de Diputadas y Diputados, en su primer trámite constitucional, despachó el proyecto al Senado en enero de 2024.
Reforma de pensiones avanza en el Congreso
En el Senado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social inició el estudio de la iniciativa en marzo de 2024. Tras un avance inicial lento, en agosto del mismo año, el Ejecutivo y los senadores de la Comisión acordaron un protocolo de tramitación que estableció temas prioritarios y una metodología de trabajo. Estos acuerdos se reflejaron en un grupo de indicaciones presentadas por el gobierno el 15 de enero siguiente. Posteriormente, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó los 50 artículos con implicancia fiscal del proyecto.
Finalmente, el Senado aprobó el proyecto de ley de reforma previsional, valorando el ministro Marcel el avance como un logro que “va a permitir que las pensiones suban.” La ministra Jara enfatizó que esta aprobación es un “paso significativo” y que “es una reforma que le hace bien a Chile.”
Elementos Centrales de la Reforma Aprobada
Aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU)
La reforma contempla un aumento de la PGU a $250.000. La implementación de este incremento será gradual:
- A los seis meses de publicada la ley, el nuevo monto lo recibirán los beneficiarios de PGU de 82 años o más.
- A los 18 meses de publicada la ley, lo recibirán los beneficiarios de 75 años o más.
- A los 30 meses de publicada la ley, el nuevo monto llegará a las personas de 65 años o más.
Nueva Cotización del Empleador y Seguro Social
La iniciativa incluye una nueva cotización con cargo al empleador del 7% de la renta imponible. Este total se distribuirá de la siguiente manera:
- 4,5% para capitalización individual, con el objetivo de fortalecer las pensiones futuras de cada trabajador.
- El 2,5% restante será administrado por un Seguro Social y cubrirá contingencias como invalidez y sobrevivencia (SIS), además de la Compensación a Mujeres por mayores expectativas de vida.
Cabe señalar que, durante la tramitación en la Cámara de Diputados, una propuesta inicial de un 6% de cotización con cargo al empleador, con distribución 3% individual y 3% al Seguro Social, fue rechazada. Sin embargo, una versión modificada con el 7% de cotización fue la que finalmente avanzó.
El Beneficio por Año Cotizado accederán las mujeres con al menos 10 años cotizados, requisito que se mantendrá durante la primera década de vigencia de la prestación, para luego aumentar a 15 años cotizados. El alza de la nueva cotización del 7%, para alcanzar un 8,5%, se implementará con una gradualidad de 9 años.
Cambios Regulatorios y de Gestión en la Industria Previsional
La reforma también introduce cambios regulatorios significativos en la industria previsional, buscando mayor transparencia y competencia, y menores costos para los afiliados. Entre las medidas se incluyen:
- La licitación del stock de afiliados, un proceso bienal que licitará aleatoriamente al 10% de los afiliados actuales. El proceso será adjudicado al oferente con la menor comisión, la cual deberá mantener por cinco años.
- Las AFP tendrán la posibilidad de subcontratar funciones de soporte, pudiendo el Instituto de Previsión Social (IPS) actuar en este rol.
- Diversas medidas para incrementar la densidad de cotizaciones, como la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales y el reemplazo de los multifondos por fondos generacionales, un modelo que busca maximizar la rentabilidad y acotar riesgos.
- Un sistema de cobranza previsional centralizado para una recuperación más eficiente de las cotizaciones impagas.
- Modificaciones al decreto de Ley N°3.500, separando la industria de las AFP y creando los Administradores Previsionales y los Inversores Privados de Pensiones.
Implicancias Fiscales y Económicas
Desde el punto de vista fiscal, el proyecto ha sido diseñado para ser responsable y financieramente sustentable, incluyendo mecanismos de revisión periódica para identificar y corregir cualquier desviación. Un análisis económico realizado concluyó que el aumento del ahorro permitirá financiar más inversión en el país. En línea con acuerdos con la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, se aprobaron cambios relevantes para la PGU que permiten su incremento en un plazo más acotado, resguardando la sostenibilidad de las finanzas públicas.