Las protestas que iniciaron en Chile a mediados de octubre de 2019, detonadas por el alza de la tarifa del metro de Santiago, revelaron un profundo descontento social que se manifestó en el mayor estallido social de las últimas tres décadas en el país. Una de las consignas recurrentes en estas movilizaciones ha sido "Queremos jubilaciones dignas", poniendo de manifiesto uno de los principales reclamos de la población: el sistema de pensiones chileno.
El Sistema de Pensiones Chileno: Ahorro Individual y sus Consecuencias
El sistema de pensiones chileno se fundamenta en el ahorro individual de las personas a lo largo de su vida laboral. Esto implica que la cuantía de la jubilación está directamente ligada a la capacidad económica y al monto ahorrado por cada individuo. Si bien esta premisa busca incentivar el ahorro, en la práctica ha generado una brecha significativa, donde quienes tuvieron mejores condiciones económicas y pudieron ahorrar más, obtienen una jubilación digna, mientras que aquellos con sueldos bajos o períodos de desempleo reciben pensiones ínfimas.
Este sistema fue creado bajo el régimen de Augusto Pinochet y es administrado por entidades privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), las cuales invierten los ahorros de los trabajadores en el mercado de capitales. A pesar de la incorporación de un "pilar solidario" en 2008, destinado a que el Estado apoye a las personas con menores ingresos, las cifras revelan una realidad preocupante. Según un informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones de 2015, cerca del 80% de los jubilados chilenos recibe una pensión inferior al salario mínimo.
Los expertos clasifican técnicamente este sistema como "integrado", reconociendo la coexistencia del ahorro individual con el pilar solidario. Sin embargo, las consecuencias de este modelo han sido objeto de críticas constantes, evidenciando la insatisfaciibilidad de las pensiones para una gran parte de la población.
Modelos de Sistemas de Pensiones en América Latina: Un Panorama Comparativo
La discusión sobre el sistema de pensiones en Chile se enmarca en un contexto regional donde diversos modelos coexisten. En los años 80 y 90, varios países de la región se inspiraron en el modelo chileno de ahorro individual. Actualmente, según Alberto Arenas, asesor regional de la CEPAL, existen cinco tipos de sistemas de pensiones en América Latina:
- Reparto: Los trabajadores activos financian las jubilaciones de los adultos mayores a través de aportes colectivos administrados públicamente. Este modelo se utiliza en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, entre otros.
- Ahorro individual: Los trabajadores ahorran en cuentas individuales administradas por el sector privado. La pensión depende del ahorro acumulado y la rentabilidad de las inversiones. Bolivia, El Salvador, México y República Dominicana son ejemplos de este sistema.
- Mixto (complementario): Combina el sistema de reparto público con el de ahorro individual, permitiendo a los afiliados participar en ambos. Costa Rica, Panamá y Uruguay implementan este modelo.
- Paralelo (no se complementan): Existe competencia entre el sistema público de reparto y el de ahorro individual, obligando a los trabajadores a elegir uno de los dos. Colombia y Perú operan bajo este esquema.
- Integrado: El sistema chileno es un ejemplo, donde las pensiones dependen de los fondos individuales, pero el Estado aporta fondos para las personas más pobres a través de un pilar solidario.
Casos Paradigmáticos: Brasil y Chile
Mariano Bosch, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), identifica a Brasil y Chile como casos paradigmáticos de los modelos de pensiones en la región. Mientras que Brasil representa un modelo público con problemas de sostenibilidad fiscal, Chile exhibe grandes dificultades de sostenibilidad social debido a las bajas pensiones que no cumplen con las expectativas de la población.
Bosch señala que el sistema chileno, a pesar de las reformas, no es realista al esperar que un ahorro del 10% del salario se traduzca en una pensión cercana al 60% del último sueldo. La brecha entre las expectativas y la realidad es considerable, especialmente para aquellos que han cotizado por períodos limitados.
La Perspectiva de la Economía Feminista y la Desigualdad de Género
El análisis del sistema de pensiones en Chile se enriquece con la perspectiva de la economía feminista, que pone de manifiesto las desigualdades de género inherentes al modelo. El sistema, implementado en 1981, se basa en la capitalización individual y las contribuciones de trabajadores formales, con un requisito de cotizar el 10% del salario. Sin embargo, las bajas pensiones resultantes no solo afectan a la población en general, sino que profundizan las brechas para las mujeres.
Las mujeres enfrentan desventajas estructurales en el mercado laboral, como una menor participación laboral y una brecha salarial. Además, la carga del trabajo doméstico y de cuidados, a menudo no remunerado, limita su capacidad de ahorro y cotización. El "Bono por Hijo", implementado como una reforma para compensar las lagunas previsionales de las madres, no abarca a todas las mujeres y tiene requisitos que pueden excluirlas.
En abril de 2020, la pensión promedio de los hombres ($354.331) fue significativamente mayor que la de las mujeres ($222.927), representando el 63% de la jubilación masculina. Las medianas de las pensiones también reflejan esta disparidad, con una diferencia del 36% entre hombres y mujeres. La tasa de reemplazo, que indica el porcentaje del último salario que representa la pensión, es del 29% para las mujeres y del 52% para los hombres.
El Trabajo de Cuidados y la Reproducción Social
La economía feminista critica el enfoque tradicional de la economía, que ha tendido a invisibilizar y desvalorizar el trabajo doméstico y de cuidados. Estas actividades, esenciales para la reproducción social y la sostenibilidad de la vida, son realizadas mayoritariamente por mujeres y no son reconocidas ni compensadas adecuadamente por el sistema económico y las políticas públicas.
El concepto de "hombre champiñón", utilizado en economía feminista, describe a un sujeto idealizado que aparece en el mercado de forma independiente, sin necesidades ni responsabilidades sobre el bienestar ajeno. Esta ficción ignora la interdependencia humana y la vulnerabilidad inherente a la vida, que requiere del trabajo de cuidados para ser satisfecha.
La organización asimétrica del cuidado, donde los hogares (y dentro de ellos, las mujeres) asumen la mayor carga, genera desigualdades profundas. El sistema económico y las políticas sociales, con una orientación androcéntrica, tienden a reducir los procesos vitales a decisiones personales, ignorando las estructuras sociales que condicionan la capacidad de ahorro y de acceso a una pensión digna.
El Déficit Habitacional y la Crisis Social
Paralelamente a la crisis de las pensiones, Chile enfrenta un grave déficit habitacional. La especulación inmobiliaria, el aumento del precio del suelo y la reducción del tamaño de las viviendas han exacerbado la situación, llevando a un número creciente de familias a vivir en campamentos o en condiciones de hacinamiento.
La inmigración, especialmente de países como Venezuela, Haití y Colombia, ha intensificado la demanda de vivienda y ha sido aprovechada por empresarios para ofrecer mano de obra barata en condiciones laborales precarias. Esto, sumado a la falta de contratos y bajos sueldos, empuja a muchas familias a buscar alternativas de vivienda económicas, recurriendo a campamentos o al hacinamiento.
La Propiedad Privada del Suelo y el Derecho a la Vivienda
La problemática habitacional se ve agravada por la propiedad privada del suelo, donde existen extensas áreas que no son utilizadas para la construcción de vivienda social debido a la especulación inmobiliaria. Ante esta situación, se plantea la necesidad de un programa de emergencia habitacional que incluya la expropiación de terrenos ociosos en zonas céntricas para ser entregados a familias sin hogar.
El Debate sobre las Pensiones y el Futuro
En medio del debate nacional, se discuten posibles reformas al sistema de pensiones, incluyendo el alza de la cotización y el retraso de la edad de jubilación, especialmente para las mujeres. La búsqueda de un "acuerdo nacional para las pensiones" requiere de un esfuerzo conjunto para asegurar la sostenibilidad y suficiencia de los sistemas previsionales, garantizando una vejez digna para todos los ciudadanos.
La persistencia de las protestas y la llamada "furia chilena" evidencian la urgencia de abordar estas problemáticas sociales de manera integral y equitativa, reconociendo la interdependencia humana y la necesidad de construir un sistema que beneficie a toda la sociedad, sin dejar a nadie atrás.