Tras una historia de 46 años marcada por graves denuncias, el Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile cerró sus puertas el 12 de enero de 2026. Este proceso representa el fin de un modelo y el inicio de un nuevo sistema de protección para la infancia y adolescencia en el país. Creado hace 46 años, el Sename fue el primer servicio público en Chile dedicado de manera integral a la niñez y la adolescencia, asumiendo tanto tareas de protección como de reinserción social.
Antecedentes de Violaciones a los Derechos y la Investigación Internacional
La eliminación del Sename se produjo tras una serie de denuncias y un exhaustivo escrutinio internacional. En 2018, dos expertos del Comité de Derechos del Niño de Ginebra visitaron Chile para iniciar una investigación al Sename. Esta acción se desató tras la denuncia por la muerte de Lissette Villa, una niña de 11 años, en un centro del Estado en 2016. Los antecedentes presentados a los expertos incluían informes de la Cámara de Diputados y de la Fiscalía, y durante una semana, los expertos entrevistaron a 100 personas para recabar información.
Las conclusiones de la visita fueron rotundas: el comité determinó la existencia de sistemáticas y graves violaciones del Estado chileno a los derechos de quienes estaban bajo su cuidado en la red Sename. Concluyó que las violaciones descritas eran producto de causas estructurales que se arrastraban por 40 años. Posteriormente, en 2022, otro informe del comité solicitó enfrentar los reclutamientos de niñas para explotación sexual que suceden alrededor de centros de protección y que son liderados por grupos criminales, denunciando además la falta de respuesta de la justicia a estos casos.
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A lo largo de estas cuatro décadas, no se han recopilado cifras oficiales consolidadas sobre cuántos y quiénes son los niños y niñas víctimas de violencias, encontrándose solo fragmentos de esa historia. El sufrimiento de quienes pasaron por el sistema ha sido el tema central de numerosos libros, documentales, películas y series.
Nuevo Marco Legal y Creación de Instituciones de Protección
En respuesta a esta crisis histórica, el gobierno del Presidente Piñera promulgó en marzo de 2022 la Ley Sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Esta ley estableció un sistema integral con la responsabilidad legal de garantizar y proteger el goce pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).
El sistema está integrado por diversas entidades, incluyendo:
- Tribunales de Justicia
- El Congreso Nacional
- Los órganos de la administración del Estado
- La Defensoría de los Derechos de la Niñez
- Las oficinas locales de niñez de las comunas del país
- Los nuevos Servicios de Protección Especializada y de Reinserción Social Juvenil
- Los consejos consultivos de niños y adolescentes, y de la sociedad civil
El Proceso de Transición y el Nuevo Servicio de Protección Especializada
El proceso de transformación del sistema comenzó formalmente en 2021 con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Su objetivo principal fue asumir de manera exclusiva la protección de NNA que han sido gravemente vulnerados en sus derechos.
El cierre del Sename se llevó a cabo de manera gradual. En enero de 2024, se inició el cierre gradual del Sename en su rol vinculado a la justicia juvenil en la zona norte del país. Este proceso continuó en la zona sur a comienzos de 2025 y concluyó en la zona centro con el cierre definitivo del servicio. María Eugenia Fernández, directora de Sename durante 2024 y 2025 y encargada de liderar el cierre, señaló que este evento representa "un reconocimiento al trabajo de miles de funcionarias y funcionarios, así como de equipos colaboradores, que entregaron su compromiso y vocación al servicio de niños, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad."
Aspectos Positivos del Nuevo Servicio
El Nuevo Servicio de Protección Especializado ha introducido cambios valorados como positivos, entre ellos:
- La flexibilidad de mantener la subvención del Estado para los jóvenes hasta los 24 años que están en el sistema de cuidados alternativos.
- El establecimiento de programas de acompañamiento y preparación para la vida independiente, especialmente cuando la revinculación familiar de aquellos que perdieron el cuidado de sus padres no fue posible. En estos casos, el Estado asume la responsabilidad de apoyarlos en su proceso de independización.
Desafíos Persistentes y Críticas al Nuevo Modelo
A pesar de la finalización del Sename y la existencia de nuevas instituciones y legislación, Chile aún enfrenta situaciones críticas que afectan a la infancia y adolescencia. Persisten redes de explotación sexual infantil, altos índices de pobreza infantil, bajos niveles de aprendizajes, y numerosos casos de violencia y abuso. Además, se observa el rechazo de algunos alcaldes a tener residencias que acojan a NNA en sus comunas, falta de atención en salud mental y largas listas de espera para tratamientos especializados.
La Necesidad de una Ley de Garantía de Derechos
Diversos actores han reiterado la necesidad de contar con una Ley de Garantía de Derechos que instale un sistema de protección integral y administrativo a nivel local y en los demás niveles de la administración del Estado. Esta ley estaría orientada a la prevención efectiva y al apoyo a los NNA y sus familias. Se cree que, mientras no exista esta Ley de Garantía, el Nuevo Servicio de Protección Especializado estará limitado, pudiendo verse enfrentado a las mismas situaciones críticas que vivió el Sename. La polivictimización y la multidimensionalidad de las vulneraciones de derechos exigen un foco en la prevención y en que los demás ministerios y servicios cumplan su rol de garantes, brindando los programas, servicios y prestaciones que apoyen el trabajo de restitución de derechos que corresponde a este servicio especializado.
Críticas al Modelo de Financiación y Subsidiariedad
Otro punto crítico es la falta de modificaciones al modelo de subsidiariedad. Durante la tramitación de la ley del nuevo servicio, se propuso incorporar un artículo transitorio que indicara que el sistema de financiamiento se basara en estándares de calidad y en el logro de resultados medibles. Existe suficiente evidencia de que el modelo de subvenciones, regulado por la Ley 20.032, no permite cumplir con las exigencias actuales y contribuye a una alta rotación de profesionales y técnicos debido a los bajos salarios y el desgaste inherente al trabajo.
Esta situación genera inequidad, desigualdad, discriminaciones y diferencias en la atención a NNA con características y necesidades similares. Por ejemplo, se estima que el Sename gastaba en un niño en un centro de administración directa entre $2.500.000 y $3.000.000 en el modelo de vida familiar que está reemplazando a los CREAD. Sin embargo, las organizaciones con mayor capacidad de recaudación de fondos y redes gastan alrededor de $1.500.000 por niño, mientras que una institución pequeña gasta solo el monto correspondiente a la subvención, lo que subraya la disparidad.
La Comisión Verdad y Niñez: Hacia la Reparación Histórica
En 2024, el gobierno del Presidente Boric creó la Comisión Verdad y Niñez con el objetivo de recopilar testimonios de las víctimas del antiguo sistema. Su propósito es generar recomendaciones al Estado para reparar a los sobrevivientes y sus familias, junto con proponer las garantías necesarias para que estas vulneraciones no vuelvan a ocurrir. El Presidente ha declarado que esta comisión permitirá conocer la verdad de lo sucedido y pagará una deuda histórica del Estado con las infancias vulneradas.
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