La imagen de menores en las calles, sin ropa ante el frío o el calor, pidiendo dinero para poder comprar comida, es una escena que se ha vuelto cada vez más visible en Brasil en los últimos años, reflejando una profunda crisis social. A pesar del reciente desarrollo económico del país, porciones significativas de la población continúan viviendo en la pobreza, especialmente en áreas rurales y suburbios urbanos donde los beneficios del progreso no han llegado.
Un Panorama General de la Vulnerabilidad Infantil
La pobreza sigue siendo un factor clave para muchos de los obstáculos que impiden el pleno ejercicio de los derechos del niño en Brasil. Las dificultades económicas privan a los niños del acceso a sanidad y salud adecuadas, los empujan hacia trabajos ilícitos y peligrosos en busca de ingresos, incrementan el riesgo de matrimonio infantil, abuso sexual y sus problemas consiguientes. Además, la pobreza facilita la entrada a la actividad criminal e incrementa las interacciones indeseadas entre los niños y la ley, negándoles sus derechos humanos fundamentales.
Estadísticas Alarmantes de Pobreza y Desigualdad
Un informe de la ONG Fundación Abrinq, titulado “Escenario de la Infancia y la Adolescencia en Brasil”, revela que más del 40% de los niños vive en pobreza, de los cuales 5,8 millones residen en extrema miseria y 4 millones más en favelas (barrios en situaciones de emergencia). Estos números evidencian una creciente desigualdad social, la cual no es el único problema a enfrentar en Brasil.
Datos más recientes confirman este escenario: al menos 32 millones de niños y niñas en Brasil viven en la pobreza, lo que representa el 63% de todos los niños y adolescentes del país. Esta cifra abarca la pobreza multidimensional en varias dimensiones, incluyendo ingresos, alimentación, educación, trabajo infantil, vivienda, agua, saneamiento e información. Una encuesta que utiliza datos de la Encuesta Nacional Continua por Muestreo de Hogares (PNAD) indica que en 2019, 32 millones de niñas y niños de hasta 17 años estaban privados de uno o más de estos derechos. En 2021, el porcentaje de niños y adolescentes que viven en familias con ingresos inferiores a la línea de pobreza monetaria extrema (menos de 1,9 dólares al día) alcanzó el nivel más alto de los últimos cinco años, un 16,1% frente al 13,8% de 2017. El contingente de menores privados de los ingresos necesarios para una alimentación adecuada pasó de 9,8 millones en 2020 a 13,7 millones en 2021, un salto de casi el 40%.
La pobreza multidimensional ha impactado más a quienes ya vivían en situación de mayor vulnerabilidad: negros, indígenas y residentes de las regiones Norte y Nordeste, agravando las desigualdades en el país. Entre los niños y adolescentes negros e indígenas, el 72,5% estaban en situación de pobreza multidimensional en 2019, en contraste con el 49,2% de los blancos y amarillos.
Falta de Acceso a Servicios Básicos
La vulnerabilidad se acentúa por la falta de acceso a servicios esenciales. Casi un 70% de los niños de 0 a 3 años de edad no tienen acceso a guarderías públicas o privadas, lo que afecta su desarrollo temprano. Asimismo, 1,6 millones de estudiantes entre 15 y 17 años abandonan la escuela, comprometiendo su futuro. Estas cifras alarmantes son acompañadas por la pobreza y la violencia familiar, dejando a la niñez en una situación de vulnerabilidad extrema.
Formas de Violencia que Afectan a la Infancia
Las causas externas de violencia contra niños y adolescentes crecen aceleradamente en Brasil, siendo una de las mayores fuentes de letalidad y ocurriendo en una escala y magnitud intolerables. En 2012, el 53,4% del total de homicidios del país fueron de jóvenes, una proporción alarmante. En el contexto internacional, Brasil ocupa la octava posición en mortalidad juvenil por homicidio entre 100 países estudiados en el periodo de 2008 a 2012. La violencia contra el niño, en sus diversas manifestaciones, es un problema complejo que se extiende del plano individual al social, afectando a este estrato poblacional diariamente y trascendiendo fronteras culturales, de clase, educación y renta.
Violencia Física y Homicidios
La violencia física y psicológica/moral contra niños y adolescentes representa un problema de salud pública de compleja conjetura, que involucra aspectos psicológicos, sociales y legales, comprometiendo el desarrollo de las personas y amenazando su calidad de vida. La violencia física contra un niño se define como el uso intencional de la fuerza física para causar daños de diferentes órdenes que involucren los aspectos físicos, psíquicos y sociales.
Un fenómeno particularmente preocupante en este contexto de crisis política, económica y social es la "limpieza social", que se refiere a homicidios en lugares públicos con víctimas golpeadas o asesinadas en las calles. Grupos policiales a veces entran en una comunidad en vehículos conocidos como “caveirão” y abren fuego, acciones denominadas “esfuerzos en contra de las clases marginales”. Estas prácticas han contribuido a que, según datos del Fórum Brasileño de Seguridad Pública, solo en 2017 se registraran 63.880 homicidios, lo que equivale a 175 víctimas por día, 7 por cada hora.
El aumento de los crímenes se concentra en 12 estados empobrecidos del norte y nordeste del país. Un gran número de estos asesinatos se debe a acciones diseñadas para acabar con la criminalidad en las favelas. El 70% de los jóvenes asesinados son negros, pobres y, generalmente, viven en la periferia. Muchos de ellos, a corta edad, ya han consumido inhalantes, marihuana, cocaína y otras drogas. La violencia se manifiesta raramente de forma aislada, revelándose a menudo acompañada de otras condiciones de vida precarias y contradicciones derivadas de las categorías de generación, género, etnia y clase social. Desde enero de 2018, el crimen por parte de las “brigadas policiales de la muerte” ha aumentado un 39%, marcando uno de los períodos más sangrientos en Brasil. Un trágico ejemplo es el caso de Marcos Venício Da Silva, de 14 años, impactado por disparos de la policía militar en el barrio Maré (Río de Janeiro) en junio, quien antes de morir preguntó a su madre si la policía no había visto que vestía su uniforme escolar.
El esfuerzo gubernamental para combatir la pobreza, la violencia y el crimen ha sido escaso e insuficiente. Aunque Brasil tiene el producto nacional bruto más alto de América Latina y su economía es la décima del mundo en importancia, es también una de las más desequilibradas a nivel mundial. El gobierno ha invertido en internados y rehabilitación para niños, pero, a su vez, ha dado mayor autoridad a la policía militar para abrir fuego ante cualquier situación. Mientras la desigualdad social aumenta, la vida de muchos niños continúa en peligro, con un futuro incierto donde el hambre, el narcotráfico, la violencia y el abuso conducen al crimen o a la muerte.
Violencia Sexual y Explotación
Los menores brasileños también son víctimas de violencia sexual. Según la OMS, entre 50.000 y 100.000 niños están afectados por el VIH. Sus atacantes son, en su mayoría, narcotraficantes y policías, especialmente en el contexto de la "limpieza social", resultando en la muerte de cuatro o hasta cinco niños diariamente, dos de ellos solo en Río de Janeiro. La violencia contra el niño es un problema universal y creciente que afecta a muchas víctimas y, la mayoría de las veces, se expone de forma velada. Brasil es considerado un país con el segundo índice más alto de explotación sexual en el mundo, siendo fuente, tránsito y destino para la trata de personas.
Conducidas por la pobreza endémica, las niñas con frecuencia se entregan a la explotación sexual como medio para obtener dinero. Marcos legales débiles e incompletos son parte de este problema, ya que las políticas nacionales definen la edad de consentimiento en 14 años y no distinguen claramente entre sexo consensuado y violación. Aunque la prostitución está permitida solo para mayores de 18 años, la jurisprudencia ha mostrado decisiones judiciales donde hombres fueron declarados no culpables de violación con niñas de tan solo 12 años. La redacción jurídica también falla en definir las diferencias entre explotación sexual y prostitución, poniendo a los trabajadores sexuales en gran riesgo de explotación física y emocional. La prostitución infantil puede ser una puerta de entrada a la trata de personas, ya que los turistas sexuales pueden atraer a niñas vulnerables al extranjero con promesas.
La Violencia Sexual contra Niños y Adolescentes Varones
Aunque poco se habla, la violencia sexual contra niños y adolescentes varones existe y ha crecido a un ritmo acelerado en Brasil durante la última década. Según datos del Ministerio de Salud de 2024, un 13,6% de los casi 203.000 casos registrados entre 2015 y 2021 corresponde a niños y muchachos de 0 a 19 años. Un análisis de la Universidad Federal de Piauí (UFPI) reveló que la violencia sexual contra este grupo aumentó a un ritmo del 6,8% anual de 2013 en adelante.
El equipo de la UFPI, liderado por el enfermero José Wicto Pereira Borges, analizó los casos registrados en el Sistema de Información de Enfermedades de Notificación Obligatoria (Sinam) entre 2013 y 2022. Se registraron 39.967 incidentes de violencia sexual contra niños y adolescentes varones, definida por la OMS como cualquier hecho o tentativa sexual perpetrado mediante coerción física o amenaza, chantaje e intimidación.
En la mayoría de los casos (41,3%), las víctimas fueron niños de 5 a 9 años, seguido por el grupo de 1 a 4 años (25,7%) y preadolescentes y adolescentes de 10 a 14 años (23,1%). El total de denuncias aumentó en todos los grupos de edad con una tasa promedio del 6,8% anual entre 2013 y 2022. Este crecimiento fue más pronunciado entre los bebés de menos de 1 año (10,4% anual) y los adolescentes de 15 a 19 años (11,6% anual).
La región sudeste de Brasil concentró el mayor porcentaje de denuncias (44,2% del total), seguida por el sur (23,4%). La región sudeste también registró la mayor variación anual, con un incremento del 9,5% al año. En los últimos años, ha habido un alza importante en la región norte, especialmente en municipios con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), lo que, según los autores, puede estar asociado a la explotación sexual y otras formas de violencia. El aumento de denuncias en el sudeste podría reflejar, en parte, un sistema de vigilancia más presente y activo.
La violencia sexual contra los niños, al igual que en las niñas, ocurre en un ambiente conocido y el perpetrador es alguien del entorno cercano. Dos de cada tres casos (62,4%) se registraron en el propio hogar de la víctima. Los agresores eran conocidos de la familia en el 35,3% de los casos y un familiar directo en el 28,7%; solo en uno de cada diez casos el autor fue un desconocido. Este hecho contribuye a un pacto de silencio y a la falta de denuncias. El subregistro es frecuente; en el caso femenino, se ha detectado que la cantidad de denuncias es menor que los embarazos en niñas de 13 años o menos, lo que evidencia el problema.
En el caso de los varones, el subregistro está muy condicionado por barreras culturales, ya que la sociedad busca preservar un ideal de masculinidad que les impide informar sobre este tipo de violencia. Comúnmente, solo se denuncian los casos más graves que requieren atención médica y dejan marcas físicas. Existen importantes falencias en la atención sanitaria a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, incluyendo la falta de espacios privados de atención y errores en los formularios de denuncia.
Los estudios indican que la violencia sexual contra los niños comienza antes y se perpetúa por un lapso de tiempo mayor que en las niñas, asociándose a trastornos de estrés postraumático, ideaciones suicidas, abuso de drogas, aislamiento social y psicosis. La sociedad no prepara emocionalmente a los niños y muchachos para afrontar situaciones de vulnerabilidad, lo que dificulta que se den cuenta y denuncien la violencia.
Las alteraciones de conducta pueden servir como señal de alarma: en niños pequeños, llanto sin motivo, irritabilidad, apatía, incomodidad al ser abrazados, retrasos en el habla y alteraciones del sueño. Los mayores pueden desarrollar comportamientos obsesivos, autoagresión, deseos de morir o intentos de suicidio. La prevención se logra mediante la información, educando a niños y adolescentes sobre sexualidad, sus derechos, cómo reconocer la violencia sexual, la captación y a buscar ayuda de un adulto de confianza. La protección de los niños y adolescentes es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, y todo ciudadano tiene el deber de denunciar casos sospechosos o confirmados de violencia contra menores de 17 años.
Campaña Abre los Ojos contra el abuso sexual
Violencia Física y Psicológica/Moral: Datos Específicos de un Estudio
Un estudio con el objetivo de verificar las ocurrencias de violencia física y psicológica/moral contra niños y adolescentes en las regiones geográficas de Brasil en 2012, reveló que de un total de 8397 niños/adolescentes víctimas de violencia psicológica/moral, el 62,7% fueron dirigidos a atención ambulatoria y el 6,3% fueron ingresados en hospital. La mayoría de ellos tuvo alta, aunque el 0,35% falleció por violencia. Este tipo de violencia ocurrió con mayor frecuencia en el sexo femenino, totalizando el 69,6% de los 5794 casos registrados por sexo. De manera similar, en los 14125 casos registrados de violencia física, el 54,2% fueron dirigidos a ambulatorios y el 13,6% requirieron ingreso hospitalario, con una mayor incidencia también en el sexo femenino. Cerca de un tercio de los atendidos carecía de registros completos. Existe la necesidad de políticas específicas y soporte profesional para prevenir, combatir y asistir la violencia contra niños y adolescentes, lo que podría reducir el grado de inseguridad y aumentar el número de notificaciones. La violencia psicológica se deteriora al no dejar marcas visibles, mientras que la física es más fácil de identificar. La subestimación de casos es común debido al miedo a implicaciones, el deseo de mantener la familia y la dependencia financiera del compañero.
Desafíos en el Acceso a Derechos Fundamentales
Derecho a la Educación
La Constitución de Brasil de 1824 establece que cada niño tiene derecho a educación primaria gratuita, una obligación del Estado y un derecho básico para todos los ciudadanos. A pesar de que la educación elemental (entre los 7 y los 14 años) es obligatoria y gratuita, esto no ha impedido el analfabetismo y el trabajo infantil, ya que muchos niños se ven forzados a trabajar para generar ingresos para el hogar. Programas como Bolsa Familia han buscado incrementar la inscripción y asistencia escolar, beneficiando a 14.6 millones de niños entre agosto y septiembre de 2016.
Derecho a la Salud
Las mujeres jóvenes y niñas enfrentan desproporcionadamente una serie de riesgos para la salud en Brasil, incluyendo embarazos adolescentes, prohibición del aborto y violencia de género. La suspensión de la anticoncepción y los abortos legales durante la pandemia de Covid-19 puso a las niñas aún más en riesgo. A pesar de esfuerzos previos por introducir políticas sanitarias y educativas, la prevalencia del VIH/SIDA (cerca de un millón de personas viviendo con la enfermedad) y la malnutrición infantil siguen siendo preocupaciones persistentes. El gobierno implementó la estrategia NutriSUS en 2014 para promover la lactancia y alimentación saludable, y logró reducir la mortalidad infantil en un 70% entre 1990 y 2012, alcanzando una meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Derecho a Agua Limpia y Saneamiento
A pesar de su fuerza económica, las disparidades de riqueza significan que 1.2 millones de personas carecen de acceso a agua segura y 20 millones no tienen saneamiento adecuado. Esta situación es crítica, especialmente en el contexto de enfermedades. El país ha intentado promover prácticas de agua, saneamiento e higiene (WASH), pero se necesita movilizar más recursos financieros a las áreas con escaso acceso. Un estudio de UNICEF mostró que solo el 39% de las escuelas del país tienen instalaciones adecuadas para el lavado de manos. En 2020, el gobierno implementó un nuevo Marco Legal de Agua y Saneamiento, esperando que el 99% del país tenga acceso a agua potable para 2033.
Derecho a la Identidad
Brasil ha logrado pasos positivos en el derecho a la identidad a través de la Movilización Nacional para los Certificados de Nacimiento, disminuyendo el promedio nacional de nacimientos no registrados en un 50%. Mediante oficinas de registro más eficientes, sistemas de información nacional fortalecidos y mayor supervisión en clínicas y hospitales, se ha creado conciencia sobre la importancia del registro de nacimientos en comunidades indígenas, rurales y urbanas.
Marco Legal y Políticas de Protección
Brasil se ha comprometido con diversos instrumentos internacionales para la protección de los derechos del niño. En 1990, ratificó la Convención de los Derechos del Niño (CDN), incorporándola a la ley nacional. En 2004, ratificó protocolos facultativos relacionados con la venta de niños, prostitución infantil, pornografía infantil y la participación de niños en conflictos armados. Regionalmente, ratificó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1992, tras implementar su emblemático Estatuto del Niño y del Adolescente en 1990.
La estrategia de protección está regida por su plan a 10 años (2011-2020), la Política Nacional sobre los Derechos del Niño y del Adolescente y el Plan Nacional Multianual. Estas políticas se complementan con estrategias como la Agenda de la Convergencia para la Protección Integral, Vive Joven y la Constitución de Estrategias en Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente. En términos de legislación, Brasil ha implementado un conjunto de leyes que protegen a los niños contra el castigo físico, tratos crueles o degradantes, criminalizan la explotación sexual y refuerzan las políticas de protección temprana. Estos marcos legales son fortalecidos por revisiones del Plan Nacional de lucha contra la Violencia Sexual y la creación del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI).
El trabajo infantil recibe especial atención a través del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajador Adolescente. Bajo el artículo 403 del Código de Trabajo, todas las formas de trabajo infantil están prohibidas antes de los 16 años. En el 2000, Brasil ratificó el Convenio Nº182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y en el 2001, el Convenio Nº138 sobre la Edad Mínima. A pesar de las disposiciones jurídicas, mecanismos inadecuados de aplicación siguen obstaculizando la capacidad del país para cumplir plenamente los derechos de los niños.
Iniciativas de Organizaciones para la Protección Infantil
Organizaciones no gubernamentales y fundaciones desempeñan un papel crucial en la mitigación de la vulnerabilidad infantil en Brasil. Humanium trabaja arduamente desde hace 10 años para poner fin a la violencia y el maltrato contra los niños, sensibilizando tanto a adultos como a menores para la concreción de los derechos de los más indefensos de la sociedad.
La Fundación Van Leer, activa en Brasil desde 1970, aspira a mejorar el desarrollo saludable de sus 21 millones de niños y niñas y a minimizar los factores de riesgo que afrontan. Se centran en reforzar las comunidades alrededor de las familias y los niños pequeños, desarrollando competencias de crianza y ofreciendo servicios e intervenciones de grupo para embarazadas, madres recientes, padres y cuidadores durante los primeros años de vida del menor. En un país donde más del 86% de la población vive en ciudades, el programa Urban95 colabora con autoridades municipales, urbanistas, diseñadores y la sociedad civil para atender las necesidades de la primera infancia y sus cuidadores mediante el urbanismo, las políticas y la institucionalización intersectoriales.
La fundación apoya a individuos con ideas inspiradoras que trabajan para mejorar las vidas de los niños pequeños y quienes los cuidan, ofreciéndoles oportunidades de adquirir conocimientos y ayuda a través de formación nacional e internacional, viajes de estudios y cursos. Colaboran con instituciones gubernamentales, organizaciones, consultores, representantes de la sociedad civil y especialistas a nivel estatal y nacional para impulsar la agenda sobre la primera infancia en Brasil. Junto con el Ministerio de Ciudadanía y el PNUD, han colaborado con el programa nacional de visitas domiciliarias Criança Feliz para garantizar su calidad y expansión. En el estado de Pernambuco, apoyan el fortalecimiento del cuidado infantil y la educación temprana de calidad a nivel estatal.