La discusión sobre los sistemas de jubilación en Chile ha puesto en relieve las diferencias entre el régimen de las Fuerzas Armadas y el de los funcionarios públicos. Si bien ambos grupos pueden acogerse a ciertas prerrogativas, el sistema de pensiones de Capredena ha generado debate debido a su dependencia del aporte fiscal y a los montos de las pensiones, incluso para ex uniformados con condenas por graves delitos.
El Régimen de Capredena: Un Sistema con Aportes Fiscales Sustanciales
Según información proporcionada por Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), en 2015 se distribuyeron $911 mil millones en pensiones. Un abrumador 94% de esta cifra corresponde a aporte fiscal, mientras que solo el 6% restante proviene de las cotizaciones de los uniformados. Entre 2011 y 2015, el Estado chileno desembolsó aproximadamente $3,8 billones (millones de millones de pesos) para financiar el fondo de retiro de Capredena. Este sistema atiende a casi 107 mil ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y sus familias, incluyendo pensiones y montepíos.
Codelco y la Ley del Cobre: Una Fuente de Financiamiento para las FF.AA.
Un hito en 2016 para Codelco, la principal empresa estatal chilena, fue la necesidad de endeudarse por primera vez en su historia para cumplir compromisos financieros, incluyendo la entrega de US$707 millones a las FF.AA. La Ley del Cobre, al obligar a la cuprera a destinar el 10% de sus ventas a las FF.AA., ha sido calificada como una "camisa de fuerza" que priva al Estado de importantes recursos para políticas públicas.
Pensiones Elevadas para Oficiales y Casos de Condenados
Un análisis de CIPER sobre la nómina de ex oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) retirados entre 2006 y 2016, revela que el promedio de pensiones de los oficiales de las FF.AA. roza los $2,3 millones. Destacan 17 ex miembros con pensiones superiores a los $4 millones, siendo la más alta la del ex general de brigada de la FACH, Patricio Franjola Buigley, con $5,9 millones desde 2012.
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Además de los montos, la nómina muestra que los ingentes recursos estatales (un 0,9% del PIB nacional en 2012, según la Comisión Bravo) también cubren pensiones de ex uniformados condenados o procesados por violaciones a los derechos humanos y fraudes. CIPER identificó a más de 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos represores del régimen de Augusto Pinochet, cuyas pensiones alcanzan en promedio $2,5 millones.
Casos Emblemáticos de Pensiones para Condenados
- El coronel (r) del Ejército Roberto Ampuero Alarcón, condenado a 15 años y un día por secuestro y homicidio calificado de Miguel Nash Sáez y otros prisioneros de Pisagua, recibe una pensión de casi $3,6 millones.
- El coronel (r) Gabriel Guerrero Reeve, también condenado en el caso Pisagua, percibe una pensión de casi $2,6 millones.
- El coronel (r) del Ejército Pedro Collado Martí, condenado a 10 años y un día por el secuestro calificado de Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, recibe una pensión de $2,6 millones.
- El coronel (r) Carlos Durán Low, condenado a 10 años y un día por el homicidio calificado del profesor Federico Álvarez Santibáñez, percibe una pensión de $2,5 millones.
- El coronel (r) del Ejército Osvaldo Andrés Magaña Bau, procesado por el secuestro calificado de 14 campesinos en Paine, tiene una pensión de $2,6 millones.
- El coronel en servicio activo Julio Castañer González, procesado por la muerte de Rodrigo Rojas de Negri y las lesiones de Carmen Gloria Quintana, se retiró en enero de 2016 con una pensión de $2,8 millones.
- El doctor y coronel (r) de Aviación Alejandro Forero Álvarez, acusado de supervisar torturas y drogar prisioneros como miembro del "Comando Conjunto", también figura en la lista de pensionados.
- El general (r) de Ejército Víctor Lizárraga Arias, condenado por el asesinato de Gerardo Huber y por cohecho en el "Caso Fragatas", recibe una pensión de $3,1 millones.
- El general (r) de la FACH, Florencio Dublé Pizarro, procesado como cómplice de malversación de caudales públicos en el caso de las coimas en la compra de aviones Mirage, percibe una pensión de $3,1 millones.
- El capitán de Fragata (r) Jesús Sáez Luna, a quien se le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base, recibe una pensión de $2,1 millones.
Recontrataciones y Vínculos con Instituciones Militares
La investigación de CIPER también detectó que al menos media docena de ex agentes de la CNI y la DINA figuran recontratados en la Academia de Guerra y la Escuela Militar como Personal a Contrata (PAC) o Profesores Civiles (PC). Un documento interno del Ejército indica que un militar retirado con rango de general puede recibir $2,5 millones si es recontratado como PAC.
La Academia de Guerra del Ejército es un "refugio" para muchos uniformados retirados que siguen vinculados a la institución. Un documento reservado señala que un oficial retirado con grado de coronel o general contratado como PAC puede ganar entre $1,5 millón y $2,5 millones mensuales. Para los generales de brigada, el sueldo como PAC alcanza $2.526.910, adicional a su jubilación.
Se ha señalado la imposibilidad de cumplir con las funciones de dos contratos para militares retirados que son PAC en labores administrativas y, además, Profesores Civiles con hasta 12 horas de clases. En estas instituciones también imparten clases o ejercen labores administrativas ex oficiales vinculados a organismos represores de la dictadura, muchos de ellos con "suculentas pensiones".
Ex Agentes Represores en la Academia de Guerra
- El coronel (r) Rodolfo Ortega Prado, ex jefe de la CNI en Punta Arenas e involucrado en la muerte de Susana Ovando Coñué, pasó a retiro en 2007 con una pensión de casi $2,6 millones. Actualmente es director del magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra.
- El ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, quien perteneció a la CNI y admitió haber formado parte de una compañía de fusileros en el "Cuartel Dos" de la Escuela de Infantería de San Bernardo (utilizado como centro de detención), figura como Profesor Civil en la Academia de Guerra.
- El coronel Carl Marowski Pilowsky, miembro de la CNI según la nómina enviada por el Ejército al ministro Sergio Muñoz, estaría contratado como PAC en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército.
- El general (r) Eduardo Ludovico Aldunate Hermann, integrante del grupo escolta de Pinochet que dio origen a la Brigada Mulchén de la DINA, jubiló en 2009 con una pensión de $3 millones y figura con honorarios por "investigación estratégica" en la Academia de Guerra.
- El coronel (r) José Francisco Enberg Castro, también integrante de la CNI, jubiló en 2014 y recibe una pensión de $2,8 millones.
El Régimen de Clases Pasivas: Un Privilegio Extinto para Funcionarios Públicos
El Régimen de Clases Pasivas, extinto desde 2011, permitía a militares y funcionarios de la Administración Central, Justicia, Cortes Generales u otros órganos constitucionales o estatales, gozar de ciertos privilegios de jubilación. Este régimen facilitó una "gran oleada de jubilaciones anticipadas" desde 2011.
Bajo este esquema, los funcionarios públicos podían retirarse voluntariamente al cumplir los 60 años de edad, siempre que tuvieran reconocidos al menos 30 años de servicios al Estado. Por otro lado, los trabajadores de las Cortes Generales podían retirarse con este régimen a los 60 años y 35 años de servicios al Estado.